Sentencia AL-1729-22 — Registro 19808
Resumen
Corte de Apelaciones declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto por Procuradora común de Standar Fuit de Honduras S A, recurrente y otra empresa y confirmó resolución dictada en audiencia de recusación que declaró no ha lugar recurso de reposición por considerar que está dictada conforme a derecho; Dicha Corte consideró que existe línea jurisprudencial en materia penal sobre denuncia contra juez recusado exigiéndose que la denuncia sea materializada en sede judicial; por lo que confirmó resolución apelada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."de la lectura de la presente causa, se observa que el recurrente argumenta que se le ha violentado su derecho constitucional de Defensa, principio de legalidad, acceso a la justicia y debido proceso, al referir básicamente que la autoridad cuestionada en su resolución de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se basa en un criterio proferido en materia penal, que no aplica en materia laboral y porque de esa manera no lo dispone el artículo 188 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), en el incidente de recusación que ha planteado en contra de la Juez de Letras Seccional del Trabajo de la Ceiba Atlántida Jessy Espinal Escobar, producto de la denuncia por supuestas actuaciones irregulares en esta causa que se le interpuso en su contra ante el Ministerio publico el trece de mayo de dos mil veintidós.- En ese sentido se le establece al recurrente que no es únicamente un criterio de la materia penal, ya que también en esta Sala de lo Constitucional existe una línea jurisprudencial que determina que al recusar a Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no bastara con solo presentar denuncia en su contra, sino que es indispensable que dicha denuncia esté judicializada, lo cual no sucede en la presente causa; por lo tanto, esta sala de lo Constitucional es del criterio que no se otorgue la presente acción de amparo, interpuesto en contra de la sentencia definitiva emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022)..."..."si bien el recurrente manifiesta en la presente acción de amparo que se le han vulnerado otros derechos, lo cierto es que comprendiendo el debido proceso una amplitud en cuanto a las violaciones constitucionales y teniendo el resto de las mismas en esta causa una relación directa con el debido proceso, consideramos que al haber establecido los motivos de su denegación, se le está dando respuesta también a los otros derechos vulnerados, reafirmando los motivos de su rechazo..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto..."..."de la lectura de la presente causa, se observa que el recurrente argumenta que se le ha violentado su derecho constitucional de Defensa, principio de legalidad, acceso a la justicia y debido proceso, al referir básicamente que la autoridad cuestionada en su resolución de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se basa en un criterio proferido en materia penal, que no aplica en materia laboral y porque de esa manera no lo dispone el artículo 188 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), en el incidente de recusación que ha planteado en contra de la Juez de Letras Seccional del Trabajo de la Ceiba Atlántida Jessy Espinal Escobar, producto de la denuncia por supuestas actuaciones irregulares en esta causa que se le interpuso en su contra ante el Ministerio publico el trece de mayo de dos mil veintidós.- En ese sentido se le establece al recurrente que no es únicamente un criterio de la materia penal, ya que también en esta Sala de lo Constitucional existe una línea jurisprudencial que determina que al recusar a Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no bastara con solo presentar denuncia en su contra, sino que es indispensable que dicha denuncia esté judicializada, lo cual no sucede en la presente causa; por lo tanto, esta sala de lo Constitucional es del criterio que no se otorgue la presente acción de amparo, interpuesto en contra de la sentencia definitiva emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022)..."..."si bien el recurrente manifiesta en la presente acción de amparo que se le han vulnerado otros derechos, lo cierto es que comprendiendo el debido proceso una amplitud en cuanto a las violaciones constitucionales y teniendo el resto de las mismas en esta causa una relación directa con el debido proceso, consideramos que al haber establecido los motivos de su denegación, se le está dando respuesta también a los otros derechos vulnerados, reafirmando los motivos de su rechazo..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 188.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HENRY MAURICIO CARDENAS ARDON a favor de la sociedad mercantil AGRICOLA SANTA INES S.A (ASISA). contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiocho de septiembre dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA con relación a una recusación contra la juez YESSY G. ESPINAL ESCOBAR en la demanda promovida por los señores ADONIS ESCOBAR E ISAIAS HERNANDEZ HECTOR JONATHAN TURCIOS GUTIERREZ contra AGRICOLA SANTA INES S.A (ASISA (Exp.No.0101-2022-0040/0101-2022-01344). A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha ocho de marzo del dos mil veintidós, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la sección judicial de la ceiba departamento de Atlántida, el abogado EDUARDO JAVIER REYES NUÑEZ, interponiendo demanda ordinaria laboral contra la sociedad mercantil STANDARD FRUIT COMPANY HONDURAS S.A como verdadero patrono y de manera solidaria contra sociedades mercantiles, AGRÍCOLA SANTA INES S.A (ASISA), MULTISERVICIOS S.A (MULTISA), a efecto de que se condene al patrono a que pague las prestaciones , demás indemnizaciones laborales y horas extra adeudadas ,pago en conceptos del décimo tercer y cuarto mes vacaciones y sus bonificaciones en virtud de haber sido despedido de manera injustificada. (Folios 1 al 7 de la primera pieza de antecedentes). 2).- en fecha de veinticuatro de agosto del dos mil veintidós, se inició audiencia sobre el incidente de recusación en la cual la su parte dispositiva resolvió: EL JUZGADO RESUELVE: De conformidad a lo que establece el Artículo 18 de la Constitución de la Republica en el cual se establece que en caso de conflicto entre el Tratado o Convención y la ley, prevalecerá el primero por lo tanto está Suscrita es del criterio que todas las partes tienen derecho a interponer un Recurso, derecho que está reconocido en la normativa internacional antes referida por esta Suscrita, por lo tanto téngase por interpuesto el Recurso de Reposición por la Abogada LAURA YAMIN FÚNEZ LARA, en la condición en la que actúa en juicio y en cuanto a lo expresado por la Abogada en mención, declárese No Ha Lugar el Recurso de Reposición siendo que a criterio de esta Suscrita Jueza, el mismo ha sido dictado conforme a derecho; y téngase por interpuesto Y admitido el Recurso de Apelación en efecto suspensivo, en contra del Auto Interlocutorio dictado por este Juzgado en fecha Veinticuatro (24) de Agosto del año dos mil veintidós (2022), para ante la Honorable Corte Primera de Apelaciones de esta Sección Judicial, donde deberán comparecer las partes hacer uso de sus derechos correspondientes; por lo tanto, se ordena a la Secretaria del Despacho remitir las presentes actuaciones del juicio de mérito a dicho Tribunal de Alzada; Todo con fundamento en lo establecido en los Artículos 741, 743 y 787 del Código del Trabajo.-Quedan notificados en Estrados de la presente resolución la Abogada LAURA YASMIN FÚNEZ LARA, en su condición de Representante Procesal designada para representa a la Parte Demandada e Incidentista y el Abogado EDUARDO JAVIER REYES NÚÑEZ en su condición de representante procesal de la parte Demandante e Incidentado, para su conocimiento y demás efectos legales. Con lo expuesto se concluye la presente Acta, firmando los Comparecientes ante la Suscrita Jueza y la Secretaria Adjunta del Despacho que da fe.” (Folio 108-220 Primera pieza Tomo). 3).- Que la Corte primera de Apelaciones de la ciudad de la ceiba , departamento de Atlántida, en la certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintidós, conociendo de un recurso de apelación presentado por la abogada LAURA YASMIN FUNEZ LARA en la cual se hace relación en el numeral anterior, FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por la abogada LAURA YASMIN FUNEZ LARA en su condición de procuradora común de las empresas STANDAD FRUIT DE HONDURAS, S.A, (STANFRUSA), MULTISERVICIOS, S.A, (MULTISA) Y AGRICOLA SANTA INES, S. A., (ASISA).- SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCION, de fecha VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), dictada por el Juzgado de Letras Sección Judicial de la ceiba, departamento de Atlántida.- Y MANDA: Que una vez que este fallo adquiera carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales consiguientes. En este acto la abogada LAURA VASMIN FUNEZ LARA interpone recurso de reposición contra la resolución antes dictada. Por no estar conforme a Ley LA CORTE RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición por considerar que la resolución dictada se encuentra ajustada a derecho.- Quedan las partes notificadas en estrados.- Con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia, firmando los infrascritos Magistrados los comparecientes y Secretaria que da fe.- FIRMA Y SELLO.- VIANEY CRUZ RECARTE.- Magistrada Presidenta.- FIRMA Y SELLO.- CARLOS EDUARDO CASTELAR LOPEZ.- Magistrado Propietario.- FIRMA Y SELLO.- MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE.- Magistrada Propietaria.- FIRMA Y SELLO - LAURA YASMIN FUNEZ LARA.- Apoderada Judicial Apelante.- FIRMA Y SELLO.- EDUARDO JAVIER REYES NUÑEZ. - Apoderado Judicial Apelado. - FIRMA Y SELLO. - YENI PATRICIA NAVARRO RIVERA. - Secretaria. - Se extiende en ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. -” (Folio 128-136-54 de la segunda pieza de antecedentes) 4).- Que en fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintidós, el abogado HENRY MAURICIO CARDENAS, compareció ante esta Sala, presentando recurso de amparo contra la sentencia dictada en fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintidós, por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 76,82, 88,90 párrafo primero 94,321y 323 de la constitución de la republica de Honduras. (Folios 01 al 09 del recurso de amparo). 5).- Que en fecha siete de noviembre de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, quien fue de la opinión porque: IV. CONCLUSIÓN por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer por qué NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo al no concurrir las vulneraciones Constitucionales alegadas por el amparista. (Folios 38 al 41 del recurso de amparo). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintiocho de septiembre dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA con relación a una recusación contra la juez YESSY G. ESPINAL ESCOBAR en la demanda promovida por los señores ADONIS ESCOBAR E ISAIAS HERNANDEZ HECTOR JONATHAN TURCIOS GUTIERREZ contra AGRICOLA SANTA INES S.A (ASISA (Exp.No.0101-2022-0040/0101-2022-01344). CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la acción de amparo, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, el debido proceso, en vista que la sentencia recurrida violenta su deber de motivar y explicar el análisis de la pruebas aportadas al incidente de recusación, así como las razones de sus decisiones, ya que basta leer dicho fallo para comprender que el referido tribunal únicamente señala que existe una línea jurisprudencial que se han proferido en materia penal sobre una exigencia de que la denuncia contra el Juez recusado sea materializada en sede judicial, la cual no compartimos y entendemos puede variar en esta materia laboral, más aún cuando lo que dispone la norma que establece la causal de recusación (Artículo 188 numeral 3) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales), por lo que cualquier interpretación restrictiva de precedentes en materia procesal penal, no aplica en materia laboral, ni son compatibles con el deber de garantizar juzgar y ejecutar lo juzgado con independencia, imparcialidad y con el único sometimiento a la Constitución de la República y las Leyes, ya que la resolución antes señalada no impone los requerimientos a que se alude en la resolución impugnada, solo exige haber sido denunciada o acusada, tampoco determina que tiene que hacer mediante proceso penal, ni que se haya dictado auto de formal procesamiento.- Además refiere que es evidente la falta de motivación y explicación del fallo recurrido, que afecta por ello el debido proceso.- De igual manera establece que se le ha violentado el derecho de defensa, en vista que ha juzgado el caso sin respetar el derecho a la defensa, al no brindar ninguna explicación o motivación del porqué de tal medida, al analizar el material probatorio aportado para acreditar la procedencia de la causal de recusación, ni los agravios formulados, claramente se ha infringido su derecho a poder conocer las razones de tal determinación, más de respetar su derecho a ser juzgada de forma imparcial e independiente y por ello se debe ampararle. Asimismo establece que se le vulnero el principio de legalidad, en vista que la sentencia que se impugna no se encuentra dictada de acuerdo a las normas sustantivas y procesales del más estricto derecho, siendo que no valoro la prueba que se presentara para acreditar la causa de recusación invocada contra la Juez recusada.- Señala que se le ha violentado el libre acceso a la justicia contemplado en el artículo 82 párrafo segundo de la Constitución de la República, al manifestar que su representada recusa a una Juez que entiende que no es independiente e imparcial, ni actúa con objetividad, de lo cual basta revisar la prueba aportada al proceso y el mismo expediente de primera instancia, donde se aprecia que sus actuaciones son sesgadas, parciales, prejuiciosas y con afán de afectar los intereses y derechos que como parte tiene en el proceso laboral. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha siete de noviembre de dos mil veintitrés, siendo del parecer que no se otorgue la presente acción de amparo, en vista de no concurrir las vulneraciones Constitucionales alegadas por el amparista. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la lectura de la presente causa, se observa que el recurrente argumenta que se le ha violentado su derecho constitucional de Defensa, principio de legalidad, acceso a la justicia y debido proceso, al referir básicamente que la autoridad cuestionada en su resolución de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se basa en un criterio proferido en materia penal, que no aplica en materia laboral y porque de esa manera no lo dispone el artículo 188 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), en el incidente de recusación que ha planteado en contra de la Juez de Letras Seccional del Trabajo de la Ceiba Atlántida Jessy Espinal Escobar, producto de la denuncia por supuestas actuaciones irregulares en esta causa que se le interpuso en su contra ante el Ministerio publico el trece de mayo de dos mil veintidós.- En ese sentido se le establece al recurrente que no es únicamente un criterio de la materia penal, ya que también en esta Sala de lo Constitucional existe una línea jurisprudencial que determina que al recusar a Jueces y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no bastara con solo presentar denuncia en su contra, sino que es indispensable que dicha denuncia esté judicializada, lo cual no sucede en la presente causa; por lo tanto, esta sala de lo Constitucional es del criterio que no se otorgue la presente acción de amparo, interpuesto en contra de la sentencia definitiva emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida de fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), por las razones expuestas.- Que si bien el recurrente manifiesta en la presente acción de amparo que se le han vulnerado otros derechos, lo cierto es que comprendiendo el debido proceso una amplitud en cuanto a las violaciones constitucionales y teniendo el resto de las mismas en esta causa una relación directa con el debido proceso, consideramos que al haber establecido los motivos de su denegación, se le está dando respuesta también a los otros derechos vulnerados, reafirmando los motivos de su rechazo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 188 numeral 3 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días de diciembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinticinco de agosto del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1729-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL