Sentencia AL-433-23 — Registro 19178
Resumen
La Sala Constitucional considera en el presente caso que la demandante ha interpuesto una demanda laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido indirecto ante la disminución de sus condiciones de trabajo tal y como lo prevé el Código del Trabajo. En ese sentido la recurrente en esta acción de amparo señala que el hecho de que la demandante haya decidido aplicar el despido indirecto, únicamente la circunscribe a pedir el pago de las prestaciones, circunstancia que canaliza a través de la excepción de ambigüedad u oscuridad al momento de plantear el escrito de demanda, lo cual a criterio de esta Sala Constitucional es erróneo por ser contrario a la Ley.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
..."Que de la revisión del expediente se desprende, que en el presente caso de autos la demandante ha interpuesto una demanda laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido indirecto ante la disminución de sus condiciones de trabajo tal y como lo prevé el Código del Trabajo. En ese sentido la recurrente en esta acción de amparo señala que el hecho de que la demandante señora Habivi Eunice Alonso Alemán, haya decidido aplicar el despido indirecto, únicamente la circunscribe a pedir el pago de las prestaciones, circunstancia que canaliza a través de la excepción de ambigüedad u oscuridad al momento de plantear el escrito de demanda, lo cual a criterio de esta Sala Constitucional es erróneo por ser contrario a la Ley, ya que tanto el Código de Trabajo como el artículo 129 de la Constitución de la República señala que el trabajador es quien tiene un derecho alternativo, es decir que ante un despido injustificado, nótese que la Ley no dice si es de forma directa o indirecta, sino que solo habla que sea injustificado, en este caso el trabajador tiene el derecho alternativo, bien de pedir el pago de las prestaciones y los salarios dejados de percibir o bien el reintegro a su cargo y el pago de los salarios dejados de percibir. CONSIDERNADO NUEVE (9): Es decir que es potestad del demandante ante un despido ya sea directo o indirecto decidir cuál de los dos derechos desea tener, es más de la simple lectura del artículo 129 Constitucional se desprende que este derecho alternativo inclusive se puede utilizar al momento de la firmeza del fallo, es decir que al momento que salga la sentencia el trabajador que haya pedido una de las dos pretensiones, puede optar por la otra en base a este derecho alternativo, por lo tanto no es que la figura del despido indirecto limite el derecho constitucional del derecho alternativo que esta sala ha citado, debiéndose denegar la presente acción de amparo. "...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 129 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Luis Alfredo Maradiaga Mendoza, a favor de la Municipalidad de La Ceiba, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de la Sección La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Habivi Eunice Alonso Alemán, contra la Municipalidad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 80 y 82 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado David Enrique Meza Rodríguez, actuando como Apoderado Legal de la señora Habivi Eunice Alonso Alemán, promoviendo “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PIDIENDO EL EMPLAZAMIENTO DEL PATRONO PARA QUE DEMUESTRE JUDICIALMENTE LA EXISTENCIA DE CAUSAS OBJETIVAS PARA TRASLADAR A LA TRABAJADORA DEMANDANTE…” contra la Municipalidad de La Ceiba, Atlántida, representada legalmente por el señor Bader Abraham Dip Alvarado.(Folios 1-17 del expediente del A-quo). 2).- En fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE DEMANDA DEFECTUOSA POR OSCURIDAD Y AMBIGÜEDAD EN LA PRETENSION opuesto por el Apoderado legal de la parte demandada; tener por precluidos a la parte demandada los derechos establecidos en los artículos 706 y 710 del Código del Trabajo y 715 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: SIN COSTAS: En esta instancia, MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone el recurso correspondiente contra el presente auto Interlocutorio quede firme el mismo. En este acto quedan notificados en estrados de este Auto interlocutorio ambos Representantes Procesales de las partes: En atención a lo dispuesto en los artículos 197.2 del Código Procesal Civil y 741 y 743 del Código del Trabajo, se hace saber a los Representantes Procesales de las Partes que el presente auto interlocutorio puede ser impugnado mediante los Recursos de Reposición ante este mismo Tribunal y Apelación ante la Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, los cuales deben interponerse oralmente en esta audiencia pública por tratarse de una notificación en estrados de un auto interlocutorio.” (Folios 131-135 del expediente del A-quo). 3).- Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Luis Alfredo Maradiaga, como parte demandada, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por el Abogado LUIS ALFREDO MARADIAGA, en su condición de apoderado legal la Municipalidad de Ceiba, Atlántida. SEGUNDO: CONFIRMA la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, emitida en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en la demanda ordinaria laboral descrita en el preámbulo de la presente resolución. Y MANDA: Que una vez que este fallo adquiera carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales consiguientes. Sin Costas en esta instancia. Quedan las partes, notificadas en estrados.-Cedida que le fue la palabra al abogado LUIS ALFREDO MARADIAGA quien en el uso de la palabra manifestó que literal mente dice: Interpongo Recurso de reposición contra el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones en virtud no estar apegado a derecho y que indudablemente desnaturalizada nuestra sustantiva puesto que no se puede pretender un reintegro a un puesto de trabajo por la vía de despido indirecto y de continuo con dicha pretensión, la Juez Aqua no podría emitir una sentencia clara y congruente. Me sirve de fundamento los artículos 114 y 115 Código del trabajo, 206 de Código Procesal Civil LA CORTE RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición por considerar que la resolución dictada se encuentra ajustada a derecho. Quedan las partes notificadas en estrados. Con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia, firmando los infrascritos Magistrados los comparecientes y secretaria que da fe.” (Folios 16-20 del expediente del A-quem). 4).- Que, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, compareció el Abogado Luis Alfredo Maradiaga Mendoza, interponiendo recurso de amparo a favor de la Municipalidad de La Ceiba, departamento de Atlántida, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada, los derechos consagrados en los artículos 80 y 82 la Constitución de la República. 5).- Que esta Sala, en fecha siete de diciembre de dos mil veintitrés, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso presentado por el Abogado Luis Alfredo Maradiaga Mendoza, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 23 del recurso). 6).- En fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…De lo expuesto, se desprende de la simple lectura de la demanda que dichos requisitos fueron debidamente observados en su planteamiento, por lo que al no existir el defecto procesal denunciado por el recurrente en cuanto a existir oscuridad o ambigüedad en su pretensión, dicha demanda no adolece de los requisitos legales exigidos, como bien señala la Alzada en su motivación al indicar que el hecho que la demandante solicite su reintegro conforme los artículos 113 del Código del trabajo y 129 de la Constitución de la República, no vuelve la demanda defectuosa, pues no se advierte que la misma este redactada en términos confusos. imprecisos o anfibológicos que impidan al demandado conocer cuáles son las pretensiones del demandante, es así que esta representación fiscal estima que no existe vulneración de los derechos constitucionales invocados, en tanto la resolución sub- judice no quebranta los derechos constitucionales invocadas, aunado a ello cabe resaltar que el recurrente a ejercido plenamente su derecho de defensa ya que ha tenido a su disposición los recursos que le franquea la ley, los cuales han sido utilizados por el recurrente como tal ha hecho uso de oponer el defecto procesal que nos ocupa en el momento procesal oportuno en la audiencia primera de trámite, además de los posteriores recursos interpuestos por su parte, por lo que no se ha producido indefensión a su representada. De lo antes expuesto esta Representación Fiscal comparte el criterio esgrimido por el Ad-quem por lo que se estima que su actuación no vulnera los preceptos Constitucionales invocados por el recurrente ya que se aprecia que la sentencia de mérito ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad a derecho de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada es un elemento esencial del debido proceso apreciándose que el fallo impugnado es razonable, congruente y justo. Del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el presente caso de autos no se han violentado las garantías Constitucionales a las que el recurrente hace referencia en su petición de Amparo. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 26-32 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de la Sección La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Habivi Eunice Alonso Alemán, contra la Municipalidad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 80 y 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la acción de amparo, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, el derecho de defensa y el debido proceso, en vista que la resolución de denegar que la demanda es ambigua y oscura, en relación a que el despido indirecto no es título para reclamar reintegro, coloca a la patronal demandada en una especie de indefensión, ya que impide que su representada puede ejercer un adecuado derecho de defensa, ya que estaríamos en un estado de desigualdad y desventaja frente al demandante, en virtud que la pretensión de la demanda es contraria a lo que establece la norma sustantiva del artículo 114 del Código del Trabajo que taxativamente establece: “Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones laborales, como en el caso del despido injusto: a)…; b)…”. En consecuencia, la empleada al haberse dado por despedida indirectamente, el único derecho que ostenta y resulta de su decisión unilateral frente a su patrono, es reclamar prestaciones e indemnizaciones legales laborales, tal como lo establece la norma sustantiva señalada, lo cual impediría en relación al debido proceso, que se pueda emitir una sentencia, violentando lo establecido en el artículo 208 del Código Procesal Civil, pues en el caso de autos, la sentencia jamás podrá ser congruente, ya que la actora pide reintegro, pero el despido indirecto solamente le alcanza para pretender prestaciones sociales, por tanto, es evidente que debió de sanearse el proceso de inmediato, para evitar una inminente sentencia incongruente, en tal sentido debe otorgarse el amparo sí o sí. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, siendo del parecer que no se otorgue la presente acción de amparo, en vista que no se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos Constitucionales invocados por el impetrante. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que de la revisión del expediente se desprende, que en el presente caso de autos la demandante ha interpuesto una demanda laboral para el reintegro a su puesto de trabajo por despido indirecto ante la disminución de sus condiciones de trabajo tal y como lo prevé el Código del Trabajo. En ese sentido la recurrente en esta acción de amparo señala que el hecho de que la demandante señora Habivi Eunice Alonso Alemán, haya decidido aplicar el despido indirecto, únicamente la circunscribe a pedir el pago de las prestaciones, circunstancia que canaliza a través de la excepción de ambigüedad u oscuridad al momento de plantear el escrito de demanda, lo cual a criterio de esta Sala Constitucional es erróneo por ser contrario a la Ley, ya que tanto el Código de Trabajo como el artículo 129 de la Constitución de la República señala que el trabajador es quien tiene un derecho alternativo, es decir que ante un despido injustificado, nótese que la Ley no dice si es de forma directa o indirecta, sino que solo habla que sea injustificado, en este caso el trabajador tiene el derecho alternativo, bien de pedir el pago de las prestaciones y los salarios dejados de percibir o bien el reintegro a su cargo y el pago de los salarios dejados de percibir. CONSIDERNADO NUEVE (9): Es decir que es potestad del demandante ante un despido ya sea directo o indirecto decidir cuál de los dos derechos desea tener, es más de la simple lectura del artículo 129 Constitucional se desprende que este derecho alternativo inclusive se puede utilizar al momento de la firmeza del fallo, es decir que al momento que salga la sentencia el trabajador que haya pedido una de las dos pretensiones, puede optar por la otra en base a este derecho alternativo, por lo tanto no es que la figura del despido indirecto limite el derecho constitucional del derecho alternativo que esta sala ha citado, debiéndose denegar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 129, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 715 del Código del Trabajo; FALLA: DENEGAR la presente acción de Amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-433-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL