Sentencia AL-814-22 — Registro 18669
Resumen
La Sala Constitucional que no se ha violentado la garantía de debido proceso o otras garantías ya que la decisión de la Corte de apelaciones de revocar la resolución laboral impugnada en apelación ha sido dictada en observancia a la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que dispone que el Estado está exento de pagar costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."la decisión del Ad-quem de revocar la resolución laboral impugnada en apelación ha sido dictada en observancia a la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que dispone que el Estado está exento de pagar costas, y solo se hará cuando en el juicio se demuestre el dolo por parte del demandado, lo que no ocurrió en caso de autos"...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 282 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado José Ángel Cáceres Valladares, a favor del señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la demanda laboral promovida por el señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 64, 82, 90 y 129 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, interponiendo “DEMANDA LABORAL PARA EL REINTEGRO A MI PUESTO DE TRABAJO EN IGUAL O EN MEJORES CONDICIONES…” en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), por medio de su representante legal, el Abogado Abraham Alvarenga Urbina, en su condición de Procurador General de la República de Honduras. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2)En fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Mariluz Martínez Mejía, en su condición de representante sustituta del Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), interponiendo nulidad absoluta de actuaciones desde la resolución de la comparecencia de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve. (Folios 90-91 de la pieza del A-quo) 3)En fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó el auto resolutivo que literalmente dice: (Sic) “…Por hecha la comparecencia que antecede, de fecha 12 de agosto del corriente año, por parte de la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJÍA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada. En cuanto a lo manifestado y solicitado se procede a resolver de la forma siguiente: PRIMERO: Habiendo analizado los argumentos expuestos por la apoderada demandada, se colige que la compareciente, se basa en que el expediente de mérito ha sido manejado de forma incorrecta, que se ha violentado el debido proceso, las derechos y garantías que la Ley establece, apreciaciones estas que no tienen asidero jurídico que las fundamente, ya que si bien es cierto consta en las presentes diligencias las actuaciones realizadas en tiempo y forma por parte de la Secretaria General del Despacho, tal como consta a folios 85, 86 y 87, en donde se lo otorgo el derecho a pronunciarse sobre la Tasación de las Costas de Ejecución solicitadas por el apoderado de la parte demandante y al no haber hecho uso del derecho otorgado, se le tuvo por caducado el mismo y perdido irrevocablemente, por otra parte la Costas de Ejecución son una indemnización que le corresponde a la parte actora, en virtud de que para hacer efectivo el pago de sus derechos condenados, lo hicieron por la vía de apremio, es decir embargando y en aplicación al Principio Procesal de Total Satisfacción se aprobaron y autorizaron las mismas, es por lo anteriormente expuesto que se declara SIN LUGAR la nulidad de actuaciones, por ende que se siga con el curso normal del juicio, es decir que se le dé cumplimento a lo ordenado en el auto de fecha veintitrés (23) de mayo del 2019, en virtud de que la demanda que nos ocupa se encuentra en etapa de ejecución por encontrarse sentencia firme en la misma, y asimismo el artículo 786 numeral 1 del Código Procesal Civil utilizado de forma supletoria aplicado al proceso laboral, el cual literalmente reza: "REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO 1. Con el mandamiento ejecutivo se procederá a requerir de pago al deudor por la cantidad reclamada en concepto de deuda principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, advirtiéndole de que si no pagase en el acto se practicará el embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad reclamada y las costas…” (Folio 92 vuelto del expediente del A-quo) 4)Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Mariluz Martínez Mejía, en su condición de apoderada judicial del Estado de Honduras en los Despachos de Infraestructura de Servicios Públicos (INSEP), contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, por mayoría de votos dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, actuando en su condición de apoderada legal de la parte demandada apelante.- 2) REVOCANDO el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiocho de agosto del año dos mil diecinueve, que corre a folios 92 frente y vuelto de la primera pieza.- Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia, con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada MORALES TORO.” (Folios 32-37 vuelto del expediente del A-quem) 5)Que, en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, compareció el Abogado José Ángel Cáceres Valladares, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 64, 82, 90 y 129 de la Constitución de la República. 6)Que esta Sala, en fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado José Cáceres Valladares, en consecuencia, dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 24 del recurso) 7)En fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición de la acción se desprende que el Amparista, acude a esta instancia aduciendo la violación a los derechos fundamentales y por contravenir, disminuir y tergiversar derechos contenidos en los artículos 64, 82, 90 y 129 de la Constitución de la República. El Amparista ha venido a esta instancia, argumentando que el fallo emitido por el Ad-quem no se encuentra ajustado a derecho, en virtud de denegarle al trabajador el derecho sobre las costas de ejecución que son procedentes y legales, y debe costearlas al trabajador al haber actuado dolosamente el patrono Estado de Honduras, a través de la Abogada Lidia Estela Cardona, en su condición de Procuradora General de la Republica, quien fue requerida en legal y debida forma y no cumplió con su obligación de pagar o consignar la obligación reclamada. Por error en materia de derecho al confundir gratuidad con costas de ejecución que no están contenidas en este concepto y son gastos del trabajador, violación al debido proceso al admitir un recurso de apelación sobre un auto interlocutorio firme sobre costas de ejecución, porque en materia laboral rige el principio de preclusión. Del examen de la resolución impetrada, esta Representación del Ministerio Publico observa que la resolución venida en amparo, no vulnera los preceptos constitucionales señalados por el recurrente, ya que la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), es una institución estatal y por ende se encuentra amparada dentro de lo regulado en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Publica, Mejorar Los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, en tal sentido en el caso de autos la parte demandante debió haber acreditado que la parte demandada actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas, tal como lo dispone el referido decreto, lo cual, no ha ocurrido en el caso de autos. Asimismo, es de resaltar que si bien es cierto el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala: En cualquier caso, las costas de la Ejecución se impondrán al ejecutado, tal normativa constituye la regla general, siendo la excepción a la misma el artículo 8 del citado decreto, por lo que en ese orden de ideas al armonizar ambas disposiciones legales arribamos a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta del pago de las costas de ejecución impuestas, ya que el principio de Legalidad establece: Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si bien se aprecia de la sentencia recurrida, que el Ad-quem señala que el Juzgado de instancia no ha hecho diferencia a que costas se refiere, lo cierto es, que de la lectura de la resolución emitida por el A- quo se desprende que se refiere a costas de ejecución por ser una indemnización que le corresponde a la parte actora por haberse hecho efectivo el pago de sus derechos condenados, por la vía de apremio, razón por la cual aplica lo establecido en el Decreto 266- 2013 supra relacionado. (F.92 pieza de instancia) Conforme lo anterior, la suscrita estima que en el caso de autos, no se aprecia vulneración a las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por NO existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 27-30 vuelto del recurso de mérito)CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vista la interposición y formalización del Recurso de Amparo promovido por el abogado José Ángel Cáceres Valladares, a favor del señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la demanda laboral promovida por el señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), en la cual recayera sentencia definitiva, encontrándose el presente juicio en fase de exacción de costas procesales a la parte que resultó vencida en juicio. El Abogado José Ángel Cáceres Valladares, en su condición predicha, manifestó en la formalización de su recurso, que la sentencia recurrida en amparo ha vulnerado los derechos al debido proceso y al principio de legalidad, prescritos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; que reconocen los derechos que tienen las partes a la Jurisdicción, a obtener decisiones motivadas jurídicamente ante una judicatura imparcial, vinculada al imperativo del orden jurídico. El garantista relaciona lo anterior, a la inobservancia de la Judicatura en el caso de mérito, respecto al artículo 222 numeral 2) del Código Procesal Civil, el cual establece: “La parte que pida tasación de costas presentara con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame”, el que a su juicio, no fue apreciado de manera objetiva por la Corte de Apelaciones, dejando de constatar los hechos y circunstancias contenidas en el proceso, prescindiendo de pruebas fehacientes y decisivas que obran en la causa, habiendo resuelto contra lo expresamente dispuesto por leyes aplicables al caso concreto, como es la procedibilidad a las costas sin haberse acreditado los justificantes de costas, en concordancia con el valor de lo condenado a dar a su representada (conforme al artículo 222 numeral 2) del Código Procesal Civil, precitado), así como al artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno (Decreto Legislativo No. 266-2013), el cual establece en su artículo 8 que: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”.CONSIDERANDO (4): Como quedó dicho, la demanda que nos ocupa se halla en etapa de ejecución por encontrarse sentencia firme en la misma en la cual el A-quo condenó al pago de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS, (lps. 435,913.76), en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, cantidad que fue recibida a satisfacción del representante procesal demandante y ahora recurrente, en fecha diez de abril del dos mil diecinueve. Posteriormente, se observa a folio 85 de la primera pieza, la comparecencia del abogado demandante, solicitando tasación de costas de ejecución, peticionando, sin fundamenta su solicitud, que corresponde el 10% de la cantidad ejecutada, apuntando la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVETA Y UN LEMPIRAS, CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRA, (L.43,591.37). La resolución recurrida en amparo fue dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, que revoca la dictada por el A-quo en fecha 23 de mayo de 2019, en la cual ordena se tasen las costas de ejecución en aplicación del artículo 55 en su numeral 8 del Arancel del Profesional del Derecho, se requiera a la Procuradora General de la República, para que en el acto pague o consigne la cantidad antes apuntada en concepto de costas de ejecución.CONSIDERANDO (5): Que, bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-Quem, vulnera o no el derecho al debido proceso y el principio de legalidad. En tal orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió confirmar la resolución dictada por el A-Quo, resolución mediante el cual el referido Juzgado, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de actuaciones y aprobó de tasación de Costas de Ejecución presentada por la parte demandante y condenó a la Procuraduría General de la República, por medio de su Representante legal, a pagar la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVETA Y UN LEMPIRAS, CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE LEMPIRA, (L.43,591.37).CONSIDERANDO (6): Que revisados que fueron los antecedentes y la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, se debe manifestar que es aplicable al caso el Decreto Legislativo No.266-2013 que crea la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, misma que establece un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado. Y en ese orden de ideas, el artículo 8 de la misma, literalmente establece: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.”. Es del parecer de esta Sala de lo Constitucional confirmar la sentencia recurrida, ya que en efecto, no consta de autos que la Procuraduría General de la República (P.G.R.), haya actuado con dolo como lo requiere la ley, sino que el A-quo sin motivación alguna, accedió a otorgar lo peticionado por el demandante, quien solicitó aplicar supletoriamente lo establecido en el numeral 8 del artículo 55 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que “…Por los trámites para la ejecución de los acuerdos conciliatorios, los honorarios mínimos serán de L.10,000.00…” sin analizar que dicha disposición legal es excluyente con lo dispuesto en el artículo 8 relacionado en este mismo considerando. Por tal razón la decisión del Ad-quem de revocar la resolución laboral impugnada en apelación ha sido dictada en observancia a la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que dispone que el Estado está exento de pagar costas, y solo se hará cuando en el juicio se demuestre el dolo por parte del demandado, lo que no ocurrió en caso de autos. Se debe mencionar que el dolo para la parte demandante, lo constituye el hecho de que el pago de prestaciones se realizó por haber sido requerida la Procuraduría General de la República, pero estima esta Sala de lo Constitucional que, el sólo hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada. Y al no haberse vulnerado el debido proceso y demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, se constituye motivo eficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 129, 134, 135, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el abogado José Ángel Cáceres Valladares, a favor del señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la demanda laboral promovida por el señor Fernando Antonio Figueroa Serrano, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES.- NOTIFIQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0814-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL