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Sentencia AL-522-24 — Registro 19743

Resumen

De los alegatos presentados por reclamante se determina que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.." Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de marzo del año dos mil veinticinco. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAUDALES, a favor de YONY HENRRY VELÁSQUEZ ROMERO, FIAMMA MARISOL PAZ VALLECILLO y LUIS FELIPE LÓPEZ OCAMPO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil veinticuatro, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha uno (01) de febrero del año dos mil veintitrés, relacionadas según el recurrente a la demanda laboral para que se reconozca la existencia de una relación labor por tiempo indefinido desde el inicio de la relación laboral en virtud de fraude de ley, consecuentemente se le reconozca la antigüedad em la plaza en cual fueron nombrados los demandantes, se otorgue nivelación e incrementos de salario según la ley del estatuto del Médico Empleado en relación con la Ley de Reordenamiento del sistema Retributivo del Gobierno Central, incentivo de salario Bineal del 3.5%, reajuste y pago de salario, decimotercer mes, decimocuarto mes de salario, vacaciones y demás derechos retroactivos que correspondan desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha en que se emitió el Acuerdo de Nombramiento, y se otorgue el pago doble en concepto de penalización de acuerdo con lo que manda la Ley del Salario Mínimo, costas; promovida por YONY HENRRY VELÁSQUEZ ROMERO, FIAMMA MARISOL PAZ VALLECILLO y LUIS FELIPE LÓPEZ OCAMPO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD (SESAL). CONSIDERANDO: Que de las alegaciones formuladas por la recurrente para sustentar su acción de amparo, se desprende que no comparte la resolución dictada por la Alzada, mediante la cual se confirma la declinatoria por falta de competencia y se indica que debe ser conocida vía jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser de la opinión la actuante, que inicialmente la relación laboral entre las partes inició con la modalidad de contrato por tiempo determinado antes de ser modificada con la emisión del acuerdo de nombramiento, y es en este sentido que estima debe ser conocido ante dicho órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la actuante, se puede apreciar que invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, la declaración y garantías reconocidos en los artículos 82, 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, la cual inició contrato y posteriormente modificada con la emisión del acuerdo de nombramiento, motivo por el que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna establece: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 710 y 858 del Código del Trabajo;1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAUDALES, a favor de YONY HENRRY VELÁSQUEZ ROMERO, FIAMMA MARISOL PAZ VALLECILLO y LUIS FELIPE LÓPEZ OCAMPO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil veinticuatro, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, estimando esta Sala además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-522-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL