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Sentencia AL-654-23 — Registro 19737

Resumen

Corte de Apelaciones en sentencia interlocutoria declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio que declaró sin lugar incidente de oposición presentada por la demandada en contra de la tasación de costas de ejecución de sentencia y se procedió a tasarlas, indicando las cantidades de la condena y de las costas que corresponden al 10% sobre monto liquidado, ello en base al Arancel del profesional del derecho, en relación a la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario que pague prestaciones e indemnizaciones laborales; acción promovida por demandante contra el ahora recurrente; Dicha Corte en sus considerandos cita un fallo de la Sala de lo Constitucional emitido anteriormente y en base a éste establece que el juez de instancia debe velar por la estricta ejecución de la sentencia definitiva que se encuentra firme.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"en los considerandos cuatro, cinco, seis y siete de la motivación, de la resolución recurrida en Amparo, se encuentra el argumento fundamental a través del cual el Ad-quem resolvió declarar sin lugar el recurso se apelación promovido por la Parte Demandada y confirmó el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo, que declara sin lugar la Oposición presentada por el Representante Legal de la Parte Demandada y ordena se proceda a tasar las Costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97); en tal sentido, en los considerandos referidos, la Corte recurrida cita una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, transcribiendo los considerandos 9, 10 y 12 de la referida sentencia y de interés a efecto de la resolución del caso sub-júdicie, en los considerandos 6 y 7 expresa:...vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar el auto interlocutorio apelado.-”; y consecuencia de ello, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, falla en su resolutivo, contrario a lo argumentado e invocado en la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).."..."revisados que han sido los antecedentes de las piezas que forman los expedientes que han sido conocidas por el A-quo y el Ad-quem y revisada que ha sido la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte que las resoluciones dictadas en Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada se fundamentan: El A-quo en que ha existido Dolo, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, por el hecho de haber transcurrido 17 días desde la fecha de requerimiento de pago, hasta la fecha de embargo; tiempo que el A-quo consideró suficiente para que la entidad demandada hiciese su gestión a efecto de cumplir con las cantidades requeridas objeto de la ejecución de la sentencia; y, la Corte de Apelaciones invoca una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en la que se argumenta que la sentencia dictada por el Ad-quem ha sido dictada en inobservancia a lo establecido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y con ello se vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como ser el Debido Proceso y el Principio de Legalidad, asimismo argumenta la Sala de lo Constitucional, que el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada, similar situación con la presentada en el caso sub-júdice, como supra se refirió..."..."Al igual que la autoridad recurrida, esta Sala de lo Constitucional mantiene los argumentos del fallo constitucional invocado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, pues el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada no constituye necesariamente una negativa a dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual fue condenada; sentencia que fue dictada en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, a favor del señor Ángel Valentín Aguilar Aguilera; tal es así que la demandada se Opuso a la petición de pago de costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante, haciendo uso de los recursos que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un superior revisara la actuación del inferior, por considerar que el pago de las Costas de Ejecución no procede;..."...Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La recurrente plantea la vulneración al derecho al Debido Proceso, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 82, 90 y 183 numeral 2), en la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Ad-quem. En tal orden de ideas el artículo 90 de la Constitución de la República establece: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”..."el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; el principio de legalidad se encuentra garantizado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que a la letra dice:..."..."analizada que ha sido la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo; Estima esta Sala de lo constitucional que el hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revise las actuaciones del inferior..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en el presente libelo, dicte una sentencia congruente a sus argumentaciones, debidamente motivada a efecto de determinar si existe dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

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Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

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Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

n

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en los considerandos cuatro, cinco, seis y siete de la motivación, de la resolución recurrida en Amparo, se encuentra el argumento fundamental a través del cual el Ad-quem resolvió declarar sin lugar el recurso se apelación promovido por la Parte Demandada y confirmó el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo, que declara sin lugar la Oposición presentada por el Representante Legal de la Parte Demandada y ordena se proceda a tasar las Costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97); en tal sentido, en los considerandos referidos, la Corte recurrida cita una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, transcribiendo los considerandos 9, 10 y 12 de la referida sentencia y de interés a efecto de la resolución del caso sub-júdicie, en los considerandos 6 y 7 expresa:...vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar el auto interlocutorio apelado.-”; y consecuencia de ello, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, falla en su resolutivo, contrario a lo argumentado e invocado en la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).."..."revisados que han sido los antecedentes de las piezas que forman los expedientes que han sido conocidas por el A-quo y el Ad-quem y revisada que ha sido la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte que las resoluciones dictadas en Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada se fundamentan: El A-quo en que ha existido Dolo, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, por el hecho de haber transcurrido 17 días desde la fecha de requerimiento de pago, hasta la fecha de embargo; tiempo que el A-quo consideró suficiente para que la entidad demandada hiciese su gestión a efecto de cumplir con las cantidades requeridas objeto de la ejecución de la sentencia; y, la Corte de Apelaciones invoca una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en la que se argumenta que la sentencia dictada por el Ad-quem ha sido dictada en inobservancia a lo establecido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y con ello se vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como ser el Debido Proceso y el Principio de Legalidad, asimismo argumenta la Sala de lo Constitucional, que el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada, similar situación con la presentada en el caso sub-júdice, como supra se refirió..."..."Al igual que la autoridad recurrida, esta Sala de lo Constitucional mantiene los argumentos del fallo constitucional invocado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, pues el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada no constituye necesariamente una negativa a dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual fue condenada; sentencia que fue dictada en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, a favor del señor Ángel Valentín Aguilar Aguilera; tal es así que la demandada se Opuso a la petición de pago de costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante, haciendo uso de los recursos que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un superior revisara la actuación del inferior, por considerar que el pago de las Costas de Ejecución no procede;..."...Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La recurrente plantea la vulneración al derecho al Debido Proceso, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 82, 90 y 183 numeral 2), en la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Ad-quem. En tal orden de ideas el artículo 90 de la Constitución de la República establece: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”..."el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; el principio de legalidad se encuentra garantizado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que a la letra dice:..."..."analizada que ha sido la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo; Estima esta Sala de lo constitucional que el hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revise las actuaciones del inferior..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en el presente libelo, dicte una sentencia congruente a sus argumentaciones, debidamente motivada a efecto de determinar si existe dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en los considerandos cuatro, cinco, seis y siete de la motivación, de la resolución recurrida en Amparo, se encuentra el argumento fundamental a través del cual el Ad-quem resolvió declarar sin lugar el recurso se apelación promovido por la Parte Demandada y confirmó el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo, que declara sin lugar la Oposición presentada por el Representante Legal de la Parte Demandada y ordena se proceda a tasar las Costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97); en tal sentido, en los considerandos referidos, la Corte recurrida cita una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, transcribiendo los considerandos 9, 10 y 12 de la referida sentencia y de interés a efecto de la resolución del caso sub-júdicie, en los considerandos 6 y 7 expresa:...vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar el auto interlocutorio apelado.-”; y consecuencia de ello, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, falla en su resolutivo, contrario a lo argumentado e invocado en la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).."..."revisados que han sido los antecedentes de las piezas que forman los expedientes que han sido conocidas por el A-quo y el Ad-quem y revisada que ha sido la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte que las resoluciones dictadas en Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada se fundamentan: El A-quo en que ha existido Dolo, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, por el hecho de haber transcurrido 17 días desde la fecha de requerimiento de pago, hasta la fecha de embargo; tiempo que el A-quo consideró suficiente para que la entidad demandada hiciese su gestión a efecto de cumplir con las cantidades requeridas objeto de la ejecución de la sentencia; y, la Corte de Apelaciones invoca una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en la que se argumenta que la sentencia dictada por el Ad-quem ha sido dictada en inobservancia a lo establecido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y con ello se vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como ser el Debido Proceso y el Principio de Legalidad, asimismo argumenta la Sala de lo Constitucional, que el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada, similar situación con la presentada en el caso sub-júdice, como supra se refirió..."..."Al igual que la autoridad recurrida, esta Sala de lo Constitucional mantiene los argumentos del fallo constitucional invocado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, pues el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada no constituye necesariamente una negativa a dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual fue condenada; sentencia que fue dictada en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, a favor del señor Ángel Valentín Aguilar Aguilera; tal es así que la demandada se Opuso a la petición de pago de costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante, haciendo uso de los recursos que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un superior revisara la actuación del inferior, por considerar que el pago de las Costas de Ejecución no procede;..."...Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La recurrente plantea la vulneración al derecho al Debido Proceso, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 82, 90 y 183 numeral 2), en la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Ad-quem. En tal orden de ideas el artículo 90 de la Constitución de la República establece: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”..."el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; el principio de legalidad se encuentra garantizado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que a la letra dice:..."..."analizada que ha sido la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo; Estima esta Sala de lo constitucional que el hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revise las actuaciones del inferior..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en el presente libelo, dicte una sentencia congruente a sus argumentaciones, debidamente motivada a efecto de determinar si existe dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en los considerandos cuatro, cinco, seis y siete de la motivación, de la resolución recurrida en Amparo, se encuentra el argumento fundamental a través del cual el Ad-quem resolvió declarar sin lugar el recurso se apelación promovido por la Parte Demandada y confirmó el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo, que declara sin lugar la Oposición presentada por el Representante Legal de la Parte Demandada y ordena se proceda a tasar las Costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97); en tal sentido, en los considerandos referidos, la Corte recurrida cita una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, transcribiendo los considerandos 9, 10 y 12 de la referida sentencia y de interés a efecto de la resolución del caso sub-júdicie, en los considerandos 6 y 7 expresa:...vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar el auto interlocutorio apelado.-”; y consecuencia de ello, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, falla en su resolutivo, contrario a lo argumentado e invocado en la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).."..."revisados que han sido los antecedentes de las piezas que forman los expedientes que han sido conocidas por el A-quo y el Ad-quem y revisada que ha sido la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte que las resoluciones dictadas en Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada se fundamentan: El A-quo en que ha existido Dolo, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, por el hecho de haber transcurrido 17 días desde la fecha de requerimiento de pago, hasta la fecha de embargo; tiempo que el A-quo consideró suficiente para que la entidad demandada hiciese su gestión a efecto de cumplir con las cantidades requeridas objeto de la ejecución de la sentencia; y, la Corte de Apelaciones invoca una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en la que se argumenta que la sentencia dictada por el Ad-quem ha sido dictada en inobservancia a lo establecido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y con ello se vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como ser el Debido Proceso y el Principio de Legalidad, asimismo argumenta la Sala de lo Constitucional, que el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada, similar situación con la presentada en el caso sub-júdice, como supra se refirió..."..."Al igual que la autoridad recurrida, esta Sala de lo Constitucional mantiene los argumentos del fallo constitucional invocado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, pues el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada no constituye necesariamente una negativa a dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual fue condenada; sentencia que fue dictada en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, a favor del señor Ángel Valentín Aguilar Aguilera; tal es así que la demandada se Opuso a la petición de pago de costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante, haciendo uso de los recursos que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un superior revisara la actuación del inferior, por considerar que el pago de las Costas de Ejecución no procede;..."...Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La recurrente plantea la vulneración al derecho al Debido Proceso, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 82, 90 y 183 numeral 2), en la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Ad-quem. En tal orden de ideas el artículo 90 de la Constitución de la República establece: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”..."el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; el principio de legalidad se encuentra garantizado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que a la letra dice:..."..."analizada que ha sido la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo; Estima esta Sala de lo constitucional que el hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revise las actuaciones del inferior..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en el presente libelo, dicte una sentencia congruente a sus argumentaciones, debidamente motivada a efecto de determinar si existe dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"en los considerandos cuatro, cinco, seis y siete de la motivación, de la resolución recurrida en Amparo, se encuentra el argumento fundamental a través del cual el Ad-quem resolvió declarar sin lugar el recurso se apelación promovido por la Parte Demandada y confirmó el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo, que declara sin lugar la Oposición presentada por el Representante Legal de la Parte Demandada y ordena se proceda a tasar las Costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97); en tal sentido, en los considerandos referidos, la Corte recurrida cita una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, transcribiendo los considerandos 9, 10 y 12 de la referida sentencia y de interés a efecto de la resolución del caso sub-júdicie, en los considerandos 6 y 7 expresa:...vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar el auto interlocutorio apelado.-”; y consecuencia de ello, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, falla en su resolutivo, contrario a lo argumentado e invocado en la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).."..."revisados que han sido los antecedentes de las piezas que forman los expedientes que han sido conocidas por el A-quo y el Ad-quem y revisada que ha sido la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte que las resoluciones dictadas en Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada se fundamentan: El A-quo en que ha existido Dolo, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, por el hecho de haber transcurrido 17 días desde la fecha de requerimiento de pago, hasta la fecha de embargo; tiempo que el A-quo consideró suficiente para que la entidad demandada hiciese su gestión a efecto de cumplir con las cantidades requeridas objeto de la ejecución de la sentencia; y, la Corte de Apelaciones invoca una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en la que se argumenta que la sentencia dictada por el Ad-quem ha sido dictada en inobservancia a lo establecido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y con ello se vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como ser el Debido Proceso y el Principio de Legalidad, asimismo argumenta la Sala de lo Constitucional, que el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada, similar situación con la presentada en el caso sub-júdice, como supra se refirió..."..."Al igual que la autoridad recurrida, esta Sala de lo Constitucional mantiene los argumentos del fallo constitucional invocado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, pues el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada no constituye necesariamente una negativa a dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual fue condenada; sentencia que fue dictada en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, a favor del señor Ángel Valentín Aguilar Aguilera; tal es así que la demandada se Opuso a la petición de pago de costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante, haciendo uso de los recursos que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un superior revisara la actuación del inferior, por considerar que el pago de las Costas de Ejecución no procede;..."...Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La recurrente plantea la vulneración al derecho al Debido Proceso, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 82, 90 y 183 numeral 2), en la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Ad-quem. En tal orden de ideas el artículo 90 de la Constitución de la República establece: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”..."el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; el principio de legalidad se encuentra garantizado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que a la letra dice:..."..."analizada que ha sido la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo; Estima esta Sala de lo constitucional que el hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revise las actuaciones del inferior..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en el presente libelo, dicte una sentencia congruente a sus argumentaciones, debidamente motivada a efecto de determinar si existe dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada LUDYN MERARY HERNANDEZ OLIVA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra el Auto Interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), que declara Sin Lugar la Oposición presentada por la Parte Demandada en contra de la Tasación de las Costas de Ejecución de sentencia, peticionada por la Parte Demandante; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado ANGEL VALENTIN AGUILAR AGUILERA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, a través del programa EDUCATODOS. Estima la recurrente en Amparo, que el acto reclamado, es violatorio al Debido Proceso, específicamente en lo dispuesto en el artículo 183 numeral 2) de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis de enero del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el abogado ANGEL VALENTIN AGUILAR AGUILERA, promoviendo Demanda Ordinaria Laboral, contra EL ESTADO DE HONDURAS, representado por el Procurador General de la República, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a fin de que responda por las actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, a través del Programa EDUCATODOS, a efecto que el Patrono, pruebe la justa causa del despido, caso contrario se proceda al pago inmediato de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones proporcionales, décimo cuarto, mes proporcional y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, siendo la cuantía de la demanda un total de CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (L.181,398.98). (Folios del 1-4fv de la primera pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha veintiocho de junio del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUAN AGUSTÍN AGUILERA ESTRADA, en su condición de Representante Procesal de la Parte Demandante, presentando liquidación de costas de ejecución por la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97) correspondiente al diez por ciento (10%) de la cantidad ejecutada, en atención a que el Estado de Honduras a través de su Representante Legal, no pagó en el acto del requerimiento y consecuentemente fue la parte demandante la que diligenció todas las acciones conducentes para obtener la cantidad adeudada por prestaciones y salarios dejados de percibir en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 1,307,309.66). (Folio 99fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dictó Resolución mediante la cual declaró: “… QUINTO (5): Que el Juez laboral hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz al litigio; En consecuencia se declara SIN LUGAR la oposición presentada por el Representante Legal de la parte demandada en contra de la Tasación las Costas de Ejecución de Sentencia reclamada por el Abogado JUAN AGUSTIN AGUILERA ESTRADA y se procede a tasar las COSTAS DE EJECUCION de la siguiente manera: se tiene que la cantidad condenada es de UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.1,307,309.66) y las COSTAS DE EJECUCION equivalen a CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97) mismo que corresponde al 10% sobre el monto liquidado en las diligencias de mérito y que las mismas están protegidas por el arancel del profesional del derecho en su artículo 77 numeral b párrafo 4. Y MANDA: Que el presente auto la Secretaria Adjunta del despacho lo notifique a los representantes procesales de las partes mediante los medios electrónicos proporcionados por los mismos, debiendo hacerles la advertencia que estos deberán comportarse con la debida lealtad y probidad durante el proceso, quedando la suscrita bajo la potestad de rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz litigio. Artículo 302 de la Constitución de la República, Artículo 77 numeral 8 del arancel del Profesional de Derecho, 120 del Código Procesal Civil y 667, 718, 726, y 858 del Código del Trabajo. NOTIFIQUESE…” (Folios 105-106fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra la Resolución que antecede y dictada por el A-quo, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), mediante la cual falló: “1.- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ANGELA ROSIBEL MORENO VARELA; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha tres de Noviembre del año dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, recaído en la tasación de costas de ejecución presentada por el apoderado demandante; en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO, CASO CONTRARIO SE PROCEDA AL PAGO INMEDIATO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, VACACIONES PROPORCIONALES, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, promovida por el señor ABGEL VALENTIN AGUILAR AGUILERA contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SIN COSTAS en esta instancia.- Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio. Luego que sea firme el fallo se remita al Juzgado de su procedencia el expediente con la certificación de estilo, para los efectos legales pertinentes.- Seguidamente le cede la palabra a la Abogada ILIANA GUADALUPE MORALES JUANEZ en su condición de apoderada apelante dice: Que por este acto y de conformidad con el artículo 741 del Código del Trabajo interpongo recurso de reposición por no estar conforme con el fallo emitido por esta Honorable Corte.- Y LA CORTE RESUELVE: Declarar Sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la Abogada ILIANA GUADALUPE MORALES JUANEZ, en el carácter con que actúa.- Artículo 741 del Código del Trabajo.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia…” (folios del 54-63fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil veintitrés, la abogada LUDYN MERARY HERNANDEZ OLIVA, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha veintiuno de marzo del dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Cortés, al estimar que la misma es violatoria del Debido Proceso, específicamente en los dispuesto en el artículo 183 numeral 2) de la Constitución de la República. (Folios del 1-7 de los autos)6) Que en fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA y por emitido en tiempo y forma su dictamen, quien fue de la opinión porque: “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista”. (Folios del 41-48 y 50 de los autos)CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado Ángel Valentín Aguilar Aguilera, confiriendo Poder en el Abogado Walter Enrique Pineda Paredes, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, a través del Programa EDUCATODOS, representado por el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Angela Rosibel Moreno Varela, en su condición de Apoderada Legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS y confirmó el auto interlocutorio de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente Abogada LUDYN MERARY HERNÁNDEZ OLIVA, muestra su inconformidad con el fallo que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representado el Debido Proceso, específicamente en lo dispuesto en el artículo 183 numeral 2) de la Constitución de la República, que reconoce la garantía de Amparo; argumenta la recurrente que queda claro que el actor de esta causa pretende hacer caer en el error al juzgador del libelo y acreditarse valores que no le corresponden honrar a la Administración Pública, pero si a la parte con quien ha contratado. Además, el Artículo 1 del Código Civil dispone que “La ley es una declaración de la voluntad soberana, que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”, asimismo dicho cuerpo legal en el artículo 5 dice “La Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte (20) días de terminada su publicación en el periódico oficial”, este último artículo tiene fuente constitucional, regulada en el artículo 221; dicho lo anterior, en el Diario Oficial La gaceta No. 33,336 de fecha 23 de enero de 2014, se publicó el Decreto Legislativo No. 266-2013, contentivo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en El Gobierno, siendo ésta desde su promulgación derecho positivo y de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y ciudadanos de la Republica de Honduras y considerando que el artículo 8 de dicha ley establece “DISPOSICIÓN GENERAL. El Estado o sus autoridades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo…”; continua expresando la peticionaria que en el caso que nos ocupa, en ningún momento El Estado o sus representantes han actuado con dolo (debiéndose -en todo caso- demostrarse por la contraparte) y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento la honorable Juez debió desestimar la pretensión del demandante para el pago de costas de ejecución, ya que las mismas son “costas” las que conforme a la norma citada, su representado -El Estado de Honduras-, se encuentra exento del pago de las mismas. CONSIDERANDO(4): Que el Ministerio Público por medio de su agente Fiscal Claudia Suyapa mejía Mejía, adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emitió Dictamen en relación al asunto sometido a estudio por este Alto Tribunal, siendo de la opinión que se otorgue la Acción de Amparo promovida; sostiene la Fiscal que del examen de la resolución impetrada, esa Representación del Ministerio Público observa que la resolución venida en Amparo, vulnera los preceptos constitucionales señalados por la recurrente y considera que la misma es incongruente; continúa expresando la Fiscal del Ministerio Público que conforme a lo anterior, la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, es una institución estatal y por ende se encuentra amparada dentro de lo regulado en el articulo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, en tal sentido en el caso de autos la parte demandante debió haber acreditado que la parte demandada actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas de ejecución, tal como lo dispone el referido decreto, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Asimismo, es de resaltar que si bien es cierto el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala: En cualquier caso, las costas de la Ejecución se impondrán al ejecutado, tal normativa constituye la regla general, siendo la excepción a la misma el artículo 8 del citado decreto, por lo que en ese orden de ideas al armonizar ambas disposiciones legales arribamos a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta del pago de las costas de ejecución impuestas, ya que el principio de legalidad establece: Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de Ley es nulo e implica responsabilidad. Conforme lo anterior, la Representación del Ministerio Público estima que, en el caso de autos, se aprecia vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la Amparista, en virtud que se advierte falta de Congruencia en los fundamentos de derecho a través del cual se señala que no procede el otorgamiento de Costas de Ejecución conforme sentencia emitida por la Sala Constitucional y cuya motivación el Ad-quem hace suya, con la parte resolutiva del fallo recurrido, mediante la cual confirma el auto dictado en primera instancia. CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en los considerandos cuatro, cinco, seis y siete de la motivación, de la resolución recurrida en Amparo, se encuentra el argumento fundamental a través del cual el Ad-quem resolvió declarar sin lugar el recurso se apelación promovido por la Parte Demandada y confirmó el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo, que declara sin lugar la Oposición presentada por el Representante Legal de la Parte Demandada y ordena se proceda a tasar las Costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97); en tal sentido, en los considerandos referidos, la Corte recurrida cita una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno, transcribiendo los considerandos 9, 10 y 12 de la referida sentencia y de interés a efecto de la resolución del caso sub-júdicie, en los considerandos 6 y 7 expresa: “CONSIDERANDO (6): Que la sala de lo Constitucional en su considerando doce deja establecido y esta corte de Apelaciones también hace suyo dicha consideración que a continuación se transcribe: “CONSIDERANDO DOCE (12) Que analizada que ha sido la resolución dictada ha sido la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018), ha sido dictada en inobservancia de lo establecido en el Artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente caso. Lo anterior por estimarse desde esta Sala de lo Constitucional que, el sólo hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revisare las actuaciones del inferior; formalidades, derechos y garantías que la ley establece para todas las partes procesales y que no fueron respetadas en su integridad por el fallo que se conoce en amparo. Y que, habiéndose vulnerado el debido proceso y demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, se constituye motivo suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.”.- CONSIDERANDO (7): Que al haberse admitido el recurso de amparo de que se ha hecho mención, procede por parte de esta Corte de Apelaciones pronunciarse sobre las costas de ejecución que fueron solicitadas por el apoderado demandante, en el sentido de que dichas costas de ejecución en el presente caso no procede su otorgamiento ya que la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, así lo establece, debiendo la Juez de primera instancia velar por la estricta ejecución de la sentencia definitiva dictada y que se encuentra firme.-” No obstante invocar la Corte recurrida el fallo constitucional emitido por este Alto Tribunal de Justicia, en el considerando número ocho de su motivación, concluyó lo contrario a lo establecido en la sentencia invocada, al señalar: “CONSIDERANDO (8): Que vistas las consideraciones anteriores, es procedente confirmar el auto interlocutorio apelado.-”; y consecuencia de ello, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, falla en su resolutivo, contrario a lo argumentado e invocado en la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirma el Auto Interlocutorio dictado por el A-quo en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). -Subrayado añadido- CONSIDERANDO(6): Que revisados que han sido los antecedentes de las piezas que forman los expedientes que han sido conocidas por el A-quo y el Ad-quem y revisada que ha sido la resolución que se impugna ante este Alto Tribunal a través de la garantía constitucional de Amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte que las resoluciones dictadas en Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada se fundamentan: El A-quo en que ha existido Dolo, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, por el hecho de haber transcurrido 17 días desde la fecha de requerimiento de pago, hasta la fecha de embargo; tiempo que el A-quo consideró suficiente para que la entidad demandada hiciese su gestión a efecto de cumplir con las cantidades requeridas objeto de la ejecución de la sentencia; y, la Corte de Apelaciones invoca una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional, en la que se argumenta que la sentencia dictada por el Ad-quem ha sido dictada en inobservancia a lo establecido en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y con ello se vulnera las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, como ser el Debido Proceso y el Principio de Legalidad, asimismo argumenta la Sala de lo Constitucional, que el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada, no constituye necesariamente una negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada, similar situación con la presentada en el caso sub-júdice, como supra se refirió. CONSIDERANDO(7): Que mediante Decreto Legislativo No.266-2013 se crea la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336 en fecha 23 de enero del año dos mil catorce, enfocada entre otros aspectos en la necesidad de racionalizar las demandas a las que está sujeta la Administración Pública, estableciendo un mínimo de requerimientos para evitar la saturación de demandas contra el Estado. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, literalmente establece: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.” -énfasis suplido-. Al igual que la autoridad recurrida, esta Sala de lo Constitucional mantiene los argumentos del fallo constitucional invocado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, pues el sólo hecho de haberse requerido de pago a la Parte Demandada no constituye necesariamente una negativa a dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual fue condenada; sentencia que fue dictada en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, a favor del señor Ángel Valentín Aguilar Aguilera; tal es así que la demandada se Opuso a la petición de pago de costas de Ejecución presentada por la Parte Demandante, haciendo uso de los recursos que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un superior revisara la actuación del inferior, por considerar que el pago de las Costas de Ejecución no procede; a folio 108 de la pieza de antecedentes de primera instancia se encuentra escrito de interposición de Recurso de Reposición y subsidiariamente Apelación, presentado por la parte demandada, precisamente en contra del auto de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, que declara sin lugar la Oposición presentada por el Representante Legal de la Parte Demandada en contra de la Tasación de Costas de Ejecución de Sentencia y procede a tasar las Costas de Ejecución en la cantidad de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 130,730.97). -Folios 105 y 106 de la pieza de antecedentes de primera instancia-. CONSIDERANDO (9): Que el debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La recurrente plantea la vulneración al derecho al Debido Proceso, por la inobservancia, según sus argumentos, de los preceptos constitucionales 82, 90 y 183 numeral 2), en la resolución de fecha veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, dictada por el Ad-quem. En tal orden de ideas el artículo 90 de la Constitución de la República establece: “Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…” CONSIDERANDO (10): Que el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas; el principio de legalidad se encuentra garantizado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que a la letra dice: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.” CONSIDERANDO (11): Que analizada que ha sido la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se aprecia que la misma ha sido dictada con inobservancia de lo establecido en el artículo 8 de la Ley para optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, lo que constituye una franca vulneración a los principios constitucionales del debido proceso y el principio de legalidad relacionados en el presente libelo; Estima esta Sala de lo constitucional que el hecho de haberse requerido de pago a la parte demandada, no constituye necesariamente negativa por parte de ésta a dar cumplimiento a la sentencia mediante la que fue condenada; pues al no estar conforme con el requerimiento de pago de cierta cantidad de dinero, hizo uso de los recursos legales que la ley pone a disposición de las partes a efecto que un tribunal superior revise las actuaciones del inferior. CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (13): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. CONSIDERANDO (15): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la sentencia impugnada sea inaplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de la normativa señalada en el presente libelo, dicte una sentencia congruente a sus argumentaciones, debidamente motivada a efecto de determinar si existe dolo por parte del ESTADO DE HONDURAS, a efecto de dar cumplimiento al pago al que fue condenado en la sentencia de fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el Dictamen del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1) y 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 803 del Código Procesal Civil; 858 del Código del Trabajo. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la abogada LUDYN MERARY HERNÁNDEZ OLIVA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, debiendo el resolutivo guardar congruencia con los argumentos esgrimidos. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veinticinco, recaído en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0654-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL