Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-114-23 — Registro 19529

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución dictada que declaró ha lugar el recurso de apelación con relación a la causa instruida por el delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 95 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “IV.- Que así, con tales conceptos, ésta Sala en el estudio de la acción constitucional de amparo, ha escrutado en su totalidad puntualmente el objetivo del recurso en cuanto a las garantías y derechos fundamentales que el recurrente dice violados con la Resolución de Apelación; y no está demás establecer los alcances tanto de la institución de doble juzgamiento, como de cosa juzgada, que deben entenderse aplicables en forma universal a todo litigio que sea vinculante con el de mérito, por cuanto es el fin de la justicia constitucional hacer prevalecer el correcto impartimiento de la justicia ordinaria, y particularmente la acción de amparo se inspira en los principios de independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho substancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. V.- En este punto es relevante establecer que, siendo el nuevo requerimiento fiscal presentado por el delito de Lavado de Activos, el cual señala como precedente el delito de CONTRABANDO por el que fue condenado el imputado mediante la figura de procedimiento abreviado, no de estricta conformidad como lo expresó el recurrente; no existe un NON BIS IN IDEM o doble juzgamiento, ya que la condena es por el delito de Contrabando, por lo que se debe acreditar si los beneficios de mucha monta, invertidos y mezclados con capital configuran la existencia del delito de Lavado de Activos, pues tal como lo dice la Alzada, al revocar la resolución emitida por el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, en el nuevo requerimiento fiscal presentado por este delito, No se identifican todos los elementos que sustentan el principio Constitucional de cosa juzgada, como lo es el primer elemento, El Mismo Sujeto, en este caso el condenado Fredy Antonio Aranda Ramos, que es a quien también se le hace imputación por el delito de Lavado de activos, Que son los mismos hechos, en este caso precede del delito de Contrabando, se identifica las acciones ilícitas que podrían ser objeto de LAVADO DE ACTIVOS delito este que lo conforman varias acepciones y que deberá ser acreditado en el transcurso del proceso, de acuerdo al acervo probatorio que se incorpore pues del mismo hasta el momento solo se ha presentado el requerimiento fiscal, que tiene relación directa con los bienes obtenidos de forma paralela y posterior por parte del señor Fredy Aranda( véase testimonio 695 de fecha 6 de septiembre 2017, en la cual constituye una sociedad mercantil junto a su esposa Lilian Bonilla Del cid y sus hijas) y en relación al tercer elemento como lo es mismo fundamento (causa petendi) que se compone de: Los hechos relevantes que sustentan el derecho que se reclama, La relación jurídica que se deriva el derecho, Los actos y relaciones jurídicas que fundamentan la petición, las situaciones y posiciones de los intervinientes en el proceso; es posible que una investigación se inicie en contra de una misma persona y por los mismos hechos, sin embargo la causa para procesarlo o la sanción que se prevé aplicar es de distinta naturaleza, pues es evidente que los bienes jurídicos protegidos en este caso son diferentes, pues el requerimiento fiscal fue presentado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, el cual se encuentra señalado en el artículo 439 del Código Penal el cual establece: “ incurre en lavado de Activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas…… Contrabando.. cometidos por el o por un tercero. Asimismo el artículo 446 del mismo código establece que las penas previstas en este título se deben imponer sin perjuicio de las que correspondan por los delitos que originaron los activos objeto de lavado; en este caso al tratarse de un delito precedente al delito de Contrabando, corresponde al Ministerio Público hacer la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 285 del Código Procesal Penal, y será en La audiencia inicial que es la última fase de la etapa preparatoria, que el juez de acuerdo al acervo probatorio establecerá la existencia del hecho, así como el indicio de participación del imputado en el mismo y de existir mérito suficiente, se decreta el auto de prisión, o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. En ese sentido de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público u otra autoridad competente practicarán todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias, que de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes; por lo que esta sala observa que la decisión objeto del recurso en estudio se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones, no existiendo violación a los derechos Constitucionales reclamados.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “IV.- Que así, con tales conceptos, ésta Sala en el estudio de la acción constitucional de amparo, ha escrutado en su totalidad puntualmente el objetivo del recurso en cuanto a las garantías y derechos fundamentales que el recurrente dice violados con la Resolución de Apelación; y no está demás establecer los alcances tanto de la institución de doble juzgamiento, como de cosa juzgada, que deben entenderse aplicables en forma universal a todo litigio que sea vinculante con el de mérito, por cuanto es el fin de la justicia constitucional hacer prevalecer el correcto impartimiento de la justicia ordinaria, y particularmente la acción de amparo se inspira en los principios de independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho substancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. V.- En este punto es relevante establecer que, siendo el nuevo requerimiento fiscal presentado por el delito de Lavado de Activos, el cual señala como precedente el delito de CONTRABANDO por el que fue condenado el imputado mediante la figura de procedimiento abreviado, no de estricta conformidad como lo expresó el recurrente; no existe un NON BIS IN IDEM o doble juzgamiento, ya que la condena es por el delito de Contrabando, por lo que se debe acreditar si los beneficios de mucha monta, invertidos y mezclados con capital configuran la existencia del delito de Lavado de Activos, pues tal como lo dice la Alzada, al revocar la resolución emitida por el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, en el nuevo requerimiento fiscal presentado por este delito, No se identifican todos los elementos que sustentan el principio Constitucional de cosa juzgada, como lo es el primer elemento, El Mismo Sujeto, en este caso el condenado Fredy Antonio Aranda Ramos, que es a quien también se le hace imputación por el delito de Lavado de activos, Que son los mismos hechos, en este caso precede del delito de Contrabando, se identifica las acciones ilícitas que podrían ser objeto de LAVADO DE ACTIVOS delito este que lo conforman varias acepciones y que deberá ser acreditado en el transcurso del proceso, de acuerdo al acervo probatorio que se incorpore pues del mismo hasta el momento solo se ha presentado el requerimiento fiscal, que tiene relación directa con los bienes obtenidos de forma paralela y posterior por parte del señor Fredy Aranda( véase testimonio 695 de fecha 6 de septiembre 2017, en la cual constituye una sociedad mercantil junto a su esposa Lilian Bonilla Del cid y sus hijas) y en relación al tercer elemento como lo es mismo fundamento (causa petendi) que se compone de: Los hechos relevantes que sustentan el derecho que se reclama, La relación jurídica que se deriva el derecho, Los actos y relaciones jurídicas que fundamentan la petición, las situaciones y posiciones de los intervinientes en el proceso; es posible que una investigación se inicie en contra de una misma persona y por los mismos hechos, sin embargo la causa para procesarlo o la sanción que se prevé aplicar es de distinta naturaleza, pues es evidente que los bienes jurídicos protegidos en este caso son diferentes, pues el requerimiento fiscal fue presentado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, el cual se encuentra señalado en el artículo 439 del Código Penal el cual establece: “ incurre en lavado de Activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas…… Contrabando.. cometidos por el o por un tercero. Asimismo el artículo 446 del mismo código establece que las penas previstas en este título se deben imponer sin perjuicio de las que correspondan por los delitos que originaron los activos objeto de lavado; en este caso al tratarse de un delito precedente al delito de Contrabando, corresponde al Ministerio Público hacer la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 285 del Código Procesal Penal, y será en La audiencia inicial que es la última fase de la etapa preparatoria, que el juez de acuerdo al acervo probatorio establecerá la existencia del hecho, así como el indicio de participación del imputado en el mismo y de existir mérito suficiente, se decreta el auto de prisión, o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. En ese sentido de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público u otra autoridad competente practicarán todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias, que de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes; por lo que esta sala observa que la decisión objeto del recurso en estudio se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones, no existiendo violación a los derechos Constitucionales reclamados.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: TE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Clovis Duarte Portillo, a favor del señor Fredy Antonio Aranda Ramos, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, que declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal, en fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor Fredy Antonio Aranda Ramos, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 95 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal, el Abogado Luis Alberto Irías, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Fredy Antonio Aranda Ramos, por suponerlo responsable del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. (Folios 1-9 de la pieza principal) 2) En fecha nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Declarar Con Lugar la petición planteada por la Defensa Privada, relativa a DECLARAR CON LUGAR EL INCIDETE PLANTEADO, Y POR ENDE DECRETAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL Y POR ENDE EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA, instruida en contra del señor FREDY ANTONIO ARANDA RAMOS, por suponerlo responsable de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, en razón de los argumentos antes expuestos.- SEGUNDO: Póngase en conocimiento de las partes intervinientes en el proceso de mérito la presente resolución.- TERCERO: Dejar sin ningún valor y efecto la orden de captura librada en contra del señor Aranda Ramos.- NOTIFIQUESE A LAS PARTES LA PRESENTE RESOLUCION.-…”(Folios294-299 de la pieza principal) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Oscar Mauricio Tabora Álvarez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público. -2) REVOCAR la resolución apelada…” (Folios 324-327 de la pieza principal) 4) Que el recurrente, Abogado Clovis Duarte Portillo, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del señor Fredy Aranda Ramos, afirmando que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones antes citada, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 95 de la Constitución de la República. 5) Que el Abogado Clovis Duarte Portillo, en su condición antes indicada, presentó escrito de formalización en el recurso de mérito, el cual ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en fecha ocho de septiembre de dos mil veintitrés, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO (1) Sobre la garantía Constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. CONSIDERANDO (2) Sobre la obligación del Estado de proveer protección judicial mediante un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos o CADH, en relación con el artículo 25 de la misma convención, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras.CONSIDERANDO (3) Que el acto contra el cual se reclama garantía de Amparo es la Sentencia dictada en fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra el señor FREDY ANTONIO ARANDA RAMOS, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. mediante la cual RESOLVIO: (Sic) “…1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público. -2) REVOCAR la resolución apelada…” (Folios 324-327 de la pieza principal) CONSIDERANDO: (4) Resumen sobre los alegatos del garantista, invocando los derechos que considera vulnerados. PRIMERO.- Que el recurrente, en la Formalización de Acción de Amparo, expone: ”que la resolución recurrida vulnera los siguientes derechos constitucionales de su representado: La inviolabilidad del derecho de Defensa, Debido proceso y Legalidad relacionados al NON BIS IN IDEM o prohibición de doble juzgamiento y cosa Juzgada, o de prohibición para que ningún poder ni autoridad pueda avocarse a abrir juicios fenecidos, instituidos en los artículos 82,90,95 de la Constitución de la República; además invoca como normas vinculantes el Artículo 11 del Código Procesal Penal, artículo 7 del Código Penal y articulo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. SEGUNDO.- Que considera infringidas las normas antes señaladas, al establecer que por vulneración de la Cosa Juzgada también se vulnera el principio “Non Bis in Idem”, ya que un mismo hecho punible donde existe identidad del objeto, causa y sujeto que ya fue juzgado y penado en sentencia condenatoria en fecha seis de junio de 2018 contra el imputado Fredy Antonio Aranda Ramos por el delito de CONTRABANDO castigándolo a la pena de CUATRO AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION (4años 6 meses), no puede volver a la vida jurídica para ser juzgado y penado nuevamente. En consecuencia, es en el entendimiento constitucional de la “Cosa juzgada”, que entre otros conocimientos, se puede razonar en los términos, que lo relevante a efecto de “cosa Juzgada”, es la identidad de los hechos, objetiva y subjetiva en el caso que nos ocupa, pues la imputación que hace la Fiscalía de los mismos hechos a la misma persona con identidad de objeto y causa, ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal según consta en el expediente judicial 15-2019 J.N.S.P.S, fijado como objeto y causa del proceso, los mismos hechos y circunstancias que habían sido ya imputados al acusado Fredy Antonio Aranda Ramos en el caso de CONTRABANDO, pero ahora calificando esos mismos hechos y circunstancias como delito de LAVADO DE ACTIVOS, calificación que hace el fiscal en el entendido de matizar o combinar el mismo hecho, objeto, causa y sujeto, que derivó de una sola imputación ya fenecida que ahora ensaya desmedida e infundadamente darle vida jurídica con una nueva imputación de Lavado de Activos y así seguir encaminando que al imputado se le castigue otra vez por el mismo hecho que ya había sido condenado, en el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios en el expediente judicial número 15-2018, por lo que no cabe seguir después otro procedimiento del mismo orden penal sobre el mismo hecho y respecto a la misma persona, pues una de las garantías del acusado, es su derecho a no ser enjuiciado penalmente más de una vez por unos mismos hechos, derecho que es manifestación de principio “Non Bis In Idem” y una de las formas en que se concreta el derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el articulo 90 de la Constitución de la República. TERCERO.- Señaló que los razonamientos esgrimidos por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, quien mediante resolución judicial de fecha 25 de agosto del 2022, invocando Motivaciones Arbitrarias, Incongruentes y contradictorias al debido proceso, derecho de defensa y el principio de legalidad, argumentó que el imputado Fredy Antonio Aranda Ramos está prófugo, y que por ende no tiene derechos ni procesales, ni constitucionales que hacer valer, sino que hasta que sea habido ante la Justicia Hondureña, y solo mediante la prosecución penal que se instruya en todas las etapas procesales del proceso ordinario penal y hasta que se emita la sentencia definitiva de este nuevo requerimiento fiscal por el delito de Lavado de Activos, se podría determinar, si los hechos y circunstancias punibles fijados en su contra por parte de la fiscalía, son los mismos hechos y circunstancias punibles por los cuales ya había sido condenado por el delito de Contrabando etc.; Pues si se analiza e interpreta el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ahí se establece la prohibición a cualquier poder o autoridad del Estado de Honduras para avocarse a abrir juicios ya fenecidos, y en ningún apartado de este precepto se establece alguna condición o procedimiento previo para poder evadir o franquear esta prohibición, así como lo hace ver el arcaico pensamiento de los magistrados de la Corte Apelaciones pues no solo le niegan a las personas que sean victimas de ese proceder despótico de reabrirles sus juicios ya fenecidos, el poder invocar sus derechos constitucionales para alegar esa transgresión al debido proceso, al principio de legalidad, a la cosa juzgada al Non Bis In Idem. Argumenta el quejoso que desde el punto de vista jurídico en relación a este principio, puede hablarse de unidad de acción, unidad del objeto, de causa, de sujeto etc.- En este caso la fiscalía fija como objeto de la imputación los mismos hechos a la misma persona y valga decir con identidad de objeto y causa, ante el juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal tal como consta en el expediente judicial 15-2019,J.N.S.P.S. o que es lo mismo utiliza el mismo objeto y causa del proceso por lo que ya había sido condenado el acusado Fredy Antonio Aranda Ramos en el caso de Contrabando, pero ahora los califica como Lavado de Activos, por lo tanto no está acusando a su representado de nuevos hechos acontecidos después de la sentencia condenatoria que mereciera un nuevo proceso penal y una nueva condena, sino que ello suponga un proscrito Non bis in Idem, sino que la fiscalía lo esta acusando para que la administración de justicia Hondureña lo vuelva a condenar sobre la base de esos mismos hechos, la misma identidad de objeto y causa, pero ahora por delito de Lavado de Activos, cuando resulta evidente la identidad entre ambas operaciones analíticas que se puedan derivar de la condena y la nueva imputación, es decir una misma persona y una misma identidad de objeto y causa, cuestión que es la misma a la observada con una mera lectura del nuevo requerimiento fiscal instruido contra el señor Fredy Antonio Aranda Ramos ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en materia penal, donde la fiscalía caprichosamente pretende que se reabra un juicio penal ya fenecido y se vulnere la cosa juzgada, el Non Bis in Idem, el principio de legalidad etc. CUARTO.- Reclama que de conformidad con el principio de legalidad, la tesis de la autonomía sustantiva del delito de Lavado de Activos, no puede justificarse con simplemente imputar otra vez esos mismos hechos, esa misma persona y esa misma identidad, objeto y causa, alegándo el fiscal de lo que la ley hace referencia al origen ilícito de los bienes, que en el caso que nos ocupa esos mismos bienes de origen ilícito fueron ya asegurados(vehículos, mercadería, dinero etc.) y al condenado Fredy Antonio Aranda Ramos en las motivaciones del fallo judicial se le condenó a pagar la cantidad de L. 6,208,480.11 lempiras al erario público del Estado de Honduras al haber introducido al país mercadería sin pagar impuestos, véase: (en fecha 13 de noviembre del 2016, habían ingresado de la república de Guatemala por el punto fronterizo de Corinto cinco camiones conteniendo mercadería por mayor y que el punto fronterizo a la fecha de que ingresaron esos camiones con esa mercadería, no era aduana para nacionalizar mercadería en el territorio nacional. En la misma fecha 13 de noviembre del año 2016 agentes de investigación ubican una bodega en la colonia Prado Alto 10 avenida 21 y 22 calle de la ciudad de San Pedro Sula, en la cual funciona una Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES LA ROCA propiedad del señor Fredy Antonio Aranda Ramos, en la cual las autoridades procedieron a realizar los inventarios de la mercadería que se encontraba en el negocio, como de la mercadería que se encontraba en los camiones, estableciéndose que los impuestos dejados de pagar ascienden a la cantidad de Lps 4,953,266.65 lempiras sumándose un total en concepto de multas la cantidad de Lps. 6,208,480.11 lempiras, Por lo que ahora hace referencia punitiva sobre el origen ilícito de esos mismos bienes, pero calificándolos ya no como CONTRABANDO sino como un delito especifico de LAVADO DE ACTIVOS, esto no es correcto, pues esa norma que hace referencia únicamente al origen ilícito no da lugar a que, sobre esos mismos hechos, esa misma persona y esa misma identidad de objeto y causa se puede reabrir causas fenecidas. y se engarce todo el resto del patrimonio pasado y futuro que tenga una persona condenada hasta dejarlo a él y a su familia en la calle y logre así, también otra condena, cuando su causa penal sobre esos mismos hechos y esa misma identidad de objeto y causa ya está fenecida. QUINTO.- Sigue relatando, que debe considerarse, asimismo, como un elemento fundamental para el análisis de la procedencia de la Tutela Judicial de amparo que se impulsa, el hecho de que la sentencia condenatoria de fecha seis de junio del año 2018, dictada contra el imputado Fredy Antonio Aranda Ramos, se verificó dentro del Proceso Penal bajo la figura que establece “La estricta Conformidad” que constituye una medida alterna de solución a los conflictos, en la última fase del enjuiciamiento penal Hondureño, que es una forma de flexibilización del principio de legalidad, que impondría la No celebración de la totalidad del debate de Juicio Oral y Público, como requisito previo para dictar un sentencia definitiva, ante ello, “ La estricta Conformidad” se impone como una figura jurídica diseñada a través de una doble garantía expresa y voluntaria, al requerir que tanto el Imputado, su defensa(Abogado privado o Público) y El acusador (fiscal - Esten de acuerdo en el camino Legal que se asumirán por esta Vía Alterna; sin embargo el Ministerio Público cuatro meses después de dictada la sentencia en estricta Conformidad por el delito de Contrabando, y cumplido el acuerdo entre las partes de una manera arbitraria y en evidente abuso de derecho, proyecta con la anuencia de la resolución judicial de fecha 25 de agosto 2022 dictada la corte de apelaciones de lo penal del Departamento de Francisco Morazán, en el expediente judicial 066-22 se violen los derechos fundamentales del señor Fredy Antonio Aranda Ramos El derecho de Defensa, Debido Proceso y legalidad relacionados al Non Bis In Idem o prohibición de Doble Juzgamiento y cosa Juzgada o de prohibición para que ningún Poder ni Autoridad pueda avocarse a abrir juicios fenecidos, instituidos en los artículos 82,90 y 95 de la constitución de la República, 11 del Código Procesal Penal, 7 del Código Penal y 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo que debe estimarse que la sentencia condenatoria surgida de estricta conformidad equivale a la renuncia del fiscal a ir en contra de sus propios actos dispositivos del ejercicio de la acción penal, ni pretender revisar o reabrir lo que se decidió en el acuerdo a que llegó con el imputado y su defensa ante un juez competente. Su accionar con un nuevo requerimiento y nueva imputación criminal, transgrede la Seguridad jurídica que surge de la Cosa Juzgada. CONSIDERANDO (5) Resumen de la resolución que se impugna por vía de amparo Constitucional. Que La Corte de Apelaciones de lo penal de Francisco Morazán en su resolución de fecha veinticinco de agosto del dos mil veintidós (25-08-2022) estableció: 1.- Es observable en caso de autos, que el proceso dio inicio mediante requerimiento fiscal respectivo recibido en fecha seis de Febrero del año dos mil diecinueve imputándole al señor FREDY ANTONIO ARANDA RAMOS en delito de LAVADO DE ACTIVOS, mismo que fue admitido por el Aquo como se aprecia a folio 42, señalando que se verificó los requisitos de admisibilidad, ordenando librar la respectiva orden de captura al señor Fredy Antonio Aranda Ramos, así como algunas diligencias judiciales de aseguramiento. 2.-Que en fecha veintiuno de mayo del año 2021 se solicitó vía incidental la extinción de la Acción penal, por efecto de cosa Juzgada, habiendo sido señalada para ello una audiencia Ad-Hoc, que se realizó en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno; en la cual la defensa privada solicita que se aprecie que en el caso de mérito existe un doble juzgamiento, puesto que por los hechos contenidos en el requerimiento fiscal su defendido ya fue condenado; El Aquo mediante auto motivado contenido en folio 298 al 299 estableció que luego de la valoración de los argumentos señalados por la defensa y en atención al principio NO BIS IN IDEM o la prohibición del doble juzgamiento que tiene reconocimiento Constitucional en el artículo 95 así como los tratados suscritos por nuestro país, llegó a la conclusión que el señor Fredy Antonio Aranda Ramos, si esta siendo doblemente Juzgado, ´pues el ya fue condenado por el delito de Contrabando, encontrando identidad de hechos, sujeto fundamento por lo que fue extinguida la acción penal y sobreseído definitivamente. 3.-.-Al imponerse la alzada, de todos los elementos de investigación que conforman la sustentación del requerimiento fiscal que como se reitera fue presentado en fecha seis de febrero del 2019 imputándole al señor FREDY ANTONIO ARANDA RAMOS, delito de Lavado de Activos; también es facialmente verificable a folio 258 vuelto la consignación de los hechos declarados como probados por el A-quo en la sentencia que por el delito de Contrabando fue condenado en fecha seis de junio del año dos mil dieciocho y que en su literalidad señalan: “ Que el imputado Fredy Antonio Aranda Ramos, a través de su empresa Deportes y Estilo La Roca, introdujo al país cinco vehículos tipo camión descritos anteriormente, con mercancía variada según información obtenida por la Dirección Nacional de Investigación e inteligencia(DNII) en fecha trece de noviembre del año 2016, ingresaron al territorio nacional provenientes de la Republica de Guatemala, cinco camiones cargados con mercancía, realizando dicho ingreso por el punto fronterizo denominado Corinto el cual a la fecha no ha sido autorizado como aduana, siendo por tanto, no apto para nacionalizar mercancías de comercio mayor, estando autorizado para tal efecto únicamente las aduanas de Agua Caliente y El Florido para la importación de mercadería proveniente de Guatemala, por lo que se cometió el delito de Contrabando en perjuicio del Estado de Honduras; cantidad defraudada al Estado de Honduras incluyendo multas que ascienden a la cantidad de seis millones, doscientos ocho mil cuatrocientos ochenta lempiras con once centavos (L. 6,208,480.11). Que fue mediante la figura de procedimiento abreviado que el imputado aceptó dicho hecho, y se le condenó a la pena ya descrita; así al identificar en ambas actuaciones judiciales como lo es el requerimiento fiscal y el hecho declarado como probado y aceptado por el condenado los elementos que sustentan el principio constitucional de Cosa Juzgada, como lo son: Mismo Sujeto(eadem personae) que se refiere tanto a una persona natural como a una persona jurídica. El hecho de verificar que se trata de la misma persona implicada en dos procesos causa alerta y genera indicio de estarse infringiendo la prohibición del nes bis in ídem.- Sin embargo, se trata solo de un primer paso al que luego seguirán las siguientes dimensiones; en el caso de mérito y según el hecho probado el sujeto es identificable como el condenado, persona natural que utiliza según el mismo a dos empresas para introducir mercadería por puntos no autorizados obteniendo beneficios patrimoniales, en relación al segundo elemento los hechos que supone la existencia de una identidad fáctica o correspondencia a nivel de los hechos, es decir que no es posible someter a una misma persona a un doble enjuiciamiento cuando los hechos probados en el proceso sean los mismos. Esto ocurre por ejemplo, en los casos de concurso de delitos o concurso de infracciones administrativas sobre un mismo hecho en el que se pretenda sancionar múltiples veces o iniciar más investigaciones de las debidas cuando la norma procesal indique que la sanción a imponerse será la mas grave de todas; en el caso descrito si bien existió el primero de los hechos probados identificable, es el requerimiento fiscal y las investigaciones posteriores realizadas que identifican las acciones ilícitas que establecen otro de los supuestos ilícitos, y siendo que aún está por identificarse de forma probatoria cuales de esas investigaciones posteriores al contrabando ya fue identificado, establecen otra acción delictiva, que en este caso es la imputada como Lavado de Activos, delito que lo conforman varias acepciones y que deberán ser acreditadas en el transcurso del proceso, es decir, con el requerimiento fiscal y el hecho declarado como probado que son los mismos hechos, no es aun determinante para establecer que exista esa identificación de hechos que establece el segundo de los elementos del principio NOM BIS IN IDEM; en relación al tercero de los elementos como lo es el (edamen causa petendi), como lo es el mismo fundamento, es posible que una investigación se inicie en contra de una misma persona y por los mismos hechos, sin embargo, si la causa para procesarlo o la sanción que se prevé aplicar es de distinta naturaleza no existirá un nes bis in idem; en las diligencias solo se hace constar el requerimiento fiscal y las investigaciones que se documentan, pero será en las etapas posteriores que se determinará el alcance de si es de la misma naturaleza, pues es evidente que los bienes jurídicos protegidos, pero lesionados en este caso son diferentes; en consecuencia para la alzada en este momento procesal, en que el señor Aranda Ramos no ha sido habido, y únicamente consigna el respectivo requerimiento fiscal y algunas documentaciones; luego del análisis realizado a las resoluciones judiciales mencionadas en los fundamentos precedentes que obran en autos, el Tribunal consideró que lo alegado en audiencia Ad-hoc con referencia a la vulneración del principio del nes bis in ídem no resulta atendible, en tanto que no se configura la triple identidad desarrollada en el fundamento 2 y 3, supra, pues si bien es el mismo sujeto perseguido, los hechos y el tipo penal que fueron materia de persecución penal no son los mismos, se declara ha lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio público y se revoca la resolución apelada. CONSIDERANDO (6): Examen practicado por esta sala, a efecto de determinar la existencia de los derechos invocados por el amparista. I.-Que del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida esta Sala aprecia, que el origen de la controversia es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, invocando el recurrente el quebranto al Debido Proceso, derecho de defensa y legalidad relacionados al NON BIS IN IDEM o Prohibición de doble juzgamiento y cosa Juzgada, o prohibición para que ningún poder ni autoridad pueda avocarse a abrir juicios fenecidos, instituidos en los artículos 90, 82 y 95 de la Constitución de la República, 11 del Código Procesal Penal, 7 del Código Penal y 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en perjuicio de FREDY ANTONIO ARANDA RAMOS. II.-En este contexto, la primera garantía constitucional que el impetrante considera vulnerada es la invocada en el artículo 90 de la Constitución de la República, que establece: "NADIE PUEDE SER JUZGADO SIN0 POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE LA LEY ESTABLECE..." al efecto es preciso en la fundamentación de esta sentencia, recoger los principios doctrinarios en torno al principio derecho "debido proceso", que siendo una excepción como instrumento técnico de garantía, es precisamente eso: garantía del proceso debido, el cual además de la exigencia del juez natural previamente creado por la ley, también es imperativa la observancia de las formalidades, derechos y garantías establecidas por la norma jurídica vigente, lo que configura el poder jurídico procesal de acudir ante la jurisdicción para pedir la garantía ante la amenaza de la acción establecida o planteada. Es así, que el debido proceso legal resulta ser, algo más que una simple garantía de un proceso, es la garantía de un proceso justo, un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales y que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; esta garantía se encuentra regulada en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido ante un órgano encargado de dilucidar el conflicto una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. III.- La segunda garantía en discusión reclamada es el derecho de defensa y Legalidad relacionados al NON BIS IN IDEM o Prohibición de Doble Juzgamiento y cosa Juzgada, cuando invoca el artículo 95 constitucional, al considerar que la persona en cuyo beneficio interpone la acción Constitucional de amparo está siendo objeto de “doble juzgamiento”, principio que está consagrado como garantía procesal penal en el artículo 11 del Código Procesal Penal, a saber: “NINGUNA PERSONA PODRA SER NUEVAMENTE JUZGADA POR LOS MISMOS HECHOS PUNIBLES QUE MOTIVARON ANTERIORES ENJUICIAMIENTOS, AUNQUE SE MODIFIQUE SU CALIFICACION O SE ALEGUEN NUEVAS CIRCUNSTANCIAS.”. Esta prohibición, es vinculante con la institución de “COSA JUZGADA” la cual en el presente proceso constitucional tiene relación con los hechos contenidos en la sentencia de fecha seis de junio del dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional de Delitos Tributarios por el delito de CONTRABANDO expediente judicial número 15-2018 contra el señor FREDY ANTONIO ARANDA RAMOS; Así mismo en fecha seis de febrero del año 2019, se presentó un nuevo requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras con Competencia erritorial Nacional en materia Penal contra el señor FREDY ANTONIO ARANDA RAMOS quedando registrado bajo el número 15-2019,J.N.S.P.S, por los mismos hechos, pero ahora calificando el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; Así entonces, al remitirnos esta sala a los conceptos doctrinarios y jurisprudenciales sobre el tema, encontramos que el “doble juzgamiento”, es garantía procesal penal en el sistema procesal acusatorio, es configurativo de la institución de “cosa juzgada”, la cual produce el efecto negativo (cosa juzgada material) consistente en la imposibilidad o improcedencia jurídica de que se siga un proceso con idéntico objeto o, en todo caso, de que recaiga nueva sentencia sobre el fondo cuando el objeto de un proceso sea idéntico al otro proceso anterior y haya sido ya examinado y juzgado en este. Es esté el efecto concluyente, típico de la excepción de cosa juzgada (non bis in idem). Mas, de otra parte, la cosa juzgada material también produce el efecto positivo de vincular a los órganos jurisdiccionales de otros procesos cuyo objeto incluya parcialmente lo ya decidido por sentencia firme en proceso anterior. En Este caso, la vinculación del Tribunal del proceso ulterior, consistirá en partir o de atenerse a la decisión firme y no contradecirla. A éste efecto positivo se le denomina también prejudicial. El efecto negativo o excluyente y el, positivo prejudicial exigen siempre identidad de las partes de los procesos: res indicata inter partes. La cosa juzgada material, presupone la formal... (sic.) “Editores Jurídicos Hispanoamericanos”, México, Bogotá, Buenos Aires, Madrid, 1997. Que en resumen El principio de Non bis in idem es un concepto fundamental en el Derecho Penal que protege a una persona de ser juzgada o sancionada dos veces por el mismo hecho. Esto significa que, si alguien ya ha sido sancionado en el ámbito penal o administrativo por una infracción, no puede enfrentar una segunda sanción en otro proceso por el mismo delito.La expresión non bis in idem, que significa “no dos veces por lo mismo”, establece que no se puede sancionar una infracción en más de una ocasión siempre que se cumplan ciertos requisitos: identidad de sujeto, hecho y fundamento. Para que el principio sea aplicable en un caso penal, deben cumplirse los siguientes requisitos: 1 Identidad de sujeto: La misma persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho. 2.Identidad de hecho: Los hechos deben ser los mismos y referirse a una única acción o evento. 3.Identidad de fundamento: Las sanciones deben tener el mismo fundamento jurídico, es decir, deben basarse en la misma infracción y el mismo bien jurídico protegido.Estos criterios aseguran que el principio se aplique de forma justa, evitando dobles sanciones injustificadas. IV.- Que así, con tales conceptos, ésta Sala en el estudio de la acción constitucional de amparo, ha escrutado en su totalidad puntualmente el objetivo del recurso en cuanto a las garantías y derechos fundamentales que el recurrente dice violados con la Resolución de Apelación; y no está demás establecer los alcances tanto de la institución de doble juzgamiento, como de cosa juzgada, que deben entenderse aplicables en forma universal a todo litigio que sea vinculante con el de mérito, por cuanto es el fin de la justicia constitucional hacer prevalecer el correcto impartimiento de la justicia ordinaria, y particularmente la acción de amparo se inspira en los principios de independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho substancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. V.- En este punto es relevante establecer que, siendo el nuevo requerimiento fiscal presentado por el delito de Lavado de Activos, el cual señala como precedente el delito de CONTRABANDO por el que fue condenado el imputado mediante la figura de procedimiento abreviado, no de estricta conformidad como lo expresó el recurrente; no existe un NON BIS IN IDEM o doble juzgamiento, ya que la condena es por el delito de Contrabando, por lo que se debe acreditar si los beneficios de mucha monta, invertidos y mezclados con capital configuran la existencia del delito de Lavado de Activos, pues tal como lo dice la Alzada, al revocar la resolución emitida por el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, en el nuevo requerimiento fiscal presentado por este delito, No se identifican todos los elementos que sustentan el principio Constitucional de cosa juzgada, como lo es el primer elemento, El Mismo Sujeto, en este caso el condenado Fredy Antonio Aranda Ramos, que es a quien también se le hace imputación por el delito de Lavado de activos, Que son los mismos hechos, en este caso precede del delito de Contrabando, se identifica las acciones ilícitas que podrían ser objeto de LAVADO DE ACTIVOS delito este que lo conforman varias acepciones y que deberá ser acreditado en el transcurso del proceso, de acuerdo al acervo probatorio que se incorpore pues del mismo hasta el momento solo se ha presentado el requerimiento fiscal, que tiene relación directa con los bienes obtenidos de forma paralela y posterior por parte del señor Fredy Aranda( véase testimonio 695 de fecha 6 de septiembre 2017, en la cual constituye una sociedad mercantil junto a su esposa Lilian Bonilla Del cid y sus hijas) y en relación al tercer elemento como lo es mismo fundamento (causa petendi) que se compone de: Los hechos relevantes que sustentan el derecho que se reclama, La relación jurídica que se deriva el derecho, Los actos y relaciones jurídicas que fundamentan la petición, las situaciones y posiciones de los intervinientes en el proceso; es posible que una investigación se inicie en contra de una misma persona y por los mismos hechos, sin embargo la causa para procesarlo o la sanción que se prevé aplicar es de distinta naturaleza, pues es evidente que los bienes jurídicos protegidos en este caso son diferentes, pues el requerimiento fiscal fue presentado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, el cual se encuentra señalado en el artículo 439 del Código Penal el cual establece: “ incurre en lavado de Activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas…… Contrabando.. cometidos por el o por un tercero. Asimismo el artículo 446 del mismo código establece que las penas previstas en este título se deben imponer sin perjuicio de las que correspondan por los delitos que originaron los activos objeto de lavado; en este caso al tratarse de un delito precedente al delito de Contrabando, corresponde al Ministerio Público hacer la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 285 del Código Procesal Penal, y será en La audiencia inicial que es la última fase de la etapa preparatoria, que el juez de acuerdo al acervo probatorio establecerá la existencia del hecho, así como el indicio de participación del imputado en el mismo y de existir mérito suficiente, se decreta el auto de prisión, o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. En ese sentido de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público u otra autoridad competente practicarán todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias, que de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes; por lo que esta sala observa que la decisión objeto del recurso en estudio se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las resoluciones, no existiendo violación a los derechos Constitucionales reclamados. CONSIDERANDO: (7) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO (8): Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. CONSIDERANDO: (9) Que con base en las razones expuestas en los acápites precedentes y en la resolución impugnada, ésta Sala estima, que lo resuelto por el Ad-quem se ajusta a las disposiciones legales aplicables al contexto factico y al acervo probatorio incorporados al expediente judicial, sustentando su resolución con la motivación y fundamentación jurídica suficiente, al considerar que no existe doble Juzgamiento (Nom Bis In Idem), pues no es una única acción ya que el delito de Contrabando es precedente del delito de Lavado de activos por lo que no es el mismo fundamento, ni el mismo bien jurídico protegido, lo que justifica la continuación del proceso penal incoado contra el acusado, De ahí que al no constatarse la vulneración de preceptos Constitucionales en perjuicio del recurrente y sin prejuzgar de ningún modo en torno a su culpabilidad, la Sala es del criterio porque se Deniegue el Amparo interpuesto, sin perjuicio del derecho que le asiste para seguir aportando elementos probatorios en el transcurso del proceso y formular los alegatos que estime pertinentes, en orden a preservar el Estado de Inocencia, que la misma Constitución le garantiza. CONSIDERANDO (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, ésta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo, interpuesto por el Abogado CLOVIS DUARTE PORTILLO, a favor del señor FREDY ANTONIO ARANDA RAMOS, contra la Sentencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintidós, Dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0114-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL