Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-981-23 — Registro 20451

Resumen

Resolución impugnada a través de la acción de amparo en relación a solicitud de modificación del objeto del proceso en una etapa procesal, donde ya no se permite tal como lo expresa el artículo 429 numeral 1 del Código Procesal Civil, recurrente manifiesta que al momento de presentar el proceso, lo solicitó y que por tanto, no está modificando el objeto del proceso en esta etapa, como lo establece la Corte de Apelaciones.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en fundamento en lo que establece los artículos 429 numeral 1 del Código Procesal Civil, norma supletoria del Código del Trabajo “Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y en su caso en la reconvención, las partes y 430 que dice: “no se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda” por lo tanto, las partes no podrán alterarlo posteriormente y debe presentar una nueva acción. En esa línea argumentativa, este Alto Tribunal, reconoce que no se ha violentando las disposiciones constitucionales que establece el recurrente, pues si bien es cierto, consta en autos en el escrito de la demanda en la suma “…….que en caso de ser víctimas de despido o terminación de contrato, se nos restituya a los cargos que desempeñamos con todos los derechos y beneficios inherentes a los empleados permanentes. Costas del juicio. Se Acompañan Documentos…” Demanda que fue admitida por el Juzgado de Letras del Trabajo, también lo es que no procede acumulación de las acciones hipotéticas o conjeturales, o acciones futuras, por lo que resulta improcedente la interposición de acciones sobre futuras condiciones a que se produzca o a que exista determinado hecho, como ocurre en el caso de autos, en consecuencia las resoluciones del Juez de Letras y la Corte de Apelación, se encuentran dictadas conforme a derecho, pues el artículo 429 del Código Procesal Civil, en el numeral 1) establece: ”Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente, …..” pues las acciones son Inalterables, y asimismo, lo establece el artículo 430 del Código Procesal Civil, cuando dice que: “No se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda” asimismo, el proceso se encuentra en la etapa de evacuación de las pruebas, y no en la etapa de contestación de la demanda, o reconvención, como lo establece el Código Procesal Civil; es por ello, que este Alto Tribunal, es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, no vulnera los derechos señalados por el recurrente, pues se ha dictado conforme a lo que establece la ley.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que señalado lo anterior, esta Sala, efectivamente constata que en el caso su examine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no vulnera el debido proceso, demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente. "

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Civil, art. 430 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 429 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 430 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 429 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en fundamento en lo que establece los artículos 429 numeral 1 del Código Procesal Civil, norma supletoria del Código del Trabajo “Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y en su caso en la reconvención, las partes y 430 que dice: “no se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda” por lo tanto, las partes no podrán alterarlo posteriormente y debe presentar una nueva acción. En esa línea argumentativa, este Alto Tribunal, reconoce que no se ha violentando las disposiciones constitucionales que establece el recurrente, pues si bien es cierto, consta en autos en el escrito de la demanda en la suma “…….que en caso de ser víctimas de despido o terminación de contrato, se nos restituya a los cargos que desempeñamos con todos los derechos y beneficios inherentes a los empleados permanentes. Costas del juicio. Se Acompañan Documentos…” Demanda que fue admitida por el Juzgado de Letras del Trabajo, también lo es que no procede acumulación de las acciones hipotéticas o conjeturales, o acciones futuras, por lo que resulta improcedente la interposición de acciones sobre futuras condiciones a que se produzca o a que exista determinado hecho, como ocurre en el caso de autos, en consecuencia las resoluciones del Juez de Letras y la Corte de Apelación, se encuentran dictadas conforme a derecho, pues el artículo 429 del Código Procesal Civil, en el numeral 1) establece: ”Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente, …..” pues las acciones son Inalterables, y asimismo, lo establece el artículo 430 del Código Procesal Civil, cuando dice que: “No se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda” asimismo, el proceso se encuentra en la etapa de evacuación de las pruebas, y no en la etapa de contestación de la demanda, o reconvención, como lo establece el Código Procesal Civil; es por ello, que este Alto Tribunal, es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, no vulnera los derechos señalados por el recurrente, pues se ha dictado conforme a lo que establece la ley.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que señalado lo anterior, esta Sala, efectivamente constata que en el caso su examine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no vulnera el debido proceso, demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente. "

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, a favor del señor SELVIN ABED MEDINA GAMEZ, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha veintinueve (29) de mayo del año Dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la que se declara sin Lugar el Recurso de Apelación que interpone contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de primera Instancia el 26 de julio del 2022. Considerando el recurrente que, con el acto reclamado en Amparo, se le ha violentado a su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 128 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1)Que en fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, los señores SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA Y SELVIN ABED MEDINA GAMEZ, actuando en su condición personal, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, promoviendo demanda ordinaria Laboral, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).2) Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, actuando en su condición de representante procesal de los señores SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA Y SELVIN ABED MEDINA GAMEZ, compareció ante el citado Juzgado, poniendo a su conocimiento lo siguiente: “…dado que, habiendo acaecido el hecho el hecho previsto del despido, en el caso particular del señor SELVIN ABED MEDINA GAMEZ, es procedente resolver sobre como acción principal, con el reconocimiento del carácter indefinido de la relación laboral y demás derechos que se señalan…”3) Que en fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “VISTA: la comparecencia que antecede por parte del Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de representante procesal de la parte demandante, SE RECHAZA lo solicitado por el compareciente, en vista que tal como lo establece los artículos 429 numeral 1 del Código Procesal Civil norma supletoria del Código del Trabajo “establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente” y 430 “no se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda”, por lo tanto, el compareciente deberá de presentar una nueva acción, asimismo; devuélvanse los documentos presentados por el compareciente.”4) Que conociendo del recurso de apelación presentado contra la resolución relacionada en el numeral anterior, en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en la cual: “FALLA: 1º. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE. 2º. CONFIRMANDO el auto interlocutorio dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha veintiséis de julio del año dos mil veintidós que corre a folio 311 de la primera pies de autos. 3º.SIN COSTAS en esta instancia” (Folios 23 al 29 de la segunda pieza)5) Que en fecha veintiséis de julio de año dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, interponiendo Recurso de Amparo a favor de señor SELVIN ABED MEDINA GAMEZ, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veintitrés (2023) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la que se declara sin Lugar el Recurso de Apelación que se interpuso contra el Auto Interlocutoria dictado en fecha veintiséis de julio del año mil veintidós, dictada por el a-quo. (Folios 12 al 18 del recurso de mérito).6) Esta Sala, en fecha dos de agosto del año dos mil veintitrés, tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de un (1) día hábil, remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 24 del recurso de mérito). 7) Esta sala, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil veintitrés, tuvo por recibido el informe solicitado a la autoridad recurrida, del cual contiene la resolución objeto del presente recurso, bajo el número 0801-2019-01326. 8) Que en fecha ocho de enero de dos mil veinticuatro, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 48 del recurso de mérito).9) En fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo por admitido el escrito presentado por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 63 del recurso de mérito). 10) Esta Sala, en fecha ocho de marzo de dos mil veinticuatro, tuvo por evacuado y por emitido el dictamen de la Fiscal del Despacho, Abogada Sandra Lorena Zúniga García, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Determina la recurrente que la sentencia impugnada trasgrede el Derecho de Defensa, el Debido Proceso y el de Legalidad, al seguir el mismo patrón que el Juez de instancia al considerar que el reintegro deberá tramitarse en una nueve demanda, cuando en el libelo de la misma se planteó en forma anticipada el reintegro en el caso de ser víctima su representado de terminación de contrato o despido, siendo así parte del objeto de proceso, por lo que al haber acaecido el despido de su representado durante la substanciación del proceso, es procedente resolver el reintegro como acción principal, por tal razón el fundamento legal que desestima su pretensión se encuentra fuera del contexto, ya que no existe modificación a la demanda y consecuentemente no crea acumulación. Que de acuerdo a lo antes relacionado y del análisis del caso se logra advertir del fallo dictado por la alzada que hace una valoración de hechos que no tienen relación al caso in examine, al determinar que corresponde tramitar una nueva demanda al haber recaído sentencia firme, cuando de las actuaciones procesales se colige a folio 303 de la pieza principal, que la causa se encuentra actualmente pendiente de realizar las alegaciones, tomando incongruente el fallo ya que la pretensión realizada por el recurrente y lo decidido por el Ad-quem no guarda armonía, vulnerando el debido Proceso en virtud que las partes procesales tienen derecho a una decisión judicial justa, suficientemente motivada con fundamentos o argumentos jurídicos que justifiquen lo decidido, es por ello que las sentencias deben ser dictada de manera clara, precisa y congruente, lo que no acontece en el caso subjudice y coloca en indefensión a la parte demandante, en ese sentido y atendiendo lo antes expuesto se arriba a la conclusión que la resolución impugnada no se encuentre conforme a derecho. OPINION. El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de amparo, al existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista…” CONSIDERANDO UNO (1): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo, según lo preceptuado en el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a efecto que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, ello en consonancia con lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional en los artículos 3 y 41. CONSIDERANDO DOS (2): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, correspondiendo a la Sala de lo Constitucional, la jurisdicción constitucional, debiendo observar en la substanciación de la acción de Amparo, los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso, según lo dispone la normativa sobre justicia constitucional en el artículo 45. Que el Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario, que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veintinueve de mayo del año dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual se declara sin lugar la modificación del objeto del proceso en una etapa procesal, donde ya no se permite tal como lo expresa el artículo 429 numeral 1 del Código Procesal Civil, interpuesta por el Abogado Jesús Antonio Ferrera Matute, en su condición de representante del señor SELVIN ABED MEDINA GAMEZ.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente invoca la violación de los derechos de Defensa, Derecho al Debido Proceso, el Principio de Legalidad, de Derechos Adquiridos, de imprescriptibilidad, de verdad procesal, el derecho al goce de justicia, de la real y efectiva tutela judicial de la cultura y del bienestar económico y social. El Derecho de Defensa establecido en el Artículo 82 de la Constitución de la República, está constituida por el hecho de que la Corte de Apelaciones del Trabajo impide el libre acceso del trabajador a entrar en el goce de los derechos que como trabajador permanente le corresponden. La Violación al Derecho del Debido Proceso establecido en el Artículo 90 de la Constitución de la República esta constituida por el hecho de que la Corte de Apelaciones del Trabajo, no ha juzgado, en el caso de mérito, con las formalidades derechos y garantías que la ley establece, desde el momento que introduciendo elementos ajenos al juicio, ha negado el derecho al reintegro pedido en tiempo y forma por el demandante de acuerdo a la normativa vigente del Código del Trabajo, pues lo solicitó antes de existir sentencia definitiva en el proceso, es injusto en demanasia. Violación al Principio de Legalidad, esta constituida por el hecho de que la Corte de Apelaciones del Trabajo, en forma arbitraria, ilegal e injusta, asegura que ya existe sentencia firme y que por eso no procede que el demandante solicite el reintegro, cuando no es un hecho que haya acontecido en el presente juicio. La violación al principio derechos adquiridos, esta constituida por el hecho de que la Corte de Apelaciones del Trabajo, desconoce que en base a la ley y la doctrina, es derecho adquirido: “aquel que ha entrado en nuestro dominio” es decir, que una vez que se cuenta con un derecho que es parte de nuestro patrimonio, ya no se nos puede arrebatar, sin cuando entre en vigor una nueva ley que se anteponga, porque el derecho adquirido pasa a integrar la masa patrimonial del sujeto, de manera que se forma un vínculo que ni la ley puede desligar. La violación al principio “imprescriptibilidad”, está constituida por el hecho de que la Corte de Apelaciones del Trabajo, hizo caso omiso, a que en casos de esta naturaleza, los derechos adquiridos son imprescriptibles, desde la perspectiva de que la imprescriptibilidad se atiende en el contexto del garantismo constitucional en correspondencia con la conceptualización del derecho laboral como un conjunto de normas sociales que integran el orden público del Estado, alimentado por los principios y convenios internacionales que catalogan los derechos laborales como derechos humanos que motivan el criterio de imprescriptibilidad. La violación al principio “irrenunciabilidad”, está constituida por el hecho de que la Corte de Apelaciones del Trabajo, soslayó que de acuerdo con la disposición contenida en la primera parte del artículo 128 de la Carta Magna y el artículo 3 del Código del Trabajo, todos esos actos negatorios ejecutados por la parte demandada son nulos IPSO JURE, porque implican renuncia disminución y tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo otorgan a los trabajadores, bajo el entendido que por IPSO JURE, deberá entenderse “por Ministerio de la Ley, por el mismo derecho, es decir, sin necesidad de declaración judicial es además imprescriptible cualquiera sea el tiempo transcurrido, irrenunciable, atendido el interés púbico que esta comprometido. Violación al principio Verdad Procesal, está constituida por el hecho de que la Corte de Apelaciones del Trabajo, soslayó que la verdad ni siquiera está oculta, porque está visible en el escrito de la demanda relacionada con el escrito de contestación de la misma, el posterior despido ejecutado en contra del demandante, y lo que es puntual, que en el juicio no existe ninguna sentencia que le haya puesto fin al proceso antes de activarse la solicitud de reintegro instaurada en el interin del juicio. La Corte de Apelaciones del Trabajo comete violación de la declaración establecida en la primera parte del artículo 128 de la Constitución de la República, porque desde el momento que el Estado declara que son de orden público las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores, no admite ni siquiera convenciones de los particulares, y pone en la categoría de derechos irrenunciables esos derechos del Trabajador, castigando con la nulidad de cualquier acto que implique renuncia, disminución, restricción o tergiversación. La Corte comete violación al principio de la Real y Efectiva Tutela Judicial, al negar el derecho que el trabajador tiene al reintegro por haber sido despedido en el interin del juicio, vuelve oscuro el proceso, en tanto que con ello se pretende omitir que la petición principal del litigio era que el juzgado definiera la condición laboral de demandante, que por fraude a la ley fraguado por el patrono, estuvo sometido a una relación que le vedó todo derecho de orden laboral y que después de haber demandado ese derecho, se ejecute su despido, como un acto evidente de represalia; por tanto, negarle su derecho al reintegro después de haber acreditado en tiempo y forma que ha sido víctima del despido es como no establecer las reglas claras del juicio y fomentar las malas prácticas de los patronos. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Alzada, al examinar el recurso de Amparo interpuesto, observa que el recurrente en el Amparo, aduce que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, al denegar la solicitud que pretende modificar el objeto del proceso en una etapa en que se encuentra el proceso, le violenta derechos y garantías constitucionales al dictar la resolución denegatoria, pues manifiesta que al momento de presentar el proceso, lo solicitó y que por tanto, no está modificando el objeto del proceso en esta etapa, como lo establece la Corte de Apelaciones.CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo, que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.CONSIDERANDO OCHO (8): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en fundamento en lo que establece los artículos 429 numeral 1 del Código Procesal Civil, norma supletoria del Código del Trabajo “Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y en su caso en la reconvención, las partes y 430 que dice: “no se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda” por lo tanto, las partes no podrán alterarlo posteriormente y debe presentar una nueva acción. En esa línea argumentativa, este Alto Tribunal, reconoce que no se ha violentando las disposiciones constitucionales que establece el recurrente, pues si bien es cierto, consta en autos en el escrito de la demanda en la suma “…….que en caso de ser víctimas de despido o terminación de contrato, se nos restituya a los cargos que desempeñamos con todos los derechos y beneficios inherentes a los empleados permanentes. Costas del juicio. Se Acompañan Documentos…” Demanda que fue admitida por el Juzgado de Letras del Trabajo, también lo es que no procede acumulación de las acciones hipotéticas o conjeturales, o acciones futuras, por lo que resulta improcedente la interposición de acciones sobre futuras condiciones a que se produzca o a que exista determinado hecho, como ocurre en el caso de autos, en consecuencia las resoluciones del Juez de Letras y la Corte de Apelación, se encuentran dictadas conforme a derecho, pues el artículo 429 del Código Procesal Civil, en el numeral 1) establece: ”Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente, …..” pues las acciones son Inalterables, y asimismo, lo establece el artículo 430 del Código Procesal Civil, cuando dice que: “No se permitirá la acumulación de pretensiones después de contestada la demanda” asimismo, el proceso se encuentra en la etapa de evacuación de las pruebas, y no en la etapa de contestación de la demanda, o reconvención, como lo establece el Código Procesal Civil; es por ello, que este Alto Tribunal, es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, no vulnera los derechos señalados por el recurrente, pues se ha dictado conforme a lo que establece la ley.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que señalado lo anterior, esta Sala, efectivamente constata que en el caso su examine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional, no vulnera el debido proceso, demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE a favor del señor SELVIN ABED MEDINA GAMEZ, contra las actuaciones de la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintinueve de mayo del año dos mi veintitrés, que resolvió confirmar el auto interlocutorio dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de julio del año dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se proceda a notificar la misma a la autoridad recurrida y al pedidor de la garantía de Amparo, para los efectos legales consiguientes y cumplido el trámite correspondiente, se proceda al archivo de las diligencias en el Secretaría de este Alto Tribunal. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLED WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha dos de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, Registrado en este Tribunal con el número SCO-0981-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL