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Sentencia AP-1037-23 — Registro 19362

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo que declaró no ha lugar el recurso de apelación por el delito de Discriminación Laboral. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 60 y 90 de la Constitución de la República.En el caso de autos, se aprecia que al declarar ha lugar la excepción de incompetencia planteada, el Juzgado considera que se interpuso una demanda laboral en el juzgado competente, que existe una identidad de los hechos en cuanto a la demanda laboral y el requerimiento fiscal, mismo que no debe ser resuelta en lo penal sino en lo laboral por existir doctrina legal al respecto.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, ha externado su parecer en cuanto a considerar que de acuerdo al principio non bis in idem, prohíbe la aplicación de dos o más sanciones, en uno o más ordenes punitivos si concurre identidad de sujetos, hechos y fundamento. En el caso de autos, se aprecia que al declarar ha lugar la excepción de incompetencia planteada, el Juzgado considera que se interpuso una demanda laboral en el juzgado competente, que existe una identidad de los hechos en cuanto a la demanda laboral y el requerimiento fiscal, asimismo reprocha la suspensión de contrato laboral por parte de la directora de recursos humanos de la Escuela Agrícola Panamericana, misma que no debe ser resuelta en lo penal sino en lo laboral por existir doctrina legal al respecto; en consecuencia, mientras no se declare la legalidad o ilegalidad conforme a la justicia de lo laboral sobre la suspensión del contrato individual de trabajo, seguirá surtiendo efectos de acuerdo a la ley, por lo que se estará al fallo por el órgano jurisdiccional competente en materia de lo laboral, por cuanto al realizar una actividad jurisdiccional penal, pondría en riesgo los derechos laborales de ambas partes, violentándose el principio de la intervención mínima. CONSIDERANDO (9): Que una vez analizado exhaustivamente el fallo que hoy se recurre en amparo, esta Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que el principio non bis in idem prohíbe la aplicación de dos o más sanciones en uno o más órdenes punitivos, si concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento; es decir, impide un nuevo procedimiento con base en los mismos hechos cuando existe una sentencia o resolución firme (excepción de cosa juzgada) o cuando el hecho está siendo objeto de un proceso en desarrollo (litispendencia). En el caso de autos, queda evidenciado que mientras no se declare la legalidad o ilegalidad de la suspensión del contrato de trabajo del señor Rony Gilberto Sánchez Di Palma, seguirá surtiendo efectos de acuerdo a ley y se estará a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en materia laboral; por tanto, el realizar una actividad en la jurisdicción penal, pondría en riesgo el principio de la intervención mínima, puesto que el derecho penal debe ser la última ratio por resultar más gravosa. De ahí que el A-Quo declaró con lugar la excepción de incompetencia y por consiguiente el asunto debe ser conocido por la jurisdicción laboral por ser esta menos lesiva. En ese sentido, vemos que en esta Sala existe doctrina legal en cuanto al principio de la intervención mínima que protege al individuo frente a la no implementación de un medio de control social que utiliza la violencia estatal como lo es el derecho penal; el cual debe ser reservado para infracciones de orden jurídico que contengan la gravedad necesaria en cuanto a la afectación de bienes jurídicos que ameriten alguna imposición de pena. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (10): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal mínimo, es llevar a la esfera de aplicación del mismo, el mínimo de conductas transgresoras. Así las cosas, ¿si el Derecho Penal no es el único medio de control social, porque hacer un uso excesivo de este? Dada la gravedad del control penal, no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al principio de la intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir, es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el principio de intervención mínima. Que el derecho penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos tutelados debe determinar la intervención del derecho penal. En consecuencia, el derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual, aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legitimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal. CONSIDERANDO (11): En ese sentido, una vez revisados los antecedentes del caso, esta Sala estima que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, de acuerdo al principio de la intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio por resultar más gravosa. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Aníbal Campos Ordoñez, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil veintitrés, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra Alexandra Zobeyda Alemán Sierra, por suponerla responsable del delito de Discriminación Laboral, en perjuicio del señor Ronny Gilberto Sánchez Di Palma. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 60 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Yilian Judith Rivera, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra la señora Alexandra Zobeyda Alemán Sierra, por suponerla responsable del delito de Discriminación Laboral, en perjuicio de Ronny Gilberto Sánchez Di Palma. (Folios 2-12 de la pieza del A-quo). 2) En fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…1) Se declara con lugar el recurso de excepción por falta de incompetencia. 2).-…” (Folio 315 vuelto de la pieza del A-quo). 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Oscar David Suceda R., en su condición de Apoderado Legal del señor Ronny Gilberto Sánchez Di Palma, contra la resolución referida en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil veintitrés, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público y por el Acusador Privado. 2) CONFIRMAR la resolución apelada…” (Folios 402-407 vuelto del antecedente). 4) Que el recurrente, Abogado José Aníbal Campo Ordoñez, compareció ante este Tribunal, en fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 60 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado José Aníbal Campos Ordoñez, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha trece de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra la señora ALEXANDRA SOBEYDA ALEMAN SIERRA por suponerlo responsable del delito de discriminación laboral en perjuicio del señor RONNY GILBERTO SANCHEZ DI PALMA. CONSIDERANDO (4): Que expone el recurrente en la interposición del presente recurso que la resolución impugnada es violatoria del derecho constitucional del debido proceso, ya que quebranta el derecho del Ministerio Público de perseguir la acción penal y obtener una resolución apegada a derecho, motivada y fundada en el mismo, lo cual se produce en vista que la Corte de Apelaciones confirma la resolución del A-Quo en cuanto a declarar con lugar la excepción de incompetencia, ya que no tomó en consideración el deber del juzgador de expresar los hechos y fundamentos de derecho en que basa su resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido; ya que su argumento motivacional se limitó a conceptualizar que existía non bis in idem; asimismo, el tribunal de alzada no observó los respectivos reproches planteados en el requerimiento fiscal y en audiencia inicial, ya que solo conjuga que los hechos probados son idénticos con la pretensión laboral y penal, pero no se analiza por separado cual es la pretensión en el órgano laboral y cuál es la pretensión en el órgano penal; y es ahí donde se da un abismo, ya que en lo laboral, se busca la legalidad o ilegalidad en la suspensión individual de trabajo y en lo penal, si las acciones ejecutadas por la directora de la Escuela Agrícola se enmarcan en actos discriminatorios protegidos en nuestra normativa primaria y penal. Por tanto, se estima que no se produce un doble juzgamiento porque la pretensión en cada una de ellas es totalmente distinta, por ende, confirmar lo resuelto por el A-Quo deja impune las acciones sufridas por actos discriminatorios por la vía penal; siendo procedente revocar la excepción de incompetencia y proseguir con el desarrollo de la audiencia inicial en aplicación al articulo 294 del Código Procesal Penal para decretar en el desarrollo de la misma un auto de formal procesamiento contra la señora Alexandra Zobeyda Sierra por haberse acreditado en esta etapa la probabilidad positiva de que los hechos y actos que se le imputan ocurrieron, así como el indicio racional de participación de la encausada en el mismo. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que, al analizar los agravios tanto del Ministerio Público como del acusador privado, se aprecia que la pretensión de los censores está orientada a cuestionar que el A-Quo haya declarado la incompetencia del Juzgado bajo el principio de la intervención mínima y el carácter fragmentario del derecho penal, enmarcando los hechos en que ha sido víctima de discriminación laboral por la directora de recursos humanos de le Escuela Agrícola Panamericana, al argumentar el señor Rony Sánchez, que la enfermedad de diabetes mellitus es un impedimento para el desempeño presencial del trabajo como instructor del centro de investigación y enseñanza avícola, que señala además que su incorporación se debió a un dictamen realizado por la doctora especialista en endocrinología, y que se le violentaron sus derechos laborales, presumiendo que su condición sindicaba un riesgo, de forma tal que lo considera peyorativo y humillante, pero también se observa que bajo los mismos presupuestos indicados en el requerimiento fiscal y la imputación referida, el señor Ronny Gilberto Sánchez interpuso demanda laboral; coincidiendo plenamente en la configuración de los hechos con la descripción fáctica de la demanda laboral, se establece que la suspensión de trabajo del denunciante se fundamenta en el articulo 100.7 del Código del Trabajo, que en definitiva cuestiona el actuar de la Escuela Panamericana, de forma que esta alzada considera que en este momento procesal es precisamente la jurisdicción laboral quien deberá determinar si la suspensión de labores de la víctima en razón de un acto discriminatorio como lo planteó en la misma, no es conforme a derecho. CONSIDERANDO (6): Continúa manifestando la Corte de Apelaciones que el principio non bis in idem impone por una parte la prohibición de que, por parte de las autoridades de un mismo orden (penal) y a través de procedimientos distintos (administrativos, violencia doméstica, laborales), se sancione repetidamente una misma conducta (existiendo triple identidad de sujeto, hecho y fundamento), por entrañar esta posibilidad una inadmisible reiteración en el ejercicio del ius puniendi del Estado, y, por otro lado, una prohibición de duplicidad de sanciones respecto de unos mismos hechos. Siendo patente que el caso venido en apelación, reúne los requisitos ampliamente expuestos para ser considerado como un doble juzgamiento. En definitiva, el principio non bis in idem prohíbe la aplicación de dos o más sanciones, en uno o mas ordenes punitivos, si concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento. Por lo que, esta vertiente impide un nuevo procedimiento con base en los mismos hechos cuando existe una sentencia o resolución firme (excepción de cosa juzgada) o cuando el hecho esta siendo objeto de un proceso en desarrollo (litispendencia). En otras palabras, el Estado tendría una oportunidad para perseguir y sancionar al sujeto infractor, la cual una vez ejercida ya no podrá reiterarse posteriormente aun cuando se invoquen defectos técnicos o una perspectiva jurídica diferente para abordar el caso y en el caso su judice, concurre la triple identidad que exige la doctrina y la jurisprudencia para apreciar el non bis in idem; y siendo patente que en el caso venido en apelación reúne los requisitos antes referidos para ser considerado como de doble juzgamiento, siendo exigible de parte del A-Quo aplicar la garantía del non bis in idem para salvaguardar que el acusado no sea objeto de un doble juzgamiento y eventualmente de una pena, resulta procedente declarar no ha lugar el recurso de apelación y se confirma la sentencia apelada. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, ha externado su parecer en cuanto a considerar que de acuerdo al principio non bis in idem, prohíbe la aplicación de dos o más sanciones, en uno o más ordenes punitivos si concurre identidad de sujetos, hechos y fundamento. En el caso de autos, se aprecia que al declarar ha lugar la excepción de incompetencia planteada, el Juzgado considera que se interpuso una demanda laboral en el juzgado competente, que existe una identidad de los hechos en cuanto a la demanda laboral y el requerimiento fiscal, asimismo reprocha la suspensión de contrato laboral por parte de la directora de recursos humanos de la Escuela Agrícola Panamericana, misma que no debe ser resuelta en lo penal sino en lo laboral por existir doctrina legal al respecto; en consecuencia, mientras no se declare la legalidad o ilegalidad conforme a la justicia de lo laboral sobre la suspensión del contrato individual de trabajo, seguirá surtiendo efectos de acuerdo a la ley, por lo que se estará al fallo por el órgano jurisdiccional competente en materia de lo laboral, por cuanto al realizar una actividad jurisdiccional penal, pondría en riesgo los derechos laborales de ambas partes, violentándose el principio de la intervención mínima. CONSIDERANDO (9): Que una vez analizado exhaustivamente el fallo que hoy se recurre en amparo, esta Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que el principio non bis in idem prohíbe la aplicación de dos o más sanciones en uno o más órdenes punitivos, si concurre identidad de sujeto, hecho y fundamento; es decir, impide un nuevo procedimiento con base en los mismos hechos cuando existe una sentencia o resolución firme (excepción de cosa juzgada) o cuando el hecho está siendo objeto de un proceso en desarrollo (litispendencia). En el caso de autos, queda evidenciado que mientras no se declare la legalidad o ilegalidad de la suspensión del contrato de trabajo del señor Rony Gilberto Sánchez Di Palma, seguirá surtiendo efectos de acuerdo a ley y se estará a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en materia laboral; por tanto, el realizar una actividad en la jurisdicción penal, pondría en riesgo el principio de la intervención mínima, puesto que el derecho penal debe ser la ultima ratio por resultar más gravosa. De ahí que el A-Quo declaró con lugar la excepción de incompetencia y por consiguiente el asunto debe ser conocido por la jurisdicción laboral por ser esta menos lesiva. En ese sentido, vemos que en esta Sala existe doctrina legal en cuanto al principio de la intervención mínima que protege al individuo frente a la no implementación de un medio de control social que utiliza la violencia estatal como lo es el derecho penal; el cual debe ser reservado para infracciones de orden jurídico que contengan la gravedad necesaria en cuanto a la afectación de bienes jurídicos que ameriten alguna imposición de pena. CONSIDERANDO (10): Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal mínimo, es llevar a la esfera de aplicación del mismo, el mínimo de conductas transgresoras. Así las cosas, ¿si el Derecho Penal no es el único medio de control social, porque hacer un uso excesivo de este? Dada la gravedad del control penal, no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al principio de la intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir, es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el principio de intervención mínima. Que el derecho penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos tutelados debe determinar la intervención del derecho penal. En consecuencia, el derecho penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual, aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legitimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal. CONSIDERANDO (11): En ese sentido, una vez revisados los antecedentes del caso, esta Sala estima que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, de acuerdo al principio de la intervención mínima, el derecho penal debe ser la última ratio por resultar más gravosa. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1037-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL