Sentencia AL-796-23 — Registro 18465
Resumen
Sala Constitucional declara no ha lugar recurso de Reposición al considerar que el recurrente funda su petición del recurso de reposición en los mismos argumentos planteados en el recurso de Amparo, argumentos a los cuales esta Sala ya dio respuesta
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que vista la petición del recurrente, se aprecia una transcripción literal en todas y cada una de sus partes del Recurso de Amparo presentado en fecha doce de Junio del dos mil veintitrés, de lo cual se puede apreciar que el recurrente funda su petición del recurso de reposición en los mismos argumentos planteados en el recurso de Amparo, argumentos a los cuales esta Sala ya dio respuesta, por ello las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha once (11) de Septiembre del dos mil veinticuatro (2024) que corre agregada en autos, se establece claramente en sus CONSIDERANDOS TRECE (13), CATORCE (14) Y QUINCE (15), las razones que la Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, por considerar que el auto resolutivo de fecha trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, no es violatoria de la tutela judicial efectiva y ni del debido proceso que arguye el impetrante vulnerados, por ello no existen razones para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que al argumento planteado por el recurrente en el recurso de reposición, referido a que “Que no se reconoce el debido proceso por no haberse dado a su representado su derecho de defensa, ya que no fue notificado en la etapa de alegaciones de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y que no se tuvo a la vista por la sala el tomo dos (2) del expediente principal, que es la pieza donde se encuentra el escrito de Poder con qué actúa”. En relación a este argumento, No se le notificó al Recurrente porque no era parte en el proceso; pero se notificó a otra abogada de la Procuraduría General de la República abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en fecha catorce (14) de Febrero del dos mil veintitrés (2023), por el secretario de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, como representante procesal del Estado de Honduras, según consta en la pieza del Ad-quem; en la que ella formaba parte en el proceso; misma que no compareció a la audiencia de Alegaciones. Y en cuanto al tomo 2 que no se menciona, que hace referencia el recurrente, pues el mismo se encuentra a la orden de la sala; estando a la orden de la sala los dos tomos principales del A-quo del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa; la pieza del Ad-quem y la pieza del Recurso de la Sala Constitucional; y revisando la foliada de los dos tomos principales del A-quo se puede observar que no se encuentra agregado la sustitución de Poder a favor del Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en donde solamente consta en la pieza del Ad-quem, folio diecinueve, una fotocopia de la delegación del poder, al Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, misma que no se encuentra su original en ninguna de las piezas correspondientes. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 316 de la Constitución de la República; 74, 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que vista la petición del recurrente, se aprecia una transcripción literal en todas y cada una de sus partes del Recurso de Amparo presentado en fecha doce de Junio del dos mil veintitrés, de lo cual se puede apreciar que el recurrente funda su petición del recurso de reposición en los mismos argumentos planteados en el recurso de Amparo, argumentos a los cuales esta Sala ya dio respuesta, por ello las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha once (11) de Septiembre del dos mil veinticuatro (2024) que corre agregada en autos, se establece claramente en sus CONSIDERANDOS TRECE (13), CATORCE (14) Y QUINCE (15), las razones que la Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, por considerar que el auto resolutivo de fecha trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, no es violatoria de la tutela judicial efectiva y ni del debido proceso que arguye el impetrante vulnerados, por ello no existen razones para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que al argumento planteado por el recurrente en el recurso de reposición, referido a que “Que no se reconoce el debido proceso por no haberse dado a su representado su derecho de defensa, ya que no fue notificado en la etapa de alegaciones de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y que no se tuvo a la vista por la sala el tomo dos (2) del expediente principal, que es la pieza donde se encuentra el escrito de Poder con qué actúa”. En relación a este argumento, No se le notificó al Recurrente porque no era parte en el proceso; pero se notificó a otra abogada de la Procuraduría General de la República abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en fecha catorce (14) de Febrero del dos mil veintitrés (2023), por el secretario de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, como representante procesal del Estado de Honduras, según consta en la pieza del Ad-quem; en la que ella formaba parte en el proceso; misma que no compareció a la audiencia de Alegaciones. Y en cuanto al tomo 2 que no se menciona, que hace referencia el recurrente, pues el mismo se encuentra a la orden de la sala; estando a la orden de la sala los dos tomos principales del A-quo del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa; la pieza del Ad-quem y la pieza del Recurso de la Sala Constitucional; y revisando la foliada de los dos tomos principales del A-quo se puede observar que no se encuentra agregado la sustitución de Poder a favor del Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en donde solamente consta en la pieza del Ad-quem, folio diecinueve, una fotocopia de la delegación del poder, al Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, misma que no se encuentra su original en ninguna de las piezas correspondientes. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 316 de la Constitución de la República; 74, 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo y resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece (13) de marzo dos mil veintitrés (2023), que declaró sin lugar una nulidad de actuaciones alegada en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha diecisiete (17) de octubre del dos mil veintidós (2022); con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los Señores CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ Y OTROS contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la extinta SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS).ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022), comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Olancho los señores CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ, JOSE LUIS MORADEL LOBO, OSCAR JOEL BERTRAND EBNER MANASES VARGAS VALLECILLO Y OTROS, interponiendo demanda ordinaria laboral contra SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS) a efecto de que patrono pague las prestaciones y demás indemnizaciones legales por despido ilegal, e injusto, inclusive preaviso auxilio de cesantía, vacaciones auxilio por cesantía proporcional, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, salarios pendientes de pago, reajuste de salario mínimo, salarios caídos, indemnización por no pago de salario mínimo. (Folios 01 al 60 de la primera pieza de antecedentes del a-quo) 2) Que en fecha de diecisiete (17) de octubre del dos mil veintidós (2022), se celebró audiencia de juzgamiento en la cual la su parte dispositiva el Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho; resolvió: “…FALLA: 1).- Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENIA DEFINITIVA SE CONDENE A LA DEMANDADA AL PAGO DE NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS,– PAGO DE PREAVISO.- PAGO DE CESANTIA.- PAGO DE CESANTIA PROVISIONAL.- PAGO DE VACACIONES PROPPORCIONALES.- PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL.- PAGO DE DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL.- PAGO DE REAJUSTE SALARIAL.- PAGO DE VACACIONES PENDIENTES.- PAGO DE AGUINALDO ADEUDADO.- PAGO DE DECIMO CUARTO MES ADEUDADO.- SUELDOS CAIDOS DEJADOS DE PERCIBIR POR EL TIEMPO QUE SE ESTE EN LITIGIO.- PAGO DE INDEMNIZACION POR EL POR EL NO PAGO DEL SALARIO MIMNIMO EN BASE AL (ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MINIMO) que ha hecho merito promovida por los señores CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ, JOSE LUIS MORADEL LOBO, OSCAR JOEL BERTRAND SEVILLA, EBNER MANASES VARGAS VALLECILLO, SANTOS FRANCISCO MENDOZA GARCIA Y OTROS, contra LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS), todos de generales ya expresadas.- 2)CONDENANDO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS) a través del Secretario de Estado, el señor JOSE CARLOS CARDONA, al pago total de la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA MIL, NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS. (LPS. 58, 170,980.26); SE CONDENA A LOS SALARIOS CAÍDOS, SIN CONDENA EN COSTAS, por el principio de gratuidad que rige el código del trabajo.- con lo expuesto se da por terminada la misma.- y en aplicación de lo que determina el artículo 747 del código de trabajo siendo que la sentencia fue adversa al Estado y en este caso en contra LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS) a Representado por LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, que se envíe en consulta la misma a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, quedando notificadas las partes en estrados de la presente sentencia definitiva.” (Folio 274 al 304 de la segunda pieza de los antecedentes del A-quo tomo II) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación presentado contra la audiencia de Juzgamiento de fecha diecisiete (17) de Octubre del dos mil veintidós (2022); del que se hace relación en el numeral anterior, donde el Ad-quem dictó resolución contra el incidente de nulidad presentado mediante comparecencia en fecha seis (6) de Marzo del dos mil veintitrés (2023) por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, Y es así que en fecha trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023), la Corte de Apelaciones del Trabajo procede a declarar: “…SIN LUGAR en base a lo siguiente: 1) El abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS no es parte procesal en el presente juicio, ya que no consta en la primera pieza de autos original comparecencia donde deleguen poder al mismo; aunque el manifiesta que se le tuvo por delegado el poder en primera instancia y presento fotocopia de dicha actuación recibida por el A-quo, pero no consta en la pieza original que se ha tenido a la vista; en consecuencia devuélvase la documentación presentada al peticionario, siendo apoderada sustituta del Estado la abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ.- De esta resolución disiente la Magistrada Emy Claudet Asfura.- Artículos 718, 719 y 858 del Código del Trabajo 1, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 22, 84 numeral 1, 193, 212 y 213 del Código Procesal Civil.- NOTIFIQUESE.” (Folios del 9 al 15 de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 4) Que en fecha doce (12) de junio de dos mil veintitrés (2023), el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor de la ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha trece de marzo dos mil veintitrés, por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha catorce de febrero del dos mil veinticuatro. (Folios 01 al 07 y 67 al 73 de la pieza del recurso de amparo) 5) Que en fecha diez (10) de Abril del dos mil veinticuatro (2024), esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, quien fue de la opinión porque: “SE OTORGUE” el presente Amparo, por existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista.” (Folios 76 al 82 de la pieza del recurso de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023), que declara Sin Lugar la nulidad absoluta de actuaciones interpuesta por medio de comparecencia en fecha seis (6) de marzo del dos mil veintitrés (2023) por el Abogado Tomás Alberto Moncada Ramos, en su condición de Representante Procesal sustituto del Estado de Honduras, contra la misma resolución dictada por la misma Corte de Apelaciones del Trabajo, en el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, del Departamento de Olancho, en fecha diecisiete (17) de Octubre del dos mil veintidós (2022), que declara con lugar la demanda ordinaria laboral para que en Sentencia definitiva se condene a la demandada, al pago de los derechos adquiridos de los empleados de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e inclusión Social (SEDIS). CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, indicando que la sentencia que se recurre en amparo, viola los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 1, 90 y 321 de nuestra carta Magna; aduce el impetrante que el auto de fecha trece de marzo del dos mil veintitrés dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, contraviene, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos a él, por la Constitución de la República de Honduras, debiendo restituirse y respetarse el principio de legalidad y el debido proceso en la resolución recaída en el escrito de solicitud de Nulidad Absoluta de Actuaciones presentado en fecha seis (6) de marzo del dos mil veintitrés (2023), incidente interpuesto por el recurrente. En la resolución de fecha trece (13) de Marzo del dos mil veintitrés (2023) el Tribunal de Alzada expone que el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, presentó comparecencia solicitando nulidad de actuaciones, tomando como base el estado de indefensión y el debido proceso en el expediente que se registra en ese Tribunal Ad-quem bajo el número 15121, contentivo del juicio ordinario laboral, promovido por los señores CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ Y OTROS, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República en funciones, para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; por lo que al realizar el análisis del incidente de nulidad presentado el Ad-quem, declara SIN LUGAR, dicha nulidad en virtud de que el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, no es parte procesal en el presente juicio, ya que no consta en la primera pieza de autos original com parecencia donde deleguen poder al mismo; aunque él manifiesta que se tuvo por delegado el poder en primera instancia, presentando fotocopia de dicha actuación recibida por el A-quo, pero no consta en la pieza original que se ha tenido a la vista. CONSIDERANDO (4): Que en sustento a su tesis de vulneración a derechos constitucionales, el impetrante aduce que se vulnera el derecho del debido proceso, tutela judicial efectiva y principio de legalidad, en virtud que la resolución proferida por el Ad-quem, al declarar SIN LUGAR la nulidad interpuesta , inobservó las garantías, ya que no aplicó de forma correcta y legal la Ley adjetiva al caso concreto, ya que de manera errónea, en el libro de entradas de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, figura como demandante la señora IRIS ONDINA ANDINO, quién cabe aclarar no es demandante en el presente caso; sino, que es la Notaria que autorizó el poder para el representante de la parte demandante, siendo pertinente aclarar que según consta en el expediente judicial de la demanda con número 032-22, Juez 2, en primera instancia; por lo que al aparecer la señora Iris Ondina Andino en el libro de entradas de la Corte en referencia no hay forma de establecer que se trataba de la apelación de la demanda 032-22, Juez: 2, en primera instancia; de igual manera establece el recurrente que no figura su nombre en el Libro de Entradas de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (5): Y en ese mismo orden de ideas sigue manifestando el recurrente que no consta su nombre como representante procesal sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social en la Cédula de Notificación emitida por el Secretario de la Corte donde se señala para el veintidós (22) de febrero del dos mil veintitrés (2023) Audiencia de Alegaciones, misma que se llevó a cabo sin estar presente el Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), por lo que no fue notificado por ningún medio para comparecer a la Audiencia antes señalada como ser la de Alegaciones; cuando ya tenía poder presentado el Representante de la Procuraduría mediante comparecencia presentada en fecha veintiséis (26) de Enero del dos mil veintitrés (2023) ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa del Departamento de Olancho en donde se tiene por asumido el poder en la demanda Ordinaria Laboral; en el cual notificaron a la abogada LIDIA CAYETANO, quién a partir de la providencia de fecha seis (6) de Febrero del dos mil veintitrés (2023) ya no era parte en el proceso. Y es así que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán incurrió en un quebrantamiento del principio de legalidad y debido proceso, dejando en total indefensión al Estado de Honduras, acto que es lesivo a los intereses del mismo.--- CONSIDERANDO (6): Así mismo el recurrente reitera, que al desestimar el Incidente de nulidad en la resolución y rechazar el Recurso de Reposición dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que se impugna, infringió en forma clara el derecho a la tutela judicial efectiva, inobservando las garantías del debido proceso, razón por la cual es preciso establecer que la resolución del trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023) carece de requisitos elementales de las resoluciones , ya que no supone una justificación racional, expresada mediante un razonamiento lógico concreto, no abstracto, particular, no genérico, haciendo vulneraciones a la garantía de la Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los contenidos en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República, haciendo énfasis en el artículo 1: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la Justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y Social.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser Juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” Artículo 321 “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO (8): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO (9): Que la resolución recurrida se fundamenta en los artículos 718, 719 y 858 del Código del Trabajo; 1, 193, 212 y 213 del CPC, que relaciona lo concerniente a las nulidades, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 416 al 423 del CPC, señalando específicamente la Alzada el precepto 193 y 212 del mismo cuerpo legal, estableciendo que las resoluciones judiciales en los procesos de declaración y de ejecución, así como en los procedimientos cautelares se adoptarán en la forma de Autos, que es cuando se requiera una resolución fundada que decida sobre nulidad o validez de las actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales. En cuanto a la nulidad de actuaciones al que se refiere el artículo 212 en cuanto a los actos procesales serán nulos; que no es lo que sucede en el presente caso ya que el Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras, NO ERA PARTE PROCESAL EN EL PRESENTE JUICIO, y es por eso que le declaran SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES, alegando el Representante del Estado de Honduras, que no fue notificado por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, para comparecer a la audiencia de alegaciones, a pesar que ya había presentado poder mediante comparecencia en fecha seis de febrero del dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (10): Que la analogía consiste en aplicar a un caso no regulado por la ley, pero semejante a los en ella contemplados, una norma extraída de la propia ley (analogía legis) o del ordenamiento jurídico en su conjunto (analogía iuris). La analogía es un procedimiento ideado para colmar lagunas de la ley. No es, por tanto, una interpretación sino una integración de la ley. La aplicación analógica supone verdadera creación del Derecho, precisamente para regular casos no previstos por la ley. Cabanellas de Torres brinda el siguiente concepto: *ANALOGIA. Semejanza entre cosas o ideas distintas, cuya aplicación se admite en Derecho para regular, mediante un caso previsto en la ley, otro que, siéndolo semejante, se ha omitido considerar en aquélla. CONSIDERANDO (11): Que en el artículo 718 del Código del Trabajo referente al principio de Libertad en cuanto a la determinación que toma un Juez en la forma de actos no reglados estableciéndose en dicho artículo “Que los actos del Proceso para los cuales las leyes no prescriban una forma determinada, los realizará el Juez o dispondrá que se lleven a cabo, de manera adecuada al logro de su finalidad. Y en cuanto al artículo 719 del Código del trabajo referente a la forma de realizar las notificaciones; y al observar la foliada de los antecedentes de las dos piezas del A-quo se puede verificar que el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, no tenía poder de representación, por el cual no fue notificado; sino que la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en representación del Estado de Honduras. Por lo que el artículo 136.1 del Código Procesal Civil menciona que las Resoluciones Judiciales se notificarán a todos los que sean parte en el Proceso. CONSIDERANDO (12): Que el Artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; en ese orden de ideas el artículo 3 del CPC define que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones. Asimismo el artículo 1 numeral 3 del mismo ordenamiento jurídico prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. CONSIDERANDO (13): Que vista y analizada la resolución de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que se declara sin lugar la nulidad de actuaciones presentada por comparecencia, por el abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS. Y todo esto en virtud de la revisión de la foliada se puede verificar que en la pieza del Ad-quem, en el folio trece, obra lo que es la cédula notificación donde se notifica en fecha catorce de febrero del dos mil veintitrés, solamente a la abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, como representante procesal del Estado de Honduras y al Abogado WISTON DARIEL GUILLEN ESPINAL, en su condición de representante Procesal de los demandantes; para señalamiento de audiencia de ALEGACIONES, a realizarse el día miércoles veintidós de Febrero del dos mil veintitrés a las nueve con treinta minutos de la mañana; manifestando el Representante Procesal del Estado de Honduras abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, que él no fue notificado, ya que a la persona que notificaron fue a la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, declarándose en esta audiencia de Alegaciones por el Ad-quem precluído el derecho a formular alegaciones, por no haber comparecido la Representante Sustituta del Estado de Honduras a pesar de la espera que se hizo; siguiendo la revisión de la foliada se puede observar que el Abogado Tomás Alberto Moncada Ramos al presentar su recurso de reposición con las fotocopias de resolución de poder y una constancia de notificación hecha por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa que obran a folios diecinueve y veinte de la pieza del Ad-quem contra la resolución de fecha trece de Marzo del dos mil veintitrés; por lo que al Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras se le resolvió en fecha “seis de Febrero del dos mil veintitrés, folio número diecinueve en fotocopia que obra en la pieza del Ad-quem resolución en donde se tiene por asumido el Poder de representación legal del Estado de Honduras en la demanda ordinaria laboral y a su vez delegado el poder con que actúa el Procurador General de la República y por ende representante legal del Estado de Honduras Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a favor del Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, poder de prohibición de sustituir y delegar hasta esta fecha por exceso de trabajo en las diferentes materias.” No encontrándose la comparecencia original del poder delegado en los antecedentes del expediente del A-quo; Así mismo una constancia de notificación en fotocopia que obra a folio veinte de la pieza del Ad-quem de fecha ocho de febrero del dos mil veintitrés, no encontrándose tampoco la original en el expediente del A-quo; alegando en la nulidad de actuaciones su representación ya hecha en comparecencia; misma que no consta la original en el expediente del A-quo. CONSIDERANDO (14): Que aunado a ello, el recurrente alega que en el libro de entradas de los expediente en la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, estaba el expediente con otro número como ser el 15121, en el que este, es el nuevo número de entrada que se asigna en la Corte y el 00032-2022 es el del Juzgado; por lo que es el mismo expediente y con el nombre de la señora IRIS ONDINA ANDINO Y OTROS, que no es vinculante con lo que haya en el libro de entradas, con lo que contiene en su fondo el expediente; Y es así que por esa confusión al momento que se eleva la compulsa del expediente, no sabía que era el expediente que supuestamente él estaba como Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social; que actualmente es Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Sin embargo el Ad-quem solicitó informe a la Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa del Departamento de Olancho, emitiendo bajo una constancia de fecha diez (10) de Abril del dos mil veintitrés (2023); que obra en el folio veintisiete (27) del expediente del Ad-quem; en donde consta que la señora BLANCA DANUBIA ZAPATA, en su condición de secretaria del Juzgado referido informa:(SIC)…”Que EL Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA le delegaron poder que corresponde a la pieza separada en la cual presentaron Nulidad, y en la misma comparecencia le delegaron poder y fue en fecha veintiséis26) de enero del año dos mil veintitrés(2023),pero en la pieza principal no corre agregado ningún poder del abogado.-siendo la apoderada legal de la pieza principal la abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ.”. En virtud de lo informado el Ad-quem también le declara la nulidad Sin lugar por no ser parte en el proceso, como se pudo observar en la foliada de las piezas principales del A-quo que no existe ningún poder a favor del señor TOMAS ALBERTO MONCADA, que le haya sustituido el Procurador General de la República de Honduras. CONSIDERANDO (15): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha trece de marzo del año dos mil veintitrés, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha observado el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido no vulnera el debido proceso, al invocar el recurrente en la resolución que se impugna, que se le declare la admisión de la Nulidad absoluta de actuaciones por prescindir de las normas esenciales del procedimiento desde la entrada del expediente a la Corte de Apelaciones del Trabajo; por no habérsele notificado la realización de audiencia de Alegaciones y en consecuencia al no ser parte en el proceso el Ad-quem no tenía la obligación de notificarle; sin embargo se le notificó a la Abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, de dicha audiencia a la cual no compareció a la misma. Debiéndose aplicar el artículo 136.1 del CPC en el que establece en forma clara a quienes se deben notificar las resoluciones; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con observancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello no vulnera los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90. CONSIDERANDO (16) Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en los artículos 212.4 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso sin ningún obstáculo a la justicia. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia no existe vulneración de los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada por el Ad-quem, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, al emitir una resolución con observancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, respetando y no violentando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo motivos suficientes para concluir que el recurso de amparo interpuesto no debe ser otorgado. CONSIDERANDO (19): Que al no otorgar el amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea aplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada dictó resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emitió una resolución con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en segunda instancia, o los demás alcances que pueda determinar la resolución, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 1, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 136.1, 200, 206, 207, 208, 212, 212.3, 421.2, 705, 590.3 y 594 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), contra la resolución de fecha trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023), dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras; contra la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha once (11) de Septiembre del dos mil veinticuatro (2024), y por la cual se falla denegando el recurso de amparo interpuesto a favor del Estado de Honduras a través de la extinta SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS); contra el fallo proferido por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023). CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha doce (12) de Junio del año dos mil veintitrés (2023), denegando la misma en Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha once (11) de Septiembre del dos mil veinticuatro (2024). CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (3): Que vista la petición del recurrente, se aprecia una transcripción literal en todas y cada una de sus partes del Recurso de Amparo presentado en fecha doce de Junio del dos mil veintitrés, de lo cual se puede apreciar que el recurrente funda su petición del recurso de reposición en los mismos argumentos planteados en el recurso de Amparo, argumentos a los cuales esta Sala ya dio respuesta, por ello las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha once (11) de Septiembre del dos mil veinticuatro (2024) que corre agregada en autos, se establece claramente en sus CONSIDERANDOS TRECE (13), CATORCE (14) Y QUINCE (15), las razones que la Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, por considerar que el auto resolutivo de fecha trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, no es violatoria de la tutela judicial efectiva y ni del debido proceso que arguye el impetrante vulnerados, por ello no existen razones para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que al argumento planteado por el recurrente en el recurso de reposición, referido a que “Que no se reconoce el debido proceso por no haberse dado a su representado su derecho de defensa, ya que no fue notificado en la etapa de alegaciones de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y que no se tuvo a la vista por la sala el tomo dos (2) del expediente principal, que es la pieza donde se encuentra el escrito de Poder con qué actúa”. En relación a este argumento, No se le notificó al Recurrente porque no era parte en el proceso; pero se notificó a otra abogada de la Procuraduría General de la República abogada LIDIA CAYETANO BERNARDEZ, en fecha catorce (14) de Febrero del dos mil veintitrés (2023), por el secretario de la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, como representante procesal del Estado de Honduras, según consta en la pieza del Ad-quem; en la que ella formaba parte en el proceso; misma que no compareció a la audiencia de Alegaciones. Y en cuanto al tomo 2 que no se menciona, que hace referencia el recurrente, pues el mismo se encuentra a la orden de la sala; estando a la orden de la sala los dos tomos principales del A-quo del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa; la pieza del Ad-quem y la pieza del Recurso de la Sala Constitucional; y revisando la foliada de los dos tomos principales del A-quo se puede observar que no se encuentra agregado la sustitución de Poder a favor del Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en donde solamente consta en la pieza del Ad-quem, folio diecinueve, una fotocopia de la delegación del poder, al Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, misma que no se encuentra su original en ninguna de las piezas correspondientes. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 316 de la Constitución de la República; 74, 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de septiembre del dos mil veinticuatro, y de la resolución de fecha diecinueve de noviembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0796-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL