Sentencia AL-1670-23 — Registro 20078
Resumen
Se resolvió denegar el amparo concluyendo que no hubo violación al debido proceso, si no que protege el derecho de defensa del demandado. La Sala de lo Constitucional señala que el Curador Ad-litem sólo puede ser nombrado cuando se cumplen los requisitos legales establecidos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”analizada la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem y contrario a los argumentos vertidos por el recurrente en Amparo, esta Sala de lo Constitucional aprecia del estudio de la pieza de antecedentes del A-quo que efectivamente se ha inobservado el procedimiento establecido en el artículo 707 del Código de Trabajo para el nombramiento de Curador Ad-Litem; la Corte recurrida hace una relación de las actuaciones realizadas en las diligencias que obran en el expediente del A-quo, concatenado a lo argumentado por la Juez de Letras, en cuanto a que la Parte Demandante no tiene facultades para realizar actos de comunicación, pues tales facultades corresponden al Juzgado conocedor del asunto sometido a su estudio y posterior decisión; por ello se concluye que se ha inobservado el procedimiento que señala la ley laboral para el emplazamiento del demandado y consecuencia de ello se ha vulnerado el derecho a la Defensa que constitucionalmente le asiste a la Parte Demandada.- Aunado a lo anterior vale decir que no se comprobó en forma sumaria, como lo dispone la ley, que el demandado se haya ocultado a efecto de ser emplazado, pues no existe diligencia tendiente a ubicar el domicilio de la Representante Legal de la Sociedad Mercantil Desarrollos Turísticos de Tela, S.A. de C.V., siendo que la norma laboral hace remisión al Código de Procedimientos Civiles, para tal diligencia, ahora Código Procesal Civil..."..."esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; en el concepto de debido proceso, se encuentra el derecho a la defensa, el que encuentra acogida en el artículo 1 del Código Procesal Civil, que en relación del acceso a los juzgados y tribunales define en el numeral 2 que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso; por ello el numeral 3 prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia..."..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico vertido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolución que es impugnada a través de la garantía de Amparo; al igual que la autoridad recurrida, esta sala es del criterio que la norma constitucional en el artículo 82 garantiza el derecho de defensa, así como el derecho de acceso a los tribunales de las personas, en procura que los órganos jurisdiccionales del Estado les escuche en sus pretensiones en igualdad de condiciones y el obtener una resolución de fondo justa y motivada, por ello corresponde al juzgador como director del proceso, el garantizar el acceso a la jurisdicción, evitando restricciones en detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos..."..."la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que en el presente caso no se ha vulnerado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que invoca el recurrente, la Alzada confirma la resolución emitida por el A-quo, al observar que la misma fue dictada en prevalencia del derecho a la defensa, acceso a la justicia e igualdad de las partes en el proceso, derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. El obtener respuestas contrarias a las pretensiones de una de las partes en el proceso, no supone siempre, la vulneración o el quebranto de derechos fundamentales..."..."la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta el derecho al debido proceso invocado por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 73 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre del año dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Laboral interpuesto por el Abogado MARLON GEOVANNI QUINTANA DELGADO, a favor de la señora INGRID YACKELINE AMAYA PINEDA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), que resolvió el recurso de Apelación promovido por la Parte Demandante, en contra del Auto Interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veintitrés (2023), que resuelve en la Audiencia Primera de Tramite declarar parcialmente con lugar el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la Parte Demandada; con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora INGRID YACKELINE AMAYA PINEDA, contra la Sociedad Mercantil DESARROLLO TURÍSTICOS DE TELA S.A DE C.V. (HOTEL VILLAS TELAMAR).- Estima el recurrente que el fallo impugnado es violatorio de los derechos y garantías contenidos en los artículos 64, 82, 90, 134 y 135 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 22 del Código Procesal Civil, 18, 703, 707 y 858 del Código de Trabajo. A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, la señora INGRID YACKELINE AMAYA PINEDA, promoviendo Demanda Ordinaria Laboral contra la sociedad mercantil DESARROLLO TURÍSTICOS DE TELA S.A. DE C.V. (HOTEL VILLAS TELAMAR), por medio de su Gerente General y Representante la señora ALICE GOLDSTEIN, para el pago del Preaviso como derecho adquirido debido y no pagado. (Exp.0107-2018-00651) (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo).- 2) Que en fecha diez (10) de enero del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, resolvió admitir a trámite la Demanda Laboral relacionada y ordenó librar Exhorto con las inserciones necesarias del caso al Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, a efecto de emplazar en legal y debida forma a la señora ALICE S. GOLDSTEIN, en su condición de Representante Legal de la empresa DESARROLLOS TURÍSTICOS DE TELA S.A. DE C.V. HOTEL VILLAS TELAMAR (DESATUR), para que en el término de seis (6) días conteste la demanda promovida en contra de su representada. (Folio 12fv de la pieza de antecedentes del A-quo) .- 3) Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, el Abogado Marlon Geovanny Quintana, en su condición de Representante Procesal de la señora Ingrid Yackeline Amaya Pinel, solicitando se nombre Curador Ad-Litem para que represente a la institución demandada previa opinión fiscal; resolviendo el Juzgado referido, en forma favorable a la petición de la Parte Demandante mediante auto de fecha ocho de enero del año dos mil veinte. (Folio 18 y 21 de la pieza de antecedentes del A-quo).- 4) Que en fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), en la Audiencia Primera de Trámite, el Abogado DAVID GERARDO ARGUCIA MERCADAL, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil DESARROLLOS TURÍSTICOS DE TELA S.A. DE C.V. (DESATUR), interpone INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES y Opone a la Demanda la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN. (Folios 68 y 69fv de la pieza de antecedentes del A-quo).- 5) Que en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veintitrés (2023), en la continuación de la audiencia PRIMERA DE TRÁMITE, el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, resolvió: “1.- DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el Abogado David Gerardo Agurcia Mercadal en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil denominada DESARROLLO TURISTICOS DE TELA, S.A. de C. V., en virtud de no haberse seguido el procedimiento establecido en la ley laboral para el nombramiento de curador ad-litem a su representada; 2.- Se DECLARA la Nulidad Parcial de las actuaciones judiciales desde el folio 13 al 63 del expediente de mérito, y en consecuencia y por celeridad procesal y para un rápido adelantamiento del presente juicio, siendo que consta a folio 65 al 67 del expediente de mérito que el Abogado David Gerardo Agurcia Mercadal, mediante escritura pública número 20, en la que se le confiere poder general para pleitos y de representación procesal de la Sociedad Mercantil denominada DESARROLLO TURISTICOS DE TELA, S. A. de C.V., se ordena de no interponerse recurso alguno a la presente resolución que a través del funcionario correspondiente de este Despacho proceda a citar y emplazar al Abogado Agurcia Mercadal en su condición indicada para que en el término de seis días conteste la demanda interpuesta en contra de su representada; 3.- En cuanto a la excepción perentoria de Prescripción por las razones expuestas en la fundamentación jurídica de la presente resolución y en su numeral cuarto, se declara inadmitida por ahora la misma…” (Folios del 90-92fv de la pieza de antecedentes del A-quo).- 6) Que, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante, contra la resolución que antecede, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), la CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, emitió sentencia a través de la cual falló: “PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARLON GEOVANNY QUINTANA DELGADO, en su condición de apoderado legal de la parte demandante contra el Auto Interlocutorio dictado en fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DEL PREAVISO COMO DERECHO ADQUIRIDO DEBIDO Y NO PAGADO..., promovida por la señora INGRID YACKELINE AMAYA PINEDA, contra la Empresa Mercantil DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V. (DESATUR) a través de su representante la señora ALICE GOLDSTEIN. SEGUNDO: CONFIRMAR el Auto Interlocutorio dictado en fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida. TERCERO: Sin costas en esta instancia. - Y MANDA: Que una vez que este fallo adquiera el carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales. - Con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia, Quedando las partes notificadas en estrados y firmándose por y ante los infrascritos Magistrados y secretaria que DA FE…” (Folios del 12-16fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem).- 7) Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), el Abogado MARLON GEOVANNI QUINTANA DELGADO, compareció ante este Alto Tribunal de Justicia, reclamando Amparo a favor de la señora INGRID YACKELINE AMAYA PINEDA, contra la Sentencia dictada en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintitrés (2023, por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, al estimar que la misma es violatoria de los derechos y garantías contenidos en los artículos 64, 82, 90, 134 y 135 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 22 del Código Procesal Civil, 18, 703, 707 y 858 del Código de Trabajo. (Folios del 1-10 de los autos).- 8) Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despecho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, a través de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, quien fue de la OPINIÓN porque “SE DENIEGUE” el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista. Argumenta la Fiscal del despacho que después de analizadas las presentes diligencias, se observa que el artículo 719 del Código de Trabajo, establece la forma en que se harán las notificaciones, señalando en su numeral 1) literal a) que la notificación del auto que le confiere traslado de la demanda se debe hacer personalmente al demandado y en general la que tenga por objeto hacerle saber la primera providencia que se dicte, cuya vecindad, residencia y dirección o de la afirmación de que se ignora ratificada bajo juramento, deben ser señalados en el escrito de la demanda, conforme lo estipula el articulo 703 del mismo cuerpo legal; asimismo el artículo 139 del Código Procesal Civil, dispone que los actos de comunicación cuando se trate del primer emplazamiento o citación del demandado, se harán por remisión al domicilio del demandado, que el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de este, como números de teléfono, fax o similares; de igual el artículo 141 del Código Procesal Civil en su numeral 1) establece que, cuando el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, se podrán utilizar medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse a registros oficiales, organismos, colegios profesionales, entidades y empresas que puedan dar información sobre ello, lo cual también puede aplicarse en el proceso laboral y viabilizar la notificación. Y solo cuando al Receptor del Despacho le es imposible emplazar a la parte demandada, al momento de emitir la respectiva constancia de diligencias, deberá consignar el motivo por el cual no se pudo efectuar dicha actuación, pudiendo ser este por ocultación o ignorancia de la residencia, en cuyo caso de procederá al nombramiento del curador Ad-Litem de oficio o a petición de parte, conforme lo dispone el artículo 707 párrafo final del Código de Trabajo. En consonancia con lo anteriormente expuesto esa representación fiscal estima que efectivamente no se ha observado el procedimiento establecido para el nombramiento del curador Ad-Litem, por lo que se comparte el criterio esgrimido por la Alzada. (Folios del 78-86 de los autos).- CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, loa tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”.- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la sentencia dictada por unanimidad de votos en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora INGRID YACKELINE AMAYA PINEDA, para el ago del Preaviso, como derecho adquirido debido y no pagado, contra la Sociedad Mercantil DESARROLLO TURÍSTICOS DE TELA S.A DE C.V. (HOTEL VILLAS TELAMAR), por medio de su Gerente General y Representante la señora ALICE GOLDSTEIN; resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar No Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Marlon Geovanny Quintana Delgado, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante y Confirma el Auto Interlocutorio dictado en fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado de Letras Seccional de tela, Departamento de Atlántida. CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado MARLON GEOVANNY QUINTANA DELGADO, muestra su desacuerdo con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio de su representada los derechos y garantías contenidos en los artículos 64, 82, 90, 134 y 135 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 22 del Código Procesal Civil, 18, 703, 707 y 858 del Código de Trabajo; en su exposición el impetrante arguye que es falso que el Tribunal no le dio la oportunidad a la Demandada de contestar la demanda, mismo que hizo a través del Curador Ad-Litem y que dicho nombramiento -Curador Ad-litem- se hizo cumpliendo todos los requisitos establecidos en el Código de Trabajo, con las publicaciones, considerando que el Código de Trabajo tiene su propio procedimiento; que la Corte de Apelaciones de una forma errónea quiere y pretende introducir un procedimiento del Código Procesal Civil, ya que ni supletoriamente es aplicable; el Código de Trabajo en su artículo 703 y 707 ilustra la forma de nombramiento del Curador Ad-Litem y la Corte de Apelaciones en forma indebida aplica el artículo 140.1) del Código Procesal Civil y en su aplicación la Corte violenta la disposición constitucional contenida en el artículo 64, la Corte recurrida no aprecia bien y hace una resolución no ajustada a la materia laboral y la confunde como si fuera un procedimiento civil.CONSIDERANDO(4): Que continuando con su exposición, el recurrente sostiene que la Corte de Apelaciones del Trabajo, vulnera el artículo 90 de la Constitución de la República, pues siendo que el Patrono se escondió o evadió ser emplazado, para contestar la demanda, la Corte recurrida lejos de sancionar conforme el debido proceso, revoca y contamina la norma, llevando con ello perjuicio e incumpliendo el principio Indubio Pro Operario, al expresar en el fallo recurrido, que se ha perjudicado al demandado al no dejarlo contestar la demanda, cuando ya está personado y puede seguir el proceso, ya que no se había presentado prueba, estando en la etapa de proponer incidentes; dice el recurrente que la Corte desconoce los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en relación al nombramiento de Curador, tratando de encuadrar las motivaciones de la resolución impugnada, crea otro criterio, en una errada fuera de contexto y deficiente interpretación, que la Corte hace del texto del manual procesal laboral, lo que aparte de lamentable, conduce a la Corte recurrida a la violación de elementales d derechos y garantías fundamentales del debido proceso.- CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento fundamental del recurso versa en relación a que el Tribunal de Alzada debió declarar Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, declara Parcialmente Con Lugar el Incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada.- CONSIDERANDO(6): Que de la lectura de la acción constitucional promovida, esta Sala estima que el recurrente al exponer la vulneración del derecho al debido proceso, lo relaciona con quebranto de las normas de procedimiento laboral contenidas fundamentalmente en los artículos 18, 703, 707 y 858 del Código de Trabajo, que versa su contenido y de interés para la solución del caso en estudio, el procedimiento a seguir en el nombramiento de Curador ad-litem.- CONSIDERANDO(7): Que el fallo emitido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), fue emitido por Unanimidad de Votos de sus miembros y se fundamentó básicamente en lo siguiente: PRIMERO: El recurrente en su condición de apoderado legal de la parte demandada refiere como agravio el que se declare nulidad de actuaciones a partir del nombramiento de curador ad litem, por estimar que “… no es obligación del trabajador saber el domicilio del patrono… que al haberse nombrado curador y el mismo haberse personado, no a llevado ninguna indefensión, mas la mala de procesal de atrasar el proceso…”, sin embargo, este Ad-Quem estima que el procedimiento de nombramiento de curador Ad-Litem seguido no se efectuó como lo establece la ley, puesto que en primer lugar la parte demandante en el libelo e la demanda consigna como domicilio de la parte demandada “El Hotel Villas Telamar ubicado en el Barrio Wevarich” y en caso “de no poder ser citado y emplazado en Tela, Atlántida, librar la correspondiente comunicación con las inserciones de estilo al Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán”, exhorto que fue librado y devuelto el veinte de marzo de dos mil diecinueve por el Abogado Quintana Delgado, pidiendo (SIC) “en virtud de que no se sabe la dirección exacta de la señora ALICE GOLDSTEIN muy respetuosamente pido como esta ordenado en autos a personarse a las instalaciones de Telamar con el fin de citar y emplazar a la representante de Telamar”, lo que de la revisión del auto de admisión de la demanda que obra a folio 12pp únicamente se ordena librar el exhorto antes indicado. Luego mediante comparecencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve el abogado Quintana solicitó nombramiento de curador ad litem, resolviendo la juez de primera instancia en auto de fecha ocho de enero de dos mil veinte que obra a folio 21pp, (SIC) “Nómbrese Curador Ad-Litem en el presente juicio al abogado Alberto Mejía Cardona con carnet de colegiación número 16446 de esta ciudad con las facultades a el conferidas y quien se le hará saber del nombramiento en el recaído para su aceptación y demás efectos legales que implica su nombramiento, extiéndase el aviso correspondiente una vez que el funcionario judicial haya discernido dicho nombramiento.”. Discernimiento que obra a folio 22pp. Sin que se haya efectuado la publicación del aviso donde se solicita el nombramiento de Curador Ad Litem, únicamente obra a folio 24pp la publicación en el diario la prensa del Aviso de fecha 11 de febrero de dos mil veinte en el cual se hace saber que “… se nombro como Curador Ad-Litem, al abogado JESUS ALBERTO MEJIA CARDONA…”, relación de hechos antes señalada que para este tribunal de alzada constituye una flagrante violación al derecho de defensa de la parte demandada, compartiéndose así lo resuelto por la señora Juez de primera instancia, puesto que reiteramos no fue debidamente sustanciado el procedimiento de nombramiento de Curador Ad-Litem, debiendo confirmarse la resolución recurrida. -Subrayado añadido- CONSIDERANDO(8): Que en ese orden de ideas analizada la sentencia emitida por el Tribunal Ad-quem y contrario a los argumentos vertidos por el recurrente en Amparo, esta Sala de lo Constitucional aprecia del estudio de la pieza de antecedentes del A-quo que efectivamente se ha inobservado el procedimiento establecido en el artículo 707 del Código de Trabajo para el nombramiento de Curador Ad-Litem; la Corte recurrida hace una relación de las actuaciones realizadas en las diligencias que obran en el expediente del A-quo, concatenado a lo argumentado por la Juez de Letras, en cuanto a que la Parte Demandante no tiene facultades para realizar actos de comunicación, pues tales facultades corresponden al Juzgado conocedor del asunto sometido a su estudio y posterior decisión; por ello se concluye que se ha inobservado el procedimiento que señala la ley laboral para el emplazamiento del demandado y consecuencia de ello se ha vulnerado el derecho a la Defensa que constitucionalmente le asiste a la Parte Demandada.- Aunado a lo anterior vale decir que no se comprobó en forma sumaria, como lo dispone la ley, que el demandado se haya ocultado a efecto de ser emplazado, pues no existe diligencia tendiente a ubicar el domicilio de la Representante Legal de la Sociedad Mercantil Desarrollos Turísticos de Tela, S.A. de C.V., siendo que la norma laboral hace remisión al Código de Procedimientos Civiles, para tal diligencia, ahora Código Procesal Civil.- CONSIDERANDO(9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; en el concepto de debido proceso, se encuentra el derecho a la defensa, el que encuentra acogida en el artículo 1 del Código Procesal Civil, que en relación del acceso a los juzgados y tribunales define en el numeral 2 que en ningún caso se puede producir indefensión para las partes del proceso; por ello el numeral 3 prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualesquiera persona a la justicia.- CONSIDERANDO (10): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, asimismo ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. La Corte ha afirmado que, para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención. .- Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho.- CONSIDERANDO (11): Que, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el jurista L. Alfredo de Diego Diez, sostiene que “En suma la tutela judicial efectiva constituye un derecho humano capital, en cuanto garantiza la cabal defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas. Es un derecho inherente a la dignidad humana y, en cuanto derecho que los seres humanos tienen por el mero hecho de ser personas, se predica sin distinción ni restricción, incluyendo a todos: nacionales y extranjeros, sean habitantes o no de la República…”; de Diego Diez sostiene que ni los jueces y tribunales pueden restringir este derecho con criterios rigoristas o puramente formalistas y señala como lo explica la STC 144/2004: .- 2.° El derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción, siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador en el marco de la Constitución (SSTC 4/1988, de 12 de enero, fj 5; 141/1988, de 29 de junio, jj 7). También puede verse conculcado el derecho de acceso a la tutela por aquellas interpretaciones de las normas que son manifiestamente erróneas, irrazonables o basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negación de la concurrencia del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable (por todas, STC 35/1999, de 22 de marzo, fj 4 y las en él citadas). . CONSIDERANDO(12): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico vertido por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, resolución que es impugnada a través de la garantía de Amparo; al igual que la autoridad recurrida, esta sala es del criterio que la norma constitucional en el artículo 82 garantiza el derecho de defensa, así como el derecho de acceso a los tribunales de las personas, en procura que los órganos jurisdiccionales del Estado les escuche en sus pretensiones en igualdad de condiciones y el obtener una resolución de fondo justa y motivada, por ello corresponde al juzgador como director del proceso, el garantizar el acceso a la jurisdicción, evitando restricciones en detrimento del derecho a la tutela judicial efectiva, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (13): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que en el presente caso no se ha vulnerado el derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que invoca el recurrente, la Alzada confirma la resolución emitida por el A-quo, al observar que la misma fue dictada en prevalencia del derecho a la defensa, acceso a la justicia e igualdad de las partes en el proceso, derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. El obtener respuestas contrarias a las pretensiones de una de las partes en el proceso, no supone siempre, la vulneración o el quebranto de derechos fundamentales.- CONSIDERANDO(14): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo, mismo que debe ser respetado y observado, en garantía de la tutela judicial efectiva de quienes acuden ante los órganos jurisdiccionales en busca respuestas satisfactorias a sus pretensiones, por medio de resoluciones motivadas y coherentes.- CONSIDERANDO(15): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta el derecho al debido proceso invocado por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.- POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, Oído el Dictamen del Ministerio Publico, a través de la Fiscal del Despacho, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 64, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 y 3 del Código Procesal Civil; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARLON GEOVANNY QUINTANA DELGADO, a favor de la señora INGRID YACKELINE AMAYA PINEDA, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES -. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintiséis, certificación de fallo de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Amparo Laboral registrado en este tribunal con el número SCO-1670-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL