Sentencia AL-259-23 — Registro 19735
Resumen
Otorgamiento de acción de amparo en relación Oposición a Ejecución de Tasación de Costas, donde impetrante argumenta la exoneración de Costas al Estado, excepto acreditando el dolo por parte de éste, la Sala Constitucional estima, que la apreciación del dolo por parte de la Alzada, no está sustentado de autos, en donde haya quedado demostrado que la parte vencida en juicio tuvo la mala intención de producir un daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución, omitiendo para efectos de una verdadera tutela judicial efectiva lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 266-2013, (ejecutada) ,infringiendo en la resolución impugnada, por omitir una motivación “suficiente y razonable”.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.CONSIDERANDO (11): Que se concluye del estudio, que el auto interlocutorio emitido por el Juez A-quo y confirmado por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, están dictados inobservado el principio de legalidad y al debido proceso, actuaciones que han vulnerado los derechos y garantías invocadas por el impetrante, entendiendo al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el mismo se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, para obtener una resolución de forma independiente, imparcial justa y motivadas, estimando Sala que la decisión del Ad-Quem vulnera las disposiciones legales vigentes como se evidencia de la falta de motivación y fundamentos originadas en los fallos estudiados, encontrándose vulneración a las garantías invocadas, en consecuencia resulta procedente OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO.-
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.CONSIDERANDO (11): Que se concluye del estudio, que el auto interlocutorio emitido por el Juez A-quo y confirmado por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, están dictados inobservado el principio de legalidad y al debido proceso, actuaciones que han vulnerado los derechos y garantías invocadas por el impetrante, entendiendo al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el mismo se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, para obtener una resolución de forma independiente, imparcial justa y motivadas, estimando Sala que la decisión del Ad-Quem vulnera las disposiciones legales vigentes como se evidencia de la falta de motivación y fundamentos originadas en los fallos estudiados, encontrándose vulneración a las garantías invocadas, en consecuencia resulta procedente OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO.-
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ELISA CAROLINA CASTRO PINTO a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha treinta y uno de Enero del dos mil veintitrés que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor PROCERPINO CASTRO DIAZ contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.AN TECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de junio del dos mil trece(2013), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela y del Trabajo por Ministerio de Ley, el señor PROCERPINO CASTRO DIAZ interponiendo demanda ordinaria laboral contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, como representante del Estado de Honduras la procuradora General de la Republica la abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO a efecto de que otorgue EL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD LABORAL, DERECHO AL TRABAJO Y ESTABILIDAD LABORAL, SUBORDINADA POR TIEMPO INDEFINIDO Y LA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL PATRONO LA TERMINACIÓN DE UN CONTRATO EN VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGAL, REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS ADEUDADOS , AGUINALDO, DÉCIMO CUARTO MES VACACIONES, COSTAS DEL JUICIO.- (Folios 1 al 5 de la primera pieza de los antecedentes) 2)EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022), se presentó un Fallo interlocutorio, recaído en presente juicio sobre la impugnación de liquidación de costas de ejecución. SIC” RESUELVE: PRIMERO: Declarar Sin Lugar la impugnación de Liquidación de Costas de ejecución presentada mediante comparecencia por la representante legal del Estado de Honduras, en virtud de no ser excesiva ni indebida la tasación de la Liquidación de Costas Personales practicada por la secretaria del despacho en fecha 27 de Enero del presente año, en consecuencia se mantiene la misma.- Y MANDA: Que de no interponerse recurso alguno contra la presente resolución una vez firme surta los efectos legales correspondientes.- SIN COSTAS.- CEDIDA QUE LE FUE LA PALABRA A LA ABOGADA ELISA CAROLINA CASTRO ECHEVERRIA quien manifestó que por este acto interpongo recurso reposición y de apelación en virtud de no estar de acuerdo con la resolución emitida.- CEDIDA QUE LE FUE LA PALABRA AL ABOGADO MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA quien manifestó que está de acuerdo con la resolución emitida solicitando se le extienda copia del presente auto.- EL JUZGADO RESUELVE: En cuanto a los recursos interpuestos por la abogada ELISA CAROLINA CASTRO ECHEVERRIA en la condición con que actúa, Declárese sin lugar el recurso de reposición por considerar este juzgado que la resolución emitida se encuentra conforme a derecho, admítase el recurso de apelación interpuesto remítanse las presentes diligencias a la Honorable Corte de apelaciones de la ciudad de la Ceiba Atlántida lugar donde deberá recurrir las partes-en el uso de su derecho en el término legal correspondiente.- Extiéndase copia día del presente auto a las partes procesales./En este estado se da por terminado la presente acta quedando notificado en estrados 1os apoderados legales secretaria que da fe.- (“folio 266 al 267 de la segunda pieza de los antecedentes del Ad-quem”)3)Que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba Departamento de Atlántida en fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veintitrés (2023), conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 28 de octubre del año dos mil veintidós que se hace relación en el numeral anterior promovida por el señor PROCERPINO CASTRO DIAZ en la cual dicta.- PARTE DISPOSITIVA: POR TANTO: Esta Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, siendo ponente la Magistrada Propietaria CRUZ RECARTE y por las razones antes dichas FALLA: 1) Declarar NO HA LUGAR el Recurso De Apelación interpuesto por la Apoderada Legal demandada contra la resolución de fecha 28 de octubre del año 2022 por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida.- 2) CONFIRMAR la resolución de fecha 28 de octubre del año 2022 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida.- Y MANDA: Que una vez que este fallo adquiera el carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales.- Con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia, firmando los Infrascritos Magistrados, parte compareciente y Secretaria que da fe.(folio 114 AL 117 de la segunda pieza de antecedentes del Ad-quem).4)Que en fecha tres (03) de marzo del dos mil veintitrés, la abogada ELISA CAROLINA CASTRO PINTO , compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del señor PROCERPINO CASTRO DIAZ contra la Resolución dictada en fecha treinta y uno (31)de Enero del dos mil veintitrés (2023),, por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5 316 y 320 de la Constitución de la República , artículos 1 y 78 numeral 5 de la ley de Organización y atribuciones de los Tribunales Articulo 8 Declaración Universal de los Derechos Humanos y deberes del hombre. Artículos 63, 64, 120 de la ley sobre justicia constitucional. (Folios 01 al 06 del recurso de amparo)5)Que en fecha Veintiocho (28) de noviembre del dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, quien fue de la opinión porque: -IV-CONCLUSION Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer por que SE OTORGUE el presente Recurso de Amparo, por haberse ultrajado el artículo constitucional denunciados por la Amparista.” (Folios 42 al 45 del recurso de amparo) “CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (2): Que la Sala conoce la acción de amparo pedida por la abogada ELISA CAROLINA CASTRO PINTO en su condición de Representante Legal de la Procuraduría General de la República a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, de conformidad con los antecedentes del caso sub judice contra la sentencia dictaminada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ceiba, Departamento de Atlántida, con fecha treinta y uno de Enero del dos mil veintitrés que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la actual suplicante, en su condición de Representante del Estado de Honduras y confirmó el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida de fecha veintiocho de octubre del dos mil veintidós que resolvió tasar las costas de ejecución de sentencia por la suma de CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS.402,270.40), resultado del 10% de la cantidad ejecutada de CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.4,022,704.04) con relación a la demanda laboral promovida por el señor PROCERPINO CASTRO DIAZ en contra de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.-CONSIDERANDO (3): Que de los antecedentes observados se sustrae, que el señor PROCERPINO CASTRO DIAZ promovió demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la para el reconocimiento de antigüedad laboral, derecho al trabajo y estabilidad laboral, subordinada por tiempo indefinido y la justificación por parte del patrono la terminación de un contrato en violación al procedimiento legal, reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, pago de derechos adquiridos adeudados, aguinaldo, décimo cuarto mes vacaciones, costas del juicio contra LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA. Se expone de autos que agotada la vía recursiva contra la sentencia emitida por el Juzgador de fecha dieciocho de Septiembre del dos mil diecisiete que corre a folios 138 al 142 de la pieza de los antecedentes del A-quo, en la cual declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral en sus puntos demandados, ordenando el reintegro al puesto de trabajo del demandante en iguales o mejores condiciones de las que tenía al momento de su despido, más a título daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se adeuden, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro. Una vez firme la sentencia se continuó con el procedimiento de ley hasta satisfacer el pago del demandante, actuando sobre el decreto de embargo emitido por el órgano jurisdiccional que conoció de la demanda por la cuantía de Lps.4,022,704.04 a favor del trabajador en concepto de indemnización, cantidad que estaba obligada a pagar el deudor, en este caso la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. CONSIDERANDO (4): Que recurre en amparo la parte demandada la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud argumentando que con la Resolución emitida por el Tribunal de Alzada se violó el principio de legalidad y el debido proceso de su mandante contemplado en el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República, en virtud de que la sentencia recurrida no tiene claridad, así como falta de motivación y fundamentación en la misma; así mismo describe la disposición general instituida en el Artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, articulo que establece que el Estado del cual forma parte su mandante al ser una empresa pública está exenta del pago de costas, excepto si existe dolo, lo cual no aplica porque no se ha probado que su mandante actuó con dolo, dado que el mismo, tal ser una violación de la buena fe (que es siempre la presunción) debe ser probado en juicio penal, administrativo o civil y declarado mediante una sentencia firme para que produzca efecto, por lo que la sentencia recurrida quebranta de manera flagrante el debido proceso.-CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alzada al resolver el Recurso de Apelación que interpone la parte demandada en su condición de apelante contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de fecha veintiocho de octubre del dos mil dieciséis, relativo a que el Juzgado tasó las costas de ejecución de la sentencia de mérito por la cantidad de CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (Lps.402,270.04) el que resulta del 10% de la cantidad ejecutada, ordenando el respectivo requerimiento con las advertencias de ley, decretando el Juez inmediatamente el embargo por lo que el Tribunal de Alzada fue de la firme opinión que el auto interlocutorio apelado estaba dictado conforme a derecho por lo que procedió a su confirmatoria, lo que implica que el demandado perdidoso no cumplió voluntariamente al pago de las cantidades dinerarias a que fue condenado, en este caso salarios dejados de percibir según sentencia definitiva, de manera que la parte gananciosa se vio obligada a acudir a la etapa de ejecución para que el demandado le pagara la cantidad dineraria debida; es así que en fecha 29 de septiembre del dos mil veintiuno la parte demandada y condenada fue requerida para el pago del concepto antes mencionado, según se aprecia a folio 236 del tomo 2 de la pieza de los antecedentes; por lo que la parte demandada dentro del plazo de cinco días presentó oposición a las costas de ejecución alegando que las costas de ejecución son excesivas sin presentar ningún computo, partida, minuta o cualquier otro dato que nos permita apreciar que ciertamente las costas son excesivas por haberse incluido derechos o gastos que no se deben o que los honorarios reclamados no están autorizados por el arancel del profesional del derecho, o siendo autorizados sean desmedidos; y siendo que la oponente no presentó ningún elemento que nos haga creer que efectivamente son excesivos, y que si bien es cierto el artículo 8 del Decreto 266-13 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios al Ciudadano y Fortalecimiento a la Transparencia en el Gobierno el cual dice que el Estado y sus entidades en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, por dolo incumplimiento de las obligaciones contraídas pero no es menos cierto que devenía en la obligación de pagar la parte demandada por ser parte en el juicio y a la vez por ser responsable personal del cumplimiento por disposición legal o contractual, así mismo el Ad-quem resuelve que el Recurso de Apelación en relación a las pretensiones oportunamente alegadas en primera instancia que hayan sido rechazadas y recurrida; Y es así que el decreto 266-2013, no fue parte del motivo de oposición a las costas de ejecución en primera instancia y por lo tanto no fue fundamento de la resolución apelada, por lo que no puede ser alegado. CONSIDERANDO (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales expresando sus razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, en este caso en la jurisdicción de lo laboral, tal como lo establece el artículo 858 del Código de Trabajo al referirse a la aplicación analógica, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicaran las normas análogas de dicho Código del Trabajo y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. Se deprende de autos que la sentencia condenatoria se dictó en fecha dieciocho (18) de Septiembre del dos mil diecisiete (2017); confirmada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba del Departamento de Atlántida el siete (7) de Noviembre del dos mil diecisiete (2017) y que adquiere su firmeza y efectos jurídicos una vez notificadas las partes procesales del RECURSO DE CASACION (12 de Marzo del dos mil diecinueve (2019)) conocido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que declaró NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACION, sentencia emitida el 07 de mayo del 2019.-CONSIDERANDO (7): Que en fecha 21 de enero del 2021, la parte ejecutante comparece al Juzgado de Letras del Trabajo que conoció de la demanda ordinaria laboral a solicitar que se aprobara y ordenara la tasación de la ejecución de la sentencia por la cantidad del 10% sobre la cantidad embargada de (Lps.4,022,704.04) calculado sobre el 10% de la cantidad embargada, siendo la cantidad de (LPS. 402,270 40), el Juzgado dio por tasadas las costas de ejecución y ordena el traslado a la parte demandada para que se pronuncie sobre las mismas. En fecha nueve (09) de febrero del dos mil veintidós (2022), comparece la parte contraria oponiéndose a la totalidad de la cuantía de ejecución de costas motivando su argumento que las mismas son excesivas por no existir las justificaciones en cuanto a la ejecución planteada, ya que la obligación contraída por la parte demandada fue cumplida en su totalidad mediante el embargo practicado en el presente juicio. CONSIDERANDO (8): Que de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos se desprende que efectivamente el Tribunal de Alzada basa sus argumentos, entre otros, en el CONSIDERANDO (1) DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO: “Que si bien es cierto el Artículo 8 del Decreto 266-2013 señalado que contiene la ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios la ciudadanía y fortalecimiento a la transparencia en el gobierno, el cual dice que el Estado y sus entidades, en juico de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; extremo que no fue alegado en la primera instancia; por lo que el Ad-quem en su resolución se logra observar que la misma va resolver solamente con las pretensiones alegadas que hayan sido rechazadas y recurridas.- Y siendo que el artículo 324 de la Constitución de la República relacionándolo con el caso en el que se establece: Que cuando un funcionario infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo, entendiéndose por dolo incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntario o no, de una persona que produce un mal o daño”, así como también lo establecen los artículo 788 numeral 2) y 789 del Código Procesal Civil respecto al cargo de las costas causadas. Esta Sala estima, que la apreciación del dolo de forma conceptual en el fallo por parte de la Alzada, no está sustentado de autos, en donde haya quedado demostrado que la parte vencida en juicio (ejecutada) tuvo la mala intención de producir un daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución, omitiendo para efectos de una verdadera tutela judicial efectiva lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 266-2013, que literalmente establece “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”, obviar esta disposición para efectos de motivar el fallo así como desconocer que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República una vez promulgada, enuncia que el Tribunal de Alzada ha inobservado el debido proceso alegado por el suplicante, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que manda “que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; resulta entonces, que el invocado decreto legislativo por parte del impetrante es de cumplimiento obligatorio desde su publicación, en el precitado Decreto se reconocen derechos fundamentales, los que se materializan en garantías mínimas e ineludibles de ser aplicadas para la eficacia de un proceso, resolver las pretensiones controvertidas jurídicamente y que reúna todos los elementos esenciales al debido proceso, sin atribuirle a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos.-CONSIDERANDO (9): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. Es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por la recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado.CONSIDERANDO (11): Que se concluye del estudio, que el auto interlocutorio emitido por el Juez A-quo y confirmado por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, están dictados inobservado el principio de legalidad y al debido proceso, actuaciones que han vulnerado los derechos y garantías invocadas por el impetrante, entendiendo al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el mismo se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, para obtener una resolución de forma independiente, imparcial justa y motivadas, estimando Sala que la decisión del Ad-Quem vulnera las disposiciones legales vigentes como se evidencia de la falta de motivación y fundamentos originadas en los fallos estudiados, encontrándose vulneración a las garantías invocadas, en consecuencia resulta procedente OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO.-POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, impartiendo Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, por UNANIMIDAD de votos, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 320 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Decreto Legislativo 266-2013; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 63, 64, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por los Abogada ELISA CAROLINA CASTRO PINTO a favor del EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES, DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la Resolución de fecha treinta y uno (31) de Enero del dos mil veintitrés (2023), emitida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA; 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia, restituyendo los derechos conculcados POR EL ESTADO DE HONDURAS 3) REVOCA la sentencia recurrida en amparo y como consecuencia que proceda a dictar nueva sentencia considerando los razonamientos y fundamentos invocados en el presente fallo. Y MANDA: Que con certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintisiete de junio de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-0259-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL