Sentencia AL-1796-22 — Registro 18728
Resumen
Resolución fallada de acuerdo a fundamentación jurídica corresponde a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ser competente para conocer la demanda en base a hechos probados como se deduce de los antecedentes del caso, en consecuencia, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"La controversia constitucional planteada por el recurrente es que al haber sido estimada la excepción de falta de competencia del Tribunal ante quien se planteó la demanda, - Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán- se han transgredido los derechos contenidos en los artículos 64, 127 y 128 de la Constitución de la República, de las alegaciones allegadas al conocimiento de esta Sala, se logra advertir que el censor disiente la decisión del Tribunal de Alzada, ya que sostiene que es la jurisdicción laboral la competente para conocer de la presente demanda y no la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como lo ha dicho el Tribunal de alzada en el presente asunto. VII. Partiendo que la cuestión de fondo referente al recurso que nos ocupa, se contrae a determinar si la jurisdicción laboral o la jurisdicción contencioso administrativo la competente para conocer de la demanda que ha sido promovida por el abogado Fausto Emilio Videa Espinal en su condición de apoderado procesal de la señora Lilian Rossana Mejía Padilla, a pesar que se incumple notoriamente por el garantista explicitar, de qué manera el acto recurrido confrontaría la norma constitucional invocada. Esta Sala al realizar el estudio del presente caso y de la resolución impugnada en esta vía constitucional, observa que la demandante en la vía laboral la señora LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA, fue nombrada en el cargo de Asistente Técnico de la Secretaria Técnica de la CNSSP mediante Acuerdo No. 1/94-ST-CNSSP de fecha 01 de septiembre de 1994 -folio 11 de la primera pieza de antecedentes-, en el cual, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Supervisora de los Servicios Públicos, conforme a las facultades otorgadas por ley, otorga nombramiento a la recurrente quien se obligó para con la Administración Pública a través la Comisión Nacional de Supervisora de los Servicios Públicos, por lo que esta sala comparte el criterio establecido por el Tribunal de alzada, ello porque, efectivamente la forma de contratación se encuentra contemplado en los servicios exceptuados de acuerdo al articulo 2 numeral 2 del Código de Trabajo. Esta Sala concuerda además que conforme lo establece el artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: La competencia es la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. VIII. En la misma línea de ideas, la Sala debe acotar que la cuestión del tribunal competente está estrechamente ligada al derecho del juez natural, derecho que supone que el juez que conoce de la causa debe ser competente, debe estar predeterminado por la ley para el conocimiento de determinado asunto, ser imparcial, idóneo, autónomo e independiente, en armonía con lo ello, encontramos lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley”. Esto implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas por tribunales de justicia ordinarios o especiales con arreglo a procedimientos legalmente establecidos, es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que “El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes...” , a contrario sensu, el derecho al juez natural se ve vulnerado al atribuirse indebidamente un asunto determinado a una autoridad que no corresponde, asimismo, en apego al principio de legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, en tal sentido, queda inhibida la Jurisdicción del Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, para conocer del presente asunto, siendo competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. IX.Esta Sala de lo Constitucional ha sostenido que la garantía genérica del debido proceso, contemplada en el artículo 90 constitucional, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos preceptos. X.El Estado garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir ante los tribunales para alcanzar la protección de sus derechos, la tutela judicial efectiva contenida en la normativa vigente, así como en los tratados y pactos internacionales suscritos por Honduras contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas, en tal sentido, esta Sala de lo constitucional observa que en la resolución impugnada se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales -artículos 64, 127 y 28- que se invoca como violadas, observándose en la resolución refutada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable, obteniendo una resolución amparada que resolvió que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer la demanda en base a hechos probados como se deduce de los antecedentes del caso, en consecuencia, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expresados
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la competencia se define, como la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que la Ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, la competencia se determina por elementos como: el territorio, la materia, grado, es por ello que cada Ordenamiento Jurídico establece a quien corresponde el conocimiento de cada caso en concreto, y precisamente cuando un Tribunal carece de competencia, existen dentro del proceso los mecanismos para advertir esa falta de competencia, como en el caso de autos que se interpuso el Incidente de Declinatoria por Falta de Competencia, en este caso por la materia que debe conocer, que no es el ámbito laboral."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 127 y 128 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, a favor de la señora Lilian Rossana Mejía Padilla, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022), que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, actuando en su condición como Representante Procesal de la señora Lilian Rossana Mejía Padilla, contra el Estado de Honduras, a través de su Representante, la Abogada Lidia Estela Cardona. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 64, 127 y 128 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1.En fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, actuando en su condición de Apoderado Procesal de la señora Lilian Rossana Mejía Padilla, interponiendo “ DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DEMÁS DERECHOS QUE ESTABLECE LA LEY…”, contra el Estado de Honduras, a través de su Representante, la Abogada Lidia Estela Cardona.(Folios 1-3 vuelto del expediente del A-quo).2.El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual falló: “…1.- Declarar CON LUGAR el INCIDENTE DE DECLINATORIA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA PRESENTE DEMANDA opuestos por el Representante Procesal de la parte demandada; contra la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DEMAS DERECHOS QUE ESTABLECE LA LEY CON EL CORRESPONDIENTE PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y DEMAS BENEFICIOS DEJADOS DE PERCIBIR CON ESPECIAL CONDENA EN COSTAS; instaurada por el ABOGADO FAUSTO EMILIO VIDEA en su condición de Representante Procesal de la señora LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- Concede al demandante el término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de la firmeza de la presente resolución, para que haga uso de sus derechos ante el Juzgado de Letras de lo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. III. SIN COSTAS en esta instancia. Y MANDA. I. Que a partir de la fecha quedan notificados en estrados de este Auto Interlocutorio, los Representantes Procesales de las partes…” (Folios 95-99 del expediente del A-quo).3.Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de octubre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandante. 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno que corre a folios del 95 al 99 frente y vuelto de la pieza de autos. Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia, con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada MORALES TORO. Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. Firman el acta los señores Magistrados, el Compareciente y el secretario del Despacho que da fe.” (Folios 19-22 del expediente del A-quem).4.En fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, compareció el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora Lilian Rossana Mejía Padilla, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada, los derechos consagrados en los artículos 64, 127 y 128 de la Constitución de la República. 5.Esta Sala, en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Fausto Emilio Videa Espinal, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 21 del recurso).6.En fecha siete de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Mejía Mejía, quien, una vez analizado los hechos, opina que Se Deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la Amparista.” (Folios 29-33 del recurso de mérito).FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.I.Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. II. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos. 111. Sobre los alegatos del garantista denunciando violación de los artículos 64, 127 y 128 de la Constitución de la República. El Recurrente al formalizar la acción de amparo argumenta que su representada labró por muchos años para la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios Públicos, hasta que fue cancelada de su cargo sin justificación, por ello promovió Demanda Laboral contra el Estado de Honduras ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, amparado en las regulaciones reglamentarias sobre la Administración de personal de la Comisión Nacional Supervisora de los Servicios (CNSSP), específicamente el articulo 59. Agrega que tanto el A quo como el Ad quem al momento de emitir sus fallos, violentaron derechos y garantías laborales, pues el artículo 128 constitucional establece que las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías…, está en consonancia con el artículo 8 del Código del Trabajo que dispone en caso de conflicto entre leyes del trabajo o de previsión social con las de cualquier índole, deben predominar las primeras, aplicándose el principio de esta manera. Se aplicará la ley laboral que más favorezca al trabajador. IV.Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición del garantista. La agente de tribunales, abogada Claudia Mejía Mejía al emitir su dictamen fue de la opinión que se Deniegue la acción de amparo. La fiscal alcanza ese convencimiento señalando: “…De los análisis de los antecedentes del caso, se logra apreciar que el demandante reúne la calidad de funcionaria o empleado público, pues su relación laboral con el Estado se deriva de un acuerdo, por su parte el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de la Contencioso Administrativo, administrativo manda: "Solamente podrán impugnarse en vía contencioso los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviere protegido por una Ley especial. Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para períodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del período respectivo". Por lo que al revisar la sentencia recurrida no se aprecia la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente. ”V.Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, objeto de la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada por unanimidad de votos resuelve: “…1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado FAUSTO EMILIO VIDEA ESPINAL, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandante. 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciséis de agosto del año dos mil veintiuno que corre a folios del 95 al 99 frente y vuelto de la pieza de autos…” Para fundamentar su decisión el tribunal de alzada argumenta que:“…CONSIDERANDO (4): Que del estudio de las presentes diligencias se observa que efectivamente la demandante fue nombrada mediante Acuerdo, lo que evidentemente la excluye, de que el conflicto planteado ante esta Jurisdicción pueda prosperar, por carecer el Tribunal de competencia objetiva para ello, porque por Principio de Legalidad, su forma de contratación pertenece a los servicios excluidos del conocimiento del Ámbito Laboral, según lo dispone el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, pero sus derechos son tutelados por otra jurisdicción que es la Contencioso Administrativa. CONSIDERANDO (5): Que el impetrante ha expresado que debe de aplicarse el Reglamento de la CNSSP al presente caso porque en su artículo 59 se expresa que todo 1o que no se haya expuesto en dicho Reglamento se regirá por las disposiciones del Código del Trabajo. En ese sentido, no se puede aplicar el artículo 59 de forma aislada, ciertamente dicha norma reglamentaria, establece "Los casos no previstos por estas aplicar el artículo 59 de forma aislada, ciertamente dicha norma reglamentaria, establece "Los casos no previstos por estas disposiciones se regirán por resoluciones del pleno de la CNSSP, por las Normas Generales del Derecho Administrativo y, en lo pertinente, por el Código del Trabajo." En ese sentido, ese artículo lo que regula son los casos no previstos por ese Reglamento, pero por el hecho de que al final disponga que en lo pertinente se aplique el Código del Trabajo, no convierte el Acuerdo de Nombramiento en contrato de trabajo, ni puede cambiar la Jurisdicción que debe conocer, ya que los empleados públicos tienen su propio Régimen, que de igual manera protegen sus derechos. CONSIDERANDO (6): Que la competencia se define, como la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que la Ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, la competencia se determina por elementos como: el territorio, la materia, grado, es por ello que cada Ordenamiento Jurídico establece a quien corresponde el conocimiento de cada caso en concreto, y precisamente cuando un Tribunal carece de competencia, existen dentro del proceso los mecanismos para advertir esa falta de competencia, como en el caso de autos que se interpuso el Incidente de Declinatoria por Falta de Competencia, en este caso por la materia que debe conocer, que no es el ámbito laboral. CONSIDBRANDO (7): Que el A-quo ha motivado su resolución sustentándolo en el hecho de que el origen de la relación del demandante con la demandada nace de un acuerdo de nombramiento, lo que hace que el Tribunal de primera instancia no tenga competencia para seguir conociendo del asunto que se le ha sometido, por lo tanto, es correcto que se aparte del mismo, ya que de no hacerlo vulnera Garantías Procesales y Constitucionales. VI.Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de las violaciones señaladas por la amparista. La controversia constitucional planteada por el recurrente es que al haber sido estimada la excepción de falta de competencia del Tribunal ante quien se planteó la demanda, - Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán- se han transgredido los derechos contenidos en los artículos 64, 127 y 128 de la Constitución de la República, de las alegaciones allegadas al conocimiento de esta Sala, se logra advertir que el censor disiente la decisión del Tribunal de Alzada, ya que sostiene que es la jurisdicción laboral la competente para conocer de la presente demanda y no la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como lo ha dicho el Tribunal de alzada en el presente asunto. VII. Partiendo que la cuestión de fondo referente al recurso que nos ocupa, se contrae a determinar si la jurisdicción laboral o la jurisdicción contencioso administrativo la competente para conocer de la demanda que ha sido promovida por el abogado Fausto Emilio Videa Espinal en su condición de apoderado procesal de la señora Lilian Rossana Mejía Padilla, a pesar que se incumple notoriamente por el garantista explicitar, de qué manera el acto recurrido confrontaría la norma constitucional invocada. Esta Sala al realizar el estudio del presente caso y de la resolución impugnada en esta vía constitucional, observa que la demandante en la vía laboral la señora LILIAN ROSSANA MEJIA PADILLA, fue nombrada en el cargo de Asistente Técnico de la Secretaria Técnica de la CNSSP mediante Acuerdo No. 1/94-ST-CNSSP de fecha 01 de septiembre de 1994 -folio 11 de la primera pieza de antecedentes-, en el cual, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Supervisora de los Servicios Públicos, conforme a las facultades otorgadas por ley, otorga nombramiento a la recurrente quien se obligó para con la Administración Pública a través la Comisión Nacional de Supervisora de los Servicios Públicos, por lo que esta sala comparte el criterio establecido por el Tribunal de alzada, ello porque, efectivamente la forma de contratación se encuentra contemplado en los servicios exceptuados de acuerdo al articulo 2 numeral 2 del Código de Trabajo. Esta Sala concuerda además que conforme lo establece el artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: La competencia es la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. VIII. En la misma línea de ideas, la Sala debe acotar que la cuestión del tribunal competente está estrechamente ligada al derecho del juez natural, derecho que supone que el juez que conoce de la causa debe ser competente, debe estar predeterminado por la ley para el conocimiento de determinado asunto, ser imparcial, idóneo, autónomo e independiente, en armonía con lo ello, encontramos lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por “un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley”. Esto implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas por tribunales de justicia ordinarios o especiales con arreglo a procedimientos legalmente establecidos, es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que “El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido definida por la Corte como la “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes...” , a contrario sensu, el derecho al juez natural se ve vulnerado al atribuirse indebidamente un asunto determinado a una autoridad que no corresponde, asimismo, en apego al principio de legalidad o primacía de la ley, principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Es conforme a ello que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén sometidas al principio de legalidad, y es una condición necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, en tal sentido, queda inhibida la Jurisdicción del Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, para conocer del presente asunto, siendo competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. IX.Esta Sala de lo Constitucional ha sostenido que la garantía genérica del debido proceso, contemplada en el artículo 90 constitucional, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos preceptos. X.El Estado garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir ante los tribunales para alcanzar la protección de sus derechos, la tutela judicial efectiva contenida en la normativa vigente, así como en los tratados y pactos internacionales suscritos por Honduras contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas, en tal sentido, esta Sala de lo constitucional observa que en la resolución impugnada se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales -artículos 64, 127 y 28- que se invoca como violadas, observándose en la resolución refutada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable, obteniendo una resolución amparada que resolvió que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer la demanda en base a hechos probados como se deduce de los antecedentes del caso, en consecuencia, debe procederse a la denegatoria de la presente acción de Amparo, en los términos aquí expresados. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 N.º 2), del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado Fausto Emilio Videa Espinal a favor de la señora Lilian Rossana Mejía Padilla, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1796-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL