Sentencia AL-1814-22 — Registro 18852
Resumen
La Sala denegó el Recurso de Amparo la sentencia recurrida no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el debido proceso y demás derechos de configuración legal aludidas en formalización de la acción de amparo por el recurrente; en virtud de haberse dictado con las formalidades y derechos que exige la legalidad aplicable
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la existencia real y material del contrato individual de trabajo, amerita la protección optima acorde a la Constitución y las leyes, a través de su congruente desarrollo jurisprudencial y dentro del concepto teleológico constitucional de armonía entre el capital y el trabajo; con lo cual se verifica la complementariedad de la sentencia conocida en amparo, según pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN y objeto de la presente acción de amparo, con el ámbito constitucionalmente reconocido al debido proceso, por lo cual se estima no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; aunado a ello, el recurrente se enfoca en la sentencia dictada por el A-quo y la inobservancia en la resolución dictada de normativa de derecho sustantivo y adjetivo, olvidando que lo que se recurre en Amparo es la resolución dictada por el Ad-quem, considerándose de forma concluyente que la sentencia recurrida no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el debido proceso y demás derechos de configuración legal aludidas en formalización de la acción de amparo por el recurrente; en virtud de haberse dictado con las formalidades y derechos que exige la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 y 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de octubre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, a favor de la Sociedad Mercantil denominada CREDIT EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio dictado en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que rechaza la nulidad de actuaciones promovida por el Abogado Mario Rene Welchez Miranda; en relación a la demanda laboral promovida por la señora JINA PAOLA URQUIA ROSA Y OTROS, contra la Sociedad Mercantil denominada REALCO INVESTMENT, S. DE R.L. DE C.V., a través de su Representante Legal el señor Michel Brukirer. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los derechos fundamentales contenidos en los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintinueve de marzo del año dos mil once, comparecieron ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, los señores JINA PAOLA URQUIA, OTONIEL AMILCAR NUÑEZ ZELAYA, RONEY ALONZO AGUILAR ORLLANA y NICOLAS GOMEZ BUSTOS, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral contra la sociedad mercantil denominada REALCO INVESTMENT, S. DE R.L., a través de su representante legal el señor MICHEL BRUKIRER y solidariamente al CONSORCIO REALCO INVESTMENT-PCC HONDURAS, por medio de su representante legal el señor MICHEL BRUKIRER, CONSORCIO REGENCY, a través de su representante legal la señora LUCIA GABRIELA NUÑEZ SANCHEZ y la sociedad mercantil denominada KAYLA DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V. por medio de su representante legal el señor GARY KENTH MORBY, demandando el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, por el cierre definitivo de la empresa y en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el pago de los salarios caídos contados desde la fecha del cierre definitivo de la empresa hasta la fecha en que quede firme la sentencia, el pago de salarios adeudados, pago de vacaciones causadas y cualquier otro derecho inherente, solicitando el embargo preventivo de bienes y la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes específicos. (Folios del 1-8 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2)Que en fecha seis de mayo del año dos mil trece, el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia en las demandas ordinarias acumuladas promovida por los señores JINA PAOLA URQUIA ROSA, OTONIEL AMILCAR NUÑEZ ZELAYA, RONEY ALONZO AGUILAR ORELLANA y OTROS, contra la Sociedad Mercantil REALCO INVESTMENT S. DE R.L., mediante la cual falló declarando con lugar la demanda ordinaria laboral referida. (Folios del 488-493fv de la pieza de antecedentes del A-quo)3)Que en fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete, el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolvió: (Sic) “…señálese audiencia de REMATE para el día MIÉRCOLES UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LA UNA CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE a efecto de proceder al remate de los bienes embargados, Y MANDA: que la Secretaría del Despacho proceda a realizar los respectivos avisos de los cuales tendrán que estar publicados Seis (6) días antes del remate se publicarán y fijarán en la Secretaría del Juzgado y en tres (3) de los lugares más concurridos, carteles en los que se cuenta al público de que va a verificar, con especificación de los bienes respectivos. Artículo 90 de la Constitución de la República, articulo 669, 718, 784 y 858 del Código de Trabajo…” (Folio 788 del Tomo I de la pieza separada de medida cautelar)4) Que en fecha de veintidós de mayo del año dos mil diecinueve, el Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil CREDIT EXPRESS S.A., compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, solicitando la Nulidad de Actuaciones desde el auto de fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete y en adelante, específicamente en lo que se refiere a la adjudicación del inmueble inscrito bajo Matricula 1024003 Asiento 1, la hipoteca a favor de CREDIT EXPRESS S.A., Asiento 2, ubicado en el Proyecto Habitacional Villas Santa Clara. (Folios del 1104-1106fv del Tomo II de la pieza separada de medida cautelar)5)Que en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, emitió auto mediante el cual resolvió: (Sic) “VISTA: el acta de comparecencia que antecede presentada por el Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, en cuanto a lo solicitado y manifestado SE RECHAZA la nulidad absoluta de actuaciones, en virtud de que el ordenamiento jurídico laboral es claro, al señalar que los incidentes solo podrán interponerse en la audiencia primera de trámite, y en la etapa de ejecución solamente procede la excepción de pago, todo con la finalidad de no dilatar la ejecución de la sentencia. Asimismo se hace ver al Abogado antes referido que el Receptor del Despacho emitió constancias donde se acredita los avisos a la convocatoria de subasta ver (F. 789 y 790); en aplicación al Artículo 784 del Código del Trabajo, con los cuales se dio a conocer al público la celebración de la misma; el derecho a terceras personas en el proceso laboral debió ser interpuesto antes de la audiencia de remate, circunstancia que habiendo dado a conocer la celebración del remate no aconteció en el presente proceso, es por ello que además de no proceder la nulidad planteada por no ser procedente, de igual forma ese derecho exigido por el solicitante ha sido presentado de manera extemporánea. En vista de todo lo expuesto el juez laboral hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación en el proceso…” (Folio 1114 del Tomo II de la pieza separada de medida cautelar).6) Que la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil CREDIT EXPRESS S.A., contra el auto relacionado en el acápite anterior, dictó sentencia interlocutoria en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), mediante la cual falló: (Sic) “1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA; 2.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio de fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, y recaído en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PAGUE LOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR EL CIERRE DEFINITIVO DE LA EMPRESA Y EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS CONTADOS DESDE LA FECHA DEL CIERRE DEFINITIVO DE LA EMPRESA HASTA LA FECHA EN QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA DE MERITO, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, PAGO DE VACACIONES CAUSADAS NO GOZADAS, NI MUCHO MENOS COMPENSADAS, PAGO POR DESPIDO EN ESTADO DE EMBARAZO, PAGO DEL PRE Y POST NATAL Y LAS CIENTO OCHENTA HORAS DE LACTANCIA Y CUALQUIER OTRO DERECHO INHERENTE PRODUCIDO DURANTE LA SECUELA DEL JUICIO, COSTAS, promovido por los señores JINA PAOLA URQUIA ROSA, OTONIEL AMILCAR NUÑEZ ZELAYA, RONEY ALONZO AGUILAR ORELLANA, NICOLAS GOMEZ BUSTOS, REYNALDO GARCIA VILLANUEVA, EDWIN OMAR ROMERO LOPEZ, ALEJANDRO HUMBERTO MENA, SELVIN NOE MEZA GARCIA, JUAN ANGEL PAVON RODAS, JORGE AURELIO CACERES, NOE ABAD SILVA RECONCO, EDWIN YAMIL LIRA CANALES Y MARCELO ANTONIO CARRASCO CALIX contra la sociedad REALCO INVESTMENT, S. DE R. L., representada por el señor MICHELL BRUKIKER, en su condición de Gerente General.- 3.- SIN COSTAS en esta instancia…” (Folios 162-167fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem)7)Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), el Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada CREDIT EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la sentencia interlocutoria de fecha uno de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de las garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 64, 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha veintiuno de abril del año dos mil veintitrés; asimismo ordena la apertura del periodo probatorio por ocho días hábiles, comunes para proponer y evacuar la prueba ofrecida. (Folios del 1-6 y 47 de los autos) 8)Que mediante providencia de fecha treinta de mayo del año dos mil veintitrés, la Sala visto la proposición de pruebas presentadas, dispuso: (Sic) “I.- Tener por propuesto y evacuado los medios de prueba ofrecidos “a) CERTIFICACION… b) CONSTANCIA… c) CERTIFICACION- 13234… d) MANDAMIENTO; mismos, que se acompañan al escrito de interposición del recurso de amparo, al presente escrito y se señalan los folios donde se encuentran…” asimismo se decreta el cierre del periodo probatorio y ordena continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando vista de los autos por cuarenta y ocho horas, al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folio 54 de los autos)9)Que en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen a través de la Abogada CLAUDIA MEJIA MEJIA, quien fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE el presente Amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el amparista.”; en la apreciación jurídica de los hechos controvertidos, la Fiscal del Despacho argumenta que del análisis de los antecedentes del caso, se logra apreciar que el seis (06) de mayo de dos mil trece (2013), se dictó sentencia definitiva en la que se declara con lugar la Demanda ordinaria Laboral promovida por los señores JINA PAOLA URQUIA ROSA Y OTROS, contra la Sociedad Mercantil REALCO INVESTMENT S. DE R. L., representada por el señor Michel Brukiker en su condición de Gerente General (folio 488) la cual adquirió el carácter de firme; asimismo se desprende de la foliada que el Receptor del Despacho hizo constar, que no pudo ser citado personalmente el Gerente General en su condición de Representante Legal, porque la Empresa ya no existía (folio 787) y se dio a conocer al público la convocatoria de subasta, como así consta en los folios 789 y 790, en aplicación a lo ordenado en el artículo 784 del Código de Trabajo, de lo anterior se desprende que se hicieron las convocatorias correspondientes, sin que el derecho de terceras personas haya sido interpuesta antes de la audiencia de remate, aunado al hecho que se garantiza el derecho preferente a los trabajadores conforme lo establece el artículo 128 numeral 4 de la Constitución de la República. (Folios 57-64 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la demanda laboral promovida por la señora JINA PAOLA URQUIA ROSA Y OTROS, contra la Sociedad Mercantil denominada REALCO INVESTMENT, S. DE R.L. DE C.V., a través de su Representante Legal el señor Michel Brukirer; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de la Sociedad Mercantil CREDIT EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y confirma el Auto Interlocutorio de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que la misma violenta el debido proceso, contenido en el primer párrafo del artículo 90 de la Constitución de la República; el impetrante hace una relación de los hechos en cuanto a que su representada CREDIT EXPRESS S.A., le concedió a la sociedad REALCO INVESTMENT S. DE R. L., por medio de su representante Legal, un préstamo con garantía hipotecaria por la cantidad de cuatrocientos mil lempiras (L. 400,000.00) sobre un inmueble consistente en el lote de terreno número 13 del Bloque 6, ubicado en el Proyecto Habitacional Villas Santa Clara, en el distrito central, inscrito bajo Matricula 1024003 Asiento 1, la primera y especial hipoteca a favor de su representada Asiento 2; al no honrar el crédito la prestataria, se promovió demanda de ejecución judicial en el Juzgado de Letras Civil de Fráncico Morazán, anunciándose en el Diario El heraldo, la Audiencia de Subasta para el 27 de noviembre del año 2013 y al no haber postores se le adjudico a su representada dicho bien; que en dicha Subasta la señora JINA PAOLA URQUIA ROSA Y OTROS en su condición de trabajadores de la sociedad REALCO INVESTMENT S. DE R. L., pese a haberse anunciado públicamente la subasta no promovieron ninguna tercería de preferencia, haciendo valer sus derechos en dicha subasta. El asunto -expone el recurrente- es que no se llevo a inscribir de inmediato al Registro de la Propiedad de Francisco Morazán la Certificación traslaticia de dominio a favor de CREDIT EXPRESS S.A. y cuando se pretendía dicha diligencia es cuando se entera que dicha garantía hipotecaria había sido adjudicada a los trabajadores de REALCO S. DE R.L., procediendo a personarse en el juicio y peticionando la Nulidad de Actuaciones desde el auto de fecha nueve de febrero del año dos mil diecisiete y en adelante, específicamente en lo que se refiere a la adjudicación del inmueble inscrito bajo Matricula 1024003 Asiento 1, la hipoteca a favor de CREDIT EXPRESS S.A., Asiento 2, ubicado en el Proyecto Habitacional Villas Santa Clara; exponiendo como argumento central el recurrente, que se ha violentado el debido proceso.CONSIDERANDO(4): Que en sustento de su tesis de vulneración al debido proceso, el recurrente sostiene que en consonancia con el principio de supletoriedad del Código Procesal Civil, el A-quo devenía en la obligación de dar cumplimiento a lo ordenado en el Capítulo VIII. Normas Especiales sobre Enajenación de Inmuebles, específicamente el artículo 855 el cual cita en forma textual, indicando que el Juzgado del Trabajo nunca libro el mandamiento al Instituto de la Propiedad para que certificara los gravámenes que pesan sobre el inmueble Matricula 1024003 Asiento 1; con la primera y especial hipoteca a favor de su representada Asiento 2. Señala asimismo que si el Juzgado del Trabajo hubiera publicado en un diario el aviso de remate o hubiera citado a su representada esta se hubiera enterado, pero lo hizo maliciosamente violando el artículo 22 del CPC, poniendo carteles en las paredes del Juzgado, lo cual a todas luces dejo en indefensión a CREDIT EXPRESS S. A.; dice también el peticionario de Amparo que es una costumbre de práctica diaria en el Juzgado del Trabajo que para que los perjudicados no conozcan de una audiencia, el abogado ejecutor quita de la Tabla de Avisos o de las paredes del Juzgado el anuncio donde se da a conocer la fecha de la audiencia para que la contraparte no se entere. Aunado a ello el garantista cita en forma textual el artículo 2141 del Código Civil. Concluye el peticionario indicando que su representada nunca fue citada, pese a tener conocimiento el A-quo de esta normativa, lo cual la dejó totalmente indefensa.CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de la Sociedad Mercantil CREDIT EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, pues el A-quo ha inobservado normativa establecida en el Código Procesal Civil y Código Civil, que causa indefensión a CREDIT EXPRESS, S.A. DE C.V., al no citársele personalmente para comparecer a la Audiencia de Subasta señalada por el A-quo, teniendo como propósito la adjudicación del inmueble inscrito bajo Matricula 1024003 Asiento 1, la hipoteca a favor de CREDIT EXPRESS S.A., Asiento 2, ubicado en el Proyecto Habitacional Villas Santa Clara.CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta la resolución que se impugna, específicamente en lo siguiente: (Sic) “CONSIDERANDO (9): Que habiendo adquirido firmeza la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil trece, la misma al ser ejecutada, solo procede la excepción de pago para evitar su ejecución, lo cual no es el caso, ya que el apelante interpuso un incidente de nulidad y esta Corte de Apelaciones ha sostenido y sostiene que las nulidades son para corregir los errores del Juez o del Tribunal en la tramitación del juicio, y que dichos errores se produzcan violentando derechos o garantías constitucionales; observando este Tribunal de Alzada que no se han violentado garantías constitucionales y no se ha violentado el debido procedimiento seguido por el A quo; por lo que la nulidad alegada por el representante procesal de la parte demandada debe de ser declarada sin lugar, tal como lo ha hecho la juez de primera instancia.- CONSIDERANDO (10): Que asimismo y tal como lo señala la Juez de primera instancia al exponer que “el receptor del Despacho emitió constancias donde se acredita los avisos a la convocatoria de subasta ver (F, 789 Y 790); en aplicación al artículo 784 del Código del Trabajo, con los cuales se dio a conocer al público la celebración de la misma; el derecho a terceras personas en el proceso laboral debió ser interpuesto antes de la audiencia de remate, circunstancia que habiendo dado a conocer la celebración del remate no aconteció en el presente proceso”; es que no procede la nulidad planteada…” - Subrayado añadido-CONSIDERANDO (7): Que, habiendo ordenado este Tribunal de Justicia Constitucional, la apertura del periodo probatorio, el recurrente en fecha 19 de mayo del año 2023, presentó escrito de ofrecimiento de prueba documental, siendo admitida la prueba ofrecida consistente en: a) Certificación de la Audiencia de Subasta de fecha 27 de noviembre del año 2013; cuya pretensión probatoria es acreditar que al no haber comparecido otros postores, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, adjudicó a CREDIT EXPRESS S.A de C.V., el inmueble consistente en el Lote de terreno número 13 del Bloque 6, ubicado en el Proyecto Habitacional, Villas Santa Clara, Matricula 1024003 Asiento 1; la primera, única y especial hipoteca inscrita a favor de CREDIT EXPRESS S.A., Asiento 2. (Folio 16fv de los autos); b) Constancia extendida por la Secretaria General del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 23 de octubre del año 2018; pretensión probatoria informar que no se ha presentado ninguna tercería de preferencia o de prelación contra los bienes de REALCO INVESTMENT S. DE R. L. (Folio 17 de los autos); c) Certificación 13234, contentiva de la Sentencia Interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajado, en fecha 1 de noviembre del año 2022 (Folios 7 al 9fv de los autos), no determina el recurrente la pretensión probatoria; y, d) Mandamiento librado por el Juzgado de Letras del Trabajo al Instituto de la Propiedad en fecha 4 de noviembre del año 2022, que ordena: NOTA: LA CANCELACION DEBERA REALIZARSE ÚNICAMENTE SOBRE LOS GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE EL MISMO POSTERIORES AL EMBARGO PRACTICADO POR ESTE JUZGADO EN FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, QUEDANDO SUBSISTENTE LOS GRAVÁMENES ANTERIORES A ESTA FECHA (Folio 37); asimismo la contestación del Instituto de la Propiedad al Juzgado de Letras del Trabajo que dice: EN CUANTO A LA NOTA DE CANCELACIÓN EN LA QUE ORDENA QUE DEBE REALIZARSE ÚNICAMENTE SOBRE LOS GRAVÁMENES QUE PESAN POSTERIORES AL EMBARGO PRACTICADO EN FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN LA MATRICULA 1024003 NO HAY CONSTITUIDOS GRAVÁMENES POSTERIORES, POR LO TANTO NO PROCEDE LA CANCELACIÓN POSTERIOR (folio 38); pretensión probatoria, constatar que el inmueble adjudicado a favor de CREDIT EXPRESS S.A., no tiene cabida en el remate del Juzgado del Trabajo.CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, la sentencia de apelación objeto de la presente garantía constitucional, resulta acordada en sus fundamentos motivacionales, no sólo al debido proceso en su más amplia comprensión; sino que se reconoce su ajustada compatibilidad a los derechos y garantías sociales estatuidos, inter alia, en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, los cuales se tienen como explícitos en la jurisdicción del trabajo, según lo establece su artículo 665 del Código del Trabajo. No procede, por tanto, la interpretación de parte que extrapola requerimientos adicionales de legitimación procesal, según provenientes del derecho privado, aduciendo para ello la existencia de una laguna en la legislación vigente, que admitiría la supletoriedad que concede - en su caso - el artículo 858 del Código del Trabajo.CONSIDERANDO (9): Que, considera la Sala, en tal sentido, que los fundamentos de derecho esgrimidos por la Alzada, guardan razonable proporcionalidad al problema jurídico planteado, hasta la aparición de la postulada tercería de la entidad financiera que se presenta como agraviada; la cual se manifiesta ya ante una resolución firme, expresándose inclusive por el ahora amparista, que tal controversia es conocida en otro expediente en la vía jurisdiccional civil; lo cual no obstaculizaría, desde luego, su capacidad de postulación y legitimación para acceder a la tutela judicial efectiva, como parte esencial del debido proceso; ni perjudicaría en instancia el derecho preferencial planteado, en su oportunidad procesal, por los actores del caso sub iudice; no encontrándose, en ninguna parte de la resolución denunciada, interpretación restrictiva o aplicación indebida de los preceptos constitucionales citados iura novit curia, resultando más bien una interpretación armónica de la legislación vigente, en compatibilidad a la jurisprudencia nacional establecida en sede constitucional, en desarrollo del principio pro persona (también denominado pro operario en el derecho social y del trabajo).CONSIDERANDO (10): Que, desde la fundación constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho, este adopta posiciones dogmáticas que lo enmarcan en los valores y principios de cómo la sociedad se ve y se pretende perpetuar. Por otra parte, que resulta pacífico en la jurisprudencia constitucional, que tales valores y principios deberán interpretarse y aplicarse de manera que den cabida a la máxima realización de los principios en la sociedad y a la máxima irradiación de los valores; sin perjuicio del referente obligado en un Estado de Derecho, como es la sujeción al principio de legalidad, el cual vincula, por igual, tanto a gobernantes como gobernados.CONSIDERANDO (11): Que tales bases constitucionales han sido respetadas en la sentencia que se examina, pues se funda, inter alia, en el ámbito competencial que señala el artículo 665 del Código de Trabajo, el cual facultaría al Juez del Trabajo a la actuación delimitadora del derecho de acción que el Abogado recurrente estima como gravosa al debido proceso de su representada, lo cual no se compadece de otras vías procesales en que se dirime la presente controversia, según se desprende del propio escrito de formalización de amparo. En tal sentido, resulta claro para la Sala de lo Constitucional, que tal interpretación judicial fue efectuada por un tribunal competente, en apego a los atributos que la Sala de lo Constitucional ha reconocido como propios del debido proceso, no pudiendo demostrarse en el presente recurso de amparo de qué forma éste resulta vulnerado por el fallo en mención, pues si bien declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, no le impide a la parte que se considera tercera legitimada, que se deduzcan otras acciones legales en vindicación de sus derechos. CONSIDERANDO (12): Que, se resume el parecer de la Sala de lo Constitucional, en que el fallo jurisdiccional bajo estudio no colisiona con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, pues se ha garantizado al amparista el regular trámite del proceso ante juez o tribunal competente, imparcial e independiente, sobre la base de la doble vinculación del Juzgador a lo establecido en la ley y la Constitución de la República, el cual ha resuelto con motivación suficiente y clara, fundada en derecho congruente; si bien en discrepancia material a las pretensiones concretas del peticionario, en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en representación procesal de la persona jurídica que se presenta como agraviada, en la presente garantía constitucional de amparo. Asimismo, establece el artículo 67 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que la denegación del amparo deja a salvo las acciones civiles y penales que en derecho procedan contra el autor del agravio y no prejuzga sobre ninguna materia. CONSIDERANDO (13): Que la existencia real y material del contrato individual de trabajo, amerita la protección optima acorde a la Constitución y las leyes, a través de su congruente desarrollo jurisprudencial y dentro del concepto teleológico constitucional de armonía entre el capital y el trabajo; con lo cual se verifica la complementariedad de la sentencia conocida en amparo, según pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN y objeto de la presente acción de amparo, con el ámbito constitucionalmente reconocido al debido proceso, por lo cual se estima no resulta violatoria de los derechos constitucionales invocados por el recurrente; aunado a ello, el recurrente se enfoca en la sentencia dictada por el A-quo y la inobservancia en la resolución dictada de normativa de derecho sustantivo y adjetivo, olvidando que lo que se recurre en Amparo es la resolución dictada por el Ad-quem, considerándose de forma concluyente que la sentencia recurrida no produjo violación real y efectiva a las garantías constitucionales que protegen el debido proceso y demás derechos de configuración legal aludidas en formalización de la acción de amparo por el recurrente; en virtud de haberse dictado con las formalidades y derechos que exige la legalidad aplicable, sobre bases de razonabilidad y de doble vinculación a la Constitución y a las leyes sociales y del trabajo vigentes; por lo cual debe denegarse la presente acción constitucional de amparo.POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 129, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 67, 119 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO RENE WELCHEZ MIRANDA, a favor de la Sociedad Mercantil CREDIT EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra la sentencia interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redactó la Magistrada Villela Zavala. - NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Laboral Registrado en este Tribunal con el número SCO-1814-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL