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Sentencia AP-105-25 — Registro 20184

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán que resolvió la solicitud de antejuicio de los Jueces del Tribunal de Sentencia, con relación a la causa instruida por la comisión de los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos en perjuicio de administración pública y la fe pública, respectivamente. Alega el recurrente que resulta violatorio que la Alzada no haya realizado ningún análisis en cuanto al hecho que se interpuso en contra de las Magistrados Integrantes teniendo la seguridad que los referidos Jueces recusados en su pronunciamiento no tendrán el ánimo totalmente justo en el proceso instado contra sus representados, lo que veda a estos de una tutela judicial efectiva sobre sus derechos constitucionales y un adecuado derecho de defensa. Se sobreseyó el recurso de mérito al apreciar la Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de abril del año dos mil veinticinco. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados DARWIN LINDOLFO GARCÍA y CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES a favor de ROGER VARELA, LUIS FERNANDO VARELA, JOSÉ SARMIENTO y RAÚL BARNICA, en contra de la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veinticuatro, que resolvió una recusación presentada en contra de los Jueces del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, integrado por los Abogados RAÚL IVÁN CHAVEZ BACA, KAROVIN MARTINEZ GIRÓN y DAENA ROSA LOBO, con relación a la causa instruida contra ROGER VARELA, LUIS FERNANDO VARELA, JOSÉ SARMIENTO y RAÚL BARNICA, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de FRAUDE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la FE PÚBLICA, respectivamente. CONSIDERANDO: Que según indica el actuante, resulta violatorio que la Alzada no haya realizado ningún análisis en cuanto al hecho que se interpuso en contra de las Magistrados Integrantes de la SALA V DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, los Abogados RAÚL IVÁN CHAVEZ BACA, KAROVIN MARTINEZ GIRÓN y DAENA ROSA LOBO, denuncia realizada conforme a las instrucciones precisas de sus mandantes en la causa que se les ventila, ante la Fiscalía Especial de Procesamiento de Funcionarios Públicos del Ministerio Público, teniendo la seguridad que los referidos Jueces recusados en su pronunciamiento no tendrán el ánimo totalmente justo en el proceso instado contra sus representados, lo que veda a estos de una tutela judicial efectiva sobre sus derechos constitucionales y un adecuado derecho de defensa, motivo por el que debe otorgarse esta garantía. CONSIDERANDO: Que esta Sala advierte que la Alzada denunciada para emitir su pronunciamiento analizó los hechos en que se sustentó la recusación, la prueba propuesta como el ordenamiento jurídico vigente que aplicó y que le sirvió para verter su criterio, misma que para este alto Tribunal salvaguarda las garantías constitucionales que se invocan como violadas. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, en relación a los alegatos presentados por el accionante, observa que estos redundan en la procedencia o no de la recusación planteada, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se indican como violados, observándose todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por el recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto los Abogados DARWIN LINDOLFO GARCÍA y CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES a favor de ROGER VARELA, LUIS FERNANDO VARELA, JOSÉ SARMIENTO y RAÚL BARNICA, en contra de la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veinticuatro, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de agosto del año dos mil veinticinco. VISTO el recurso de reposición interpuesto por los Abogados DARWIN LINDOLFO GARCÍA Y CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES, en contra de la resolución emitida por esta Sala de lo Constitucional, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinticinco, en el recurso de amparo a favor de ROGER VARELA, LUIS FERNANDO VARELA, JOSÉ SARMIENTO Y RAÚL BARNICA, en contra de la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil veinticuatro, que resolvió una recusación presentada en contra de los Jueces del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, integrado por los Abogados RAUL IVAN CHAVEZ BACA, KAROVIN MARTINEZ GIRÓN Y DAENA ROSA LOBO, con relación a la causa instruida contra ROGER VARELA, LUIS FERNANDO VARELA, JOSÉ SARMIENTO y RAÚL BARNICA, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de FRAUDE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la FE PÚBLICA, respectivamente. CONSIDERANDO: Que los recurrentes presentaron recurso de reposición en fecha veinte (20) de junio del año dos mil veinticinco, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinticinco, en el recurso de amparo de mérito por estimar que no se encuentra dictada conforme a derecho y vulnera el derecho de defensa y por derivación el debido proceso al excluir los alegatos expuestos al aplicar la causal por la cual ha sido sobreseída la garantía de mérito por lo que refieren debe revocarse dicho pronunciamiento y continuarse con el trámite de esta acción. CONSIDERANDO: Que esta Sala, en razón a los agravios expuestos, procedió a revisar la resolución que se impugna, así como examinó de nueva cuenta los antecedentes, el escrito de interposición, el acto reclamado, no logrando percibir motivos que resulten atendibles para proceder a revocar la resolución objetada. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de reposición es que quien se estime afectado con una providencia pida a la misma autoridad que emitió un determinado pronunciamiento proceda a su examen con el objeto de enmendarlo o revocarlo en caso de apreciar yerros en la misma. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por los Abogados DARWIN LINDOLFO GARCÍA Y CARLOS HUMBERTO BRICEÑO TORRES, en contra de la resolución emitida por esta Sala de lo Constitucional, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinticinco, que sobresee el recurso de mérito por no desprenderse razones de fondo ni de forma para proceder a la enmienda de la resolución impugnada. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, y se proceda al archivo de las presentes actuaciones.-NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veintiséis, certificación de la resolución de fecha treinta de abril y reposición de fecha once de agosto de dos mil veinticinco, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-105-2025.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL