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Sentencia AL-571-22 — Registro 18456

Resumen

La Sala considera del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recurre en reposición

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha ocho de noviembre del año dos mil veintitrés, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; el recurrente de nueva cuenta se centra en la interpretación que se realiza del artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, argumentando que la sanción pecuniaria se origina por el incumplimiento de una obligación principal; a criterio del recursista la disposición del artículo 81 de la Ley en comento no es excluyente de ejecutar mediante la acción forzosa, en este caso la obligación principal, es decir el pago del fuero sindical. En ese orden de ideas entiende el recurrente que la resolución que emitió la Direccion General de Inspección del Trabajo del 12 de diciembre del 2019, sirve de título ejecutivo para demandar mediante el cumplimiento forzoso, no solo la sanción pecuniaria, sino también el pago por Fuero Sindical, por el despido de dirigentes sindicales, sin pagar el fuero sindical, por incumplimiento de la obligación establecida en el Contrato Colectivo. Asimismo, expone el recurrente que se quebranta el principio de legalidad, provocando indefensión, al ni siquiera indicarle el derecho que les asiste a demandar. En respuesta a los argumentos señalados por el peticionario, este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en el considerando 10, lo atinente a que el fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa en su motivación se muestra en congruencia con los requisitos que exige la ley procesal, de ser clara, precisa y exhaustiva, asimismo el ámbito de aplicación de la Ley de Inspección del Trabajo. Es por ello que, conforme a la observancia del principio de legalidad, corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta. No puede pretender el recursista que lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, sea aplicable a efecto de promover una demanda ejecutiva de suma determinada de dinero a un patrono para cumplir una obligación que emana de un contrato de trabajo sin seguir el juicio ordinario laboral, en el cual se garantice inter alia el derecho de defensa, debido proceso y legalidad, como argumenta la Corte de Apelaciones, en la resolución recurrida en Amparo; el ámbito de aplicación de la Ley de Inspección del Trabajo es regular el Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social; promover vigilar y garantizar que patrono y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones relativas al trabajo, previsión social, normas laborales etc.; por lo que el título ejecutivo al que se refiere el artículo 81 de la Ley de Inspección de Trabajo, se refiere a la acción ejecutiva que tiene el Estado para exigir y hacer efectiva la sanción pecuniaria impuesta en resolución firme, como así lo establece el artículo 95 de la Ley en comento, pretender lo contrario sería vulneración al principio de legalidad y debido proceso.CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para Denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a dictar un fallo denegatorio de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto"..

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres de marzo del año dos mil veintidós, que resolviendo el recurso de apelación promovido por la Parte Demandada, declaró la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte y las actuaciones posteriores, recurso de Apelación promovido contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veinte (2020), que admite la Demanda Ejecutiva; en relación a la Demanda Ejecutiva Laboral de Pago por incumplimiento al pago de cantidades consignadas en una resolución firme, promovida por el Abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA). Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado el derecho fundamental al Debido Proceso Legal, contenido en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo y el artículo 779 del Código de Trabajo. ANTECEDENTES 1)Que en fecha dieciocho de febrero del año dos mil veinte, el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, actuando en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, promoviendo Demanda Ejecutiva Laboral de Pago por Incumplimiento Cantidades consignadas en una resolución firme de conformidad al Artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, la cual tiene carácter de Título Ejecutivo, respecto de las obligaciones que contiene, por un monto de CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (L.5,714,142.26), contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través de su Gerente General, solicitando el demandante, se requiera el pago a la demandada y de no cumplir en el acto del requerimiento con la obligación, se decrete embargo y el pago de las costas de ejecución. (Folios del 1-6 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2)Que en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual resolvió: (Sic)“…ADMÍTASE la PRESENTE DEMANDA EJECUTIVA MANDA: Por medio del Receptor del Despacho REQUIÉRASE personalmente en legal y debida forma al señor HECTOR DANIEL SEVILLA BARAHONA en su condición de Gerente General del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) para que en el acto del requerimiento pague o consigne en el tribunal la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L.5,714,142.26).- Haciéndole la prevención que si no paga en el acto del requerimiento o consigna en este tribunal la cantidad en el término antes indicado, se le embargarán y rematarán bienes suficientes para con su producto hacer efectivo el pago de la obligación reclamada, más las costas de ejecución de embargo hasta un 25% por ciento. Sirviéndose como título ejecutivo la CERTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO…” (Folios 22-23 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3)Que en fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo, el Abogado Daniel Alexander Ortiz, en su condición de Apoderado Legal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), presentando personamiento e interponiendo recurso de reposición y subsidiariamente apelación, contra el auto de fecha 7 de diciembre del año 2020, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que se deja relacionado en el acápite que antecede, solicitando la suspensión del proceso ejecutivo por no ser ejecutable. (Folios del 26-29 de la pieza de antecedentes del A-quo)4)Que en fecha veintiséis de enero del año dos mil veintiuno el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en relación a lo peticionado por la parte demandada resolvió: (Sic) “1) RECHAZAR LA OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN Y EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES; 2) DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN por los motivos expresados anteriormente; 3) ADMITIR EL RECURSO DE APELACION EN EL EFECTO SUSPENSIVO; 4) REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO en donde deberá comparecer el apelante en mejora de su recurso…” (Folios 43-44 de la pieza de antecedentes del A-quo). 5)Que conociendo del recurso de apelación promovido por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de Apoderado Legal de la Parte Demandada, contra la resolución de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, dictada por el A-quo, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán dictó Sentencia Interlocutoria en fecha tres de marzo del año dos mil veintidós, mediante la cual falló: (Sic) “I. DECLARANDO NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR DEL AUTO DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LAS ACTUACIONES POSTERIORES. SIN COSTAS…” (Folios 24-30 de pieza de antecedentes del Ad-quem). 6) Que en fecha seis de abril del año dos mil veintidós, el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, actuando en su condición de Representante Procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional, reclamando amparo contra la sentencia interlocutoria de fecha tres (3) de marzo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria del derecho fundamental al Debido Proceso Legal, garantizado en el artículo 90 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo y el artículo 779 del Código de Trabajo. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha uno de febrero del año dos mil veintitrés, ordenando la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 1 4 y 30 de los autos). 7) Que en fecha veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés, este Alto Tribunal de Justicia Constitucional tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen a través de la Fiscal, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, quien fue de la opinión porque: “Se Deniegue la presente acción de amparo por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista”. Argumenta la Fiscal del Despacho que conforme el artículo 769 del Código del Trabajo un documento es exigible ejecutivamente cuando la obligación originada de una relación de trabajo que conste en un acto o documento indubitado que provenga del deudor o su causante o que emane de una decisión judicial o orbital firme, por lo que la resolución de fecha 12 de diciembre de 2019, emitida por la Dirección General de Inspección del Trabajo y cuya ejecución se pretende no puede ser reclamada ejecutivamente, ya que no tiene aparejada ejecución, pues no contiene obligación alguna originada en una relación de trabajo que conste en un acto o documento indubitado que provenga del deudor como lo exige la norma, ni emana de una decisión judicial o arbitral firme, por el contrario, se trata de una resolución emitida por un órgano administrativo facultada para ser un órgano sancionador administrativamente mediante la imposición de sanciones pecuniarias, tal como lo regula la Ley de Inspección del Trabajo en su Título IV, Capítulo del I al V, en lo que respecta a las sanciones por infracciones a la legislación laboral. (Folios del 33-39 de los autos). CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ejecutiva Laboral promovida por el Abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, en su condición de Apoderado Legal del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), contra el SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través de su Gerente General; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarando nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de fecha 7 de diciembre del año 2020, que admite la Demanda Ejecutiva promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán.CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, muestra su descontento con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representado el derecho fundamental al Debido Proceso Legal, contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, por la trasgresión del artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, en relación con los artículos 779 y 787 del Código de Trabajo y el artículo 782, numeral 4 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO(4): Que el amparista en la exposición de sus argumentos hace referencia a las actuaciones realizadas por el A-quo en atención a que el recurso de apelación debió ser admitido en el efecto devolutivo y no en el suspensivo como sucedió; no obstante a ello el asunto esencial en el que fundamenta su petición de Amparo es en atención al quebrantamiento del Debido Proceso Legal, al decretar el Tribunal de Alzada nulidad de actuaciones a partir del auto de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, que corresponde al auto de admisión de la demanda ejecutiva presentada. Sostiene el recurrente que la sentencia recurrida en el considerando (9) desconoció el artículo 3 del Código Procesal Civil que obliga ceñirse al debido proceso legal, igual desconoció el artículo 207 del mismo Código que obliga a los tribunales bajo pena de nulidad, a motivar sus sentencias con claridad, precisión y exhaustividad, éstas formalidades procesales han sido transgredidas por el Tribunal de alzada recurrido, en su motivación plasmada en el considerando (9) se ve que aplica el artículo 769 sin embargo contrasta con el texto transcrito que no corresponde al citado artículo, circunstancia que hace adolecer de claridad a la sentencia. Aunado a lo anterior la Alzada desconoció y transgredió el artículo 779 del Código de Trabajo -el cual procede a citar textualmente-, concepto que engarza la obligación contenida en la resolución de fecha 12 de diciembre del 2019, emitida por la Dirección General de Inspección del Trabajo, puesto que la obligación reclamada ejecutivamente se originó en una relación laboral de trabajadores despedidos siendo directivos sindicales, además que la obligación reclamada consta en documento indubitado el contrato colectivo proveniente del patrono deudor SANAA donde en la Clausula 83 contrajo dicha obligación en concepto de Fuero Sindical, de tal manera que el Tribunal de Alzada transgredió lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Trabajo, cuyo cumplimiento es tutelado como garantía constitucional establecida en el artículo 128 numeral 15 de esa carta magna, precepto vulnerado en la sentencia en cuestión.CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar la nulidad absoluta de actuaciones, en atención a que considera que la decisión adoptada por el A-quo es la correcta, por cuanto la Resolución adoptada por la Dirección General de Inspección del Trabajo de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), tiene carácter de Título Ejecutivo, respecto a las obligaciones que contiene, como lo dispone el artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo. CONSIDERANDO (6): Que como lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la motivación de las sentencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, al emitirse a su criterio, una resolución carente en su motivación de claridad, precisión y exhaustividad. CONSIDERANDO (7): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader, cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO(8): Que de los argumentos expuestos por el recurrente tanto en la interposición como en la formalización de la Acción Constitucional de Amparo, este Tribunal de Justicia Constitucional advierte que el asunto central por el cual se recurre en Amparo es en atención a que el Amparista sostiene que la Resolución de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), emitida por la Dirección General de la Inspección del Trabajo, tiene carácter de Título Ejecutivo, conforme el contenido del artículo 81 de la Ley de la Ley de Inspección del Trabajo, por ello presenta Demanda Ejecutiva Laboral para el pago de la cantidad de cinco millones setecientos catorce mil ciento cuarenta y dos lempiras con veintiséis centavos (L.5,714,142.26), en concepto de indemnización de Fuero Sindical por el despido de los miembros directivos y delegados seccionales de Copán y Juticalpa, Departamento de Olancho, debidamente acreditados ante la Gerencia General del SANAA y registrado en la Dirección General de la Inspección del Trabajo.CONSIDERANDO(9): Que para el jurista Alejandro Suárez Fernández “…el objeto del proceso laboral es la pretensión, en este caso la pretensión laboral, es decir, la solicitud de que el Juez declare el derecho que asiste al demandante y cuya satisfacción corresponde al demandado.”. en la resolución que se impugna en el acápite intitulado “CONSIDERANDO (9)”, la alzada cita el artículo (Sic) 769 del Código de Trabajo, argumentando que la referida norma no ha sido reformada ni expresa ni tácitamente por el artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, por ello dice el Tribunal recurrido que la Resolución de fecha 12 de diciembre de 2019 emitida por la Dirección General de Inspección del Trabajo es título ejecutivo únicamente respecto de la obligación de pago de la sanción pecuniaria que impuso dicha dirección general a favor del Estado de Honduras, no así respecto de alguna obligación del SANAA a favor del SITRASANAAYS; por ello cuando el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, mediante auto de fecha 7 de diciembre del año 2020 admitió la Demanda Ejecutiva, fundada en dicha resolución administrativa es claro que no analizó correctamente el documento presentado, pues el mismo, respecto al pago a favor del SITRASANAAYS de valores en concepto de indemnización por violación al fuero sindical incurridas por el SANAA, no tiene fuerza ejecutiva, porque no contiene obligación alguna originada en una relación de trabajo que conste en un acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme como lo exige la ley. -Subrayado añadido- CONSIDERANDO(10): Que el recurrente expone que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, carece de claridad, precisión y exhaustividad en su motivación; en ese orden de ideas el artículo 206 del Código Procesal Civil, establece que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. Requisitos éstos internos de la sentencia, lo cual es un desarrollo del principio de justicia rogada, donde la resolución es congruente y ajustada al objeto del debate, donde encuentra su fundamento en otras reglas o criterios, tales como el impulso de oficio (Art. 12.4 CPC). En atención a ello el Dr. Juan Antonio Toro Peña sostiene que: “1) Dispone el hecho de que la resolución definitiva de la instancia (sentencia), debe de ser clara para lo cual tiene que respetar la significación del lenguaje. Precisa para que se entienda la decisión judicial. Exhaustiva dar respuesta a todas las pretensiones de las partes, sin perjuicio, de la precisión que se establezca en cuanto a la motivación. 2) Establece que el Tribunal, tomando como límite la pretensión de la parte (causa de pedir), puede acudir para resolver a fundamentos de derecho o derecho distintos de los que las partes han alegado e indicado en sus escritos correspondientes. Este principio se refleja en las facultades procesales del Juez o Tribunal (Art. 12.5 CPC)…”. De la foliada del referido fallo, esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución del Tribunal de Alzada en su motivación, se muestra en congruencia con los requisitos que exige la ley procesal, de ser clara, precisa y exhaustiva; ello es así de la lectura de la sentencia recurrida en su conjunto y no solamente del considerando número 9, señalado por el recurrente en sus argumentaciones; la Alzada hace un esbozo de lo que concierne a la Ley de Inspección del Trabajo, sus atribuciones, las que se muestran en consonancia con el ámbito de aplicación desarrollado en el artículo 1 de la ley en comento. Como bien argumenta el tribunal recurrido, la Ley de Inspección del Trabajo, tiene por objeto regular el Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social; promover, vigilar y garantizar que patrono y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo, previsión social, normas laborales, seguridad y salud en el trabajo y las relativas a la seguridad social, por ello y como bien lo explica la Alzada, el artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, invocada por el recurrente como vulnerada no puede interpretarse que la Dirección General de Inspección del Trabajo puede establecer obligaciones de índole de indemnización a cargo de centros de trabajo, pues dichas resoluciones tienen el carácter de Título Ejecutivo únicamente respecto de la obligación de pago de la sanción pecuniaria que pueda imponer dicha Dirección General a favor del Estado de Honduras.CONSIDERANDO(11): Que la Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso, al realizarse una debida motivación que soporta la decisión adoptada, al declarar nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de la Demanda Ejecutiva Laboral, en el recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, al pronunciarse entre otras situaciones, en cuanto a que: (Sic) “… Además de las facultades antes señaladas, en el cumplimiento de sus funciones la Dirección General de Inspección de Trabajo tiene potestades sancionadoras, las que están reguladas en el TÍTULO IV de la Ley de Inspección de Trabajo que regula el “Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Sanciones”. Todo ello desarrollando lo establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República que establece que con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales, el Estado vigilará e inspeccionará a las empresas, imponiendo en su caso las sanciones que establezca la ley…”; aunado a ello “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que el recurrente fue escuchado por la Alzada en relación a sus pretensiones, se le dio la oportunidad de exteriorizar sus argumentaciones fácticas y jurídicas, recibió respuestas jurisdiccionales conforme a la norma aplicable al caso en estudio, a través de una motivación clara, precisa y exhaustiva, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (12): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 3, 4, 5, 858 y 779 del Código de Trabajo; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÌQUESE. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., diez de abril del año dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de Apoderado y Representante Procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, ocho (8) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS Y SIMILARES (SITRASANAAYS), contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de marzo del año dos mil veintidós (2022), que declara Nulidad Absoluta de Actuaciones a partir del auto de fecha 7 de diciembre del año 2020, que admite la Demanda Ejecutiva promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y las actuaciones posteriores; en ocasión del recurso de apelación promovido por la parte demandada SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA).CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.CONSIDERANDO (2): Que, en la formulación de su recurso de reposición, el peticionario dice que la sentencia viola garantías y derechos constitucionales, así como el principio de legalidad en razón de: a) En atención al texto del artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, de su simple lectura e interpretación que deberá hacer esa Sala, de la disposición en referencia, no establece ninguna diferenciación en el sentido que tal resolución que emitió la Direccion General de Inspección del Trabajo de fecha 12 de diciembre del 2019, únicamente tiene fuerza ejecutiva respecto de la obligación del pago de la sanción, ya que en ninguno de los apartados estable lo anterior, en consecuencia la Sala recurrida se excede en su interpretación. b) La sanción pecuniaria se origina por el incumplimiento de una obligación principal, es decir el fuero sindical a favor del SITRASANAAYS por el despido de miembros directivos y delegados seccionales protegidos por el fuero sindical sin haber seguido el procedimiento del juicio sumario, hechos que fueron constatados por la Direccion General de Inspección del Trabajo, el 21 de agosto del año 2017, el SANAA fue emplazado y requerido de pago a través del señor Roberto Enrique Zablah Ayala en su condición de Gerente General a través de la Inspectora de Trabajo Neydi Lizeth Diaz Gámez, donde se le concedió al SANAA el plazo de tres (3) días hábiles para que corrigiera la infracción y pagara a favor del SITRASANAAYS la cantidad de cinco millones setecientos catorce mil ciento cuarenta y dos lempiras con veintiséis centavos (L. 5,714,142.26). c) La resolución a que se ha hecho referencia y los requerimientos de que fue objeto el SANAA, para que pagara en el plazo de tres (3) días hábiles fueron incumplidos, lo cual refleja la resolución que emitió la Direccion General de Inspección del Trabajo del 12 de diciembre del 2019, habiendo sido requerido de pago mediante el apremio que establece el artículo 93 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es decir, mediante el cumplimiento forzoso a través del juzgado competente, lo anterior se encuentra en franca armonía con el artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo que no hace ninguna excepción de que únicamente deba de ejecutarse mediante demanda ejecutiva la sanción pecuniaria derivada de la obligación principal. d) El considerando número nueve (9) de la sentencia recurrida, causa agravios y no se ajusta a derecho, aplicando el principio que lo accesorio corre la suerte de lo principal, la disposición del artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, no es excluyente de ejecutar mediante la acción forzosa, en este caso la obligación principal, es decir el pago del fuero sindical, lo que constituye un acto de discriminación en contra de su representado, afirma el recursista. e) Que la Sala de lo Constitucional dejó de darle aplicación a las normas referidas, contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo (Arts. 93, 109, 110 y 111), quebrantando el principio de legalidad, provocando indefensión a su representado, ni siquiera indicarle el derecho que les asiste a demandar, ya sea mediante la ejecución forzosa de la resolución ante Juez competente o mediante un juicio ordinario, quebrantando además con esta decisión la Convención Americana sobre Derechos Humanos. f) El pedidor enuncia el artículo 17 del Código Civil y señala que es errónea la interpretación que en la sentencia se hace del artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, para denegar el Amparo, ya que como obligación principal la resolución ordena el pago del fuero sindical en la suma de cinco millones tecientos catorce mil ciento cuarenta y dos lempiras con veintiséis centavos, a favor del SITRASANAAYS, más una sanción pecuniaria como accesoria a favor del Estado de Honduras por el incumplimiento de la obligación principal, la disposición debió haber sido armonizada con el Capitulo VII de la Ejecución de las Resoluciones, Sección Tercera, cumplimiento forzoso, artículos 93, 109, 110 y 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo. -Lo subrayado es añadido- CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto de que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho. CONSIDERANDO (5): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha ocho de noviembre del año dos mil veintitrés, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; el recurrente de nueva cuenta se centra en la interpretación que se realiza del artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, argumentando que la sanción pecuniaria se origina por el incumplimiento de una obligación principal; a criterio del recursista la disposición del artículo 81 de la Ley en comento no es excluyente de ejecutar mediante la acción forzosa, en este caso la obligación principal, es decir el pago del fuero sindical. En ese orden de ideas entiende el recurrente que la resolución que emitió la Direccion General de Inspección del Trabajo del 12 de diciembre del 2019, sirve de título ejecutivo para demandar mediante el cumplimiento forzoso, no solo la sanción pecuniaria, sino también el pago por Fuero Sindical, por el despido de dirigentes sindicales, sin pagar el fuero sindical, por incumplimiento de la obligación establecida en el Contrato Colectivo. Asimismo, expone el recurrente que se quebranta el principio de legalidad, provocando indefensión, al ni siquiera indicarle el derecho que les asiste a demandar. En respuesta a los argumentos señalados por el peticionario, este Tribunal Constitucional en el fallo ut supra, deja relacionado en forma clara en el considerando 10, lo atinente a que el fallo de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa en su motivación se muestra en congruencia con los requisitos que exige la ley procesal, de ser clara, precisa y exhaustiva, asimismo el ámbito de aplicación de la Ley de Inspección del Trabajo. Es por ello que, conforme a la observancia del principio de legalidad, corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta. No puede pretender el recursista que lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo, sea aplicable a efecto de promover una demanda ejecutiva de suma determinada de dinero a un patrono para cumplir una obligación que emana de un contrato de trabajo sin seguir el juicio ordinario laboral, en el cual se garantice inter alia el derecho de defensa, debido proceso y legalidad, como argumenta la Corte de Apelaciones, en la resolución recurrida en Amparo; el ámbito de aplicación de la Ley de Inspección del Trabajo es regular el Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social; promover vigilar y garantizar que patrono y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones relativas al trabajo, previsión social, normas laborales etc.; por lo que el título ejecutivo al que se refiere el artículo 81 de la Ley de Inspección de Trabajo, se refiere a la acción ejecutiva que tiene el Estado para exigir y hacer efectiva la sanción pecuniaria impuesta en resolución firme, como así lo establece el artículo 95 de la Ley en comento, pretender lo contrario sería vulneración al principio de legalidad y debido proceso.CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para Denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a dictar un fallo denegatorio de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- Redactó la Magistrada Francisca Villela.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés y reposición de fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0571-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL