Sentencia AP-105-20 — Registro 20079
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación que declaró sin lugar los incidentes y nulidades planteados en la causa instruida por los delitos de cohecho pasivo impropio y lavado de activos, en perjuicio de la administración pública, la economía del estado de Honduras y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO XI: ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL CASO. Que, del análisis de la resolución del tres (3) de abril del dos mil diecinueve (2019), se constata que el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente los estándares interamericanos de derechos humanos al evaluar la alegada violación al plazo razonable. El tribunal ponderó adecuadamente que "en el sistema interamericano de justicia, se analizó el tiempo razonable atendiendo la complejidad del caso, así como las diligencias de las autoridades competentes en la conducción del proceso", concluyendo que la demora en la redacción de la sentencia, aunque reprochable administrativamente, no alcanzaba el umbral para configurar una violación constitucional. Resulta fundamental destacar que el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS ejerció plenamente su derecho de defensa durante todo el proceso, como lo demuestra el hecho de que en fecha cinco (5) de marzo del dos mil diecinueve (2019) la defensa técnica presentó Recurso de Casación, evidenciando que no se configuró la alegada indefensión material. La Corte de Apelaciones recurrida actuó dentro del marco de su competencia al confirmar esta decisión, aplicando una interpretación razonable y ajustada a derecho. CONSIDERANDO XII - CONCLUSIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Que, tras el análisis integral de los argumentos expuestos, las normas aplicables y la jurisprudencia constitucional e interamericana pertinente, esta Sala concluye que no se ha acreditado la violación de los derechos constitucionales invocados por la recurrente. El tribunal de alzada actuó dentro del marco de su competencia y su decisión es congruente con una interpretación razonable de la ley procesal y los principios constitucionales. El retardo en la emisión de la sentencia, si bien constituye una irregularidad administrativa sancionable disciplinariamente, no alcanzó la entidad suficiente para generar indefensión material ni para invalidar un proceso penal que se desarrolló con pleno respeto a las garantías constitucionales y convencionales. No se acredita la violación de los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. En consecuencia, no procede la concesión del amparo solicitado, debiendo confirmarse la resolución impugnada.”
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 36 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticinco VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, registrado bajo el No. SCO-105-2020, contra la resolución de fecha once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), dictada por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha tres (3) de abril del dos mil diecinueve (2019), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA PENAL, que declaró sin lugar los incidentes y nulidades planteados en la causa instruida contra el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO PASIVO IMPROPIO y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal, el Abogado JOSE MARIO SALGADO, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ y CARLOS MONTES RODRIGUEZ, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de COHECHO PASIVO IMPROPIO y LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS y del INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL. (Folios 1-10 del Tomo I la pieza de los Antecedentes).2)Que en habiéndose celebrado la Audiencia de Juicio Oral y Público, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia en fecha siete (7) de enero de dos mil diecinueve (2019), en la cual falló: "PRIMERO: CONDENAR/ a los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, CARLOS MONTES RODRIGUEZ Y RODOLFO JAVIER PASTOR, cuyas menciones generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les impone una pena de QUINCE (15) AÑOS, como pena principal la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además, se les impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena. SEGUNDO: CONDENAR a los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, CARLOS MONTES RODRIGUEZ Y RODOLFO JAVIER PASTOR, cuyas menciones generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de COHECHO IMPROPIO, en perjuicio de La ADMINISTRACION DEL ESTADO DE HONDURAS, por el cual se les impone una pena de UN (1) AÑO, como pena principal la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente, quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; Además, se les Impone las penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena del delito de Cohecho". (Folios 5980-6049 del Tomo XIII de la pieza principal) 3) Que en fecha siete (7) de enero de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, en su condición de parte del equipo de defensa técnica del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, presentado Nulidad de Actuaciones, en virtud de haber dejado prescribir el término establecido para dictar sentencia. (Folios 6114-6122 del Tomo XIII de la pieza principal de antecedentes). 4) Que el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional celebró Audiencia de Excepción de Nulidad por Extinción de la Acción Penal en fecha tres (3) de abril del dos mil diecinueve (2019), en la cual: resolvió: "Declarar sin lugar la admisión de los medios de prueba propuestos, Declarar sin lugar la Nulidad interpuesta..." (Folios 6286-6292 del Tomo XIII de los antecedentes). 5)Que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los imputados, en fecha once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), mediante Auto Motivado resolvió: 1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa Abogada Nilia Raquel Ramos Gonzales. 2. - CONFIRMAR la resolución impugnada.” (Folios 6369-6374 del Tomo XIII de los Antecedentes). 6) Que en fecha diez (10) de febrero del dos mil veinte (2020), compareció ante este Tribunal la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, interponiendo ACCIONES DE AMPARO a favor de los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS y JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ, registrados en esta Sala bajo los números SCO-105- 2020 Y SCO-106-2020 respectivamente, contra la resolución de fecha tres (3) de abril de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Ad-quem, afirmando que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. 7) En fecha trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020), esta Sala, admitió los recursos de los que se hacen relación en el numeral anterior; asimismo, al apreciar de los autos que las acciones constitucionales intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, dispuso: "...lo Que para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, y producir una sola sentencia, resuelve acumular los amparos descritos y asimismo continuar con el trámite de ley correspondiente. ..." (Folio 19 del recurso de amparo). 8) Que en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil veintiunos (2021), la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS GONZALES, compareció ante la Sala de lo Constitucional desistiendo del recurso presentado a favor del señor JAVIER RODOLFO PASTOR VASQUEZ (Reg. 106-2020), en consecuencia, en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por desistida dicha acción, y se dispone a continuar con la Acción promovida a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS (SCO-105-2020). (Folio 56 del recurso de amparo). 9) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) la Sala de lo Constitucional tuvo por formalizada en tiempo y forma el recurso presentado a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, asimismo omite dar vista de los autos al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 94 del recurso de amparo). MOTIVACIÓN CONSIDERANDO I: ANTECEDENTES PROCESALES Y MARCO FÁCTICO. Que del análisis exhaustivo de los antecedentes procesales se establece que el treinta (30) de agosto del dos mil catorce (2014), el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra los señores MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, JAVIER RODOLFO PASTOR VÁSQUEZ y CARLOS MONTES RODRÍGUEZ por los delitos de Cohecho Pasivo Impropio y Lavado de Activos, en perjuicio de la Administración Pública, la Economía del Estado de Honduras y del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El proceso penal siguió su curso regular hasta que el siete (7) de enero del dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia dictó fallo condenatorio, imponiendo al señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS quince (15) años de reclusión por Lavado de Activos y un (1) año por Cohecho Pasivo Impropio, más las penas accesorias correspondientes. La defensa técnica, representada por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, interpuso nulidad de actuaciones alegando que el tribunal había dejado vencer el plazo legal para dictar sentencia, petición que fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación, generando el presente recurso de amparo. La recurrente fundamenta su acción alegando vulneración de los artículos 60, 82, 89 y 90 constitucionales por la extemporaneidad del fallo condenatorio dictado el siete (7) de enero del dos mil diecinueve (2019). El acto reclamado es la resolución de la Corte de Apelaciones que confirmó la decisión del Tribunal de Sentencia de no anular las actuaciones procesales, a pesar de que la sentencia condenatoria fue dictada fuera del plazo legalmente establecido. CONSIDERANDO II: MARCO NORMATIVO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Que el delito de Lavado de Activos encuentra su fundamento normativo en un robusto marco legal tanto nacional como internacional. A nivel nacional, la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto 45-2002) establece en su artículo 1 que tiene como finalidad "la represión y castigo del Delito de Lavado de Activos, como forma de delincuencia organizada, fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos de dicho delito, así como la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras". Posteriormente, el Decreto 144-2014 (Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos) modernizó y amplió el marco punitivo, tipificando en su artículo 439 del Código Penal las conductas constitutivas de lavado de activos con penas que oscilan entre 5 y 13 años según el monto involucrado. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal mediante Decreto 93-2021, se produjeron modificaciones sustanciales al delito de Lavado de Activos. El artículo 439 del Código Penal fue reformado, estableciendo nuevas tipificaciones y modificando los elementos del tipo penal. Estas reformas fueron posteriormente derogadas en julio de 2023, restableciendo el marco normativo anterior que incluye el enriquecimiento ilícito como fuente de lavado de activos. Este marco normativo se complementa con los instrumentos internacionales ratificados por Honduras, especialmente la Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y el Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos. El marco normativo aplicable al momento de los hechos (2014) y de la sentencia (2019) comprendía la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos (Decreto 45-2002) y la Ley Especial Contra el Lavado de Activos (Decreto 144-2014), en armonía con la Convención de Viena de 1988 ratificada por Honduras. CONSIDERANDO III: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES INVOCADOS. Que la recurrente fundamenta su acción de amparo en la supuesta vulneración de los artículos 60 (principio de igualdad), 82 (derecho de defensa), 89 (presunción de inocencia) y 90 (debido proceso) de la Constitución de la República. El artículo 60 constitucional establece que "Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos", consagrando el principio de igualdad ante la ley. El artículo 82 dispone que "El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes." estableciendo el marco de seguridad jurídica. El artículo 89 garantiza que: “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”; mientras que el artículo 90 consagra el debido proceso al establecer que "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". Estos derechos fundamentales encuentran complemento en los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan las garantías judiciales y la protección judicial efectiva. El argumento central de la parte recurrente se basa en que el incumplimiento de los plazos procesales para emitir una sentencia constituye una violación directa al debido proceso, consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República, que establece que nadie puede ser juzgado sino con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Sostiene que esta irregularidad procedimental vicia de nulidad el fallo condenatorio y las actuaciones subsecuentes, afectando con ello el derecho de defensa (Art. 82) y el principio de supremacía constitucional (Art. 60). CONSIDERANDO IV: ANÁLISIS DEL ARGUMENTO CENTRAL: EXTEMPORANEIDAD DEL FALLO. Que el argumento medular de la parte recurrente se centra en que el incumplimiento de los plazos procesales para emitir una sentencia constituye una violación directa al debido proceso. Sin embargo, debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha establecido de manera reiterada que no toda irregularidad procesal implica automáticamente una violación constitucional que amerite la nulidad de actuaciones. Para que tal violación se configure, es menester que el vicio procedimental genere un estado de indefensión material en el justiciable, es decir, que le impida de forma real y efectiva el ejercicio de su derecho de defensa. El artículo 165 del Código Procesal Penal consagra el Principio de excepcionalidad de la nulidad, disponiendo que "La inobservancia de las normas contenidas en este Código, solo producirá la nulidad de los actos procedimentales, cuando así se establezca expresamente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria en que hayan podido incurrir los infractores.”, y el 166 que tal nulidad solo procede cuando la irregularidad hubiere “violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona, consagradas por la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes.” La Corte de Apelaciones recurrida, al declarar "NO HA LUGAR" el recurso de apelación y confirmar la decisión del Tribunal de Sentencia, ponderó que la extemporaneidad en la emisión del fallo no constituía, en el caso concreto, una vulneración de derechos fundamentales que acarreara la nulidad absoluta de lo actuado. Si bien los plazos procesales son de obligatorio cumplimiento para garantizar la certeza y seguridad jurídica, la jurisprudencia ha sostenido que no toda irregularidad procesal implica una violación constitucional. Para que tal violación se configure, es menester que el vicio procedimental genere un estado de indefensión material en el justiciable, es decir, que le impida de forma real y efectiva el ejercicio de su derecho de defensa. En el presente caso, el recurrente pudo ejercer plenamente su derecho a la defensa técnica, proponer pruebas, contradecir los argumentos de la acusación y recurrir las decisiones que consideró desfavorables, tal como lo demuestra el trámite del propio recurso de apelación. La extemporaneidad en la emisión de fallos judiciales solo genera nulidad cuando cause indefensión material al justiciable, conforme artículo 166 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO V: EVALUACIÓN DE LA INDEFENSIÓN ALEGADA. Que la jurisprudencia constitucional e interamericana ha establecido criterios precisos para evaluar cuándo una irregularidad procesal genera indefensión material. Asimismo, la jurisprudencia interamericana establece que debe analizarse "la duración total del procedimiento" considerando "la complejidad del asunto" para determinar violación al plazo razonable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión" y que "el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia". Del análisis exhaustivo de los autos procesales se constata que el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS ejerció plenamente sus derechos fundamentales: contó con defensa técnica especializada durante todo el proceso, propuso y controvirtió prueba conforme al artículo 82 constitucional, tuvo acceso irrestricto al expediente según el principio de publicidad procesal, y pudo recurrir las resoluciones desfavorables ejerciendo su derecho a la doble instancia. La demora en la emisión del fallo, aunque constituye una irregularidad administrativa, no privó al acusado de ninguna garantía esencial del debido proceso consagrado en el artículo 90 constitucional. CONSIDERANDO VI: PRINCIPIO DE TRASCENDENCIA Y NULIDADES PROCESALES. Que la doctrina procesal penal moderna, recogida en nuestro ordenamiento jurídico, establece que las nulidades deben ser interpretadas restrictivamente, aplicando el principio de conservación de los actos procesales válidos. El artículo 166 del Código Procesal Penal (Decreto 9-99) regula las causales de nulidad, estableciendo en el numeral 7) que serán nulos los actos procedimentales realizados “Con violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona, consagradas por la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes”. La jurisprudencia de esta Sala ha sostenido consistentemente que "la nulidad es la excepción y la validez la regla", por lo que debe demostrarse fehacientemente que la irregularidad procesal causó un perjuicio real y concreto a los derechos del imputado "no hay nulidad sin agravio". En el caso sub judice, la tardanza en la emisión de la sentencia, no alcanza el umbral de gravedad necesario para invalidar todo el proceso penal. CONSIDERANDO VII: ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Que la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia Penal, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró sin lugar la nulidad de actuaciones, fundamentó adecuadamente su decisión en una interpretación razonable y ajustada a derecho de las normas procesales aplicables. El tribunal de alzada ponderó correctamente que, si bien los plazos procesales constituyen garantías de celeridad procesal y deben ser observados escrupulosamente por los operadores de justicia, su inobservancia no genera automáticamente la nulidad de las actuaciones cuando no se ha producido indefensión material. La resolución cuestionada se dictó dentro del marco de competencia del tribunal, mediante una decisión debidamente motivada que expuso los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión, respetando el bloque de constitucionalidad y los estándares internacionales de derechos humanos. CONSIDERANDO VIII: IMPORTANCIA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES. Que el delito de Lavado de Activos constituye una de las manifestaciones más graves de la criminalidad organizada contemporánea, que atenta directamente contra la estabilidad económica, la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. La Convención de Viena de 1988, ratificada por Honduras, establece en su artículo 3 la obligación de los Estados Parte de tipificar como delitos "la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados" como tráfico ilícito, "con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes". El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha desarrollado estándares internacionales que Honduras ha incorporado progresivamente en su legislación interna, reconociendo que el lavado de activos "socava la integridad del sistema financiero y amenaza la estabilidad económica y la seguridad nacional". La persecución efectiva de estos delitos constituye no solo una obligación legal interna, sino un compromiso internacional asumido por el Estado hondureño en el marco de la cooperación internacional.CONSIDERANDO IX: NATURALEZA EXTRAORDINARIA DEL AMPARO. Que la acción de amparo, consagrada en los artículos 183 y 303 de la Constitución de la República, constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario y subsidiario, cuya finalidad específica es la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas frente a actos de autoridad que los vulneren o amenacen de manera directa, actual y concreta. Esta Sala ha establecido de manera reiterada que el amparo no constituye una tercera instancia para la revisión de asuntos de mera legalidad ordinaria que ya han sido resueltos por los tribunales competentes, sino que requiere la demostración de una violación real y efectiva de derechos constitucionales. El artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional (Decreto 244-2003), establece las causales de inadmisibilidad de la acción, incluyendo aquellos casos en que “se aleguen violaciones de mera legalidad.”, que no configuren violaciones constitucionales. En el presente caso, los argumentos esgrimidos por la recurrente se circunscriben al ámbito de la legalidad procesal y no demuestran una vulneración directa y material de los derechos constitucionales invocados. El recurrente pretende que esta Sala Constitucional revalore una cuestión procedimental —el cumplimiento de un plazo— que ya fue debidamente analizada y resuelta por la Corte de Apelaciones. Las alegaciones del amparista se circunscriben al ámbito de la legalidad procesal y no demuestran una vulneración directa y material de los derechos constitucionales invocados. La tardanza en la emisión de la sentencia, si bien es una falta administrativa sancionable disciplinariamente, no invalidó el juicio en su conjunto ni dejó al imputado sin defensa. Por tanto, los argumentos esgrimidos son meras alegaciones legales que no alcanzan el umbral para la concesión del amparo. CONSIDERANDO X REFORMULADO: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. Que en ejercicio del control de convencionalidad que corresponde realizar a todos los órganos jurisdiccionales, esta Sala debe verificar que las decisiones adoptadas se ajusten no solo a la Constitución nacional, sino también a los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte Interamericana en el Caso Bulacio vs. Argentina estableció criterios precisos para evaluar la violación al plazo razonable, señalando que "la determinación de la razonabilidad del plazo se debe analizar en relación con la duración total del procedimiento" y que deben considerarse factores como "la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales". En el presente caso, resulta significativo que el propio Tribunal de Sentencia, en la audiencia del tres (3) de abril del dos mil diecinueve (2019), reconoció expresamente que "el plazo de cinco días realmente resulta insuficiente en relación a lo que humanamente es imposible bajo las condiciones en las que este Tribunal se desempeña", fundamentando esta conclusión en la complejidad inherente del caso (12 tomos más 7 anexos del expediente), la vasta cantidad de medios de prueba que debían ser analizados y valorados, y las constantes audiencias y otros juicios orales que conocía a nivel nacional. La Corte Interamericana también ha establecido que "existe vasta jurisprudencia nacional e internacional que establece que, a pesar de existir regulaciones sobre términos o plazos concretos para dar respuesta en un caso penal, lo que exigen los tratados o convenios es que esa respuesta se brinde en un plazo razonable". En el caso sub judice, la complejidad inherente a los delitos de lavado de activos, que requieren investigaciones financieras especializadas y el análisis de múltiples operaciones económicas, justifica objetivamente un plazo de tramitación más extenso, sin que ello configure per se una violación al plazo razonable. CONSIDERANDO XI: ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL CASO. Que, del análisis de la resolución del tres (3) de abril del dos mil diecinueve (2019), se constata que el Tribunal de Sentencia aplicó correctamente los estándares interamericanos de derechos humanos al evaluar la alegada violación al plazo razonable. El tribunal ponderó adecuadamente que "en el sistema interamericano de justicia, se analizó el tiempo razonable atendiendo la complejidad del caso, así como las diligencias de las autoridades competentes en la conducción del proceso", concluyendo que la demora en la redacción de la sentencia, aunque reprochable administrativamente, no alcanzaba el umbral para configurar una violación constitucional. Resulta fundamental destacar que el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS ejerció plenamente su derecho de defensa durante todo el proceso, como lo demuestra el hecho de que en fecha cinco (5) de marzo del dos mil diecinueve (2019) la defensa técnica presentó Recurso de Casación, evidenciando que no se configuró la alegada indefensión material. La Corte de Apelaciones recurrida actuó dentro del marco de su competencia al confirmar esta decisión, aplicando una interpretación razonable y ajustada a derecho. CONSIDERANDO XII - CONCLUSIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Que, tras el análisis integral de los argumentos expuestos, las normas aplicables y la jurisprudencia constitucional e interamericana pertinente, esta Sala concluye que no se ha acreditado la violación de los derechos constitucionales invocados por la recurrente. El tribunal de alzada actuó dentro del marco de su competencia y su decisión es congruente con una interpretación razonable de la ley procesal y los principios constitucionales. El retardo en la emisión de la sentencia, si bien constituye una irregularidad administrativa sancionable disciplinariamente, no alcanzó la entidad suficiente para generar indefensión material ni para invalidar un proceso penal que se desarrolló con pleno respeto a las garantías constitucionales y convencionales. No se acredita la violación de los artículos 60, 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. En consecuencia, no procede la concesión del amparo solicitado, debiendo confirmarse la resolución impugnada.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 60, 82, 89, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª, y 316 de la Constitución de la República; artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente el Caso Bulacio vs. Argentina; artículos 165 y 166 del Código Procesal Penal; artículos 36, 42, 46 y 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesta por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor del señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS registrado el recurso bajo el número 105-2020, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), por no haberse acreditado violación a los derechos constitucionales invocados. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha treinta de julio del dos mil veinticinco, recaído en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0105-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL