Sentencia AP-1142-23 — Registro 19825
Resumen
Acción de amparo interpuesto contra sobreseimiento provisional dictado contra imputado los delitos de Desobediencia y Daños Agravado, encontrándose acreditado en la causa, la existencia de los vicios de argumentación insuficiente ; teniendo a la vista la aportación probatoria a la Audiencia Inicial, en parte; desprendiéndose dicho ilícito de la acción del encausado, considera la Sala Constitucional que la actuación jurisdiccional objeto de amparo no es conforme a derecho y violenta las garantías constitucionales enunciadas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que, el Artículo 92 de la Constitución de la República, reformado por el Decreto No. 106-2011, establece en su literalidad: “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es su autor o cómplice. En la misma forma se hará la declaratoria de reo”. CONSIDERANDO (11): Que, para esta Sala de lo Constitucional, resulta acreditado el aspecto central del reclamo de amparo constitucional formulado por la fiscalía del Ministerio Público, en garantía de amparo; encontrándose acreditado en la causa, la existencia de los vicios de argumentación insuficiente denunciados, en la sentencia impugnada en amparo; teniendo a la vista la aportación probatoria a la Audiencia Inicial, en parte; ya que no se precisan las razones probatorias que se han tenido en cuenta, para dar por acreditada la probable realización del hecho que se imputa, descartando, a la vez, la probable participación del imputado; por lo cual, se considera que la actuación jurisdiccional objeto de amparo no es conforme a derecho y violenta las garantías constitucionales enunciadas; pues resulta aparente su vinculación a la configuración de los hechos probados, a la luz de los dictámenes y parámetros normativos de conservación de bienes culturales emanados de autoridad competente; lo cual acreditaría la evidencia probatoria del delito imputado por la Acusación Pública, en el grado o estándar de probabilidad, contra el señor Yerlin Ricardo Flores Cárdenas, en lesión o peligro concreto al interés general de los habitantes, con afectación a la incolumidad de los expresados derechos y garantías constitucionales; tal y como ha argumentado la fiscalía del Ministerio Público en su demanda de amparo. CONSIDERANDO (12): Que, habiéndose acreditado mérito en la presente vista para su otorgamiento, estímese ha lugar la garantía de amparo solicitada, a efecto se sirva la Corte de Apelaciones concernida dictar nueva resolución, acordada a los principios lógicos de identidad, razón suficiente y tercero excluido; así como a la cumplimentación de la necesaria coherencia interna y concordancia con el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales. "
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra el señor Yerlin Ricardo Flores, por suponerlo responsable de los delitos de Desobediencia y Daños Agravados, en perjuicio de la Administración Pública y el Patrimonio Cultural de la Nación, respectivamente. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90, 202, 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Hilda Rivera, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Yerlin Ricardo Flores Cárdenas, por suponerlo responsable del delito de Daños Agravados, en perjuicio del Patrimonio Cultural de la Nación, asimismo, por el delito de Desobediencia, en perjuicio de la Administración Pública. (Folios 1-6 del antecedente) 2) En fecha seis de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…tomando en cuenta que la finalidad de la Audiencia Inicial es que, la parte que pretenda producir prueba, se haga cargo de su presentación, y valorando el suscrito, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público en esta audiencia, se arriba a la convicción que en el caso que hoy nos ocupa, no se establece fehacientemente la existencia del hecho delictivo pero lo que no se establece es la participación del imputado, en los hechos; Por lo que no se logró acreditar el indicio racional de que el imputado YERLIN RICARDO FLORES CARDENAS hubiera tenido participación en el mismo, siendo que no se acreditan los elementos constitutivos de los delitos en la presente causa, ni mucho menos el indicio racional de participación del imputado prueba documental aportada por el Ministerio Publico, Por las valoraciones antes enunciadas, se deduce que no se reúnen los requisitos expuestos y contenidos en el artículo 297 del Código Procesal Penal, para DECRETAR: AUTODE FORMAL PROSAMIENTO por lo cual en base al artículo 296 numeral 2 se dicta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor del señor YERLIN RICARDO FLORES CARDENAS: a quien se le supone responsable del delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y por el delito de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION. II) Revocar las medidas cautelares decretadas en Audiencia de Declaración de Imputado que se extienda Carta de Libertad Definitiva a favor del imputado YERLIN RICARDO FLORES CARDENAS.- Sirven de fundamento legal a la presente resolución, los artículos 69, 88 párrafo tercero, 90, 92, 303 y 304 de la Constitución de la República de Honduras; 1 y 40 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 25, 356 y 254 del Código Penal Anterior 1 y 2, 237, 198, 202, 294, 296, 298 del Código Procesal Penal…” (Folios 117-118 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Waleska Valentina Salgado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2) REFORMAR el sobreseimiento definitivo dictado en fecha 6 de septiembre de 2022 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa a favor del señor YERLIN RICARDO FLORES CARDENAS por los delitos de DESOBEDIENCIA Y DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION, en el sentido de que se dicte sobreseimiento provisional. 3) Que el A Quo dicte sobreseimiento provisional al señor Yerlin Ricardo Flores Cárdenas, por los delitos apuntados…”. (Folios 154-157 del antecedente) 4) Que la recurrente, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por la Corte Suprema, relacionada en el numeral que antecede, le ha violentado a su representación procesal los derechos consagrados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista de Amparo la acción constitucional interpuesta por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), la cual tuvo como antecedente 4.- el reclamo efectuado por la Agente fiscal del Ministerio Público respecto a que no se le permitió probar la imputación hecha al señor Yerlin Ricardo Flores Cárdenas, vista la inadmisión de la prueba propuesta, en franca violación a lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal; cúmulo probatorio en el cual destaca, la inadmisión del perito propuesto, el cual no fue juramentado para realizar la pericia. Ha apreciado la Corte Ad Quem, en su Considerando 5.-, finalmente, que el Ministerio Público presentó prueba convincente para demostrar que el hecho ha existido, como los que enuncia a continuación: Informe técnico 004-UPIM-2019, visita al lugar de los hechos, orden de suspensión de labores, expedientes del negocio ubicado en el lugar denominado “UNO”, además de fotografías de la construcción que se había ordenado detener y del Puente Carías. Sin embargo, no obstante que tales antecedentes dan lugar a considerar sí se cometieron los delitos imputados, no existe indicio racional de que el imputado ha tenido participación en los mismos; y, dado que las pruebas presentadas dan margen a sospechar que sí la tuvo, y existe la posibilidad de que se incorporen, en el futuro, nuevos elementos probatorios como inspecciones y testigos; resulta procedente declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso interpuesto y REFORMAR la resolución apelada, revocando el sobreseimiento definitivo dictado en fecha 6 de septiembre de 2022, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, a favor del señor YERLIN RICARDO FLORES CARDENAS, por los delitos de DESOBEDIENCIA Y DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION; imponiendo, en su lugar, un sobreseimiento provisional. CONSIDERANDO (4): Que en formalización del respectivo recurso de amparo, compareció la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, quien actúa en su condición de Agente de Tribunales adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, en representación, defensa y protección de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, exponiendo que el derecho constitucional considerado violentado es el Derecho al Debido Proceso, relacionado en el artículo 90 constitucional, el cual encuentra integrado por el respeto a las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece en todo juzgamiento que se realice en la República; con relación a los artículos 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, preceptivos y garantes del Principio de legalidad en las actuaciones jurisdiccionales y de la Administración Pública; juridicidad que resultaría infringida con la resolución de la Alzada, por considerar que debió otorgarse totalmente el recurso de apelación interpuesto a su instancia; ordenando se dicte, en lugar de sobreseimiento provisional, un auto de formal procesamiento contra el señor Yerlin Ricardo Flores Cárdenas, por los delitos imputados. CONSIDERANDO (5): Que, ha censurado la garantista, de la citada resolución jurisdiccional, haber arribado la Alzada a la conclusión de que no se aportó el indicio racional de que el señor Flores Cárdenas hubiere tenido participación en los delitos imputados, pese a la abundante evidencia aportada en contrario. Considera, asimismo, la garantista que, con el cúmulo probatorio aportado por la Fiscalía del Ministerio Público, el cual enlista, mas no detalla; se logró acreditar totalmente, no sólo la probable realización de los hechos que se imputan, sino que también la probable participación del imputado en los mismos; no motivando el Juzgador las razones por las cuales desvaloró probatoriamente el expediente administrativo que corresponde al negocio denominado “Importadora Uno”, propiedad del imputado; con el cual se probaría, justamente, su participación consumada en los delitos de DESOBEDIENCIA Y DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION; lo cual estima como un hecho no controvertido, en virtud de no haber sido objeto de debate durante el desarrollo de la Audiencia Inicial. CONSIDERANDO (6): Que, según la tesitura de la amparista, se habría vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de su representación procesal; en tanto la motivación del fallo cuestionado no explica, de forma objetiva, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio, conforme a las reglas de la sana crítica; por las cuales se desvirtuarían los elementos que exige el artículo 92 constitucional, para el dictado de auto de formal procesamiento; por todo lo cual solicita, de la honorable Sala de lo Constitucional, se tenga la descripta resolución, como violatoria a lo dispuesto en los artículos 90, 92, 304 y 321 de la Constitución de la República, otorgándose el amparo solicitado, en definitiva, en vista a existir ultraje a los precitados derechos consagrados en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que, se ha postulado por parte garantista, que, durante el desarrollo de la Audiencia Inicial, el Ministerio Público acreditó de forma fehaciente todos los elementos exigidos por la norma penal para calificar la acción del imputado como responsable de los delitos de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio del PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION, y DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, según establecido en los artículos 254 y 255 numeral 5), del Código Penal, inter alia; desprendiéndose dicho ilícito de la acción del encausado, la cual habría provocado los daños advertidos en el dictamen técnico elaborado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, lo cual no es conforme con los criterios de conservación de una edificación declarada Monumento Nacional (Casco Histórico del Distrito Central y Zonas Aledañas, Acuerdo No. 527, Gaceta No. 27, 594 del 03/03/1995). CONSIDERANDO (8): Que se ha sostenido por la recurrente en amparo, la vulneración el derecho al debido proceso, a su representación procesal; pues se aportaron, con las formalidades que manda la Ley, los elementos mínimos probatorios que requiere el artículo 92 de la Constitución de la República para la imposición de auto de formal procesamiento. Desvalorándolo la instancia ordinaria, no obstante, sin atenerse a lo indiciado en el medio de prueba documental propuesto, el cual no precisa cuál es el fundamento probatorio y motivacional de la reforma del sobreseimiento definitivo en cuestión. Disputando así, un aspecto no cuestionado ni controvertido, durante el desarrollo de la audiencia inicial; como es la propiedad del inmueble (Negocio denominado Importadora UNO), por parte del señor Yerlin Ricardo Flores Cárdenas; con lo cual se constataría su participación en el delito encartado. CONSIDERANDO (9): Que, analizado el caso y ponderados los argumentos de parte, la Sala de lo Constitucional observa que la Infracción al Debido Proceso aducida por parte de la Fiscalía del Ministerio Público consistiría en la inobservancia de la ley del caso y en la falta de motivación en que incurrió el Ad Quem para dictar su resolutivo de sobreseimiento provisional; lo cual conllevaría a la Fiscalía del Ministerio Público a solicitar, vía amparo, se declare la invalidez de tal resolución, por cuanto carecería de fundamento lógico eficiente al dar por probable el daño infligido al patrimonio cultural de la Nación, por la edificación de la Importadora la Uno, cuya inspección y documentación administrativa le atribuye calidad de propietario al señor Yerlin Ricardo Flores Cárdenas; no obstante lo cual, se procedió al dictado de sobreseimiento provisional en su favor, en la presente causa; esgrimiendo la falta de elementos de convicción suficientes para acreditar existe indicio racional de que el imputado ha tenido participación, en los hechos ilícitos bajo juzgamiento. CONSIDERANDO (10): Que, el Artículo 92 de la Constitución de la República, reformado por el Decreto No. 106-2011, establece en su literalidad: “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es su autor o cómplice. En la misma forma se hará la declaratoria de reo”. CONSIDERANDO (11): Que, para esta Sala de lo Constitucional, resulta acreditado el aspecto central del reclamo de amparo constitucional formulado por la fiscalía del Ministerio Público, en garantía de amparo; encontrándose acreditado en la causa, la existencia de los vicios de argumentación insuficiente denunciados, en la sentencia impugnada en amparo; teniendo a la vista la aportación probatoria a la Audiencia Inicial, en parte; ya que no se precisan las razones probatorias que se han tenido en cuenta, para dar por acreditada la probable realización del hecho que se imputa, descartando, a la vez, la probable participación del imputado; por lo cual, se considera que la actuación jurisdiccional objeto de amparo no es conforme a derecho y violenta las garantías constitucionales enunciadas; pues resulta aparente su vinculación a la configuración de los hechos probados, a la luz de los dictámenes y parámetros normativos de conservación de bienes culturales emanados de autoridad competente; lo cual acreditaría la evidencia probatoria del delito imputado por la Acusación Pública, en el grado o estándar de probabilidad, contra el señor Yerlin Ricardo Flores Cárdenas, en lesión o peligro concreto al interés general de los habitantes, con afectación a la incolumidad de los expresados derechos y garantías constitucionales; tal y como ha argumentado la fiscalía del Ministerio Público en su demanda de amparo. CONSIDERANDO (12): Que, habiéndose acreditado mérito en la presente vista para su otorgamiento, estímese ha lugar la garantía de amparo solicitada, a efecto se sirva la Corte de Apelaciones concernida dictar nueva resolución, acordada a los principios lógicos de identidad, razón suficiente y tercero excluido; así como a la cumplimentación de la necesaria coherencia interna y concordancia con el deber de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 183, 232, 233, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8 y 141 del Código Procesal Penal; y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGAR la garantía constitucional de amparo de la que se ha hecho mérito, para los efectos de redactar nueva resolución, ajustada a los requisitos técnico - jurídicos determinados en la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. Notifíquese. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1142-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL