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Sentencia AL-898-22 — Registro 19066

Resumen

La Sala Constitucional considera que es procedente sobreseer el recurso, al apreciar que el recurrente alega una violación de mera legalidad con relación a la demanda ordinaria laboral a efecto de que patrono pague las prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido ilegal, e injusto, inclusive preaviso auxilio de cesantía, vacaciones auxilio por cesantía proporcional, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, salarios pendientes de pago, reajuste de salario mínimo, salarios caídos, indemnización por no pago de salario mínimo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (11): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUST+ ICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ a favor de los señores CRISTHIAN ARIEL BANEGAS CASTRO Y OTROS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores CRISTIAN ARIEL BANEGAS CASTRO Y OTROS contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA).ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintidós de febrero de dos mil diecisiete, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Olancho los señores CRISTHIAN ARIEL BANEGAS CASTRO Y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA)a efecto de que patrono pague las prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido ilegal, e injusto, inclusive preaviso auxilio de cesantía, vacaciones auxilio por cesantía proporcional, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, salarios pendientes de pago, reajuste de salario mínimo, salarios caídos, indemnización por no pago de salario mínimo. (Folios 01 al 18 de la primera pieza de antecedentes).2)Que en fecha de cinco de febrero del dos mil veintiuno, se celebró audiencia de inspección en la cual la su parte dispositiva el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho; resolvió: “…DE OFICIO: Que en fecha uno (01) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) este Juzgado realizó inspección en las instalaciones de la demandada específicamente en las oficinas de recursos humanos constatándose que los demandantes fueron reintegrados a sus puestos de trabajo en fecha 26 de enero del año 2021, que en su ausencia los empleados con carácter de permanente recibieron un aumento de UN MIL CIEN LEMPIRAS (L 1,100.00) para los años 2018 y 2019, y que a los demandantes a la fecha del reintegro no se les hizo efectivo del décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones proporcionales correspondientes desde 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019- 2020; Que a los demandantes se les adeuda horas extras laboradas y no pagadas concepto este que fue condenado en las presentes diligencias y que se liquidan en las presentes diligencias, así mismo la demandada fue condenada al pago de reajuste del salario mínimo, así mismo fue condenada a una multa igual a la reajustada de acuerdo a lo establecido en la Ley, y para tales efectos se toma en cuenta que los demandantes al momento del despido (31 de diciembre del año 2016) devengaban un salario mensual de SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L. 7,312.04), que los trabajadores debieron devengar el siguiente salario mínimo por año de la siguiente manera 2016-L 9,168.42; 2017-L 9,718.53; 2018-L 10,316.22: 2019-L 11,038.35; 2020-L 11,811.04; 2021-L 11,811.04); lo anterior de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Central tomando en consideración que los demandantes en su ausencia recibieron un aumento de UN MIL CIEN LEMPIRAS (L 1,100.00) para los años 2018 у 2019, y en aplicación al Principio Protectorio (norma más favorable), los salarios dejados de percibir se calculan en base al salario ordinario de DOCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L. 12,516.22) y con un salario diario de CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 417.20): cabe destacar que, en el trascurso de la tramitación del presente juicio la demandada hizo efectivo el pago de unos valores que de acuerdo a la sentencia definitiva, es, en este momento procesal que serán deducidos dichos valores a algunos trabajadores demandantes que a continuación se detalla: GERMAN ALIRIO GARCIA DUARTE cantidad de L. 35,205.65, OSCAR AMADOR RODRIGUEZ la cantidad de L. 35,205.65, ROSALINA GALLARDO TEJEDA la cantidad de L. 46,769.59, SINIA VANESSA CRUZ GARCIA la cantidad de L. 74,643.16, ALLAN PORFIRIO FERNANDEZ ROJAS la cantidad de L. 54, 096.88, WILMER ARELI ROMERO PACHECO la cantidad de L. 55,724.40 y CARLOS EDGARDO ROMERO LOPEZ la cantidad de L. 55,171.67 por parte de la demandada; y como está establecido en sentencia definitiva, serán deducidos en la presente liquidación de los derechos que le corresponden exclusivamente a dichos demandantes. Siendo que en el presente caso han trascurrido desde la fecha del despido hasta la fecha que fueron reintegrados los demandantes, cuatro (04) años y veintiséis (26) días; y en aras de la celeridad procesal, se procede a practicar la liquidación de los salarios dejados de percibir y demás derechos establecidos en la sentencia condenatoria de la siguiente manera: CUADRO DE RELACIONADO AL TOTAL A PAGAR Para hacer un gran total a pagar de: OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (L. 81,757,429.26). Y MANDA. Que la secretaria del despacho notifique a los representantes procesales de las partes por medios electrónicos proporcionados por los mismos, al día siguiente hábil de la presente resolución, haciéndole la advertencia que estos deberán de comportarse con la debida lealtad y probidad durante el proceso, quedando el suscrito bajo la potestad de poder rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz de litigio…” (Folio 180 al 181 Primera pieza).5)Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación presentado contra la audiencia de Inspección del que se hace relación en el numeral anterior, dictó resolución contra auto interlocutorio presentado por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en fecha veintiocho de abril del dos mil veintidós, en la cual: “…POR TANTO: Esta CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos: 127, 128, 129, 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1º y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 665, 666 letra b), 672, 699 párrafo segundo, y 858 del Código del Trabajo; 22, 209, 212.4, 715.1 del Código Procesal Civil; FALLA: I.- ANULAR DE OFICIO el auto interlocutorio dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de Ley, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veintiuno (2021). y que corre agregada a la pieza compulsada de autos a folios 178 al 179 de la primera pieza de autos. II.- SIN COSTAS en esta instancia. MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados de esta sentencia a los Apoderados de las partes en litigio y una vez firme el presente fallo vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ASFURA ASFURA. Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. Firman para constancia los señores Magistrados y el secretario del despacho que da fe. Seguidamente le cede la palabra al Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de apelado quien dice: Que por este acto y de conformidad con el artículo 741 del Código del Trabajo interpongo recurso de reposición por no estar conforme con el fallo emitido por esta Honorable Corte. Y LA CORTE RESUELVE: Declarar Sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BANEVIDES PAZ en el carácter con que actúa. Artículo 741 del Código del Trabajo. Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. Firman el acta los señores Magistrados, y los Compareciente y el secretario del Despacho que da fe…” (Folio 289 al 295 de la segunda pieza de antecedentes).6)Que en fecha doce de junio de dos mil veintitrés, el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor de los CRISTHIAN ARIEL BANEGAS CASTRO Y OTRO, contra la resolución dictada en fecha veintiocho de abril dos mil veintidós, por el Ad-Quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 127, 128, 129 y 314 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha dos de mayo del dos mil veintitrés. (Folios 01 al 04 y 24 al 26 del recurso de amparo).7)Que en fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, quien fue de la opinión porque: “SE DENIEGUE” por las consideraciones antes expuestas.” (Folios 31 al 33 del recurso de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de la Ley en fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, con relación a la demanda ordinaria laboral interpuesta por el abogado Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa en representación de los señores CRISTIAN ARIEL BANEGAS CASTRO, JOSE ALEXI VARELA MARTINEZ, JOSE ISMAEL ROMERO ORTIZ, NIXON MARCELINO SANCHEZ ORDOÑEZ, JOSE ROBERTO TEJEDA CASTELLANO, VERA LUCIA MEJIA, ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ, YURI AVIGAIL RAMIREZ GOMEZ, DELBIN ANTONIO HERNANDEZ GUILLEN, HECTOR ABRAHAN MUÑOZ ROMERO, JOHNY JOSUE ESPINOZA GONZALES, RENE HERMOGENES ROJAS LARA, SANTOS PABLO BACA OSEGUERA, HIPOLITO APLICANO BACA, DEYSI YAMILETH PALMA PEREZ, LILIAN MARIBEL GUIFARRO ESCOBAR, OSCAR ADRIAN DIAZ, SONIA ISABEL PAGUADA, WILSON FERMIN MURILLO SALINAS, SELSO AMADOR, SANDER EURIPIDES HERNANDEZ FLORES, LUIS HERNAN GRANADOS CABRERA, CARLOS EDGARDO ROMERO LOPEZ, ALCIDES ADONAY ORTIZ ORTIZ, OSMAN OQUELI SOLIS, DELMER ISAIAS AMAYA CRUZ, WILMER ARELY ROMERO PACHECO, ARCADIO ACOSTA ROSALES, JOSE ALEXANDER MEJIA SANCHEZ, ROOSELL RICARDO COLINDRES MORAN, ALLAN PORFIRIO FERNANDEZ, ROSALINDA GALLARDO TEJEDA, RAMON ARTURO COLINDRES CASALEGNO, HERIBERTO ADALID REYES BAQUEDANO, FRANKLIN ALEXANDER LOBO, JOSE SANTIAGO MURILLO LOBO, SANTOS ANTONIO LAINEZ, ALEX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ, ROBERT CHARLES RECARTE LARA, OSMAN JOEL SANCHEZ JUAREZ, JOSE MISAEL BACA REYES, PABLO DANIEL HERNANDEZ PAZ, SANTOS RAMON PAZ MUNGUIA, MARVIN ALEXANDER ORDOÑEZ RIVERA, ROSA DELMI COREA, SINIA VANESSA CRUZ GARCIA, SANTOS DAVID CORRALES RAMIREZ, OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ SOLENO, NOLVIA DEL CARMEN RAMIREZ GOMEZ, LUIS ALFREDO MEJIA ROMERO, RAMON ROGER BETANCOURT, RONALD MAURICIO ANDRADE SALGADO, ROGER FRANCISCO REYES BACA, ERIKA YESSENIA MARROQUIN ROSALES, ARIEL FABRICIO SANCHEZ AGUILAR, HUBERTO JOSUE ZAVALA DIAZ, GERSON HUMBERTO GALEANO ALVARADO, CARMEN ALICIA TURCIOS, WILFREDO GARCIA REYES, MIGUEL RIGOBERTO CARDENAS, WALTER SAUL AVILA, SELVIN JOSUE GONZALES ALEMAN, GERMAN ALIRIO GARCIA DUARTE Y DENIS NAIN ATUNEZ MATUTE anulando de oficio el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras referido. CONSIDERANDO (4): Que expone el recurrente que el acto reclamado en amparo lo constituye la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán por considerar que lo que pretende el Ad-Quem es violentar los principios de derecho del trabajo, al despojar a los señores antes descritos de la mejor interpretación de la norma, la condición y la norma más favorable, siendo lo justo y correcto liquidar la sentencia conforme al último salario que devengaron los demandantes; ya que al decretar la nulidad del auto de fecha cinco de febrero de dos mil veintidós y ordenar que se practique una nueva liquidación por considerar la existencia de infracción procesal violenta las garantías constitucionales establecidas en los artículos 128 numeral 5 y 129 de la Constitución de la República; 3, 113 y 381 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en la resolución que hoy se impugna expone entre otras cosas que la liquidación practicada por el A-Quo en el reajuste de salario, es realizado de forma global para cada uno de los demandantes sin establecer el valor del reajuste, tomando en consideración la fecha de ingreso de cada uno de los demandantes y la fecha de despido, pues a excepción de uno de los demandantes, los demás no laboraron ni los doce meses entre el año 2016 y 2017 a fin de establecer con precisión y detalle lo correspondiente al reajuste salarial durante el tiempo de servicio. Referente a la liquidación en relación a los salarios dejados de percibir, desde la fecha de despido a la fecha en que se produjo efectivamente el reintegro, han transcurrido según el auto recurrido, cuatro años y veintiséis días, cuantificando los salarios dejados de percibir en forma global por el tiempo transcurrido; no obstante, los salarios dejados de percibir deberán ser establecidos desde la fecha del despido 26 de enero de 2017 a la fecha del reintegro 26 de enero de 2021; haciendo un total de cuatro años conforme al salario mínimo fijado para cada año e incremento salarial. De igual manera la liquidación en relación al decimo tercer, decimo cuarto mes y vacaciones, debe establecerse por año, tomando en consideración el salario mínimo establecido para cada año e incrementos salariales otorgados. Y en cuanto a las horas extras, fijadas en forma global, las mismas deben cuantificarse exactamente en relación a las horas laboradas con especificación del mes y años que corresponde en base al salario mínimo fijado. CONSIDERANDO (6): Continua manifestando la Corte de Apelaciones que el auto recurrido en apelación no fija con claridad y precisión las bases para proceder a la liquidación practicada por el Juez A-Quo, consecuentemente no aporta claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia, motivación y fundamentación en aplicación de los artículos 206 y 209 del Código procesal Civil; y tomando en cuenta el alcance del recurso de apelación y habiendo apreciando este tribunal de alzada la existencia de infracción procesal que origine la nulidad absoluta de actuaciones o de parte de ellas, se estima procedente declarar de oficio la nulidad del auto de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, ordenando se practique nueva liquidación. CONSIDERANDO (7): Que en fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministerio Público emite dictamen apreciando que la resolución cuestionada atenta contra las garantías constitucionales contempladas en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, al pretender despojar a sus representados del derecho de liquidar la sentencia conforme al último salario devengado; desprendiéndose de la revisión de los antecedentes que según lo establecido en la resolución de fecha cinco de junio de dos mil veintiuno, los demandantes percibían un salario mensual de L.7,312.04; determinando también que el salario mínimo conforme a las disposiciones del gobierno central para los años reclamados en reajuste eran: año 2016: L. 9,168.42; año 2017: L.9, 718.53; año 2018: L.10,316.22; año 2019: L.11,038.35; año 2020: L.11,811.04; año 2021: L.11,811.04; sin embargo, la juez determinó fijar como base de la liquidación del salario ordinario, la cantidad de L.12,516.22 y no ponderó el reajuste salarial en relación a los períodos ya indicados; de tal forma que al haberse fijado la liquidación con un monto salarial base superior a lo ya descrito, obliga a la parte demandada a efectuar un pago que no ha ponderado en torno al sueldo mínimo que correspondía para cada periodos de tiempo exigido en reajuste; por lo que esta representación fiscal aprecia que lo resuelto por la alzada no transgrede garantías constitucionales y es del parecer porque se deniegue la acción de amparo. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala observa que el recurrente ha comparecido en busca de justicia constitucional, por considerar que se le han disminuido y conculcado las garantías constitucionales contempladas en los articulo 128 y 129 de la Constitución de la República, por consiguiente, mediante el acto impugnado según el amparista se causa violación a la garantía de irrenunciabilidad de derechos y a gozar de un salario mínimo al que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a las necesidades normales y las de su familia en el orden material, moral y cultural.CONSIDERANDO (9): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO (10): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (11): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEER la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL“CORTE SUPREMA DEJUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero del dos mil veinticinco. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO en la sentencia del recurso de amparo presentado por la peticionaria a favor de los señores CRISTIAN ARIEL BANEGAS CASTRO Y OTROS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro y por la cual se falla sobreseyendo el recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN en fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, de lo cual se ha hecho el debido mérito. CONSIDERANDO (1): Que en fecha trece de diciembre de dos mil veintitrés, la recurrente abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, por considerar que dicha resolución vulnera el numeral 2 del articulo 173 de la Constitución de la República, ya que convalida las violaciones constitucionales del Ad-Quem en la sentencia impugnada en amparo, porque disminuye o restringe el goce pleno de los derechos irrenunciables reconocidos por el Código del Trabajo y garantizados por la Constitución de la República, conceptos que se integran en la liquidación de salario dejados de percibir condenados en la sentencia definitiva firme de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la demanda ordinaria laboral promovida contra la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) a favor de los referidos señores. De igual manera quebranta el auto acordado “Unificación de Criterios Judiciales en materia laboral” de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa; estableciendo el criterio que cuando hayan demandas de reintegro y reconocimiento de permanencia en el trabajo en fundamento en el articulo 47 del Código el Trabajo y consecuentemente goce de todos los derechos de los trabajadores y que sus reintegros tengan como consecuencia el pago de los salarios dejados de percibir, se debe tomar en cuenta el principio protectorio en su regla de aplicación de la norma mas favorable al trabajador. Asimismo, infringe el articulo 8 del Tratado Internacional de Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, puesto que de la interposición y formalización del recurso de amparo, se visualiza con claridad las violaciones de los derechos fundamentales y garantías constitucionales invocadas, ya que la liquidación practicada por el juez de primera instancia esta conforme a los términos de la sentencia condenatoria firme de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas y del Trabajo por Ministerio de Ley. CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá interponerse en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho; misma que fue efectuada personalmente por la abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO en fecha trece de diciembre de dos mil veinticuatro, interponiéndose el recurso de reposición en esa misma fecha, según consta en la pieza de amparo.CONSIDERANDO (3): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188, 189, 222 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 9, 61, 62, 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 4 numerales 6, 7 y 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro; por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto al recurrente y se continúe con el trámite de ley correspondiente. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, y Resolución de fecha treinta de enero de dos mil veinticinco recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0898-2022

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL