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Sentencia AP-1068-23 — Registro 19685

Resumen

En Consulta la sentencia que otorgó el Recurso de Amparo a favor de los Intereses Generales de la Sociedad contra la resolución dictada en delito de estafa continuada. Confirma fallo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO SEIS (6): La Sala de lo Constitucional, al hacer un examen de las presentes diligencias, estima que la sentencia de Amparo venida en consulta obligatoria, se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. I. Antecedente Procesales. Este alto Tribunal constata que, en el requerimiento presentado por el Agente del Ministerio Público EDGAR ADEMAR ORELLANA, contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ FAJARDO, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE, ROLANDO RAMON FUNEZ PEREIRA, NOHEMI DOLORES MEDINA DE AGUILAR, WILBERG OMAR MONCADA REYES Y OTROS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de ARCADIA ALICIA GONZALES ORTEZ. (Folios 1-09 del expediente A-quo). II. En el caso concreto, el Juzgado después de realizar una revisión exhaustiva de las actuaciones del proceso, particularmente en la audiencia de fecha nueve de febrero del año dos mil veintitrés, se ha podido constar que el Ministerio Público, ha presentado medios de prueba que consisten en Peritaje; asimismo, que en virtud de sustitución de perito, se ordena que el día 15 de febrero del mismo año (2023), comparezca para su juramentación, perito señor Juan Carlos García Benítez, medio de prueba que se ordena se realice con la celeridad oportuna al caso, ya que la causa data desde hace más de diez años y asimismo, se señala audiencia de juicio oral y público para el día veinte de marzo del año dos mil veintitrés, a las nueve de la mañana, y asimismo con respecto al medio de prueba denominado pericial, determinó dar un periodo de 39 días, para su evacuación a los peritos, sin tomar en cuanto lo que establece el artículo 161 del Código Procesal Penal que dice: PLAZOS Y TERMINOS JUDICIALES. Cuando la ley permita a los órganos jurisdiccionales fijar términos o plazos, estos se establecerán tomando en cuenta la naturaleza del procedimiento, la importancia de la actividad que deba cumplirse y los derechos de las partes. III. Que el Tribunal devenía tal como lo establece el artículo antes señalados observar tal como lo dice la Corte de Apelaciones de lo Penal en su resolución, que: a) El perito Juan Carlos García Benítez, no había sido juramentado en virtud de que él estaba sustituyendo al anterior perito nombrado. B) Asimismo no se tomó en cuenta que las piezas de convicción objeto de peritaje consisten en nueve bolsas que contiene varios documentos, c) que la caja pequeña entregada a los peritos, contiene los tomos números VI y VII. Por lo que no se podía acortar los 4 meses para la evacuación de dicho medio de prueba. Por esta razón hay vulneración al debido proceso y al Derecho de Defensa. CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Alzada, en virtud de lo anteriormente expuesto, estima que el Tribunal de Sentencia al señalar el término de 39 días al Ministerio Público, para que se llevara a cabo la audiencia de Peritaje, lo hizo acortando el plazo anteriormente señalado de 4 meses, a los peritos, violentando con ello lo que establece el Artículo 161 del Código Procesal Penal, pues debiendo considerar la cantidad de documentación que eran objeto de peritaje, y al señalar el plazo de 39 días, para realizar dicho medio de prueba se le violenta al Ministerio Público, el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, es por ello que es procedente como lo hizo la Corte de Apelaciones, otorgar el recurso de Amparo.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO SEIS (6): La Sala de lo Constitucional, al hacer un examen de las presentes diligencias, estima que la sentencia de Amparo venida en consulta obligatoria, se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. I. Antecedente Procesales. Este alto Tribunal constata que, en el requerimiento presentado por el Agente del Ministerio Público EDGAR ADEMAR ORELLANA, contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ FAJARDO, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE, ROLANDO RAMON FUNEZ PEREIRA, NOHEMI DOLORES MEDINA DE AGUILAR, WILBERG OMAR MONCADA REYES Y OTROS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de ARCADIA ALICIA GONZALES ORTEZ. (Folios 1-09 del expediente A-quo). II. En el caso concreto, el Juzgado después de realizar una revisión exhaustiva de las actuaciones del proceso, particularmente en la audiencia de fecha nueve de febrero del año dos mil veintitrés, se ha podido constar que el Ministerio Público, ha presentado medios de prueba que consisten en Peritaje; asimismo, que en virtud de sustitución de perito, se ordena que el día 15 de febrero del mismo año (2023), comparezca para su juramentación, perito señor Juan Carlos García Benítez, medio de prueba que se ordena se realice con la celeridad oportuna al caso, ya que la causa data desde hace más de diez años y asimismo, se señala audiencia de juicio oral y público para el día veinte de marzo del año dos mil veintitrés, a las nueve de la mañana, y asimismo con respecto al medio de prueba denominado pericial, determinó dar un periodo de 39 días, para su evacuación a los peritos, sin tomar en cuanto lo que establece el artículo 161 del Código Procesal Penal que dice: PLAZOS Y TERMINOS JUDICIALES. Cuando la ley permita a los órganos jurisdiccionales fijar términos o plazos, estos se establecerán tomando en cuenta la naturaleza del procedimiento, la importancia de la actividad que deba cumplirse y los derechos de las partes. III. Que el Tribunal devenía tal como lo establece el artículo antes señalados observar tal como lo dice la Corte de Apelaciones de lo Penal en su resolución, que: a) El perito Juan Carlos García Benítez, no había sido juramentado en virtud de que él estaba sustituyendo al anterior perito nombrado. B) Asimismo no se tomó en cuenta que las piezas de convicción objeto de peritaje consisten en nueve bolsas que contiene varios documentos, c) que la caja pequeña entregada a los peritos, contiene los tomos números VI y VII. Por lo que no se podía acortar los 4 meses para la evacuación de dicho medio de prueba. Por esta razón hay vulneración al debido proceso y al Derecho de Defensa. CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Alzada, en virtud de lo anteriormente expuesto, estima que el Tribunal de Sentencia al señalar el término de 39 días al Ministerio Público, para que se llevara a cabo la audiencia de Peritaje, lo hizo acortando el plazo anteriormente señalado de 4 meses, a los peritos, violentando con ello lo que establece el Artículo 161 del Código Procesal Penal, pues debiendo considerar la cantidad de documentación que eran objeto de peritaje, y al señalar el plazo de 39 días, para realizar dicho medio de prueba se le violenta al Ministerio Público, el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, es por ello que es procedente como lo hizo la Corte de Apelaciones, otorgar el recurso de Amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, que otorgó el Recurso de Amparo, promovido por el Abogado RUDY ANTONY LAMBERT THOMAS Y YOJANA SANDOVAL, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a la causa instruida contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ FAJARDO, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE, ROLANDO RAMON FUNEZ PEREIRA, NOHEMI DOLORES MEDINA DE AGUILAR, WILBERG OMAR MONCADA REYES Y OTROS, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de ARCADIA ALICIA GONZALES ORTEZ. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES1)En fecha treinta de octubre del dos mil doce, el Abogado EDGAR ADEMAR ORELLANA CRUZ, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentó requerimiento fiscal en contra de los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ FAJARDO, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE, ROLANDO RAMON FUNEZ PEREIRA, NOHEMI DOLORES MEDINA DE AGUILAR, WILBERG OMAR MONCADA REYES Y OTROS, por suponerlos responsables del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de ARCADIA ALICIA GONZALES ORTEZ. (Folios 1-09 del expediente A-quo).2)En fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, celebró audiencia Ad-Hoc: “…EL TRIBUNAL DELIBERO Y POR UNANIMIDAD RESUELVE: se ha dado vista a las diligencias y se ha constatado que efectivamente se extrajo las muestras de los señores acusados en este proceso, asimismo ya folio 2008 del tomo 6 efectivamente se encuentra un acta firmada por el señor perito Carlos Paz, por el señor imputados Ramón Rolando Funes y asimismo la representante del ente acusador en aquel momento la abogada Jessica Juárez que la diligencia fue efectivamente realizada y con el control debido del órgano jurisdiccional, por lo tanto se procede a señalar audiencia de juramentación de perito que en su momento dijo el Ministerio Público que no tenía juramentación era JUAN CARLOS GARCÍA BENÍTEZ dicha juramentación SE SEÑALA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 A LAS 2 DE LA TARDE, Asimismo en esas fechas ordena el tribunal que se entrega la evidencia con la respectiva cadena de custodia tal Cómo le ha solicitado al ministerio público la cual una vez realizada la pericia es entendido que debe ser devuelta al tribunal para lo cual las partes quedan convocadas para la presente audiencia, de igual forma el Tribunal dado el tiempo que ha tenido esta causa en este despacho y siendo que considera el tribunal oportuno la realización pronta y efectiva de la justicia penal, tanto para la víctima la señora Arcadia Alicia González Ortez, y para los supuestos responsables José Trinidad Hernández Gerardo Alberto Paredes, Ramón Rolando Funes, Noemí Dolores Medina y Gloria Isabel Licona, que han estado sometidos a un proceso penal por más de 10 años SE SEÑALA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y PÚBLICO PARA EL DÍA LUNES 20 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LAS 9 DE LA MAÑANA, prolongando únicamente esa única sección hasta el DÍA MIÉRCOLES 29 DE MARZO DEL AÑO 2023 A LAS 9 DE LA MAÑANA, se entiende que es una única sección, El tribunal establece en aras de garantizar cómo se dijo la realización pronta y efectiva de la Justicia Penal, el Ministerio Público a través de la institución respectiva qué es medicina forense, realice las diligencias pertinentes para que el perito le dé la celeridad oportuna al caso ya que data esta causa desde hace más de 10 años. La Fiscalía en este acto, no conforme a la resolución del tribunal interpone recurso de reposición, (Video 1. Minutos 47:40). La Defensa se pronuncia al recurso de reposición interpuesto por el ministerio público, (Video 1. Minutos 51:06). EL TRIBUNAL DELIBERO Y DA TRAMITE AL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA FISCALÍA Y POR UNANIMIDAD RESUELVE: Declarando sin lugar el recurso de reposición Interpuesto por el Ministerio Público, con base en los presupuestos y argumentos siguientes efectivamente tal como lo advertido el Ministerio Público el principio de celeridad no es un principio aislado que tenga que ver por parte del órgano jurisdiccional al contrario cómo tuteladores de derecho de las personas que vienen a buscar justicia a nuestros despachos judiciales en ese sentido atenderemos el principio del debido proceso Consagrado en basta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto y la importancia que se requiere de una manifestación pronta y efectiva de la justicia penal sobre todo para las personas que están siendo acusadas o están enfrentadas ante todo el aparato de Justicia del país, en ese sentido el tribunal estima que la solicitud del ministerio público, lesiona los intereses de la sociedad en el único sentido de no encontrar respuestas por parte del órgano jurisdiccional en el tiempo prudencial, tal cual se ha establecido en basta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así las cosas se mantiene la postura del tribunal del señalamiento de juicio para la fecha como se dijo lunes 20 de marzo hasta el 29 de marzo del año 2023 a las 9 de la mañana, que debe ser entendido como una única sesión, estima el tribunal que no se estaría violentando los intereses de la sociedad, ni haciendo una manifestación de las condiciones de armas desiguales de las partes, puesto que efectivamente tal cual lo ha manifestado la defensa es evidente que la misma va a contar con las pericias y el resultado de las mismas hasta la fecha del juicio y que ha referido no le interesa con tal que se realice el juicio pronto ya que estas personas han sido sometidas a él, por más de 10 años, así se exhorta al Ministerio Público para que haga las diligencias necesarias a fin que los encargados de la realización de la pericia le den prioridad a la presente causa y se les pide que sean un poco empáticos y que se pongan en lugar de las personas que están siendo acusadas, inclusive de la propia víctima la señora Arcadia Alicia González Ortez que no ha recibido una respuesta por parte de los órganos jurisdiccionales y la fiscalía cómo ente acusador y se les exhorta para que haga lo que en sus manos este para que las pericias y resultados las mismas estén el día del juicio oral y público, en el sentido que las personas encargadas de la realización de estas pericias le den prioridad sobre otras causas que tal vez solo tienen uno o dos años y así se pueda contar con esta pericia y realizar y judicial. La Fiscalía solicito copia del acta y el audio, lo cual en este momento se autoriza la entrega de las mismas. La Defensa manifestó que si fuese posible el día viernes 17 estuviera alguna de las pericias listas y sea presentada para que sea evaluada por la misma. La Juez Presidente manifestó que con base al artículo 12 de la lealtad con la justicia las pericias qué se hagan llegar por parte del ministerio público para que la defensa tenga acceso a ellas. Las Partes por su orden se notifican. La Juez Presidente dio por cerrada la audiencia firmando para constancia junto con la secretaria que da fe. (Folios 2140-2144 pieza A-quo).3)En fecha dieciséis de febrero del dos mil veintitrés, comparecieron ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, los Abogados RUDY LAMBERT THOMAS Y YOJANA SANDOVAL, Agentes del Ministerio Público, interponiendo Amparo, a favor de los INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por considerar que es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 183 de la Constitución de la República. (Folios 1-4 del expediente del Ad-quem).2)La referida Corte, en fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…POR TANTO: La Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras, y en aplicación a los artículos 62, 80, 82, 89, 90, 183, 303, 304 de la Constitución de la República; 1, 40 No. 1 y 61 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 46 numeral 3, 4 y 5, 48, 67 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 354.3 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: OTORGADO LA ACCION DE AMPARO interpuesto por los Abogados RUDY ANTONY LAMBERT THOMAS Y YOJANA SANDOVAL, en su condición de Agentes Fiscales del Ministerio Público, a favor de los INTERESES DE LA SOCIEDAD en el juicio instruido contra los señores "JOSÉ TRINIDAD HERNANDEZ FAJARDO, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE, ROLANDO RAMON FÚNEZ PEREIRA, NOEMÍ DOLORES MEDINA DE AGUILAR, WILBERG OMAR MONCADA REYES, MARITZA ISABEL FERNÁNDEZ BRIZUELA Y GLORIA ISABEL LACONA", contra EL ACTO DE RESOLUCIÓN DE AUDIENCIA AD-HOC DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA (SALA QUINTA) DE ÉSTA SECCIÓN JUDICIAL, en el proceso que se sigue contra JOSÉ TRINIDAD HERNANDEZ FAJARDO, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE, ROLANDO RAMON FÚNEZ PEREIRA, NOEMÍ DOLORES MEDINA DE AGUILAR, WILBERG OMAR MONCADA REYES, MARITZA ISABEL FERNÁNDEZ BRIZUELA Y GLORIA ISABEL LACONA, por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de ARCADIA ALICIA GONZALES ORTEZ. SEGUNDO: SE LE ORDENA AL TRIBUNAL DE SENTENCIA (SALA QUINTA) DE ESTA SECCIÓN JUDICIAL, de conceder el plazo al recurrente de cuatro meses, a efecto de que se señale a los peritos nombrados para realizar el peritaje en el término de cuatro meses, para que realicen el medio de prueba consistente en dos pericias de Documentología y análisis financiero. Y MANDA: Que, una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Redactó la Magistrada Marta Delia Merino Conde. NOTIFIQUESE. Folios 27-30 del expediente del Ad-quem).3)Que en fecha quince de agosto del dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): La garantía constitucional de Amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, la acción de Amparo, es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) Para que en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraria a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Amparo, constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar, derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la Consulta obligatoria ante la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de Amparo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de Amparo, que dicten las Cortes de Apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por Jueces de Letras de departamentos o seccionales. jueces de Sentencia, jueces de Ejecución y jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo, los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone, la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del recurrente denunciando violación de los derechos de Defensa y el Derecho al Debido Proceso, artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. El impetrante, en su condición de Representantes de Intereses Generales de la Sociedad, establece que en fecha 07 de marzo del 2018, se realizó audiencia de proposición de medios de prueba en la causa, en donde el Tribunal sentenciador resolvió admitir la prueba pericial propuesta por el Ministerio Público, entre ellas a los peritos: En documentología forense, Carlos René Paz Muñoz, juramentado en fecha 23 de abril del 2018 y a los peritos en auditoria de análisis financiero forense, Halmer Wilson Salinas Rivas, juramentado en fecha 23 de abril del 2018 y Rafael Armando Menjivar, el cual fue sustituido por Juan Carlos García Benítez, juramentado hasta en fecha reciente 15-02-2023. Según actas de juramentación de los peritos Carlos René Paz Muñoz y Halmer Wilson Salinas Rivas, se les concedió por parte del Tribunal sentenciador el plazo de cuatro y tres meses para realizar y presentar sus respectivas pericias, una vez que les fueron entregadas las piezas de convicción consistentes en Bolsa número tres, que contiene dos sobres de manilas. Bolsa número cuatro que contiene varios documentos descritos en su hoja de cadena de custodia correspondiente. Bolsa número cinco que contiene varios documentos descritos en su cadena de hoja de custodia. Bolsa número seis, que contiene documentos varios descritos en su cadena de custodia correspondiente. Bolsa número siete, que contiene varios documentos descritos en su hoja de cadena de custodia. Bolsa número ocho que contiene varios documentos descritos en su cadena de custodia. Bolsa número nueve, que contiene varios documentos descritos en su cadena de hoja de custodia. Bolsa número diez que contiene varios documentos descritos en su cadena de hoja de custodia. Una caja pequeña que contiene los tomos número VI y VII de prueba pericial. Un sobre manila que contiene en su interior once folders de color amarillo. Toda esa prueba para que sea analizada por dos pericias, documentología y análisis financiero, debía regresar de la Honorable Corte Suprema de Justicia Hondureña, específicamente de la Sala de lo Penal, remitida por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia, debido a que también había sido prueba de cargo en la causa número 178-16, seguida contra el señor VICTOR ENRIQUE ZELAYA, por el delito de ESTAFA en perjuicio de ARCADIA ALICIA GONZALES ORTEZ, la cual es una de las dos acusaciones que el Ministerio Público, presentó por estos hechos y esta se encontraba como recurso de casación pendiente. Los peritos de cargo fueron juramentados en fecha 23 de abril del 2018, pero es hasta en fecha 9 de febrero del 2023, que el Tribunal sentenciador convoca a las partes a audiencia ad-hoc, para informar que la evidencia documental antes descrita ya se encontraba a la orden de la Sala, pues hacía pocos días que había regresado de casación. En lo resuelto en esta audiencia ad-hoc, de fecha 9 de febrero del 2023, que el Tribunal sentenciador violenta el Derecho Constitucional de Defensa, al acortar el plazo de 4 y 3 meses anteriormente otorgados en audiencia de juramentación a los peritos del Ministerio Público, contados a partir de la entrega de la evidencia, sustituyéndolos por el plazo de un mes y señala audiencia de debate para el 20 de marzo del 2023. Por lo que estima, que esta resolución violenta el artículo 82 y 90 de a Constitución de la República. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de lo Penal, de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que sirvió de base para su decisión de OTORGAR la presente garantía constitucional de Amparo. El Tribunal de Alzada, decidió otorgar la Acción de Amparo solicitada, a favor de los intereses de la Sociedad, en virtud de considerar que el Tribunal de Sentencia, al señalar el término de 39 días para realizar el medio de prueba consistente en peritaje, lo hace acortando el plazo anteriormente señalado de 4 meses, es por ello, que estima que señalar ese término en el caso de autos, el Tribunal de Sentencia debió darle cumplimiento a lo establecido en el Código Procesal Penal, en el sentido de considerar la cantidad de documentos a periciar por parte de los peritos nombrados; asimismo, que al señalar poco tiempo para realizar el medio de prueba propuesta, se le violenta el Derecho de Defensa, y el Debido Proceso, argumentado por el recurrente, pues se debe de tomar en cuenta, la complejidad del asunto y que es necesario un tiempo prudencial mayor que el concedió para la evacuación de los peritajes. CONSIDERANDO SEIS (6): La Sala de lo Constitucional, al hacer un examen de las presentes diligencias, estima que la sentencia de Amparo venida en consulta obligatoria, se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. I. Antecedente Procesales. Este alto Tribunal constata que, en el requerimiento presentado por el Agente del Ministerio Público EDGAR ADEMAR ORELLANA, contra los señores JOSE TRINIDAD HERNANDEZ FAJARDO, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE, ROLANDO RAMON FUNEZ PEREIRA, NOHEMI DOLORES MEDINA DE AGUILAR, WILBERG OMAR MONCADA REYES Y OTROS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de ARCADIA ALICIA GONZALES ORTEZ. (Folios 1-09 del expediente A-quo). II. En el caso concreto, el Juzgado después de realizar una revisión exhaustiva de las actuaciones del proceso, particularmente en la audiencia de fecha nueve de febrero del año dos mil veintitrés, se ha podido constar que el Ministerio Público, ha presentado medios de prueba que consisten en Peritaje; asimismo, que en virtud de sustitución de perito, se ordena que el día 15 de febrero del mismo año (2023), comparezca para su juramentación, perito señor Juan Carlos García Benítez, medio de prueba que se ordena se realice con la celeridad oportuna al caso, ya que la causa data desde hace más de diez años y asimismo, se señala audiencia de juicio oral y público para el día veinte de marzo del año dos mil veintitrés, a las nueve de la mañana, y asimismo con respecto al medio de prueba denominado pericial, determinó dar un periodo de 39 días, para su evacuación a los peritos, sin tomar en cuanto lo que establece el artículo 161 del Código Procesal Penal que dice: PLAZOS Y TERMINOS JUDICIALES. Cuando la ley permita a los órganos jurisdiccionales fijar términos o plazos, estos se establecerán tomando en cuenta la naturaleza del procedimiento, la importancia de la actividad que deba cumplirse y los derechos de las partes. III. Que el Tribunal devenía tal como lo establece el artículo antes señalados observar tal como lo dice la Corte de Apelaciones de lo Penal en su resolución, que: a) El perito Juan Carlos García Benítez, no había sido juramentado en virtud de que él estaba sustituyendo al anterior perito nombrado. B) Asimismo no se tomó en cuenta que las piezas de convicción objeto de peritaje consisten en nueve bolsas que contiene varios documentos, c) que la caja pequeña entregada a los peritos, contiene los tomos números VI y VII. Por lo que no se podía acortar los 4 meses para la evacuación de dicho medio de prueba. Por esta razón hay vulneración al debido proceso y al Derecho de Defensa. CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Alzada, en virtud de lo anteriormente expuesto, estima que el Tribunal de Sentencia al señalar el término de 39 días al Ministerio Público, para que se llevara a cabo la audiencia de Peritaje, lo hizo acortando el plazo anteriormente señalado de 4 meses, a los peritos, violentando con ello lo que establece el Artículo 161 del Código Procesal Penal, pues debiendo considerar la cantidad de documentación que eran objeto de peritaje, y al señalar el plazo de 39 días, para realizar dicho medio de prueba se le violenta al Ministerio Público, el Derecho de Defensa y el Debido Proceso, es por ello que es procedente como lo hizo la Corte de Apelaciones, otorgar el recurso de Amparo.POR TANTO: Esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, como interprete último y definitivo de la Constitucional de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos: 1, 82, 90, 303 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República,1, 74, 76 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA. CONFIRMANDO en CONSULTA OBLIGATORIA la sentencia de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintitrés (2023), proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se otorga la Acción de Amparo interpuesta por los Abogados RUDY ANTONY LAMBERT THOMAS Y YOJANA SANDOVAL a favor de los INTERESES DE LA SOCIEDAD, contra la resolución de fecha nueve de febrero del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, Sala Quinta, en el Requerimiento Instruido contra JOSE TRINIDAD HERNANDEZ FAJARDO, GERARDO ALBERTO PAREDES BAIDE, ROLANDO RAMON FUNEZ PEREIRA, NOHEMI DOLORES MEDINA DE AGUILAR, WILBERG OMAR MONCADA REYES Y OTROS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de ARCADIA ALICIA GONZALES ORTEZ. (Folios 1-09 del expediente A-quo). Y Manda: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dos de junio de dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-1068-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL