Sentencia AP-1062-23 — Registro 20083
Resumen
Acción de amparo en relación a proceso, en lo atinente a hacer participe del delito de Trafico de Drogas a esposa de imputado, fundamentándose en éste hecho según argumento de impetrante : aun cuando los testigos manifestaron que la persona que estaba haciendo actividades típicas de venta de droga era el esposo e imputado, no teniendo ésta la obligación de denunciarlo de acuerdo al artículo 228 del Código Procesal Penal, señalando impetrante que Ad Quem no hace ninguna relación de la prueba, ni explica el razonamiento jurídico que lo haya llevado a determinar la participación de la imputada en el delito de tráfico de drogas, la Sala Constitucional concluye que puede aseverarse, que resolución impugnada que revoca sobreseimiento ,cumplió con su función de tutelar del debido proceso, el derecho de defensa de imputados ; resultando amplia y suficiente la actividad motivadora al valorar la existencia de elementos de prueba para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales que se juzgan; encontrando, asimismo, indicios racionales que hacen suponer razonablemente la participación de las personas imputadas; por lo cual no resulta de recibo el perjuicio a los derechos constitucionales invocados.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´..."Que, la jurisdicción penal deberá, en todo caso, atender los límites del derecho subjetivo del Estado para el ejercicio de la punibilidad (principios de subsidiariedad y fragmentariedad), siguiendo los cauces trazados por la ley penal; así como las orientaciones científicas que demarca la interpretación racional del derecho, según desarrollada en la dogmática jurídico - penal. En tal sentido, hace suya la Sala de lo Constitucional, lo siguiente cita de Jesús – María SILVA SÁNCHEZ: “En efecto, si hay algo sobre lo que no parece existir discusión alguna, esto es que la elaboración categorial y la integración de los diversos conceptos jurídico-penales en un sistema características de los estudios dogmáticos, proporcionan —sea cuál sea el método o la concepción dogmática de la que se parta— una seguridad jurídica de otro modo inexistente. La dogmática jurídico-penal, en palabras de GIMBERNAT, «hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución».CONSIDERANDO (15): Que puede aseverarse, en tal sentido, que desde una perspectiva constitucional la resolución dictada en fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, cumplió efectivamente con su función de tutelar del debido proceso, el derecho de defensa de los imputados y salvaguardar, asimismo, la intangibilidad del principio de legalidad; resultando amplia y suficiente la actividad motivadora adoptada por el Tribunal de Apelaciones al valorar la existencia de elementos de prueba para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales que se juzgan; encontrando, asimismo, indicios racionales que hacen suponer razonablemente la participación de las personas imputadas; por lo cual no resulta de recibo el perjuicio a los derechos constitucionales invocados, en formalización del recurso de amparo, por la defensa técnica de los imputados; por todo lo cual y en atinencia a lo antes expresado, procede dictar denegatoria a la presente Acción de Amparo."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´..."Que, la jurisdicción penal deberá, en todo caso, atender los límites del derecho subjetivo del Estado para el ejercicio de la punibilidad (principios de subsidiariedad y fragmentariedad), siguiendo los cauces trazados por la ley penal; así como las orientaciones científicas que demarca la interpretación racional del derecho, según desarrollada en la dogmática jurídico - penal. En tal sentido, hace suya la Sala de lo Constitucional, lo siguiente cita de Jesús – María SILVA SÁNCHEZ: “En efecto, si hay algo sobre lo que no parece existir discusión alguna, esto es que la elaboración categorial y la integración de los diversos conceptos jurídico-penales en un sistema características de los estudios dogmáticos, proporcionan —sea cuál sea el método o la concepción dogmática de la que se parta— una seguridad jurídica de otro modo inexistente. La dogmática jurídico-penal, en palabras de GIMBERNAT, «hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución».CONSIDERANDO (15): Que puede aseverarse, en tal sentido, que desde una perspectiva constitucional la resolución dictada en fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, cumplió efectivamente con su función de tutelar del debido proceso, el derecho de defensa de los imputados y salvaguardar, asimismo, la intangibilidad del principio de legalidad; resultando amplia y suficiente la actividad motivadora adoptada por el Tribunal de Apelaciones al valorar la existencia de elementos de prueba para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales que se juzgan; encontrando, asimismo, indicios racionales que hacen suponer razonablemente la participación de las personas imputadas; por lo cual no resulta de recibo el perjuicio a los derechos constitucionales invocados, en formalización del recurso de amparo, por la defensa técnica de los imputados; por todo lo cual y en atinencia a lo antes expresado, procede dictar denegatoria a la presente Acción de Amparo."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por los Abogados ALEX EDUARDO SABONGE ALMENDARES y MILVIA OLDEMIS LOBO TABORA a favor de los señores OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ y RAMON ARNALDO CERRATO SANCHEZ, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, con relación a la causa instruida contra los señores OSCAR DANIEL CRDOÑEZ MARTINEZ en el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PÚBLICA, delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PERMITIDO Y TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO, delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ en el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PÚBLICA; Y RAMON ARNALDO CERRATO SANCHEZ en el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PÚBLICA y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO. en perjuicio del ORDEN PÚBLICO.ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco (05) de noviembre del dos mil veintidós (2022), compareció ante el Juzgado de Letras seccional de Catacamas, departamento de Olancho, la Abogada LEYLA LETICIA TORRES MEJIA en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra los señores, 1) OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PÚBLICA, delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PERMITIDO Y TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES DE USO PROHIBIDO Y TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES DE USO PERMITIDO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO, delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; asimismo en contra de 2) YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ en el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PÚBLICA; 3) RAMON ARNALDO CERRATO SANCHEZ en el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PÚBLICA y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO. (Folio 01-08 de la pieza de antecedentes). 2)Que en fecha doce (12) de noviembre del dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, resuelve dictando resolución, en la cual: EL JUZGADO RESUELVE: Escuchado el planteamiento de las partes, voy a tomarme unos cinco minutos para emitir la resolución. Se da por reanudada la audiencia. Se procede a resolver sobre el recurso de reposición interpuesto por la defensa, en cuanto al hecho que manifiesta que el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO debe de modificarse a PERMITIDO, y que se debe sobreseer el mismo porque el arma se encontró en la habitación del señor RAMÓN ARNALDO CERRATO SÁNCHEZ y no en la habitación de OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, después de hacer un análisis y estudiar la base legal que ha proporcionado la defensa para hacer dicha aseveración sobre la modificación antes referida considera esta Juez que la resolución emitida se encuentra conforme a derecho, en cuanto a que la conducta se subsume dentro del delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO y en cuanto al hecho de que si bien es cierto el arma se encontró en la habitación que a veces ocupaba el señor RAMÓN ARNALDO CERRATO SÁNCHEZ, se desprende del expediente de mérito que no vivía en esa casa, sin embargo si vive el señor OSCAR DANIEL ORDOÑEZ y por tal motivo considera esta Juez que es a él a quien se le debe atribuir este delito, por ende se declara Sin lugar en cuanto a ese recurso de reposición. En cuanto al delito de LAVADO DE ACTIVOS, en contra del señor OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ y después de hacer un análisis sobre lo argumentado por la defensa y también sobre lo que ha manifestado el Ministerio Público considera esta Juez que esa resolución también se encuentra apegada a derecho siendo que se ha aportado prueba suficiente para acreditar la plena prueba de dicho delito y así también el indicio racional de participación del imputado OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ en el mismo. En cuanto al TRAFICO DE DROGA en contra de VElIVI DANELI GARCÍA HERNANDEZ que ha manifestado la defensa que no se le apunta a ella como partícipe del mismo, y después de hacer un análisis profundo esta Juzgadora sobre la prueba aportada y evacuada en la presente causa, es del criterio que efectivamente tal como lo ha establecido la defensa no hay una prueba que apunte a YEIMI DANELI GARCÍA HERNANDEZ como responsable de este delito de TRAFICO DE DROGAS, sin embargo considera esta Juez que si hay plena prueba de comisión del delito, mas sin embargo no hay indicio racional de participación de la misma pero las pruebas dan margen, para sospechar que pudo tener participación, por tal motivo se le decreta un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, dejando al Ministerio Publico un término de cinco (5) años para que presente. nuevas pruebas en el presente caso. En cuanto al delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO atribuido al señor RAMÓN ARNALDO CERRATO SÁNCHEZ después de revisar nuevamente las pruebas aportadas esta Juez considera que este delito si se encuentra acreditada la plena prueba y el indicio racional de participación en el mismo, por ende, se declara Sin lugar el recurso de Reposición en cuanto al señor RAMÓN ARNALDO CERRATO SÁNCHEZ. Tiene la palabra la Defensa para que se pronuncie sobre la medida cautelar: Respecto a YEIMI DANELI GARCÍA HERNANDEZ que se libre la carta de libertad provisional de manera inmediata se ordene su excarcelación, en cuanto a la medida en contra del señor OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ en cuanto a los delitos que se trata existe prohibición de aplicación expresa de medida cautelar distinta a la prisión preventiva, que se someta a la misma, y en cuanto al señor RAMÓN ARNALDO CERRATO SÁNCHEZ siendo que se ha establecido únicamente su participación en el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO que se establezcan las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6 y 7 y su presentación sea ante este Juzgado de Letras por tener su domicilio en esta ciudad de Catacamas. Tiene la palabra la Fiscal del Ministerio Público y dice: Habiendo escuchado la resolución en cuanto al recurso de reposición planteada por la defensa en cuanto a que se declara parcialmente con lugar, en cuanto al Auto de Formal Procesamiento que se le había decretado a YEIMI DANELI GARCÍA HERNANDEZ en la cual ahora se le decreta un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, Y RAMÓN ARNALDO ya nos habíamos pronunciado en vista que se había decretado SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, Y por el PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO que se decretaran las medidas cautelares establecidas en el artículo 173 numerales 6 y 7 del Código Procesal Penal, y el señor OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ que se decrete la PRISIÓN PREVENTIVA y en cuanto a YEIMI DANELI GARCÍA HERNANDEZ se ordene lo que corresponde. EL JUZGADO RESUELVE: Después de escuchar al Ministerio Publico y a la defensa, en cuanto al señor OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, considerando lo establecido en el artículo 184 reformado del Código Procesal Penal ya que no cabe otra medida se le decreta LA PRISIÓN PREVENTIVA, en cuanto a YEIMI DANELI GARCÍA HERNANDEZ siendo que se le ha decretado un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL por el delito de TRAFICO DE DROGA se ordena se deje en libertad y se otorgue su carta de libertad provisional, en cuanto RAMÓN ARNALDO CERRATO SÁNCHEZ, siendo que se le ha decretado un auto de formal procesamiento por el delito de que se le ha decretado un auto de formal procesamiento por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PERMITIDO considerando el delito de que se trata, la pena que podría ser impuesta esta Juez es del criterio que se le deben imponer las medidas cautelares sustitutivas establecidas en el artículo 173 numerales 6 y 7, tales son que se le prohíbe salir del país, y la obligación de presentarse de manera periódica los días lunes de cada semana ante este Juzgado. En este acto quedan notificadas las partes personalmente de la presente resolución. Y con lo expuesto se da por clausurada la audiencia y previa lectura del acta la ratifican y firman ante la Jueza y la Secretaria del Despacho que da fe. (Folio 223 al 236 de la pieza de antecedentes). 3) Que la abogada LEYLA LETICIA TORRES MEJIA en su condición de agente del Ministerio Publico compareció ante el citado Juzgado, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede de fecha doce (12) de noviembre del dos mil veintidós (2022).4)Que la Corte Tercera de Apelaciones, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en apelación con sus antecedentes dictó resolución en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023), en la cual, POR TANTO: Esta Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras; FALLA: 1) CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO de APELACION interpuesto por la Abogada LEYLA LETICIA TORRES MEJIA Fiscal del Ministerio Público. 2) REVOCAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES DE USO PROHIBIDO en perjuicio del ORDEN PUBLICO. 3) Se ordena dictar auto de formal procesamiento al imputado OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, por el delito de TENENCIA ILEGAL DE MUNICIONES DE USO PROHIBIDO en perjuicio del ORDEN PUBLICO. 4) Reformar el auto de formal procesamiento dictado al imputado OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, por el delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD PUBLICA, debiéndosele dictar auto de formal procesamiento por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PUBLICA. 5) Revocar el Sobreseimiento provisional dictado a la señora YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PUBLICA. 6) Se ordena Dictar auto de formal procesamiento a la imputada YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PUBLICA; 7) CONFIRMAR Sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado RAMON ARNALDO CERRATO SANCHEZ por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de la SALUD PUBLICA. MANDAMOS Que se notifique la presente resolución a las partes de oficio, personalmente este mismo día o a más tardar al día siguiente hábil y de no ser así por medio de cédula y una vez firme se devuelvan los mismos al Juzgado de origen para los efectos legales correspondientes- NOTIFIQUESE. (Folios 275 al 289 de la pieza de apelaciones) 5)Que en fecha quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023), comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, los Abogados ALEX EDUARDO SABONGE ALMENDARES y MILVIA OLDEMIS LOBO TABORA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores de los señores OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ y RAMON ARNALDO CERRATO SANCHEZ, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, de las que se han hecho relación en los numerales que anteceden, por considerarla violatoria de los Artículos 82, 90, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República; y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. (Folios 01 al 08 del presente Recurso)6)Que en fecha diez (10) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 32-38 y 40 del Presente Recurso)CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer. Tiene por objeto mantener, o restituir, a la persona en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los Tratados, Convenciones, y otros Instrumentos Internacionales establecen. CONSIDERANDO (2): Que, asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; se podrá promover la garantía de Amparo para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable; por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.CONSIDERANDO (3): Que la formalización del recurso de amparo se llevó a cabo, en tiempo y forma, por los garantistas contra la resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023), conociendo en apelación con sus antecedentes de la resolución dictada en fecha doce (12) de noviembre del dos mil veintidós (2022), por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, de las cuales se ha hecho sucinta relación; afirmando los amparistas que tal decisión del Ad-Quem, reseñada sintéticamente en el Antecedente 4) de la presente sentencia, resulta violatoria a los derechos constitucionales de las personas agraviadas; según establecidos en los artículos 82, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, con relación a la aplicación judicial de los artículos 311, 312 numeral 5), con relación a lo establecido en los artículos 321 y 322, todos del Código Penal; 141 del Código Procesal Penal, y; finalmente, en la garantía precavida por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual transcribe. CONSIDERANDO (4): Que, señalan los recurrentes la existencia de múltiples agravios al principio jurisdiccional, integrante del debido proceso, al derecho de defensa y la tutela judicial efectiva; en el sentido de que se ha conculcado el derecho a obtener una sentencia de fondo, motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de la decisión. Manifiestan en su exposición que no hay razón para agravar el delito de TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD PUBLICA, al infringir la valoración en conjunto de las pruebas conforme el sistema de la sana crítica racional que contiene nuestro sistema procesal penal, imperando la plena libertad de convencimiento de los jueces, el cual exige, sin embargo, que las conclusiones a que se arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen; teniendo pues, esa libertad probatoria límites como son las normas del convencimiento humano y los principios de recta razón, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; incurriendo la judicatura en tal error de apreciación judicial en el proceso, en lo atinente a hacer participe del delito de TRÁFICO DE DROGAS, a la señora YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ, por ser esposa del imputado: “(…) aun cuando los testigos manifestaron que la persona que estaba haciendo actividades típicas de venta de droga era el imputado OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, no teniendo la esposa del imputado la obligación de denunciarlo (…) de acuerdo al artículo 228 del Código Procesal Penal…”. Finaliza su alegación la parte garantista, señalando que el Tribunal Ad Quem no hace ninguna relación de la prueba, ni explica el razonamiento jurídico que lo haya llevado a determinar la participación de la imputada en el tráfico de drogas.CONSIDERANDO(5):Que estiman, asimismo, los garantistas, que la resolución modificadora del Tribunal Ad Quem, entra también en contravención a lo establecido en el artículo 141, último párrafo, del Código Procesal Penal, que establece tal transcripción no reemplaza la motivación, bajo pena de nulidad de lo actuado; garantizando, así al justiciable la obtención de una respuesta justa, motivada y congruente; lo cual tiene concreción en el presente caso mediante motivación insuficiente, consistente en una simple relación de las actuaciones del proceso, mención de requerimiento hecho por las partes, o la cita o transcripción de preceptos legales; lo cual no reemplaza la motivación, conforme a ley, a efecto adquirir la convicción de que lo resuelto por la Alzada sea lo correcto, al revocar los sobreseimientos dictados por el Juzgado A Quo, sin que la fiscal haya expresado agravios; lo cual deja en indefensión a la defensa de los imputados, al impedirle realizar una contestación de los mismos y sin haber alegatos de las partes sobre este hecho, es el propio Tribunal Ad Quem que hace sus propias argumentaciones y revoca los sobreseimientos; generando así una manifiesta violación al derecho de defensa y a componentes esenciales de la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO(6): Que, finalmente, han impugnado los amparistas, aspectos concernientes a la calificación jurídica y a la forma de imputación de cada uno de los delitos, lo cual asumen como violatorio al debido proceso, al imputársele a los señores OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ y YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ el delito de TRÁFICO DE DROGAS, en su modalidad agravada, sin existir un claro criterio científico para la determinación de la cantidad de droga aprehendida; la cual es imprecisa para calificar la agravante específica de constituir cantidad de especial importancia (Artículo 312 numeral 5), con relación al artículo 311 del Código Penal). Más aún, cuando la cantidad objeto del delito sobrepasa únicamente en 79.56 gramos la que se considera de especial importancia, en el artículo 321 del Código Penal; pudiendo ser menor, inclusive, al no contarse con un patrón de referencia para determinar la pureza de la cocaína decomisada. Por todo lo cual solicitan se otorgue la presente garantía de amparo y se declare la violación de los derechos fundamentales denunciada.CONSIDERANDO(7): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En tal sentido, los órganos jurisdiccionales en materia penal están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales. Conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución; y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les hubiere atribuido. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos el efectivo cumplimiento y protección de sus derechos fundamentales, manteniendo tanto la supremacía constitucional, en su dimensión objetiva; como el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado ha suscrito y ratificado; todo lo cual orienta en forma indeclinable el horizonte de realización de la justicia constitucional en Honduras. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 297 del Código Procesal Penal establece que, para dictar un auto de prisión o de formal procesamiento, considerará el Juez como plena prueba de haberse cometido un delito la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO (10): Que, concatenado a lo anterior y vista para resolución la presente garantía constitucional de amparo, cabe reiterar lo expresado por la Sala de lo Constitucional sobre el debido proceso, establecido al tenor del artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República, e invocado como infringido por parte de los peticionarios; Que el debido proceso se encuentra conformado por un valioso conglomerado de derechos, garantías y formalidades establecidas por la ley; derecho a un juicio justo que resulta conglobante del respeto y garantía a todo el conjunto de derechos fundamentales, como son el derecho a un juez independiente e imparcial, preestablecido regularmente de conformidad a ley; el derecho de contradicción y audiencia; a la inviolabilidad del derecho de defensa; al respeto al estado de inocencia; el derecho a una notificación razonable y a la publicidad de las actuaciones procesales; el derecho a obtener resoluciones motivadas y fundadas jurídicamente, en proscripción al libre arbitrismo judicial y el derecho al recurso franqueado en las leyes, ante Juez regular; expresados todos de manera enunciativa y no limitativa o excluyente de otros derechos fundamentales. CONSIDERANDO (11): Que, los principios y derechos antes enunciados resultan observados en la motivación empleada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que reforma parcialmente, la resolución dictada, a su vez, por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO; imponiendo el auto de formal procesamiento, por todos y cada uno de los delitos imputados, en el grado y título de participación que se estimó correspondiente para cada uno de los procesados. Lo anterior, visto la evidencia documental y pericial que, examinada bajo el tamiz de la sana crítica, sirvió a la Alzada para colegir la necesidad de recalificar, en los casos descritos y sustanciados taxativamente, a la modalidad agravada, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, imputado a los encartados OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ y YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ; en virtud acreditarse la agravante específica de constituir la droga intervenida o decomisada cantidad de especial importancia (Artículo 312 numeral 5), con relación al artículo 311 del Código Penal); para lo cual se hace también necesario recapitular, que en la etapa preparatoria, el elenco resolutivo que dispone el Juez penal, por atribución del artículo 294 del Código Procesal Penal, no requiere de establecer un Standard convictivo de certeza; sino que basta el allegar una carga mínima de prueba, cuya presentación corre a cargo de las partes; para que el órgano jurisdiccional pueda de inmediato, pronunciar su resolución fundada en derecho.CONSIDERANDO (12): Que, en el presente caso, se aprecia que la motivación concreta que desarrolla la Corte Ad Quem se complementa armónicamente con el sentido prescriptivo de la resolución, atendiendo los principios de identidad, no contradicción y tercero excluido, así como el de razón suficiente, en cuanto a su justificación interna. Considera la Sala, que la judicatura ha brindado una respuesta adecuada y razonable en el marco del debido proceso, o proceso justo; observando válidamente los elementos probatorios allegados para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando el derecho pertinente y específicamente aplicable; obteniendo, en consecuencia, la inferencia lógico jurídica de que procede imponer el auto de apertura a formal procesamiento por la totalidad de los delitos imputados (“applicatio legis ad factum”). CONSIDERANDO (13): Que se descarta, asimismo, la incidencia de consideraciones que pudieran viciar las diligencias de investigación y enjuiciamiento realizadas durante la etapa preparatoria del proceso; particularmente la innovación en la imputación que supone realizada el Censor, por parte del Tribunal de Apelaciones, al agravar el delito de TRÁFICO DE DROGAS, imputado a los señores OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ y YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ; lo cual no se compadece con la literalidad de los agravios expuestos, y, en particular, con la petición concreta efectuada de la Fiscalía del Ministerio Público, ocurriendo en Alzada; a la cual se corresponde la actuación proporcional y en congruencia a lo alegado y resuelto, por parte de la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en el tenor de la resolución conocida ahora en amparo. CONSIDERANDO (14): Que, la jurisdicción penal deberá, en todo caso, atender los límites del derecho subjetivo del Estado para el ejercicio de la punibilidad (principios de subsidiariedad y fragmentariedad), siguiendo los cauces trazados por la ley penal; así como las orientaciones científicas que demarca la interpretación racional del derecho, según desarrollada en la dogmática jurídico - penal. En tal sentido, hace suya la Sala de lo Constitucional, lo siguiente cita de Jesús – María SILVA SÁNCHEZ: “En efecto, si hay algo sobre lo que no parece existir discusión alguna, esto es que la elaboración categorial y la integración de los diversos conceptos jurídico-penales en un sistema características de los estudios dogmáticos, proporcionan —sea cuál sea el método o la concepción dogmática de la que se parta— una seguridad jurídica de otro modo inexistente. La dogmática jurídico-penal, en palabras de GIMBERNAT, «hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución».CONSIDERANDO (15): Que puede aseverarse, en tal sentido, que desde una perspectiva constitucional la resolución dictada en fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, cumplió efectivamente con su función de tutelar del debido proceso, el derecho de defensa de los imputados y salvaguardar, asimismo, la intangibilidad del principio de legalidad; resultando amplia y suficiente la actividad motivadora adoptada por el Tribunal de Apelaciones al valorar la existencia de elementos de prueba para dar por acreditada la existencia de los ilícitos penales que se juzgan; encontrando, asimismo, indicios racionales que hacen suponer razonablemente la participación de las personas imputadas; por lo cual no resulta de recibo el perjuicio a los derechos constitucionales invocados, en formalización del recurso de amparo, por la defensa técnica de los imputados; por todo lo cual y en atinencia a lo antes expresado, procede dictar denegatoria a la presente Acción de Amparo. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo promovido por los Abogados ALEX EDUARDO SABONGE ALMENDARES y MILVIA OLDEMIS LOBO TABORA a favor de los señores OSCAR DANIEL ORDOÑEZ MARTINEZ, YEIMI DANELI GARCIA HERNANDEZ y RAMON ARNALDO CERRATO SANCHEZ. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha dos de junio de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1062-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.