Sentencia AP-1207-24 — Registro 19363
Resumen
Con relación a la causa instruida contra imputado por los delitos de Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos , en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, resolución recurrida se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por recurrente y confirmó la resolución recurrida en apelación, al estimar que el punto a decidir en la audiencia Ad-Hoc era la procedencia o no de la aplicación de la Decreto Legislativo No. 4-2022 de amnistía al imputado, apreciándose que los hechos por los cuales la fiscalía planteó el requerimiento fiscal comprenden los años 2006 y 2007, el cual abarca lo dispuesto en el artículo 4 del citado Decreto, y la acusación fue presentada hasta el veintiuno de agosto de dos mil trece, es decir aproximadamente siete años después, en el caso de autos el imputado fungió como Alcalde Municipal de la ciudad de San Pedro sula, departamento de Cortés, durante el período 2006 al 2009, se acreditó además, que el imputado fue víctima del golpe de estado y que estuvo exiliado en el país de Nicaragua, hechos de público conocimiento en el país, abarcando la amnistía actos propios del ejercicio de su función pública como Alcalde Municipal, por lo que la resolución de la Juez de primera instancia está ajustada al Decreto Legislativo No.4-2022, que es Ley de obligatorio cumplimiento en el País. Considerando la Sala Constitucional alegatos del recurrente son de mera legalidad.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
....": Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso...."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de marzo de dos mil veinticinco. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LORENA CRUZ a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha uno de agosto de dos mil veinticuatro, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en audiencia Ad-Hoc celebrada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE L SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el ocho de abril de dos mil veintidós; con relación a la causa instruida contra el señor RODOLFO AUGUSTO PADILLA SUNSERY, por suponerlo responsable de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha uno de agosto de dos mil veinticuatro, que confirma el sobreseimiento definitivo y la extinción de la responsabilidad penal dictado a favor del señor RODOLFO AUGUSTO PADILLA SUNSERY, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, pues la conducta omisiva del encausado constituye un hecho relevante en materia penal, los cuales se enmarcan en el delito de Abuso de Autoridad regulado en el artículo 349 del Código Penal, puesto que la acusación se interpuso por la mala gestión como funcionario público, cometiendo actos dolosos, además, el encausado fue acusado también por el delito de Malversación de Caudales Públicos, que establece que el funcionario que destines los caudales bienes o efectos que administra a un fin distinto del que le corresponde, cumpliéndose los elementos con los tipos penales por los que se acusó. Considera la recurrente, que el caso de mérito no se enmarca en el Decreto No. 4-2022, pues no se trata de persecución política sino de la comisión de delitos meramente funcionariales, el imputado fue acusado por violar normas jurídicas penales. CONSIDERANDO: Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirmó la resolución recurrida en apelación, al estimar que el punto a decidir en la audiencia Ad-Hoc era la procedencia o no de la aplicación de la Decreto Legislativo No. 4-2022 de amnistía al imputado, apreciándose que los hechos por los cuales la fiscalía planteó el requerimiento fiscal comprenden los años 2006 y 2007, el cual abarca lo dispuesto en el artículo 4 del citado Decreto, y la acusación fue presentada hasta el veintiuno de agosto de dos mil trece, es decir aproximadamente siete años después, en el caso de autos el imputado fungió como Alcalde Municipal de la ciudad de San Pedro sula, departamento de Cortés, durante el período 2006 al 2009, se acreditó además, que el imputado fue víctima del golpe de estado y que estuvo exiliado en el país de Nicaragua, hechos de público conocimiento en el país, abarcando la amnistía actos propios del ejercicio de su función pública como Alcalde Municipal, por lo que la resolución de la Juez de primera instancia está ajustada al Decreto Legislativo No.4-2022, que es Ley de obligatorio cumplimiento en el País. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que los alegatos de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Decreto Legislativo No. 4-2022; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LORENA CRUZ a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha uno de agosto de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedente al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.” Firmada y sellada WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALSe Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticinco, la Certificación de la Resolución de fecha once de marzo de dos mil veinticinco. recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1207-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL