Sentencia AL-27-23 — Registro 19356
Resumen
La Corte de Apelaciones declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto con relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto; La Sala deniega el recurso por no existir violación al derecho del debido proceso y el derecho de defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; de la misma manera la Carta Magna dispone que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Que la garantía del debido proceso, es un conjunto de garantías que buscan asegurar a los suplicantes que han concurrido a los Jueces o a la Administración Pública por una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, y que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el derecho de defensa implica, el de ser oído, el conocimiento de la pretensión de la parte contraria, la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo, la posibilidad de probar y controlar la prueba así como la equiparación de posiciones entre las partes en conflicto. CONSIDERANDO (8): Que el Estado garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir ante los Tribunales para alcanzar la protección de sus derechos, la tutela judicial efectiva contenida en la normativa vigente, así como en los tratados y pactos internacionales suscritos por Honduras contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas, en tal sentido, esta Sala de lo constitucional encuentra que no se han quebrantado los derechos invocados por la recurrente, quien ha actuado sin limitación alguna en el proceso, obteniendo una resolución amparada en la ley. Parte Dispositiva: Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, y por lo expuesto es del parecer que la decisión de la Alzada se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso y el derecho de Defensa; en tal sentido y de conformidad a los considerandos que preceden, cabe denegar el recurso interpuesto."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veinticinco- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada DANIELA MARINA GOMEZ LOPEZ, a favor del Señor JONATAN JOSUE LOPEZ CANELAS, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022), que declara sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ en su condición de representante procesal del demandante contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones e indemnizaciones Laborales por despido directo e injusto, promovida por el Señor JONATAN JOSUE LOPEZ CANELAS, contra la sociedad mercantil INVERSIONES EL REY S. DE R.L., representada por la señora JESSICA LORENA AYALA GOMEZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 59, 80, 82, 83 y 90 de la Constitución de la República; 8.1 Y 25.1 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos. ANTECEDENTES PROCESALES 1) Que en fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ, actuando en su condición de representante procesal del señor JONATAN JOSUE LOPEZ CANELAS, interponiendo demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto contra sociedad mercantil INVERSIONES EL REY S. DE R.L., representada por la señora JESSICA LORENA AYALA GOMEZ, en su condición de Gerente General. (Folios 01–03 de la Pieza de primera instancia). 2) Que en fecha uno de abril de dos mil veintidós, el Juzgado Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, emitió resolución en la cual manda al demandante que subsanara su demanda, a efecto de que indicara la dirección del demandante y que estableciera el lugar donde podía ser ubicada la demandada, para efectos de citación y emplazamiento. (Folios 12 de la pieza de primera instancia) 3) El Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo, presentando escrito de subsanación de la demanda de mérito en fecha doce de agosto de dos mil veintidós. (Folio 12 al 14 de la primera pieza de antecedentes) 4) Que en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, emitió auto en el cual dispuso: “Visto el informe que antecede, y siendo que el apoderado legal de la parte demandante no cumplió con la orden judicial, en el sentido de Subsanar la demanda ordinaria laboral; por lo tanto se precluye este derecho, por ser vencido y porque no hizo uso de dicho plazo, y comparece a subsanar la demanda extemporáneamente, cuando ya había quedado firme el auto de fecha 01 de abril del año 2022; en consecuencia ordenase el archivo de las presentes diligencias en el lugar que ocupan los juicios fenecidos sin ulterior progreso;…” (Folio 17 de la primera pieza) 5) Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ, compareció ante el citado Juzgado, interponiendo recurso de reposición y subsidiara apelación contra el auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintidós, relacionado en el numeral que precede. En consecuencia, en esa misma fecha, el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, resolvió denegando el recurso de reposición y admitiendo el recurso de apelación en ambos efectos, ordenando la remisión del expediente a la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida. (Folios 18 y 19 de la primera pieza) 6) Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó resolución en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual en su parte dispositiva falló: “PRIMERO: Declarando sin lugar, el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ, en su condición de representante procesal del señor JONATAN JOSUE LOPEZ CANELAS.- SEGUNDO: CONFIRMA la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida de fecha DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) recaída en la demanda ordinaria laboral descrita en el preámbulo de la presente resolución” (Folios 15 al 17 de la Pieza de segunda instancia). 7) Que en fecha nueve de enero de dos mil veintitrés (2023), la Abogada DANIELA MARINA GOMEZ LOPEZ, compareció ante en este Tribunal interponiendo acción de amparo a favor del Señor JONATAN JOSUE LOPEZ CANELAS, contra la resolución de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, por estimar que la misma es violatoria de los derechos y garantías contenidos en los Artículos 59, 80, 82, 83 y 90 de la Constitución de la República; 8.1 Y 25.1 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos. Teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito en fecha dos de mayo de dos mil veintitrés. (Folio 01 al 05 y 28 del presente Recurso) 8) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, Abogada CLAUDIA MEJIA MEJIA, y por emitido su dictamen, quien concluyó que de los antecedentes se colige, que en fecha 4 de abril de 2022, se notificó al Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ, de una resolución de fecha 1 de abril de 2022, en el sentido que se le concedía el término de 10 días para que subsanara su demanda, previo a resolver sobre la admisión de la misma, constando en los antecedentes, que el Abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ, presentó la subsanación en fecha 12 de agosto de 2022, tiempo en el cual ya había expirado el término para subsanar, tal y como lo informó la Secretaría del Juzgado, por lo que la Fiscal al revisar el fallo recurrido, no advirtió vulneración a ninguna garantía constitucional invocada por la recurrente, por lo que fue de la opinión que: “…Se Deniegue el presente Amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la Amparista.” (folios 38 al 41 del recurso de amparo) FUNDAMENTACION JURIDICA I. Sobre la Garantía de Amparo. -Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003 II.- Que la Acción de Amparo es una garantía Constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango Constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”- III.- Resumen del auto que se conoce en amparo: Que se conoce en amparo, la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022), que declara Sin Lugar y CONFIRMA la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida de fecha DIECISIETE (17) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022) recaída en la demanda ordinaria laboral descrita en el preámbulo, que precluye el derecho para subsanar la demanda por ser vencido el término y porque no hizo uso de dicho plazo, y comparece a subsanar la demanda extemporáneamente, cuando ya había quedado firme el auto de fecha 01 de abril del año 2022. arguye que se notificó al abogado Oscar Rolando Figueroa, porque este ostentaba la representación legal del señor Jonatan Josué López Canales con poder especial para pleitos número 582 de fecha trece de mayo del 2019, como se ha hecho en todos los juicios en atención a lo que dispone el articulo 719 numeral 3 inciso a) del código de trabajo, dándole el impulso oficioso, por lo que la notificación realizada de manera personal por el abogado Figueroa no es procedente, porque ya había sido notificado por medio de tabla de avisos del despacho en fecha cuatro de abril 2022. En consecuencia, se denegó el recurso de reposición interpuesto. IV. Resumen de lo resuelto por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida: Que la alzada al resolver el recurso de apelación interpuesto en audiencia de alegaciones en fecha veintinueve de noviembre del dos mil veintidós; sostuvo que según se colige de los antecedentes del caso, el abogado Oscar Rolando Figueroa Pérez, fue notificado en fecha cuatro de abril del año dos mil veintidós, mediante la tabla de avisos del auto de fecha 01 de abril del año 2022, auto en que el juzgado de primera instancia mandó a subsanar la demanda presentada, que si bien es cierto, a folio once vuelto de la primera pieza de autos, se observa que debajo de la constancia de la secretaria del despacho sobre la notificación por tabla de avisos, aparece otra constancia datada de fecha doce de agosto del dos mil veintidós, que refiere que se notificó al recurrente, el mismo auto que ya había sido notificado mediante la tabla de avisos, esta última constancia no fue refrendada por ningún ministro de fe del órgano jurisdiccional por lo tanto no tiene validez alguna, consecuentemente a este momento procesal la notificación por la tabla de avisos realizada por la secretaria del juzgado de letras en fecha cuatro de abril del presente año, tiene plena validez y ha surtido los efectos legales pertinentes. Señaló así mismo la Alzada, que el auto de fecha uno de abril del año 2022 mediante el cual se mandó a subsanar la demanda fue notificado al abogado Oscar Rolando Figueroa en fecha cuatro de abril del año 2022, la subsanación de la demanda presentada por el Apoderado Legal demandante en fecha 12 de agosto del año 2022, resulta extemporáneo tal como lo estableció la juez de Primera Instancia en el auto de fecha 17 de agosto del año 2022; igualmente señaló que si el apoderado legal de la parte demandante consideró algún vicio de nulidad de la notificación realizada mediante la tabla de avisos hubiese impugnado la misma a través del mecanismo correspondiente a fin de que el juez conocedor del asunto determinara, si procedía la nulidad de la misma y ordenara una nueva notificación, pero pretender que se tome como notificación valida una constancia de fecha doce de agosto de 2022, que no ha sido refrendada por un ministro de fe del juzgado competente, atenta contra las reglas del debido proceso y del principio de buena fe, al cual se deben de someter los apoderados legales de las partes y al no haberse impugnado en su momento procesal oportuno la notificación realizada por la tabla de avisos, la misma surtió sus efectos y fue consentida por el ahora recurrente; que por estas razones procede desestimar el recurso de apelación interpuesto procediendo a la confirmación de la resolución venida en apelación. V.-Resumen de los alegatos del garantista, invocando los derechos que considera vulnerados: Que la recurrente DANIELA MARINA GOMEZ LOPEZ comparece inconforme con el fallo relacionado en los considerandos que anteceden, motiva que recurre la sentencia interlocutoria por ser violatoria del derecho de defensa y debido proceso, consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, 8.1 y 25.1 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos en virtud que: PRIMERO: En fecha treinta de marzo del año dos mil veintidós, se presentó demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto promovida por el señor JONATAN JOSUE LOPEZ CANELAS contra la empresa Inversiones el Rey S.de R.L. DE C.V. representada por la señora Jessica Lorena Ayala Gómez en su condición de gente general; SEGUNDO: que en fecha uno de abril del 2022 el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida y del Trabajo por ministerio de ley, emitió un auto en la cual dio por presentada la demanda sin embargo, previo a la admisión de la misma, manda a que se subsane, lo cual tendrá que realizarse en el término de diez días hábiles, el cual por medio de secretaria del despacho se procedió a notificar por medio de tabla de avisos, siendo contraria a lo establecido en el artículo 719 numeral 1) del Código del Trabajo, el cual cito: “ Las notificaciones se harán en la siguiente forma: 1) Personalmente: a. Al demandado, la del auto que le confiere traslado de la demanda y en general, la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que de dicte; b. La primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales; y c. La primera que se haga a terceros, en relación con los artículos 22,135,136 y 138 del Código Procesal Civil, lo que constituye una violación al derecho de defensa y acceso a la Justicia de su representado, así como al debido proceso según los establecido en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica, por notificar el primer auto en el que se ordena la subsanación mediante tabla de avisos y no de manera personal. TERCERO: Que la acción de notificar a través de la tabla de avisos es invalida de pleno derecho, criterio el cual ha sostenido la honorable Sala de lo Laboral en el conversatorio de unificación de criterios celebrado en el año dos mil quince, donde fueron resueltas las siguientes interrogantes: “a) Que notificación se debe hacer valer contra un auto que manda a subsanar el escrito de demanda? b) cuál sería el tratamiento a seguir ante la falta de notificación personal al representante procesal o a la parte y que nunca se notifique?, se concluyó lo siguiente; se debe de notificar a los apoderados cuando se acepte el poder o notificar a la parte, instruir a los receptores de documentos para dejen consignados los teléfonos del trabajador. La notificación deberá hacerse personalmente al abogado que lo representa y si no aceptó el poder a la parte para que nombre nuevo representante procesal y pueda hacer uso de sus derechos. CUARTO; Que según circular 24 de la Corte Suprema de Justicia de Honduras de fecha 24 de octubre de 1986, El auto donde el juez/a, manda subsanar la demanda, deberá ser notificado al representante procesal de la parte demandante, si este ya ha aceptado el poder, en caso contrario, se procederá por medio de la secretaria del órgano jurisdiccional quien realizará las diligencias que sean necesarias para la notificación y aceptación del poder conferido y de no ser posible, procederá a notificar y requerir a la parte demandante para que nombre un nuevo representante, todo a efecto de garantizar el derecho de defensa. En atención a lo antes mencionado el manual procesal laboral en el párrafo segundo de la pag. 23 a fin de hacer efectiva la tutela judicial, el juez laboral cuenta con instrumentos que puedan auxiliarse, para el logro de los actos de comunicación, los que se encuentran en el artículo 135 al 145 del cpc. Por lo que el artículo 138 del Código Procesal Civil establece la forma en la que deberá realizar la notificación o comunicación al profesional del derecho, la cual cito: 1. la comunicación con las partes personadas en juicio se hará a través de su representante procesal, quien firmará las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases que deben hacerse a su poderdante en el curso del pleito, incluso las de sentencias y las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar personalmente el poderdante. QUINTO: que según lo establecido en el manual Procesal Laboral se manifiesta que “personalmente, que implica hacer del conocimiento a la parte u otro interesado una resolución judicial, a fin que pueda hacer uso de los derechos oportunidades y momentos procesales que la ley pone a su disposición…. Estamos de acuerdo que la notificación realizada por cedula fijada en la tabla de avisos del despacho no fue correcto, debió hacerse personalmente. Por lo que el órgano Ad-quo en el primer auto en la que manda a subsanar la demanda debe de notificarlo de forma personal y no tabla de avisos del despacho, ya que dicha acción es violatoria de los derechos del demandante. SEXTO: reclama que tanto la Juez de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida,(trabajo) así como la corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida quieren o pretenden hacer valer una actuación y procedimiento violatorio al derecho de defensa, acceso a la justicia y al debido proceso, como ser la notificación del auto de fecha uno de abril del año dos mil veintidós, misma que fue realizada mediante tabla de avisos en fecha cuatro de abril del año dos mil veintidós, lo cual constituye una clara violación del debido proceso, según lo establecido en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica y 719 numeral 1 del Código del Trabajo. VI.- Resumen de la Opinión del Ministerio Público: Que una vez realizada la vista conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la fiscal Ministerio Publico Claudia Mejía emitió su opinión que se deniegue el presente amparo; ya que se colige de los antecedentes que en fecha cuatro de abril 2022, se notificó por cedula al abogado OSCAR ROLANDO FIGUEROA PEREZ(ver Folio 11 Vuelto) de la resolución emitida en fecha uno de abril del año 2022 en el sentido de que se concedía el término de diez días para que subsanara la demanda ordinaria Laboral interpuesta, previo a resolver su admisión; constando de los antecedentes que el abogado Figueroa Pérez presentó la subsanación de la demanda en fecha doce de agosto del año 2022, tiempo en el cual ya había expirado el término concedido por el juzgado para la subsanación, tal y como así lo informó la secretaria de ese despacho Judicial, por lo que esta representación fiscal al revisar el fallo recurrido no advierte la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente. MOTIVACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS CONSIDERANDO (1): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir una correcta aplicación de la norma adjetiva y una sustanciación adecuada de la norma sustantiva. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. -CONSIDERANDO (2): El debido proceso también comporta el derecho de defensa, este implica: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO (3): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte. CONSIDERANDO (4): En la esfera jurídica, la pretensión consistente en pedir al juez un determinado pronunciamiento, ya sea de declaración de existencia de una relación jurídica o de creación o extinción de esta, o de petición de condena para la otra parte. Existiendo una amplitud en cuanto al carácter de la petición. Dicha amplitud es acotada por el juez, primero definiéndolo en el momento procesal oportuno y luego resolviendo sobre el mismo en el momento de finalización del proceso. –CONSIDERANDO (5): En el caso sub-examine la pretensión establecida en autos, atendió la exigencia del artículo 703 del Código del Trabajo que desarrolla la configuración del escrito de demanda, que iniciara el Procedimiento en los juicios del trabajo. La demanda se presentará por escrito y deberá contener: la designación del Juez a quien se dirige; el nombre de las partes y el de sus representantes, si aquéllas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas; su vecindad o residencia y dirección, si es conocida, o la afirmación de que se ignora la del demandado, ratificada bajo juramento; lo que se demanda, expresando con claridad y precisión los hechos y omisiones; una relación de los medios de prueba que el actor pretenda hacer valer para establecer la verdad de sus afirmaciones; la cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia y las razones y fundamentos de derecho en que se apoya. Cuando el trabajador pueda litigar en causa propia no será necesario este último requisito; al revisar el expediente de mérito previo a la admisión de la demanda se ordena Subsanar en el sentido que indique la dirección domiciliaría del demandante y que establezca donde puede ser ubicada la demandada para efectos de citación y emplazamiento. CONSIDERANDO (6): Así entonces, según la recurrente acude a esta instancia aduciendo violación de las garantías Constitucionales contenidas en los artículos 80, 82, 90 de la Constitución de la República; vulneraciones que, según ella, se han producido en virtud de que al notificar el primer auto en el que se ordena la subsanación, mediante tabla de avisos y no de manera personal, constituye este acto, una violación al debido proceso, al derecho de defensa y acceso a la justicia de su representado. Que al examen de la resolución impetrada tal como lo relaciona la alzada esta sala constata: Que el abogado de la parte demandante abogado Oscar Rolando Figueroa es quien presenta la demanda laboral en representación del señor JONATAN JOSUE LOPEZ CANELAS con poder especial para pleitos número 582 de fecha trece de mayo del 2019, por lo que se procedió a notificar por tabla de avisos del despacho dando el impulso oficioso dentro del término para la admisión de la demanda, pues la misma fue presentada en fecha treinta de marzo, y previo a su admisión se ordenó subsanar, por lo que la notificación por tabla de avisos es de fecha cuatro de abril del mismo año 2022; FECHA que se Notificó al abogado Oscar Rolando Figueroa Pérez, de la resolución emitida en fecha uno de abril 2022, en el sentido que de acuerdo a lo establecido en el artículo 426 numeral 3 del Código Procesal Civil, subsanará la demanda, por lo que se le concedio diez días hábiles para su subsanación; notificación que se realizó conforme a lo señalado en el artículo 719 numeral tres del Código del Trabajo que reza: “ Art. 719. Las notificaciones se harán de la siguiente forma: 1) Personalmente: a) Al demandado, la del auto que le confiere traslado de la demanda, y, en general, la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte; b) La primera que se haga a los empleados públicos en su carácter de tales; y, c) La primera que se haga a terceros. 2) En estrados, oralmente, las de las providencias que se dicten en las audiencias públicas. Se entenderán surtidos los efectos de estas notificaciones desde su pronunciamiento. 3) Por la tabla de avisos: a) Las de autos interlocutorios y de sustanciación, cuando no se hubieren efectuado en estrados a las partes o a alguna de ellas; A instancia y casación b) Las del primer auto de sustanciación que se dicte en la segunda instancia y en casación, así como la del auto en que se cite a las partes para la primera audiencia de cualquier instancia. Es entendido que sólo estas providencias podrán dictarse fuera de audiencia. Los avisos por la tabla se fijarán el día siguiente al del pronunciamiento del auto respectivo y permanecerán fijados un (1) día, vencido el cual se entenderán surtidos sus efectos; Sin embargo es hasta en fecha diecisiete de agosto del mismo año es decir cuatro meses después que se presenta la subsanación, lo cual tal como lo refirieron las instancias es extemporáneo; y si la parte demandante consideró algún vicio de nulidad en la notificación hubiese impugnado la misma, a través de los mecanismos correspondientes a fin de que el juez conocedor determinara si procedía la nulidad de la misma y ordenara una nueva notificación. Al no hacerlo la notificación realizada por la tabla de avisos tal como se dijo surtió efectos legales; pues la misma se realizó al apoderado legal del demandante según consta del libelo de la demanda, por ende, era quien ostentaba la representación procesal del demandante, en tal razón no se advierte la vulneración de ninguna garantía Constitucional invocada por la recurrente. CONSIDERANDO (7): Que la Constitución de la República establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; de la misma manera la Carta Magna dispone que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Que la garantía del debido proceso, es un conjunto de garantías que buscan asegurar a los suplicantes que han concurrido a los Jueces o a la Administración Pública por una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, y que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el derecho de defensa implica, el de ser oído, el conocimiento de la pretensión de la parte contraria, la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo, la posibilidad de probar y controlar la prueba así como la equiparación de posiciones entre las partes en conflicto. CONSIDERANDO (8): Que el Estado garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir ante los Tribunales para alcanzar la protección de sus derechos, la tutela judicial efectiva contenida en la normativa vigente, así como en los tratados y pactos internacionales suscritos por Honduras contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas, en tal sentido, esta Sala de lo constitucional encuentra que no se han quebrantado los derechos invocados por la recurrente, quien ha actuado sin limitación alguna en el proceso, obteniendo una resolución amparada en la ley. Parte Dispositiva: Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, y por lo expuesto es del parecer que la decisión de la Alzada se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al derecho del Debido Proceso y el derecho de Defensa; en tal sentido y de conformidad a los considerandos que preceden, cabe denegar el recurso interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer de la señora Fiscal, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 719 numeral 3 del Código del Trabajo ; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: Denegando el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada DANIELA MARINA GOMEZ LOPEZ a favor del señor JONATAN JOSUE LOPEZ CANELAS contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la sección Judicial de la Ceiba departamento de Atlántida en fecha veintinueve de noviembre dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA.FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0027-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL