Sentencia AL-1654-22 — Registro 18464
Resumen
La Sala Constitucional considera que actuación de la Corte de Apelaciones se enmarca dentro de los parámetros expuestos por el legislador en el artículo 710 del Código del trabajo, puesto que el hecho de anunciar la presentación de las pruebas al oponer excepciones en el momento de contestar la demanda, y luego presentarlas durante la audiencia primera de trámite, no contradice en absoluto dicha disposición legal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."actuación de la corte de apelaciones se enmarca dentro de los parámetros expuestos por el legislador en el artículo 710 del Código del trabajo, puesto que el hecho de anunciar la presentación de las pruebas al oponer excepciones en el momento de contestar la demanda, y luego presentarlas durante la audiencia primera de trámite, no contradice en absoluto dicha disposición legal"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 710 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ a favor del señor ARQUÍMEDES SANTOS ORTIZ, contra la resolución de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del honorable JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Arquímedes Santos Ortiz contra el Estado de Honduras. Estima el impetrante que se han violado en perjuicio de su representado el derecho al debido proceso legal en el marco de los artículos 82, 89, 90, 94, 304 de la Constitución de la República y 8 de la Convención americana sobre derechos humanos. ANTECEDENTES PROCESALES 1.En fecha veintidós de enero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Francisco Morazán, la abogada MARÍA MARGARITA AGUILAR, a favor del señor ARQUÍMEDES SANTOS ORTIZ, entablando demanda ordinaria laboral contra el Estado de Honduras para que se declare judicialmente la relación laboral indefinida conforme al artículo 47 del Código del trabajo, reintegro y pago de salarios dejados de percibir más derechos laborales, reajuste retroactivo a dos años. (Folios 1-4 de la pieza del a quo).2. En fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el mencionado juzgado resolvió lo siguiente:“En vista de que el artículo 710 del Código del trabajo establece: que: el demandado deberá proponer en la contestación de la demanda o en la primera audiencia de trámite todas las excepciones que crea tener a su favor… si hubiere hechos que probar deberá presentar las pruebas en el acto… y siendo que la representante procesal de la parte demandada hizo uso de este derecho al momento de contestar la demanda, razón por la cual se INADMITEN los medios de prueba aportados en este momento.” (Folio 42 vuelto de la pieza del a quo).3.El dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la honorable Corte de apelaciones del trabajo del departamento de Francisco Morazán, conociendo de la apelación interpuesta por parte demandada, resolvió mediante el fallo siguiente: “FALLA: 1. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada LYDIA VIRGINIA CÁLIX. 2. REVOCANDO el auto interlocutorio de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de letras del trabajo del departamento de Francisco Morazán y recaído en la inadmisión de los medios de prueba presentados por el representante procesal demandado en la demanda…. 3. SIN COSTAS en esta instancia. MANDA…” (Folios 44 vuelto y 45 de la pieza del ad quem).4. En fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, compareció anteeste alto tribunal de justicia el abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del señor ARQUÍMEDES SANTOS ORTIZ, contra la resolución dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que se deja relacionada en el numeral anterior, manifestando el impetrante que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República. La garantía fue debidamente formalizada el nueve de junio de dos mil veintitrés. (Folios 1 y 2 de la pieza de la garantía constitucional de amparo).5. En fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la fiscal ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL emite dictamen siendo de la opinión porque no se otorgue la garantía constitucional de amparo solicitada en virtud de que no existe violación del derecho invocado por el quejoso. (Folios 23-27 de la pieza de la garantía constitucional de amparo).FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.1. Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. 2. Sobre la obligación del Estado de proveer protección judicial mediante un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras.3. Resumen sobre los alegatos del garantista.El impetrante al formalizar la presente garantía constitucional de amparo denuncia que la corte de apelaciones ha conculcado el derecho al debido proceso, en perjuicio de su poderdante, dicho derecho se encuentra contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.Para el garantista se ha violentado el derecho que invoca, señalando que el debate central del presente amparo consiste en aclarar el momento procesal oportuno que la ley establece para presentar las pruebas que respaldan los defectos procesales que interponen las partes. En ese sentido, indica que el juez a quo determinó que existen dos momentos procesales para presentar las mismas, a la sazón; la contestación de la demanda y la audiencia primera de trámite.El impetrante reprocha que la parte demandada al momento de contestar la demanda, opuso defectos procesales, pero no presentó las pruebas que respalden los mismos, sino que lo hizo, hasta en audiencia primera de trámite, por lo que el juez a quo al amparo del artículo 710 del Código del trabajo, correctamente tomó la decisión de no admitir dichos medios de prueba, bajo el criterio de que debió presentarlos en la contestación de la demanda o sea al momento de oponer los defectos procesales.Para el impetrante de amparo entonces, la decisión del tribunal ad quem de revocar lo actuado por el juez de primera instancia, declarando con lugar el recurso de apelación bajo el criterio de que era suficiente que los medios de prueba fueran anunciados en la contestación de la demanda y presentados en la audiencia primera de trámite, es violatorio del debido proceso y por consiguiente el derecho a la defensa de su representado.Señala que el error del tribunal ad quem consiste en creer que existen dos momentos procesales para presentar las pruebas de las que respaldan los defectos procesales, puesto que el Código del trabajo es claro cuando establece que, si hubiesen hechos que probar, las pruebas deben ser presentadas en el acto, no en la siguiente audiencia, en este caso en el acto de la contestación de la demanda o en la audiencia primera de trámite, pero no en ambas. El quejoso manifiesta que para cada acción hay un único momento procesal oportuno, incluido el caso de los defectos procesales dilatorios y perentorios. Estima que en este caso la corte de apelaciones cometió una violación al debido proceso, en virtud de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, citando para ello la sentencia CL-415-21 que a la letra dispone:“VII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos, y derivado de ello, también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberé ser congruente, imparcial y apegado al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII. Que la Corte interamericana de derechos humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015 dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 030319151, estableció sobre el debido proceso: "El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, i) el desarrollo de un juicio justo; y ii) la resolución de las controversias de forma tal, que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa. IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate."4. Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte primera de apelaciones de lo civil del departamento de Francisco Morazán, objeto de la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada dispuso por unanimidad de votos declarar con lugar la apelación y revocar la resolución dictada por el honorable juez a quo, fundamentado en los argumentos que a continuación se transcriben:“CONSIDERANDO (5): Que el juez tiene un relativo poder de dirección material, por consiguiente, de aceptar o no las propuestas probatorias de las partes, que a su vez tienen el total y absoluto poder de practicar pruebas; quedando este poder en cuanto a la admisión de la prueba reducido a valorar los requisitos objetivos que la ley impone; es decir, que la misma verse sobre hechos sobre los que exista contradicción y que la prueba no sea inútil o impertinente. CONSIDERANDO (5): Que en el presente caso, estamos ante la presencia de medios de prueba que fueron propuestos en la contestación de la demanda, y que la juez admitió, según consta en el auto de fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno; por lo que estamos ante medios de prueba que son pertinentes y útiles, ya que los mismos recaerán sobre hechos que tienen conexión directa o indirecta con lo que es objeto del debate. Por lo que la no admisión de estos medios de prueba, le violentan el derecho a la defensa a la parte demandada, ya que al volver a ser ratificados en la audiencia primera de trámite, los mismos van encaminados a demostrar o no al a quo que proceden las excepciones planteadas por lo que dichas pruebas son necesarias.”5. Resumen de la opinión del Ministerio Público. La agente de tribunales, abogada Rosana Rodríguez Espinal al emitir su dictamen fue de la opinión porque no se otorgue la garantía de amparo de mérito. La fiscal argumenta que, la sentencia emitida por la Corte de apelaciones del trabajo de la sección judicial de Francisco Morazán, se sustenta en que este asunto se trata de medios de prueba que fueron propuestos en la contestación de la demanda y el a quo admitió, bajo la premisa de ser pertinentes y útiles, ya que recaen sobre hechos que tienen conexión directa o indirectamente con el objeto del debate. Este criterio, señala el fiscal, se comparte al tenor de lo establecido en el artículo 710 del Código del trabajo que dispone: "Artículo 710. El demandado deberá proponer, en la contestación de la demanda, o en la primera audiencia de trámite, todas las excepciones que crea tener en su favor. El juez decidirá de las dilatorias en dicha audiencia, si el asunto fuere de puro derecho. Sí hubiere hechos que probar deberán presentarse las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo. Si el demandante solicitare la celebración de una nueva audiencia para contraprobar, el juez, si lo considera conveniente, podrá decretarla. Esta audiencia deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes. Las excepciones perentorias serán decididas en la sentencia definitiva." 8. Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por la amparista. Luego de analizar el presente asunto, la Sala de lo Constitucional estima que la corte de apelaciones denunciada no ha violentado derecho constitucional alguno, y que por tanto no es de recibo la presente garantía de amparo.De hecho, la actuación de la corte de apelaciones se enmarca dentro de los parámetros expuestos por el legislador en el artículo 710 del Código del trabajo, puesto que el hecho de anunciar la presentación de las pruebas al oponer excepciones en el momento de contestar la demanda, y luego presentarlas durante la audiencia primera de trámite, no contradice en absoluto dicha disposición legal.Tanto para la corte de apelaciones, como para este alto tribunal de justicia constitucional, queda absolutamente claro y establecido, que el contenido del artículo 710 anteriormente citado, no admite la interpretación que de lugar a establecer que el legislador dispuso que la presentación de la prueba, deba hacerse inexorablemente en el momento mismo que se oponen las excepciones; y que por tanto, si dichas excepciones se oponen en el acto de la contestación de la demanda, es ese el único momento para presentar los medios de prueba y no durante la audiencia primera de trámite.A continuación, se explica dicho artículo párrafo por párrafo, para dejar clara la interpretación que este alto tribunal de justicia estima procedente: A. El demandado deberá proponer, en la contestación de la demanda, o en la primera audiencia de trámite, todas las excepciones que crea tener en su favor. El objetivo de dicha norma procesal, es establecer los dos únicos momentos válidos para oponer excepciones (dilatorias y perentorias): a) la contestación de la demanda; o b) la audiencia primera de trámite. Estos momentos son excluyentes entre sí. Nótese que este párrafo se refiere exclusivamente a la presentación de las excepciones, la decisión de estas, se deja para los párrafos siguientes. B. El juez decidirá de las dilatorias en dicha audiencia, si el asunto fuere de puro derecho. Sí hubiere hechos que probar deberán presentarse las pruebas en el acto y el juez resolverá allí mismo.El legislador establece en este párrafo dos cuestiones, a la sazón: a) que la audiencia primera de trámite es el momento procesal oportuno para decidir las excepciones dilatorias opuestas oportunamente y que fueren de puro derecho (sin importar que se hayan opuesto en el acto de contestar la demanda o en el mismo momento de evacuación de la audiencia primera de trámite); y b) dispone que el momento procesal oportuno para que la parte que opone las excepciones presente su prueba, indicando que debe ser durante “el acto”, o sea la audiencia (esto es así, porque nótese que en este párrafo, el legislador no menciona por ninguna parte el momento de contestación de la demanda, sino que siempre se refiere a la audiencia primera de trámite), de tal suerte que, el único momento procesal que tiene el oponente de excepciones para presentar la prueba es éste y no otro, salvo por supuesto que sea prueba documental que puede acompañarse con el escrito de contestación de la demanda y oposición de excepciones.Por tanto, no resulta contrario a dicha disposición legal, el haber enunciado la prueba que acredita la excepción opuesta al momento de contestar la demanda, para luego presentarla en el momento legalmente oportuno de la audiencia, respetándose así el debido proceso legal. C. Si el demandante solicitare la celebración de una nueva audiencia para contraprobar, el juez, si lo considera conveniente, podrá decretarla. Esta audiencia deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes. Las excepciones perentorias serán decididas en la sentencia definitiva." Siempre queda la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la oportunidad procesal de presentar y evacuar prueba en contradicción, para lo cual el juez como director del proceso podrá señalar nueva audiencia dentro de un plazo de hasta cinco días para celebrarla. Por todo lo anteriormente expuesto, se estima errada la tesis sostenida por el juez a quo y por el amparista; de hecho cabe señalarse que el haber enunciado la presentación de la prueba, previo a la audiencia primera de trámite, resulta ser para la parte demandada una mejor oportunidad de preparar sus pruebas en respuesta, siendo esto más beneficioso para el respeto y garantía del derecho de defensa. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 80, 82, 90, 183, 303, 313 No. 5, 316 No. 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 710 del Código del trabajo; 1, 2, 3 No. 2, 41 y 72 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por el abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ a favor del señor ARQUÍMEDES SANTOS ORTIZ, contra la resolución de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del honorable JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Arquímedes Santos Ortiz contra el Estado de Honduras. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1654-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL