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Sentencia AL-71-23 — Registro 19172

Resumen

Solicitud de desembargo planteada por Apoderado Legal de la Cooperativa Agropecuaria Guanchis, con relación a un embargo decretado sobre un bien inmueble propiedad de la demandada a favor de los demandantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, observa motivadamente la preceptiva legal ordinaria que resulta aplicable a la cuestión jurídica controvertida, particularmente en lo que se refiere a la definición legal de exigibilidad del título ejecutivo, según contemplada en los artículos 779 y 786 del Código del Trabajo, para tener aparejada ejecución. Es claro que, para tal proceder, se requiere título ejecutivo y el ajustado cumplimiento de las condiciones y requisitos que preestablece el Código del Trabajo. Observándose, pues, motivación suficiente y fundada en derecho, al ordenar al Iudex A Quo efectué las diligencias pertinentes, a fin de obtener certeza de la legitimidad del título, previo a conceder el decreto de embargo solicitado. CONSIDERANDO (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (10): Que, para la Sala de lo Constitucional, la resolución de fecha doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023), según emitida por Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por parte del recurrente. Quedando a salvo el derecho de las partes a promover el proceso ordinario que corresponda, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo; con relación a las disposiciones del derecho de trabajo que salvaguardan la interrupción de la prescripción de las acciones para reivindicar derechos, en caso de tramitarse demanda o gestión ante la autoridad competente..."

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 67 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 779 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 786 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Gabriel Ricardo Díaz Licona, a favor de los señores Arnaldo Fuentes Espinoza y Blanca Ondina Diaz Martel, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce de enero de dos mil veintitrés, que declaró no ha lugar el recurso el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras de El Progreso, departamento de Yoro, de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, con relación a la demanda ejecutiva laboral promovida por los señores Arnaldo Fuentes Espinoza y Blanca Ondina Díaz Martel, contra la Cooperativa Agropecuaria Guanchias Limitada. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de El Progreso, departamento de Yoro, el Abogado Gabriel Ricardo Díaz Licona, en su condición de Apoderado Legal de los señores Arnaldo Fuentes Espinoza y Blanca Ondina Díaz Martel, interponiendo “DEMANDA EJECUTIVA LABORAL…”, contra la Cooperativa Agropecuaria Guanchis Limitada, a través del Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal, el señor Rigoberto Bonilla Urbina. (Folios 1-5 del expediente del A-quo) 2) El Juzgado de Letras de El Progreso, departamento de Yoro, conociendo de la solicitud de desembargo planteada por el Abogado Mario Mejía, en su condición de Apoderado Legal de la Cooperativa Agropecuaria Guanchis, con relación a un embargo decretado sobre un bien inmueble propiedad de la demandada, fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: Acceder a la solicitud de DESEMBARGO planteada por el ABG MARIO MEJIA en su condición de apoderado legal de COOPERATIVA GUANCHIAS LTDA y en consecuencia se decreta el desembargo decretado sobre el bien inmueble registrado bajo matricula numero 984614 asiento 1 del IP de esta sección registral que fue decretado en fecha 24-sep-2021. SEGUNDO: Líbrese el mandamiento de ley respectivo al IP de esta ciudad a fin de que dejen sin valor y efecto la medida antes relacionada e inscriban la misma. Se resuelve hasta esta fecha en razón de la excesiva carga procesal y la vasta cantidad de audiencias evacuadas a diario lo cual es de conocimiento tanto de las partes como de las autoridades superiores quienes han hecho caso omiso a los requerimientos hechos en tal sentido. NOTIFIQUESE…” (Folio 157 vuelto del expediente del A-quo) 3) La Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, conociendo del recurso de apelación impetrado por Gabriel Ricardo Díaz Licona, en su condición de Apoderado Legal de los señores Arnaldo Fuentes Espinoza y Blanca Ondina Díaz Martel, contra la resolución referida en el numeral que antecede, en fecha doce de enero de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación planteado por la parte actora contra el auto interlocutorio de fecha veintidós de noviembre del año dos mil veintidós dictado por el Juzgado de Letras de la sección judicial de El Progreso Yoro en la demanda de la referencia; en consecuencia, se CONFIRMA la parte dispositiva del mismo. SEGUNDO: SIN COSTAS, en esta instancia dado el carácter social de la normativa jurídica del trabajo. Y MANDA: Que en esta misma fecha quedan notificados en estrados del presente fallo los apoderados de las partes en litigio; una vez firme el mismo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo. Por la vía electrónica extiéndase copia de la presente acta a los representantes procesales. Redactó: Edgar Leonardy Duarte…” (Folios 10-14 del expediente del Ad-quem) 4) En fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado Gabriel Ricardo Díaz Licona, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Arnaldo Fuentes Espinoza y Blanca Ondina Díaz Martel, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-Quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90, 94, 103 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que esta Sala, en fecha veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Gabriel Ricardo Díaz Licona, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 45 del recurso) 6) En fecha veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Mercedes Dubón, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Por su parte, resolviendo la impugnación realizada a la resolución de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, certeramente concluye: "SEGUNDO: (...) El decreto de embargo y desembargo en fase de ejecución laboral, no sigue el procedimiento de medidas cautelares que regula la normativa procesal civil, pues este tiene su propia regulación en los artículos 780, 781 y 783 del Código de Trabajo, del contenido de esas disposiciones legales es posible determinar que si el título que sirve de base reúne los requisitos del artículo 779 del mismo cuerpo de leyes, el Juez está obligado a decretar inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes denunciados por el ejecutante; en el presente caso se ha cuestionado la validez del título ejecutivo, razón por la que esta corte conociendo el asunto vía recurso de apelación, instruyó a la iudex a quo que se ordenara las diligencias que considerara pertinentes a tal fin (folios 153-155pp): de ahí que, mientras no se realicen esas diligencias para tener certeza de la legitimidad del título, no es posible mantener un embargo. El Titulo ejecutivo, necesariamente debe reunir una serie de requisitos de forma y fondo, encontrándose entre los primeros la condición de constituir plena prueba contra el deudor, de donde se deriva la exigencia legal, con miras a evitar el abuso del litigio en estos casos y para dar certeza de que el ejecutado es el obligado. A partir de las consideraciones judiciales ut supra, vemos que están sobre la base del Código del Trabajo de la República de Honduras, artículos 779, 780, 781 y 783, que determinan entre otros, que: "será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme, debiéndose inclusive: "citar en el decreto de embargo o secuestro el documento que sirva de título ejecutivo"; entonces al hacer un contraste entre ésta normativa y la causa en estudio, vemos que, tal como lo indica la Honorable Corte de Apelaciones: "se ordenaron varias diligencias para tener certeza de la legitimidad del título", lo que deriva lógicamente que el Juzgado del Trabajo aun no le ha dado el carácter de indubitado con suficiencia necesaria para exigir en forma forzada et cumplimiento de la obligación que contiene al documento en el que los demandantes fundan su demanda ejecutiva laboral. Sumado a lo antes expuesto, no puede obviarse también que la Ley de Inspección del Trabajo, ya determina un procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones de carácter monetario al patrono por el incumplimiento de normativas laborales indicadas en los Artículos 71, 72 y 73 de la precitada normativa, así como también que, es precisa la afirmación de la Corte de Apelaciones al estimar que: El decreto de embargo y desembargo en fase de ejecución laboral, no sigue el procedimiento de medidas cautelares que regula normativa procesal civil, pues este tiene su propia regulación en los artículos 780, 781 y 83 del Código de Trabajo. Nótese además, que la resolución impugnada de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintitrés, no solo es conforme a Derecho dejando claro que los procedimientos especiales denominados juicios ejecutivos laboral proceden para exigir ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o que emana de una decisión judicial, extremo que aún no se encuentra acreditado en el caso sub judice, sino que además, ha cumplido con la obligación de emitir una resolución debidamente motivada, juicio de la autoridad judicial que efectuó de forma completa, exponiendo no solo las premisas fácticas de su razonamiento que permitan demostrar la racionalidad jurídica de la decisión que ha adoptado, sino también, todas las cuestiones de Derecho que han constituido el objeto de la controversia, a lo que en su conjunto se le denomina Principio Derecho del Debido Proceso. En la misma línea de pensamiento, debemos resaltar que, existiendo previamente una ley que regula la situación dispuesta por la Corte de Apelaciones del Trabajo en la resolución recurrida, entonces también hubo respeto al principio de legalidad como condición sine qua non para la garantía del debido proceso. Se aprecia además un balance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional, y, la observancia de la normativa aplicable al caso concreto, por ello al igual puede afirmarse que no existió indefensión, que se ha respetado el derecho de defensa. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud que NO se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos constitucionales invocados por el impetrante.” (Folios 53-55 del expediente de mérito) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia de Alzada proferida, por unanimidad de votos de sus miembros, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023), por la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Gabriel Ricardo Díaz Licona, a favor de los señores Arnaldo Fuentes Espinoza y Blanca Ondina Díaz Martel, contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, departamento de Cortés, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), con relación a la DEMANDA EJECUTIVA LABORAL promovida por los señores Arnaldo Fuentes Espinoza y Blanca Ondina Díaz Martel, contra la Cooperativa Agropecuaria Guanchias Limitada; resolución de apelaciones cuya motivación y fundamentación jurídica refiere, fundamentalmente, que, el decreto de desembargo en fase de ejecución laboral, no sigue el procedimiento de medidas cautelares que regula la normativa procesal civil, pues tiene su regulación propia en lo que establecen los artículos 780, 781 y 783 del Código del Trabajo. Del contenido de estos artículos se desprende que, es posible determinar si el título que sirve de base a la ejecución reúne los requisitos del artículo 779 del Código del Trabajo, el Juez está obligado a decretar inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes denunciados por el ejecutante. En el presente caso, se ha cuestionado la validez del título ejecutivo, razón por la que la Corte Ad Quem instruyó a la Iudex A Quo para que ordenara las diligencias que considerara pertinente, con el fin de obtener certeza de la legitimidad del título, condición sine qua non para el mantenimiento de un embargo. El título ejecutivo, necesariamente debe reunir una serie de requisitos de forma y de fondo, encontrándose entre los primeros la plena prueba de su exigibilidad, con mira a evitar el abuso de litigio en los casos y dar certeza de la existencia de la obligación. Por todo lo cual, la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, estimó que lo resuelto en el auto proferido por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, departamento de Yoro, se encontraba ajustado a derecho y debía ser confirmado. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de la presente acción constitucional de amparo, ha manifestado el Abogado GABRIEL RICARDO DÍAZ LICONA, una serie de consideraciones jurídicas y fácticas, en respaldo a la tesis de que la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023), vulneraría los derechos y garantías dispuestas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, contentivo de las declaraciones y derechos, al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa, que asisten a los señores ARNALDO FUENTES ESPINOZA y BLANCA ONDINA DÍAZ MARTEL, en la DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, que le tienen promovida a la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA. Según continua manifestando el amparista, al desestimarse el reclamo garante de su representación procesal, se han disminuido o menoscabado, en perjuicio de sus representados; el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República, en correlación al artículo 3 del Código Procesal Civil; los requisitos externos o formales, e internos o sustanciales, que precaven los artículos 197 y 200 del mismo Código adjetivo, para formar las decisiones de Juzgados y Tribunales, y, los artículos 206, 207 y 208, también del Código Procesal Civil; en cuanto a los requisitos sustanciales de claridad, precisión y exhaustividad que informan la debida congruencia y la motivación suficiente. CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, señala en mejora de su recurso, que el fallo de apelaciones por la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto a su instancia, y confirma, a la vez, el auto recurrido en primera instancia; por adolecer de una serie de irregularidades y anomalías, tales como carecer de motivación, al no establecer los hechos que llegaron a su convencimiento, además de violentar el artículo 8 del Código de Trabajo, el cual refiere la supremacía de la norma laboral sobre cualquier otra disposición que se le oponga. Se han violentado, a la vez, las disposiciones que establece la ley laboral para las actuaciones de apremio, en las cuales no hay contendor; pues la única intervención permitida al ejecutado, es oponer la excepción de pago posterior al título. En cuanto a la lesividad al artículo 82 de la Constitución de la República, el cual transcribe, considera el garantista también este derecho constitucional ha quedado desguarnecido, dado el irrespeto mostrado a la autonomía de un título que lleva aparejada su ejecución, lo cual se ha pretendido desconocer; pese a haberse admitido en primera instancia, por la jurisdicción, a trámite la demanda ejecutiva laboral; lo que conllevó examinar que el título reúne los requisitos legales que la Ley exige, y que se trata de un documento indubitado, que proviene de autoridad competente, como es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Finalmente, que se ha violentado el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho humano, inalienable, al extender los efectos de la inembargabilidad de dichos bienes a la etapa procesal de ejecución de título ejecutivo laboral, lo que constituye una barrera infranqueable para el debido y completo cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; lo que se traduciría en una denegación de justicia, por parte del mismo Estado. Conforme el artículo 786 del Código de Trabajo, el embargo es parte del procedimiento del juicio ejecutivo laboral, por lo cual no constituye una medida cautelar, las que proceden en los juicios declarativos, ya sean ordinarios o abreviados. De manera tal, que el solicitante no devendrá obligado a prestar caución para responder de perjuicios que se podrán irrogar al ejecutado por el embargo, por ser parte del procedimiento laboral, ya que está incorporado al mismo, y no constituye una medida cautelar. En definitiva, considera el garantista, que tal resolución deviene ultrajante a los derechos constitucionales precitados, al ser refrendada en su parte dispositiva, por el Tribunal de Alzada; con lo cual estaría transgrediendo el derecho constitucional de sus representados. Por lo cual solicita, se dé vista al Fiscal del Despacho, a efecto se otorgue el recurso de amparo a favor de sus representados; en vista a ser atentatoria la resolución recurrida de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, con relación a lo normativizado en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (6): Que, la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, en virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones contenidas en la misma, se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional; de igual forma la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia objeto de la presente garantía constitucional, observa motivadamente la preceptiva legal ordinaria que resulta aplicable a la cuestión jurídica controvertida, particularmente en lo que se refiere a la definición legal de exigibilidad del título ejecutivo, según contemplada en los artículos 779 y 786 del Código del Trabajo, para tener aparejada ejecución. Es claro que, para tal proceder, se requiere título ejecutivo y el ajustado cumplimiento de las condiciones y requisitos que preestablece el Código del Trabajo. Observándose, pues, motivación suficiente y fundada en derecho, al ordenar al Iudex A Quo efectué las diligencias pertinentes, a fin de obtener certeza de la legitimidad del título, previo a conceder el decreto de embargo solicitado. CONSIDERANDO (9): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus resoluciones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Pactos y Convenciones suscritas en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (10): Que, para la Sala de lo Constitucional, la resolución de fecha doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023), según emitida por Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por parte del recurrente. Quedando a salvo el derecho de las partes a promover el proceso ordinario que corresponda, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, respecto al efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria en la acción de amparo; con relación a las disposiciones del derecho de trabajo que salvaguardan la interrupción de la prescripción de las acciones para reivindicar derechos, en caso de tramitarse demanda o gestión ante la autoridad competente. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 128, 142, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 42, 45, 54, 55 y 56, 63, 67 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente acción de Amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado GABRIEL RICARDO DÍAZ LICONA, a favor de los señores ARNALDO FUENTES ESPINOZA y BLANCA ONDINA DÍAZ MARTEL, en la DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, que le tienen promovida a la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinticuatro (2024) y por la cual se falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta a favor de los beneficiarios (as) del recurso, contra la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha doce (12) de enero de dos mil veintitrés (2023), impetrando la misma vulneraría los derechos y garantías dispuestas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, contentivo de las declaraciones y derechos, al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa, que les asisten. CONSIDERANDO (1): Que la referida acción de Amparo se interpuso en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veintitrés (2023), procediendo a denegarse por la Sala de lo Constitucional, por considerar encontrarse apegada a derecho la resolución impetrada. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo tiene como finalidad que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare, en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos; lo cual es cumplido, en tanto requisito de procedibilidad, según consta a folios setenta y dos (72) y subsiguientes de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (4): Que, vista la petición recursiva alegada por el Abogado GABRIEL RICARDO DÍAZ LICONA, en su condición preindicada, refiere que se han infringido por la jurisdicción constitucional, las garantías y derechos al debido proceso, al derecho de defensa y demás contenidos en los artículos 80, 82, 90, 128 y 323 de la Constitución de la República; en vista no estar de acuerdo con la resolución denegatoria del caso, por considerarla contraria al Estado Social de Derecho y a lo establecido en el artículo 786 del Código de Trabajo, acorde el cual, en el juicio ejecutivo laboral no se admiten excepciones e incidentes, sólo la de pago con posterioridad al título; no constituyendo una medida cautelar, la que procede en los juicios declarativos, sean ordinarios o abreviados. Tampoco el solicitante de ejecución de Título Ejecutivo Laboral vendrá obligado a responder de perjuicios que podría irrogar al ejecutado por el embargo, por ser parte del procedimiento laboral y no constituir una medida cautelar. Que, finalmente, apunta como agravio constitucional el recurrente, que admitir la tesitura de Sala de Constitucional, mediante la cual se deniega el recurso de amparo, comporta darle validez a la violación en que incurre la autoridad recurrida; por no seguir con el trámite que señala el Código del Trabajo para los juicios ejecutivos, en sus artículos 779, 780, 781, 786 y demás aplicables y que, ignorar que se trata de un Procedimiento Especial, constituye una violación a los derechos constitucionales; como son el debido proceso y el derecho de defensa, sin perjuicio de la nulidad de los actos que impliquen disminución y tergiversación de estas garantías constitucionales. CONSIDERANDO (5): Que finalmente, argumenta el recurrente, que resulta infringida parte del bloque de convencionalidad invocado, particularmente en lo establecido en los artículos 1, 59, 60, 62 y 128 de la Constitución de la República, donde se reconoce la función social y los derechos de los trabajadores. Solicitando de la honorable Sala de lo Constitucional, se reconsidere el fallo dictado en fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), por causar indefensión a la parte en favor de la cual se interpuso el recurso de amparo, así, como en forma colateral, el debido proceso; procediendo a declararlo con lugar, a efecto se reestablezca a los señores ARNALDO FUENTES ESPINOZA y BLANCA ONDINA DÍAZ MARTEL, en los derechos y garantías vulnerados, en el trámite de la DEMANDA EJECUTIVA LABORAL que le tienen promovida a la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA. CONSIDERANDO (6): Que, según jurisprudencia estable de la Sala de lo Constitucional, la garantía del debido proceso, en implicancia o conexidad a la de inviolabilidad del derecho de defensa, se conceptualizan como derechos fundamentales, inalienables e imprescriptibles; constituidos como formalidad y/o garantía preestablecida en Ley y reservada como contenido esencial del derecho a los justiciables; exigibles a través de la garantía jurisdiccional, en los supuestos establecidos en el artículo 183 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que tal regularidad se ha verificado, en la sentencia definitiva dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinticuatro (2024), con relación al derecho constitucional precitado a la luz de lo prescrito en el artículo 779 del Código del Trabajo; pues ha refrendado la Corte Ad Quem el deber judicial de asegurar la tutela judicial efectiva, el cual vincula también a la Iudex a quo, al instruirle: “… para que ordenara las diligencias que considerara pertinentes a tal fin”; lo cual no debe entenderse como nugatorio al derecho social que, en el marco del debido proceso y del derecho de defensa, asiste a ambas partes; correspondiendo a la judicatura garantizarlo, a través de la celeridad y responsabilidad que demanda la dirección del proceso. En tal sentido, la garantía de amparo que se conoce por vía procesal de reposición, se ha declarado sin lugar de conformidad a lo que señalan la Constitución y las leyes, no estando acreditado mérito en el planteamiento revisor expuesto por el garantista, respecto a la procedencia de la anulabilidad de la resolución impugnada, por considerarle nugatoria de la exigibilidad de los derechos sociales y laborales que asisten al trabajador, o trabajadores solicitantes, con preeminencia contra terceros; en la DEMANDA EJECUTIVA LABORAL, que le tienen promovida a la COOPERATIVA AGROPECUARIA GUANCHIAS LIMITADA; argumento que no se sostiene, al confrontar el resolutivo de apelaciones estudiado en garantía de amparo, el cual se reconduce a examinar la actuación judicial tendiente a verificar la idoneidad del título, consistente en acto o documento indubitado proveniente del deudor; tal y como se ha configurado el supuesto de hecho que se conoce por la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, del análisis concreto del caso, se desprende que es propio del Juez del Trabajo verificar el buen derecho de los títulos jurídicos, en el ámbito de su competencia objetiva, con base a la libertad probatoria y oficiosa que se le atribuye por Ley; sin detrimento o menoscabo al acto, o documento indubitado, que es presentado ante la jurisdicción del trabajo, para la completa satisfacción del ejecutante de buena fe. CONSIDERANDO (9): Que según establece el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, una vez solicitada la reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; deberá esta, sin más trámite, proceder a denegar o enmendar la providencia o sentencia, según correspondiere en derecho. CONSIDERANDO (10): Que De lo anterior se colige que la resolución recurrida vía reposición se encuentra ajustada a derecho, por no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 4, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 y 321 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado GABRIEL RICARDO DÍAZ LICONA, a favor de los señores ARNALDO FUENTES ESPINOZA y BLANCA ONDINA DÍAZ MARTEL contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinticuatro (2024). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio y reposición de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0071-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL