Sentencia AP-09-23 — Registro 20076
Resumen
En primera instancia se declaró sin lugar la nulidad, se desestimó el recurso de apelación con relación al proceso instruido por el delito de asesinato. Denegado el recurso de Amparo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “XVII. Por otra parte, la Sala no encuentra mayor claridad en el argumento presentado por los impetrantes en torno a que los dispositivos móviles sobre los que se pretende realizar extracción de datos pertenecieron aparentemente al condenado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA y a una persona identificada como JORGE ALBERTO ÁVILA MENJIVAR (ya fallecido según lo manifiestan en su escrito), y que esto representa una especie de impedimento, por cuanto sostienen que la Convención no autoriza que la solicitud de asistencia sea (sic) “…usada con el objeto de juzgar a una persona por un cargo por el cual dicha persona ya fue previamente condenada…” y con ello parecen colegir además que el delito sólo pudo ser cometido por la persona condenada. Al respecto, la Sala estima que serán en todo caso los órganos jurisdiccionales competentes los encargados de determinar si el señor ATALA MIDENCE tuvo o no participación en el ASESINATO de la señora BERTHA ISABEL CÁCERES, siendo inconsecuente que ya se haya condenado al penado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA por ese delito. XIX. Resulta oportuno señalar, además, y como bien lo saben los impetrantes, que el hecho de que exista una persona ya condenada por la comisión de este delito no agota ni imposibilita que se promuevan procesos penales independientes respecto de otras personas, y tampoco excluye la eventual participación de otros sujetos en los mismos hechos. La condena firme respecto de un penado no impide que continúe la investigación en torno a coautores, partícipes o encubridores que pudieran haber intervenido en los hechos relacionados con la lamentable muerte de la señora BERTHA ISABEL CÁCERES, ello de conformidad con el principio de exhaustividad en la investigación y el deber estatal de persecución penal. La Sala tampoco comparte el argumento de los quejosos en cuanto a que la Convención no prevé esta clase de asistencia, pues como ya se dijo, la cooperación solicitada en causas penales se verifica a fin de clarificar las circunstancias de un hecho ilícito y con ello poder identificar a los autores o participes en el mismo, y reiteramos: la condena previa del aludido ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, resulta intrascendente para que la investigación iniciada contra el señor ATALA MIDENCE pueda continuar conforme a ley. XX. Dicho lo anterior, esta Sala no aprecia de todo lo actuado, vulneración al derecho de defensa, ni transgresión constitucional alguna, como tampoco se logra observar contradicción a los principios de la cooperación internacional en la decisión judicial de autorizar la solicitud de asistencia jurídica internacional planteada por el Ministerio Público al juez de instancia, con el fin de obtener información contenida en dispositivos móviles identificados en el proceso mediante vaciado telefónico, siendo además, como ya dijimos, necesaria la autorización judicial previa al requerirse la realización de una diligencia de investigación que, al implicar una intervención de comunicaciones, podría afectar derechos fundamentales, de ahí que resulte imperativo el control jurisdiccional al acordarse dicha medida. XXI. En virtud de ello y de todo lo anteriormente expuesto, esta Sala aprecia que de la decisión pronunciada por el Tribunal de Alzada no se advierte arbitrariedad o agravio derivado del quebrantamiento a los derechos constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que sus apreciaciones, corresponden con sus facultades legales, sin que se anteceda un menoscabo de sus principios o formas esenciales del proceso. XXII En conclusión, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales en perjuicio del agraviado por parte de la autoridad judicial recurrida, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los impetrantes y así debe declararse.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 323 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 numeral 2 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “XVII. Por otra parte, la Sala no encuentra mayor claridad en el argumento presentado por los impetrantes en torno a que los dispositivos móviles sobre los que se pretende realizar extracción de datos pertenecieron aparentemente al condenado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA y a una persona identificada como JORGE ALBERTO ÁVILA MENJIVAR (ya fallecido según lo manifiestan en su escrito), y que esto representa una especie de impedimento, por cuanto sostienen que la Convención no autoriza que la solicitud de asistencia sea (sic) “…usada con el objeto de juzgar a una persona por un cargo por el cual dicha persona ya fue previamente condenada…” y con ello parecen colegir además que el delito sólo pudo ser cometido por la persona condenada. Al respecto, la Sala estima que serán en todo caso los órganos jurisdiccionales competentes los encargados de determinar si el señor ATALA MIDENCE tuvo o no participación en el ASESINATO de la señora BERTHA ISABEL CÁCERES, siendo inconsecuente que ya se haya condenado al penado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA por ese delito. XIX. Resulta oportuno señalar, además, y como bien lo saben los impetrantes, que el hecho de que exista una persona ya condenada por la comisión de este delito no agota ni imposibilita que se promuevan procesos penales independientes respecto de otras personas, y tampoco excluye la eventual participación de otros sujetos en los mismos hechos. La condena firme respecto de un penado no impide que continúe la investigación en torno a coautores, partícipes o encubridores que pudieran haber intervenido en los hechos relacionados con la lamentable muerte de la señora BERTHA ISABEL CÁCERES, ello de conformidad con el principio de exhaustividad en la investigación y el deber estatal de persecución penal. La Sala tampoco comparte el argumento de los quejosos en cuanto a que la Convención no prevé esta clase de asistencia, pues como ya se dijo, la cooperación solicitada en causas penales se verifica a fin de clarificar las circunstancias de un hecho ilícito y con ello poder identificar a los autores o participes en el mismo, y reiteramos: la condena previa del aludido ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, resulta intrascendente para que la investigación iniciada contra el señor ATALA MIDENCE pueda continuar conforme a ley. XX. Dicho lo anterior, esta Sala no aprecia de todo lo actuado, vulneración al derecho de defensa, ni transgresión constitucional alguna, como tampoco se logra observar contradicción a los principios de la cooperación internacional en la decisión judicial de autorizar la solicitud de asistencia jurídica internacional planteada por el Ministerio Público al juez de instancia, con el fin de obtener información contenida en dispositivos móviles identificados en el proceso mediante vaciado telefónico, siendo además, como ya dijimos, necesaria la autorización judicial previa al requerirse la realización de una diligencia de investigación que, al implicar una intervención de comunicaciones, podría afectar derechos fundamentales, de ahí que resulte imperativo el control jurisdiccional al acordarse dicha medida. XXI. En virtud de ello y de todo lo anteriormente expuesto, esta Sala aprecia que de la decisión pronunciada por el Tribunal de Alzada no se advierte arbitrariedad o agravio derivado del quebrantamiento a los derechos constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que sus apreciaciones, corresponden con sus facultades legales, sin que se anteceda un menoscabo de sus principios o formas esenciales del proceso. XXII En conclusión, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales en perjuicio del agraviado por parte de la autoridad judicial recurrida, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los impetrantes y así debe declararse.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 323 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 numeral 2 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, a favor del señor DANIEL EDUARDO ATALA MIDENCE, contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de agosto del año dos mil veintidós (2022), que desestimó un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha diez (10) de enero del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con relación al proceso instruido contra DANIEL EDUARDO ATALA MIDENCE, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de la señora BERTA ISABEL CÁCERES. Afirmando los recurrentes que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República. - A N T E C E D E N T E S.- 1. Que en fecha cinco de enero de dos mil veintidós, ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional se celebró audiencia Ad Hoc para el planteamiento de nulidad actos procesales por parte de los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA Y CELESTE AÍDA CERRATO, como defensores del señor DANIEL EDUARDO ATALA MIDENCE, a quien se le supone responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de BERTA ISABEL CÁCERES FLORES. (Folios 110 al 111 de la pieza del Juzgado). 2. Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil veintidós (2022), el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó resolución mediante la cual decidió: “…1) Declarar sin lugar la nulidad planteada por parte de los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, en su condición defensores privados del señor DANIEL EDUARDO ATALA. 2) DECLARAR SIN LUGAR LA NULIDAD planteada por parte de la Abogada RITZA ANTÚNEZ, en su condición de Defensora Privado del señor ROBERTO DAVID CASTILLO. 3.- DECLARAR SIN LUGAR LA NULIDAD PLANTEADA por parte de la Abogada DINA SUYAPA GIRÓN en su condición de defensor público, a efecto de garantizar el debido proceso y garantías constitucionales de las personas no habidas en el proceso…”. Folios 123 al 128 de la pieza del Juzgado).3.- Que en fecha uno (1) de agosto del año dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones Penal con competencia Nacional Territorial, conociendo del referido recurso de apelación presentado contra la resolución antes relacionada, decidió: “…RESUELVE: “1. Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto. 2. CONFIRMAR la resolución apelada...”. (Folio 165 AL 168 de la Pieza de Corte de Apelaciones).4. Que los recurrentes Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA, comparecieron ante este Tribunal, en fecha cuatro (4) de enero del año dos mil veintitrés (20232), reclamando amparo a favor del señor DANIEL EDUARDO ATALA MIDENCE, afirmando que la decisión del Ad Quem, de fecha uno (1) de agosto del año dos mil veintidós (2022), es violatoria de lo dispuesto en el artículo artículos 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República. 5. Que en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.- De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer y resolver el recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por las Cortes de Apelaciones.- OBJETO DEL RECURSO Y ALEGACIONES DE LOS ACCIONANTES .- 6. El acto reclamado por vía de la acción constitucional de amparo promovida por los impetrantes lo constituye la precitada resolución que dictó la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha uno de agosto de dos mil veintidós que declaró no ha lugar un recurso de apelación interpuesto por los impetrantes, contra una resolución de fecha 10 de enero de 2022, que pronunciara el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, y mediante la cual decidió declarar no ha lugar una solicitud de nulidad planteada por los referidos recurrentes.7. La decisión del A Quo dispuso lo siguiente:“…SANEAR la resolución de fecha cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en el único sentido de que siendo ya se ha autorizado la Asistencia Judicial Internacional, se ordena que la Representante del Ministerio Público realice los trámites de solicitud de asistencia judicial internacional a los Estados Unidos de América, y una vez que se cuente con dicha respuesta, haga del conocimiento de este despacho de Justicia lo resuelto por el Estado requerido, juntamente con la documentación soporte que se haga por el mismo, de conformidad al artículo 10 de la Convención Interamericana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal…”.8. La Corte de Apelaciones por su parte, estableció que lo resuelto por el A Quo no generó violación alguna al debido proceso ni a las garantías constitucionales invocadas por los impetrantes, señalando que los quejosos tuvieron pleno conocimiento de estas actuaciones en la audiencia respectiva. RAZONAMIENTO DE LA SALA. I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. De conformidad con el artículo 303 de la Constitución de la República, la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, con sujeción únicamente a la Constitución y a las leyes. III. Los recurrentes discuten y censuran las acciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales en este caso, enfatizando en una serie de requisitos formales que estiman han sido incumplidos, cuestionando además que no han tenido oportunidad de ejercer el derecho de defensa que asiste a su representado, a quien se le investiga por su aparente participación en el ASESINATO de la señora BERTA ISABEL CÁCERES, y que, como parte de esa investigación, el Ministerio Público ha requerido la intervención de un perito experto en los Estados Unidos para que lleve cabo un “vaciado” telefónico, entre otras diligencias.- .IV. Los impetrantes afirman como violatorio el hecho que se pretenda hacer un vaciado telefónico de dispositivos que estaban en posesión de ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, que ya fue condenado por el delito por el cual se investiga a su representado, el señor ATALA MIDENCE. V. Como sabemos, el artículo 100 de la Constitución de la República reconoce de manera expresa el derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, “en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”, lo cual implica que, toda intervención, obtención y aseguramiento de comunicaciones privadas requieren de autorización judicial previa, mediante resolución motivada, por implicar restricción de derechos fundamentales.VI.- Como podemos advertir, este precepto no distingue entre comunicaciones en tránsito (interceptación en tiempo real) y comunicaciones almacenadas (registros históricos, mensajes, metadatos). Tampoco condiciona su protección a la etapa procesal, por lo que puede ser aplicado tanto en la etapa de investigación como en el juicio.- Y, como ya se dijo, aquí no se habilita a funcionarios o peritos, para que, por su cuenta, puedan acceder al contenido o a los datos de comunicaciones de sin autorización judicial o resolución judicial, por cuanto que, no obstante que la inviolabilidad de las comunicaciones es una garantía constitucional que deriva del derecho a la intimidad, admite—como ocurre con otros derechos fundamentales—limitaciones legítimas, las que solo pueden imponerse bajo tres criterios básicos: legalidad, necesidad y proporcionalidad, que explicaremos a continuación.- i. Legalidad: La restricción a este derecho solo procede si está prevista en una ley y autorizada por un órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial;. ii. Necesidad: La medida solo debe seguirse si no existe un medio menos restrictivo para lograr el fin legitimo; iii. Proporcionalidad: El grado de afectación debe guardar relación equilibrada con la gravedad del hecho investigado y la finalidad perseguida. VII. A su vez, en el contexto de la intervención de comunicaciones, la doctrina especializada reconoce además lo que se denomina como principios operativos que delimitan los anteriores, siendo éstos: iv. Temporalidad: La medida debe autorizarse por un tiempo limitado, solo el necesario para cumplir el objetivo investigativo;. v.- Control judicial efectivo: Aparte de la autorización inicial, el juez debe supervisar la ejecución y garantizar que se respete: el ámbito autorizado, la integridad del material obtenido y la protección de la información privada no vinculada a la investigación. VIII. Dicho esto, y como ya quedó relacionado, se cuestiona el procedimiento que ha sido empleado para elevar una solicitud de cooperación internacional en este caso, así como el momento en el que se ha solicitado, es decir, en la etapa de investigación. IX. La cooperación jurídica internacional en materia penal es un importante mecanismo formal mediante el cual los Estados de la Comunidad Internacional hacen frente al delito en general y, especialmente, a la delincuencia organizada transnacional. Asimismo, puede definirse como el mecanismo mediante el cual un Estado solicita colaboración a otro a fin de resolver satisfactoriamente diferentes aspectos de un proceso judicial. La cooperación solicitada en causas penales generalmente se efectúa a fin de clarificar las circunstancias de un hecho ilícito, identificar al autor o autores y posteriormente someterlo a la jurisdicción del Estado requirente. X. El artículo 16 de la Constitución de la República establece que los tratados internacionales debidamente ratificados por Honduras forman parte del derecho interno, prevaleciendo éstos sobre las leyes en caso de conflicto, según manda el artículo 18 constitucional. XI. Siendo así, sabemos que Honduras es parte de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, al haber sido ratificada en nuestro país mediante Decreto Legislativo N.º 163-98, vigente desde el 19 de marzo de 1999. Esta convención establece en su artículo 2 que los Estados Parte se comprometen a prestarse la más amplia asistencia mutua en investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionadas con delitos. Y, en lo referente a su ámbito de aplicación, la Convención dispone en su Artículo 7 que la asistencia comprenderá inter alia, examinar objetos y la remisión de documentos, informes, información y elementos de prueba. A su vez, el artículo 18 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) impone a los Estados Partes la obligación de prestarse la más amplia asistencia judicial recíproca, incluidas la obtención de pruebas y la práctica de diligencias judiciales. XII. Los recurrentes parecen cuestionar que no se hayan seguido las formalidades exigidas por la Convención de elevar, por medio de la autoridad central designada, la solicitud de cooperación que nos ocupa, sin embargo, a criterio de esta Sala, la intervención de la autoridad central designada, no sustituye ni excluye la competencia de los órganos jurisdiccionales para ejercer el control judicial previo cuando la diligencia solicitada implique afectación de derechos fundamentales, como en el caso de la obtención y análisis de comunicaciones privadas. XIII. Esta Sala considera que el control jurisdiccional en materia de cooperación judicial internacional constituye una función esencial y no delegable del juez, quien tiene la facultad y el deber de autorizar, supervisar o denegar diligencias que impliquen restricción de derechos fundamentales, garantizando su conformidad con la Constitución, los tratados y la ley interna.En este respecto, la Sala entiende que el juez actúa como garante de la legalidad del debido proceso incluso cuando la solicitud se remite mediante mecanismos diplomáticos. Coincidiendo con Roxin, esta facultad judicial es “irrenunciable” y “asegura que la cooperación internacional no se convierta en un medio para eludir las garantías del debido proceso”. XIV. La Sala observa que este criterio encuentra respaldo en la jurisprudencia comparada—con las cuales asentimos—tanto (a) en el Tribunal Supremo español: “El control judicial interno constituye una garantía frente a eventuales vulneraciones de derechos, y no se ve desplazado por los mecanismos diplomáticos o administrativos de cooperación” ; como (b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Toda injerencia en las comunicaciones privadas requiere autorización judicial previa, motivada, y sujeta a control de proporcionalidad, incluso en el marco de cooperación entre Estados”. XV. En consecuencia, la función de los órganos jurisdiccionales como garantes de los derechos fundamentales y los principios del proceso se mantienen incólumes, aun cuando la ejecución material de la solicitud deba cursarse mediante la autoridad central designada por el Estado de Honduras, siendo además que el hecho de que esta diligencia se ejecute en etapa de investigación no exime del deber de obtener autorización judicial previa cuando se afecten derechos fundamentales. XVI. Como hemos podido discernir, en estos casos debe existir una doble garantía: la autorización judicial y la canalización formal mediante autoridad central, sin reemplazo de competencias. Este principio ha sido ratificado en numerosos sistemas jurídicos comparados y constituye una prolongación del derecho protector del imputado y una garantía del proceso. XVII.- El artículo 15 de la Constitución de la República establece que “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propendan al respeto de la dignidad humana, la paz y la justicia”, y en tal sentido, reconoce la obligatoriedad de los tratados internacionales debidamente ratificados. XVII. Por otra parte, la Sala no encuentra mayor claridad en el argumento presentado por los impetrantes en torno a que los dispositivos móviles sobre los que se pretende realizar extracción de datos pertenecieron aparentemente al condenado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA y a una persona identificada como JORGE ALBERTO ÁVILA MENJIVAR (ya fallecido según lo manifiestan en su escrito), y que esto representa una especie de impedimento, por cuanto sostienen que la Convención no autoriza que la solicitud de asistencia sea (sic) “…usada con el objeto de juzgar a una persona por un cargo por el cual dicha persona ya fue previamente condenada…” y con ello parecen colegir además que el delito sólo pudo ser cometido por la persona condenada. Al respecto, la Sala estima que serán en todo caso los órganos jurisdiccionales competentes los encargados de determinar si el señor ATALA MIDENCE tuvo o no participación en el ASESINATO de la señora BERTHA ISABEL CÁCERES, siendo inconsecuente que ya se haya condenado al penado ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA por ese delito. XIX. Resulta oportuno señalar, además, y como bien lo saben los impetrantes, que el hecho de que exista una persona ya condenada por la comisión de este delito no agota ni imposibilita que se promuevan procesos penales independientes respecto de otras personas, y tampoco excluye la eventual participación de otros sujetos en los mismos hechos. La condena firme respecto de un penado no impide que continúe la investigación en torno a coautores, partícipes o encubridores que pudieran haber intervenido en los hechos relacionados con la lamentable muerte de la señora BERTHA ISABEL CÁCERES, ello de conformidad con el principio de exhaustividad en la investigación y el deber estatal de persecución penal. La Sala tampoco comparte el argumento de los quejosos en cuanto a que la Convención no prevé esta clase de asistencia, pues como ya se dijo, la cooperación solicitada en causas penales se verifica a fin de clarificar las circunstancias de un hecho ilícito y con ello poder identificar a los autores o participes en el mismo, y reiteramos: la condena previa del aludido ROBERTO DAVID CASTILLO MEJÍA, resulta intrascendente para que la investigación iniciada contra el señor ATALA MIDENCE pueda continuar conforme a ley. XX. Dicho lo anterior, esta Sala no aprecia de todo lo actuado, vulneración al derecho de defensa, ni transgresión constitucional alguna, como tampoco se logra observar contradicción a los principios de la cooperación internacional en la decisión judicial de autorizar la solicitud de asistencia jurídica internacional planteada por el Ministerio Público al juez de instancia, con el fin de obtener información contenida en dispositivos móviles identificados en el proceso mediante vaciado telefónico, siendo además, como ya dijimos, necesaria la autorización judicial previa al requerirse la realización de una diligencia de investigación que, al implicar una intervención de comunicaciones, podría afectar derechos fundamentales, de ahí que resulte imperativo el control jurisdiccional al acordarse dicha medida. XXI. En virtud de ello y de todo lo anteriormente expuesto, esta Sala aprecia que de la decisión pronunciada por el Tribunal de Alzada no se advierte arbitrariedad o agravio derivado del quebrantamiento a los derechos constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que sus apreciaciones, corresponden con sus facultades legales, sin que se anteceda un menoscabo de sus principios o formas esenciales del proceso. XXII En conclusión, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales en perjuicio del agraviado por parte de la autoridad judicial recurrida, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por los impetrantes y así debe declararse.- PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por los Abogados Eduardo Jair López Zúniga y Celeste Aida Cerrato Chinchilla, a favor del por la contra la resolución dictada por la Corte Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno (1) de agosto del año dos mil veintidós (2022); Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes.. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. -. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Amparo Penal registrado en este tribunal con el número SCO-0009-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL