Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1197-23 — Registro 19461

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró inadmisible el recurso de apelación los los delitos de tenencia ilegal de municiones de arma de fuego de uso no permitido y tráfico de drogas en su modalidad de posesión, en perjuicio del orden público del estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 321 y 323 la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Efectivamente, como lo ha indicado en su sentencia la Corte de Apelaciones, el artículo 354 del Código Procesal Penal establece en forma expresa las resoluciones que son impugnables mediante el recurso de apelación, dentro de las cuales no se encuentra incluida la resolución mediante la que se decida sobre la inadmisión de la prueba. IV. En el caso objeto de examen, esta Sala advierte que la resolución recurrida en amparo, emitida por la Alzada, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, decidiendo con apego a ley la inadmisión de un recurso de apelación interpuesto contra una resolución irrecurrible, decisión con la que no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. V. Este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiéndose que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. VII Siendo así, por todo lo anteriormente expuesto y en atención a los razonamientos esgrimidos, resulta procedente conforme a ley, la denegatoria del recurso de amparo de que se hace mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Pedro Francisco Bernárdez Ballesteros, a favor del señor Jeffry Darío Andino Jiménez, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciocho de enero de dos mil veintitrés, con relación a la causa instruida contra el señor Jeffry Darío Andino Jiménez, por suponerlo responsable de los delitos de Tenencia Ilegal de Municiones de Arma de Fuego de Uso no Permitido y Tráfico de Drogas en su Modalidad de Posesión, en perjuicio del Orden Público del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 321 y 323 la Constitución de la República. 1.En fecha cinco de junio de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado Carlos Enrique Andino, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Saul Alexy Puerto Paz, por suponerlo responsable de los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego, Municiones de Uso Permitido y Tenencia Ilegal de Municiones de Arma de Fuego de Uso no Permitido, en perjuicio del Orden Público; por el delito de Tráfico de Drogas en la Modalidad de Posesión, en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, asimismo, contra Jeffry Darío Andino Jiménez, por suponerlo responsable de los delitos de Tenencia Ilegal de Municiones de Arma de Fuego de Uso no Permitido, en perjuicio del Orden Público y por el Trafico de Drogas en la Modalidad de Posesión, en perjuicio de la Salud Pública. (Folios 1-5 del expediente del A-quo). 2. En fecha dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…Admítase el escrito que antecede presentado por el Abogado PEDRO FRANCISCO BERNÁRDEZ BALLESTEROS, en su condición de Defensor privado en la causa instruida en contra de JEFFRY DARÍO ANDINO JIMÉNEZ por suponerlo responsable del delito a título de Autor de los delitos de y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES DE ARMA DE FUEGO DE USO NO PERMITIDO y TRAFICO ILÍCITO DE DROGA, EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN en perjuicio del ORDEN PÚBLICO y en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; en cuanto a que se señale fecha para la reconstrucción de hechos SE DECLARA SIN LUGAR, siendo que en fecha Diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022); se celebró la audiencia inicial, momento procesal oportuno, en esta etapa, para la presentación y evacuación de los medios de prueba, siendo dicha resolución apelada la cual fue revocada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones, y se encuentra señalada la audiencia Ad-hoc, para su celebración para el día lunes trece de febrero del año dos mil veintitrés a las nueve de la mañana, siendo ya notificadas las partes.- NOTIFÍQUESE…” (Folio 83 del expediente del A-quo). 1.del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Pedro Francisco Bernárdez Ballesteros, en su condición Apoderado Defensor del señor Jeffry Darío Andino Jiménez, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado PEDRO FRANCISCO BERNÁRDEZ BALLESTEROS, en su condición de Defensor privado. SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución de fecha DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida. TERCERO: Que la Juez de Primera Instancia proceda de forma inmediata a realizar la audiencia Ad-Hoc ordenada por esta Corte y se continúe con el trámite del proceso sin mayores dilaciones. Y MANDA: Notificar la presente resolución de oficio personalmente, a los intervinientes, a más tardar el día siguiente al de su fecha, de no ser esto posible, las notificaciones se harán por medio de cédula o edictos. - Con Certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al Órgano Jurisdiccional de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales. NOTIFÍQUESE…” (Folios 7-10 del expediente del Ad-quem).2.Que el recurrente, Abogado Pedro Francisco Bernárdez Ballesteros, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de septiembre de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del señor Jeffry Darío Andino Jiménez, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 321 y 323 de la Constitución de la República.3.Que en fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Pedro Francisco Bernárdez Ballesteros, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2.La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.4. el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA. OBJETO DEL RECURSO I. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, que fuera emitida por la referida Corte de Apelaciones, en la tramitación de un recurso de apelación presentado por la defensa del imputado. La resolución impugnada decidió declarar INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto, ello en atención a que, de conformidad con el Artículo 354 del Código Procesal Penal, la resolución que rechaza la práctica de un medio de prueba no es susceptible de apelación. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.Como lo hemos dicho en reiteradas decisiones, el principio de taxatividad o de impugnabilidad objetiva, referente a los recursos procesales, implica que los recursos proceden en los casos y en las circunstancias expresamente previstas en la ley. Consecuentemente, si la resolución contra la que se recurre no está catalogada como impugnable dentro de la nómina regulada por la ley adjetiva, el recurso es formalmente improcedente. III. Así entonces, no puede discutirse que el derecho al recurso cede ante una resolución inimpugnable, por cuanto en estos casos, por disposición expresa de la ley, el recurso de apelación se vuelve legalmente inaccesible e improcedente. IV. Sabemos que en toda legislación habrá resoluciones inimpugnables, pues el establecimiento legal del precitado principio de taxatividad conlleva a que el derecho a recurrir no es un derecho ilimitado y su exigencia se contrae a aquellos casos en los que la propia ley ha previsto la posibilidad de impugnación, como acertadamente lo ha señalado en este caso el Tribunal de Alzada. V. Este principio de taxatividad lo encontramos expresamente establecido en el artículo 347 del Código Procesal Penal que como ya dijimos, conlleva a que los recursos proceden en los casos expresamente previstos por la ley. Esta Sala ha declarado también que el derecho a los recursos nace como una excepción al principio de inmutabilidad de las resoluciones judiciales, impuesto por su condición de instrumentos productores de certeza jurídica, pero no se lo ha contemplado, ni debe entenderse que el derecho de recurrir sea ilimitado, indefinido o inconmensurable; percibirlo así implicaría la desaplicación del principio de inmutabilidad que mencionamos y una afrenta a la seguridad jurídica, que es un principio fundamental del derecho y que a su vez incluye otros principios esenciales en los que se funda el propio Estado de Derecho. A criterio de esta Sala, la admisión y la consiguiente estimación de un recurso de apelación promovido contra una resolución que no admite ser impugnada por esa vía conllevaría a una evidente desatención al principio de taxatividad previamente citado, y de igual forma provocaría una clara transgresión al principio de legalidad o de primacía de la ley, conforme al cual, todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción. I. La regulación de los recursos es legítima, así como el establecimiento de límites legales para su pertinencia a determinados procedimientos y resoluciones, y en este sentido, hemos asentido con la jurisprudencia que en materia de recursos ha establecido el Tribunal Supremo español, el cual ha delimitado, con acierto, las causas que pueden impedir el acceso al recurso, con los que esta Sala coincide plenamente. II. , sin perjuicio de otras causas que se establezcan en la ley, se estima que un recurso puede ser inadmitido cuando: 1) Se adviertan defectos insubsanables o insubsanados en el mismo; 2) Se interponga ante un órgano judicial incompetente; 3) Se interponga por persona no legitimada; 4) Se interponga contra una resolución inimpugnable; 5) No se subsane algún defecto en el plazo concedido para ello; 6) Se interponga en forma extemporánea; 7) Falte la debida fundamentación; y/o, 8) Se adviertan errores imputables a la propia parte. III. Efectivamente, como lo ha indicado en su sentencia la Corte de Apelaciones, el artículo 354 del Código Procesal Penal establece en forma expresa las resoluciones que son impugnables mediante el recurso de apelación, dentro de las cuales no se encuentra incluida la resolución mediante la que se decida sobre la inadmisión de la prueba. IV. En el caso objeto de examen, esta Sala advierte que la resolución recurrida en amparo, emitida por la Alzada, hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, decidiendo con apego a ley la inadmisión de un recurso de apelación interpuesto contra una resolución irrecurrible, decisión con la que no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. V. Este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiéndose que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. VII Siendo así, por todo lo anteriormente expuesto y en atención a los razonamientos esgrimidos, resulta procedente conforme a ley, la denegatoria del recurso de amparo de que se hace mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 347 y 354 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado Pedro Francisco Bernárdez Ballesteros, a favor del señor Jeffry Darío Andino Jiménez, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA D FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1197-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL