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Sentencia AL-540-23 — Registro 19399

Resumen

En la demanda ordinaria laboral de un despido directo ilegal Primera instancia en la celebración de la audiencia de alegaciones en la que no comparece el demandante se solicitó se diera por precluido el término dejado de utilizar para formular sus alegaciones, segunda instancia declara nulidad de actuaciones y señala nueva audiencia, esta Sala otorga el recurso considerando que la resolución no tiene la debida motivación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que la Garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez. CONSIDERANDO SIETE (7): Que esta Sala, ha sostenido en forma reiterada, que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley corresponda. Esta Sala, ha dejado establecido en amplia jurisprudencia, que el párrafo primero del artículo 90 en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso...´´

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que esta Sala de lo Constitucional, observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso, no ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, pues no hace aplicación de las mismas, desentendiendo su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. Pues la resolución objeto de este recurso de Amparo, no ha sido debidamente motivada, pues el órgano jurisdiccional recurrido no ha explicado en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, limitándose únicamente a declarar sin motivación alguna, pues únicamente se limitó el Tribunal a declarar sin lugar la nulidad de las actuaciones solicitada por el Apoderado Legal Abogado Elio David Alvarenga Amador y a la vez declarar con lugar la solicitud de nuevo señalamiento de la audiencia para expresar agravios, sin expresarse sobre la resolución que se notificó con la cédula de citación, que le solicitaron su nulidad y que declaró sin lugar, haciendo imposible que el recurrente pueda entender del porqué de su resolución, violentando a la vez los derechos de defensa, debido proceso y las garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio...´´

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la RESOLUCION dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor ALAN EDGARDO CHACON contra UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” (EXP.0801-2020-00197). ANTECEDENTES 1)Que en fecha siete (07) de febrero de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor ALAN EDGARDO CHACON, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” a través de su representante legal el abogado ELIO DAVID ALVARENGA AMADOR, a efecto de que se le paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido directo ilegal e injustificado, emplazando al patrono para que acreditara la causal del despido; asimismo, el pago del preaviso, vacaciones, décimo tercer mes (aguinaldo), décimo cuarto mes, salarios adeudados, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia e incluyendo los derechos antes referidos, todos calculados hasta que quede firme la sentencia, más la costas del juicio, por la cantidad de (L.556,954.79) quinientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro lempiras con 79/00 centavos. (Folios 1 al 11 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que mediante Cédula de Notificación de fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, notificó a los Abogados Esdras Omar Arias Bonilla y Mauricio Enrique Argeñal Arriola, en su condición de representante procesal de la parte demandada y demandante, respectivamente, del auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se señaló audiencia de alegaciones para el día martes siete de marzo de dos mil veintitrés a las diez treinta (10:30) de la mañana. (Folio 2 de la segunda pieza de antecedentes) 3) Que en la celebración de la Audiencia de Alegaciones de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, el Abogado ESDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de apoderado legal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, solicitó se diera por precluido el término dejado de utilizar por la parte demandante para formular sus alegaciones, en el recurso de apelación presentado.- En consecuencia, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, resuelve: “1.- Habiéndosele dado una espera prudencial al abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA en su condición de apelante y no habiendo comparecido a la audiencia se le PRECLUYA el derecho a formular alegatos…” (Folios 4-5 de la segunda pieza de antecedentes) 4) Que el abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, compareció ante la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha en fecha diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023), planteando NULIDAD DE ACTUACIONES DEL PROCESO, debido que el acto de comunicación no fue realizado conforme a ley y además que se encontraba incapacitado, tal como lo acredita con la constancia médica de la Clínica Honduras de Especialidades y certificación médica número 234416, firmada por el doctor Juan Carlos Funes Alemán, misma que se manda agregar a sus antecedentes; y tomando como base los principios del debido proceso e igualdad de las partes y evitando dejar en indefensión a la parte demandante en virtud de haber acreditado la imposibilidad de presentarse a la referida audiencia, solicitó se señalara nueva audiencia para las alegaciones en el recurso de apelación. (“folios 6-9 antecedentes de la segunda pieza”). 5) Que la Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de marzo de dos mil veintitrés (2023), conociendo del planteamiento de nulidad del proceso, de fecha diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023), que se hace relación en el numeral anterior, promovida por el abogado MAURICIO ENRIQUE ARGEÑAL ARRIOLA, en la cual la dicta: (SIC) “razón por la que este Tribunal resuelve de la siguiente manera: 1) Declarar SIN LUGAR la nulidad de actuaciones en virtud que la notificación se hizo conforme a lo establecido en el artículo 719 del Código del Trabajo. 2) En virtud de la incapacidad medica presentada se DECLARA CON LUGAR la solicitud de nuevo señalamiento de fecha de alegaciones para el día LUNES VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES a las OCHO CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, con el objeto de que los representantes procesales presenten sus alegatos. - Artículos 80 y 82 de la Constitución, 687, 763 y 858 del Código del Trabajo; 3, 5, 22, 172 numeral 2, 201, 212 y 213 del Código Procesal Civil. - NOTIFIQUESE. (Exp. N° 15144).” (folio 12 antecedentes de la segunda pieza).6) Que en fecha dos (02) de mayo de dos mil veintitrés (2023) el abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” contra la Resolución dictada de veinte (20) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos,82,90 párrafo primero de la constitución de la república. Artículos 321 y 323 párrafo primero de la Constitución de la República. Teniendo la sala por formalizado el recurso en fecha diez de abril de dos mil veinticuatro. (Folios 01 al 06 del recurso de amparo). 7) Que en fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), esta Sala, tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, quien fue de la opinión porque: IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por las consideraciones anteriormente señaladas. (Folios 48 al 54 del recurso de Amparo). CONSIDERANDO UNO (1): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo, según lo preceptuado en el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a efecto que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, ello en consonancia con lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional en los artículos 3 y 41. CONSIDERANDO DOS (2): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, correspondiendo a la Sala de lo Constitucional, la jurisdicción constitucional, debiendo observar en la substanciación de la acción de Amparo, los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso, según lo dispone la normativa sobre justicia constitucional en el artículo 45. Que el Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo, la resolución proferida en fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés, por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declara CON LUGAR la solicitud de nuevo señalamiento y se declara Sin Lugar la nulidad de actuaciones, en virtud que la notificación se hizo conforme a lo establecido en el artículo 719 del Código del Trabajo. La Nulidad planteada de las actuaciones del proceso, debido a que el acto de comunicación no fue realizado conforme a ley y porque se encontraba el Abogado Mauricio Enrique Argeñal Arriola, incapacitado, resolución contra la que interpuso el recurso de reposición, el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte demandada UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ (UNICAH), contra la resolución en la que se declara sin lugar la nulidad de actuaciones y declara con lugar la solicitud de nuevo señalamiento, de fecha de alegaciones y contra la resolución en la que se declara sin lugar el recurso de reposición, presentado por el Abogado Edras Omar Arias Bonilla, contra la resolución antes mencionada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente invoca la violación de los derechos constitucionales del Debido Proceso, contenidos en los artículos 90 de nuestra Norma Fundamental, violación que expresa al considerar que el Abogado Mauricio Enrique Argeñal Arriola, compareció ante la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, el 10 de marzo del año 2023, promoviendo “nulidad de actuaciones del proceso, a partir desde el acto de comunicación de notificación que consta realizado por tabla de avisos y que tiene fecha 27 de febrero de 2023 y siguientes actuaciones como ser la audiencia celebrada en fecha 7 de marzo de 2023”, argumentando: “que en el acto de comunicación no fue realizado conforme a ley y en aplicación por analogía establecido en el artículo 858 del Código del Trabajo, en relación a la supletoriedad establecida en el artículo 22 del Código Procesal Civil, por haberse realizado el acto de comunicación prescindiendo de las normas legales, como se podrá apreciar en la cédula de notificación realizada por el Secretario por Ley de esta Corte de Apelaciones, fechada con 27 de febrero de 2023, no consta que en realidad haya sido entregado el acto de notificación que por ley debe ser de citación de conformidad al numeral 3 del artículo 135 del Código Procesal Civil”. A esta comparecencia acompañó una certificación médica con número 234416, que contiene una incapacidad de 12 días, a partir del 24 de febrero del 2023, terminando ésta según cálculos el 7 de marzo del mismo año, incapacidad otorgada por la evaluación médica realizada el 24 de febrero a las 10:00 am y una constancia médica de la Clínica Hondureña de Especialidades de fecha 7 de marzo de 2023, siendo evaluado a las 7:04 pm, otorgándole una incapacidad de 2 días. Asimismo, establece que la Corte de Apelaciones del Trabajo, mediante auto de fecha 20 de marzo de 2023, resolvió lo siguiente: “1) Declarar Sin Lugar la nulidad de actuaciones, en virtud que la notificación se hizo conforme a lo establecido en el artículo 719 del Código de Trabajo. 2) En virtud de la incapacidad médica presentada se declara CON LUGAR la solicitud de nuevo señalamiento de fecha de alegaciones para el día lunes 27 de marzo del año 2023, a las ocho con treinta minutos de la mañana, con el objeto de que los representes procesales presenten sus alegatos”. Resolución que violentó las disposiciones del artículo 172 numeral 1) del Código Procesal Civil como norma supletoria, quebrantando el principio del Debido Proceso Legalidad y Violando la Seguridad Jurídica, por cuanto la sentencia recurrida era cosa juzgada, por haberse llevado a cabo la audiencia de alegaciones, en fecha 7 de marzo de 2023, con todas las formalidades de ley. Por lo que es evidente la falta de motivación y explicación de ese pronunciamiento, del auto recurrido, que afecta por ello el debido proceso, del cual, la Honorable Sala de lo Constitucional, ha señalado en el fallo del 9 de agosto de 2016, en el expediente Al-1062-1. Violación del Artículo 82 de la Constitución de la República (Derecho de Defensa) que la Corte recurrida le ha violentado ese derecho, al señalar nuevamente la celebración de una audiencia que fue celebrada con las formalidades legales pertinentes y habiéndose aplicado las disposiciones legales correspondiente, en las cuales le precluyeron el derecho a formular alegatos a la parte apelante por la no comparecencia a dicha audiencia y por no haber llamado o justificado con antelación las razones por las cuales se le hacia imposible comparecer a esta. Este nuevo señalamiento de audiencia, es violatorio del principio de preclusión, que garantiza la certeza y seguridad jurídica procesal, ya que cada fase procesal concluye y no puede repetirse, principio este que es aplicado por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Violación de las Disposiciones contenidas en los artículos 321 y 323 párrafo Primero de la Constitución de la República (Principio de Legalidad). Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, debió de pleno derecho, declarar sin lugar la nulidad de actuaciones presentada por el recurrente, en vista de que, en su escrito, el apelante alega no haber sido citado a la audiencia señalada para el 7 de marzo de 2023, habiéndose notificado en legal y debida forma a las partes por la tabla de avisos del despacho y celebrándose la audiencia con las formalidades de ley, con la presencia del apelado. Sin embargo, la corte recurrida, declara sin lugar dicha nulidad de actuaciones, en virtud de que la notificación se hizo conforme a lo establecido en el artículo 719 del Código del Trabajo, erróneamente acepta las incapacidades acompañadas, pero no relacionadas en el escrito como justificación de su ausencia, señalando nueva audiencia de alegaciones sin que la hubiese solicitado el recurrente, en franca violación al principio de legalidad y a la seguridad jurídica. Que la Corte de Apelaciones, al señalar nueva audiencia de alegaciones, mediante auto de fecha 20 de marzo de 2023, no anuló, ni dejó sin valor y efecto la audiencia celebrada el 7 de marzo de 2023, por lo que está vigente y por tanto confirmada la sentencia de primera instancia, siendo nulas las actuaciones posteriores a ella. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Alzada, al examinar el recurso de Amparo interpuesto, observa que el recurrente aduce que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, al conocer el escrito de solicitud de la nulidad de la notificación realizada POR LA TABLA DE AVISOS, por parte del Secretario por Ley de la Corte, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil veintitrés y siguientes actuaciones, esta no se hizo conforme a ley y en aplicación por analogía establecida en el artículo 858 del Código del Trabajo y en relación a la supletoriedad establecida en el artículo 22 del Código Procesal Civil, como se podrá apreciar en la cédula de notificación, y donde no consta que en realidad haya sido entregado el acto de comunicación que por ley debe ser la citación de conformidad al numeral 3 del artículo 135 del Código Procesal Civil, y resolver dicha solicitud, no da respuesta a lo solicitado, y por tanto se vulnera el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez. CONSIDERANDO SIETE (7): Que esta Sala, ha sostenido en forma reiterada, que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley corresponda. Esta Sala, ha dejado establecido en amplia jurisprudencia, que el párrafo primero del artículo 90 en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO OCHO (8): Que esta Sala, comparte lo que al respecto ha declarado el Tribunal Constitucional español, en cuanto a que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala, a su vez, ha puntualizado en varios de sus fallos, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala, concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede esta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala de lo Constitucional, observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso, no ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, pues no hace aplicación de las mismas, desentendiendo su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. Pues la resolución objeto de este recurso de Amparo, no ha sido debidamente motivada, pues el órgano jurisdiccional recurrido no ha explicado en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, limitándose únicamente a declarar sin motivación alguna, pues únicamente se limitó el Tribunal a declarar sin lugar la nulidad de las actuaciones solicitada por el Apoderado Legal Abogado Elio David Alvarenga Amador y a la vez declarar con lugar la solicitud de nuevo señalamiento de la audiencia para expresar agravios, sin expresarse sobre la resolución que se notificó con la cédula de citación, que le solicitaron su nulidad y que declaró sin lugar, haciendo imposible que el recurrente pueda entender del porqué de su resolución, violentando a la vez los derechos de defensa, debido proceso y las garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las Razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al advertir vulneración manifiesta y evidentemente que se ha disminuido o quebrantados los derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, pues no se ha pronunciado sobre la preclusión que ya había declarado, olvidando que la preclusión no solo comprende la sucesiva clausura de cada una de las distintas etapas del proceso, sino que también la absoluta prohibición de regresar hacia ellas después de cerradas y superadas, es esta la razón en cuya virtud se consolida adelante del proceso y se garantiza los derechos que las partes puedan haber adquirido durante su desarrollo; asimismo, no establece por qué razones rechaza la nulidad de la notificación llevada a cabo y por qué admite y señala nueva audiencia para formular alegaciones, limitándose solamente a enumerar los artículos en que fundamenta su resolución, sin argumentación alguna. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos: 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 61, 62,82, 90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, a favor de UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES Del TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés. Debiendo la Corte de Apelaciones dictar la resolución correspondiente con su debida motivación. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se proceda a notificar la misma a la autoridad recurrida y al pedidor de la garantía de Amparo, para los efectos legales consiguientes y cumplido el trámite correspondiente se proceda al archivo de las diligencias en el Secretaría de este Alto Tribunal. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0540-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL