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Sentencia AL-837-24 — Registro 20449

Resumen

Corte de Apelaciones confirmó auto interlocutorio de la declinatoria por falta de competencia por considerar que está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras; indicó que el asunto discutido debe ser conocido en jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; ya que no corresponden al régimen laboral, pues los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, se rigen por la legislación del Servicio Civil y por ende compete a la jurisdicción indicada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero del año dos mil veinticinco. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NANCY DEL CARMEN MIRA COLINDRES a favor de MARIAN HELISMA ÁVILA MOLINA, GABRIELA ALEJANDRA CONTRERAS ALEMAN y CARLOS ALBERTO AGUILAR MARTINEZ, contra el auto interlocutorio dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veinticuatro, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de abril del año dos mil veinticuatro, relacionadas según la recurrente a la demanda laboral para que se reconozca la existencia de una relación laboral por tiempo indefinido promovida por MARIAN HELISMA ÁVILA MOLINA, GABRIELA ALEJANDRA CONTRERAS ALEMAN y CARLOS ALBERTO AGUILAR MARTINEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD (SESAL). CONSIDERANDO: Que de las alegaciones formuladas por la recurrente para sustentar su acción de amparo, se desprende que no comparte la resolución dictada por la Alzada, mediante la cual se confirma la declinatoria por falta de competencia y se indica que debe ser conocida vía jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser de la opinión la actuante, que inicialmente la relación laboral entre las partes inició con la modalidad de contrato por tiempo determinado antes de ser modificada con la emisión del acuerdo de nombramiento, y es en este sentido que estima debe ser conocido ante dicho órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la actuante, se puede apreciar que invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, la declaración y garantías reconocidos en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna establece: "No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: 710 y 858 del Código del Trabajo:1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional: RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NANCY DEL CARMEN MIRA COLINDRES a favor de MARIAN HELISMA ÁVILA MOLINA, GABRIELA ALEJANDRA CONTRERAS ALEMAN y CARLOS ALBERTO AGUILAR MARTINEZ, contra el auto interlocutorio dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veinticuatro, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”…..” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de noviembre del año dos mil veinticinco. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NANCY DEL CARMEN MIRA COLINDRES, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinticinco, en el recurso de amparo que fuera interpuesto por la recurrente en mención, a favor de MARIAN HELISMA ÁVILA MOLINA, GABRIELA ALEJANDRA CONTRERAS ALEMAN y CARLOS ALBERTO AGUILAR MARTINEZ, contra el auto interlocutorio dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veinticuatro, que resuelve un recurso de apelación interpuesto en contra del auto interlocutorio emitido por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de abril del año dos mil veinticuatro, relacionadas según la recurrente a la demanda laboral promovida por MARIAN HELISMA ÁVILA MOLINA, GABRIELA ALEJANDRA CONTRERAS ALEMAN y CARLOS ALBERTO AGUILAR MARTINEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD (SESAL). CONSIDERANDO: Que la recurrente eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición en contra de la resolución emitida por este Alto Tribunal en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinticinco, mediante la cual se sobreseyó la acción de amparo de mérito. CONSIDERANDO: Que la recurrente cuestiona la decisión tomada, por ser del criterio que la causal en que se fundamentó el sobreseimiento de la presente garantía, es improcedente, toda vez que la decisión que fue tomada por la Alzada recurrida contravine preceptos constitucionales y legales consignados en la norma primaria, motivo por el cual exige por medio del recurso de amparo se dé cumplimiento a la disposición jurídica que a su parecer fue inobservada, generando la transgresión de derechos de los que hizo relación en la interposición de esta garantía de amparo. CONSIDERANDO: Que en razón a los argumentos expuestos se procedió al reexamen del acto reclamado, de los alegatos entablados en el escrito de interposición del recurso de amparo y de los antecedentes de la causa, observando esta Sala que el sobreseimiento denunciado deriva de advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad por la cual se denegó dicha garantía, motivo por el cual no resultan atendibles los agravios planteados por la recurrente. CONSIDERANDO: Que al no percibirse razones de fondo ni de forma para proceder a la enmienda del sobreseimiento refutado, resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que ha sido interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema De Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5°. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por la Abogada NANCY DEL CARMEN MIRA COLINDRES, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinticinco, al no percibirse razones de fondo ni de forma para proceder a la enmienda del sobreseimiento refutado. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. NOTIFIQUESE.. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, certificación de las Resoluciones de fechas ocho de enero del año dos mil veinticinco y veintiocho de noviembre del año dos mil veinticinco, recaídas en el recurso de Amparo Laboral registrado bajo el número SCO-0837-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL