Sentencia AL-660-22 — Registro 18854
Resumen
Sala efectivamente constata que en el caso subexamine, la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, ni la igualdad de las personas ante la ley, por lo que se concluye que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que analizada que ha sido la resolución de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con observancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que no constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso, de igualdad y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo; Estima esta Sala de lo constitucional que el hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revise las actuaciones del inferior. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece"...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine, la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, ni la igualdad de las personas ante la ley, por lo que se concluye que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63. 64 y 65 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Alicia Maria Reyes Salgado, a favor de Sí Misma, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, con relación a la demanda laboral promovida por la señora Alicia Maria Reyes Salgado, contra el Consejo Nacional Contra el Narcotráfico. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 60 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco de abril de dos mil trece, compareció ante el Juzgado del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor Héctor Orlando Moncada Alvarenga, interponiendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PAGUE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DEL DESPIDO VERBAL DEL QUE FUI VICTIMA…” en contra del CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO, por medio de su representante legal, el Doctor Víctor Hugo Barnica Alvarado. (Folios 1 al 4 del expediente de antecedentes) 2) En fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia primera de trámite, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “PRIMERO: Que en fecha 11 de abril del año 2018, la abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, presento comparecencia solicitando la tasación de costa, en la cual se resolvió darle, traslado por el termino de días (3) días hábiles a la Representante Procesal de la demandada, a efecto que se pronunciara, sobre la misma; SEGUNDO: Y siendo que corre a folio 92. constancia emitida, de fecha 17 de abril del año 2018, pone a la vista por el termino de tres días hábiles a la Representante Procesal de la parte demandada, a efecto que se pronuncie sobre la tasación de Costas, asimismo venció el día viernes 20 de abril del año 2018, a las doce de la noche, constancia que corre a folio 93 del expediente de mérito; TERCERO: Al tenor del Articulo 126 numeral 1) Código Procesal Civil, como norma supletoria del Código del Trabajo establece "Transcurrido el plazo o pasado el termino señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá oportunidad de realizar el acto de que trate." CUARTO: Por lo que en fecha 08 de mayo del año 2018, se le declaro caducado el derecho y perdido irrevocable el termino dejado de utilizar a la parte demandada, por lo que ese no es el momento procesal oportuno, en virtud que en fecha 20 de abril del año 2019, se venció el mismo; QUINTO: asimismo en cuanto al pronunciamiento de las costas de Ejecución, solicitadas por la abogada DIANA MELISSA PINEDA, no se ha procedido, a darle traslado al Representante Procesal de la parte demandada, a efecto que se pronuncie sobre las mismas; SEXTO: Y siendo que en la etapa de Ejecución no cabrán excepciones, ni incidentes, únicamente la excepción de pago, tal como lo establece el artículo 786 del Código del Trabajo, en consecuencia de lo anteriormente mencionado en los literales anteriores, en consecuencia SE RECHAZA la Nulidad Parcial de actuaciones solicitada por la abogada JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en su condición de Apoderada Legal de la parte demandada, continúese con el trámite correspondiente en el presente juicio. Se hace constar que hasta esta fecha se resuelve en virtud de mediar justa causa por exceso de trabajo en este Tribunal. Articulo 786 y 858 del código del Trabajo, Artículo 201 numeral 2), del Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE.” (Folio 122 del expediente de antecedentes) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Eduardo Pinto Chinchilla, como parte demandada, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por mayoría de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1° Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA.- 2° REVOCAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve que corre a folio 32 frente y vuelto de la pieza compulsada; 3° SIN COSTAS en esta instancia. MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los Apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes…” (Folios 58 al 61 del expediente del A-quem) 4) Que, en fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, compareció la Abogada Alicia María Reyes Salgado, interponiendo recurso de amparo a favor de Sí Misma, afirmando que la sentenca dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta, los derechos consagrados en los artículos 60 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que esta Sala, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por admitido el escrito de proposición de pruebas presentado por la Abogada Alicia Maria Reyes Salgado en fecha veintisiete de enero del dos mil veintitrés, junto con los documentos que se acompañan, en cuanto a su petición, Se Dispuso: 1.- Tener por propuesto y evacuado los medios de prueba denominados "DOCUMENTALES PUBLICOS..."; y, II.- Habiendo vencido en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, al cumplirse las doce de la media noche, el período probatorio y al no haber que evacuar medios de prueba fuera de la sede del órgano jurisdiccional, en consecuencia, se decreta el cierre del mismo, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente dando vista de los autos por cuarenta y ocho horas, al Fiscal del despacho para que emita su dictamen en el presente asunto. (Folio 46 del recurso de mérito) 6) En fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…Sobre el particular, esta representación del Ministerio Público observa que la resolución venida en amparo No vulnera los preceptos constitucionales señalados por el recurrente, ya que lo aseverado por la Alzada, se encuentra en armonía a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, en tal sentido en el caso sub-judice, la parte demandante debió haber acreditado que la demandada actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas, tal como lo dispone el referido decreto, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos pues no solamente es argumentarlo sino que dicho extremo debe ser acreditado en autos. Asimismo, es de resaltar que, si bien es cierto, el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala: "En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado", tal normativa constituye la regla general siendo la excepción a la misma el artículo 8 del decreto citado, por lo que en ese orden de ideas al armonizar ambas disposiciones Legales arribamos a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta del pago de las costas impuestas, observando de esta manera que la sentencia recurrida no quebranta el debido proceso y lo dispuesto en el Principio de Legalidad que establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad". IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista.” (Folios 49 al 54 del recurso de mérito). CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por mayoría de votos en fecha veintiocho (28) de Febrero del dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor Héctor Orlando Moncada Alvarenga, en su condición personal en contra de EL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO, por medio de su Presidente el doctor VICTOR HUGO BARNICA ALVARADO; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en su condición de Apoderado Legal Delegado del Estado de Honduras en representación de EL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO, y REVOCAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente Abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, muestra su disconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 60 y 90 de la Constitución de la República; señala la recurrente que la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Eduardo Pinto Chinchilla a favor del Estado de Honduras y revocando el auto interlocutorio del 14 de Noviembre del dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de la misma sección Judicial, al señalar en su considerando cuatro (4) que (SIC)“….las costas de ejecución deben ser condenadas en el juicio ordinario respectivo, ya que el Juez sólo le corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado, en consecuencia sí en el juicio ordinario laboral no hay condena…”; siendo esta una sentencia violatoria del Derecho de Igualdad ante la Ley y al debido proceso, con la finalidad de que se declare en el caso concreto que el acto impugnado contraviene los derechos ya referidos, en la liquidación de costas de ejecución correspondiente al 10% del total de la cantidad embargada en la cuenta única del Estado de Honduras que fue practicado por la cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS (LPS. 216,268.20), procediendo a tasarse las mismas por la cantidad de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (LPS. 21,626.82), dándose traslado a las partes procesales el término de tres días a fin de que se pronuncien sobre las mismas, sin haber hecho uso del término correspondiente. Por lo que solicita que se le restituya su goce y disfrute. Y siendo que los criterios que toma la Corte que son los siguientes: Que las costas de ejecución deben ser condenadas en el juicio ordinario respectivo, pues al Juez sólo le corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado; que la única manera en materia laboral pueda existir una condena en costas es cuando la ejecución se lleva a cabo a través del juicio ejecutivo laboral; y que de conformidad con el decreto 255-2013 artículo 8, en donde se ha establecido que el Estado en juicio de cualquier naturaleza está exento del pago costas, salvo que se haya incurrido en dolo, entendiéndose que las costas que se reclaman son personales (Honorarios Profesionales); Ya que la Corte en constas estas no pueden ser ejecutadas puesto que no están condenadas. CONSIDERANDO(4): Que asimismo indica el impetrante que el A-quo y el Ad-quem actuaron en violación a lo que establece el artículo 126 numeral 1 del Código Procesal Civil, normativa legal que señala que Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate; declarándose el ocho de mayo del dos mil dieciocho caducado el derecho y perdido irrevocable el término dejado de utilizar a la parte demandada y encontrándose la sentencia en la etapa de ejecución y siendo que en la misma no caben excepciones, ni incidentes, únicamente la excepción de pago tal como lo establece el artículo 786 del Código del Trabajo y es así que el 14 de noviembre del dos mil diecinueve el Juzgado resuelve rechazar la nulidad parcial de actuaciones interpuesta por el Apoderado Legal de la parte demandada, debido a que encuentra en el expediente judicial que se puso a la vista de las partes por el termino de tres días hábiles la solicitud de Tasación de Costas de ejecución para que las mismas se pronunciaran sobre dicha tasación, término que venció el veinte (20) de Abril del dos mil dieciocho sin que ninguna de las partes se manifestaran al respecto. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si el fallo dictado por el Ad-quem, vulnera o no el derecho a la igualdad y al debido proceso; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada declaró con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente revocando la resolución dictada por el A-quo, resolución mediante el cual el referido Juzgado, rechazó la nulidad parcial de actuaciones solicitada por el abogado JOSE EDUARDO PINTO CHINCHILLA, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandada, en la solicitud de liquidación de costas de ejecución, correspondiente al 10% del total de la cantidad embargada, presentada por la parte demandante; Y condenó al CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO por medio de su Representante legal, a pagar la cantidad de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.21,626.82). CONSIDERANDO(6): Que el Ministerio Público por medio de su agente Fiscal SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió Dictamen en relación al asunto sometido a estudio por este Alto Tribunal, siendo de la opinión que se deniegue la Acción de Amparo promovida; sostiene la Fiscal que dicha representación fiscal observa que la resolución en amparo no existe vulneración de las garantías invocadas; por lo que sí se otorga la acción de amparo se estaría violentando lo estipulado en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, el cual entró en vigencia el 23 de enero de 2014, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, sustentando que en materia laboral debe operar el principio de gratuidad; ya que si bien es cierto se realizó requerimiento de pago y embargo al Consejo Nacional contra el Narcotráfico, siendo que se trata de una Institución Estatal no se puede establecer que esta haya actuado con dolo, tal como lo dispone el referido decreto, pues el accionar doloso tendría que ser probado en autos lo cual no ha ocurrido y ni la parte demandante lo acreditó en la demanda. Señala asimismo la representación fiscal que si bien es cierto el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala que en cualquier caso las costas de ejecución se impondrán al ejecutado, tal normativa constituye la regla general, siendo la excepción a la misma el artículo 8 del decreto citado, por lo que en ese orden de ideas se arriba a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta del pago de las costas impuestas, observando que la sentencia recurrida se encuentra conforme a derecho ya que no se quebranta el debido proceso y lo dispuesto en el principio de legalidad, que establece: “ Los Servidores del estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. CONSIDERANDO (7): Que la motivación fundamental del fallo que se impugna, este Tribunal lo encuentra básicamente en los acápites 5, 6 y 7 que señalan: CONSIDERANDO (4): Que una vez examinados los alegatos de las partes como el fallo que se recurre de fecha 14 de noviembre del 2019, la Corte de Apelaciones tiene la obligación de pronunciarse sobre los dos puntos planteados en el recurso de apelación. 1) El Reclamo de Nulidad de actuaciones por falta de representación del Estado que le causó Indefensión. 2) La Tasación de costas y firmeza de dicho auto, para la condena en costas, entendiéndose que se hace referencia costas personales, pues no se han singularizado. CONSIDERANDO (5): Que el rechazo de la nulidad planeada y resuelta en auto de fecha 14 de noviembre del 2019, la basó el A-quo además en que “en cuanto al pronunciamiento de las costas de ejecución solicitadas por la abogada Diana Melisa Pineda, no se ha procedido darle traslado al representante procesal de la parte demandada a efecto de que se pronuncie de las mismas, no entendiendo este Tribunal de Alzada a qué se refiere, puesto que en el mismo auto dice que, está vencido y precluído el término para que se pronuncie sobre la tasación de costas, terminando con que en esta etapa de ejecución no caben excepciones ni incidentes, únicamente la excepción de pago, de tal suerte que en el auto de mérito es contradictorio en sí mismo, ya que la procuraduría como representante legal del estado de Honduras ya fue requerido de pago; Y esta sólo puede suceder sí ya se agotó el trámite de traslado y pronunciamiento sobre la liquidación de costas, no antes, por lo que en ese sentido, la nulidad solicitada por el apelante es procedente, ya que el auto que se recurre es incongruente con las actuaciones ya realizadas, lo cual sí provoca indefensión, porque la falta de claridad, precisión y congruencia en lo resuelto.-CONSIDERANDO (6): Que siendo la Corte de Apelaciones un revisor de las actuaciones del Tribunal de Primera Instancia , considera procedente revocar el auto que se conoce en apelación, para que el A-quo proceda conforme a derecho y dicte un pronunciamiento que resuelva la nulidad planteada, estableciendo tanto el procedimiento para oposición de las costas como su procedencia, ya que por un lado dice que está precluído, pero por otra parte dice que no se ha dado traslado a la otra parte para que se pronuncie sobre las mismas, así como por qué considera que procede la condena en costas de ejecución de sentencia, referidas a Honorarios Profesionales o Costas personales, en el caso de autos, ya que deben de originarse de algún pronunciamiento en el fallo o tener un fundamento legal. CONSIDERANDO(8): Que revisados que han sido los antecedentes de las piezas que forman los expedientes que han sido conocidas por el A-quo y el Ad-quem y revisada que ha sido la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte que la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal de Alzada se fundamenta en normativa procesal civil, como norma supletoria a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo y en el Arancel del Profesional del Derecho. CONSIDERANDO(9): Que como bien lo señala la Agente Fiscal en el Dictamen emitido, el artículo 803, numeral 2 del Código Procesal Civil establece: “En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución.”; aunado a ello mediante Decreto Legislativo No.266-2013 se crea la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, enfocada entre otros aspectos en la necesidad de renacionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado. CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, literalmente establece: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.” -énfasis suplido-. Al igual que la Agente Fiscal del Ministerio Público, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que no consta en autos que el CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO, haya actuado con dolo a efecto de dar cumplimiento Al auto interlocutorio de fecha catorce de noviembre del dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, solicitado por la abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO; a folio 123 de la pieza de antecedentes de primera instancia se encuentra escrito de interposición de Recurso de Reposición y subsidiariamente Apelación, presentado por la parte demandada, precisamente en contra del auto de fecha catorce de noviembre del dos mil diecinueve, donde se rechaza la nulidad parcial de actuaciones solicitado por la parte demandada a través de su representante legal y vencimiento del término legal para hacer uso del mismo a efecto de que se pronuncie sobre la tasación de costas. CONSIDERANDO (11): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. El recurrente plantea la vulneración al derecho de igualdad ante la ley y debido proceso de los preceptos constitucionales 60 y 90 en la resolución de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintidós, dictada por el Ad-quem. Los preceptos constitucionales indicados señalan en su orden: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los Hondureños son iguales ante la Ley……” y Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece….” CONSIDERANDO (12): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO (13): Que analizada que ha sido la resolución de fecha veintiocho de febrero del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con observancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que no constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso, de igualdad y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo; Estima esta Sala de lo constitucional que el hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revise las actuaciones del inferior. CONSIDERANDO (14): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (15): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (16):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine, la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, ni la igualdad de las personas ante la ley, por lo que se concluye que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. CONSIDERANDO (17): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 786 Y 858 del Código de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada ALICIA MARIA REYES SALGADO, a favor de SÍ misma, contra el recurso de apelación dictado por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-660-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL