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Sentencia AL-1642-22 — Registro 19742

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a un incidente de nulidad de declinatoria por falta de competencia por razón de la materia; en la demanda ordinaria laboral promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... “CONSIDERANDO (11): Que en relación a las demás garantías y derechos invocados por el amparista, cabe mencionar que su vulneración no ha resultado fehacientemente acreditada, dado que los artículos 64, 82, de la Constitución de la República no se refieren directamente a la infracción constitucional que, según percibe el garantista, se realizara con la resolución judicial denunciada; la cual, sin embargo, fue conocida por un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente, en aplicación del derecho que tutela las relaciones de trabajo y sin afectación indebida a las partidas presupuestarias establecidas para cada ejercicio fiscal, ni a la incolumidad del tesoro público, ni al ámbito personal de aplicación del Régimen de Servicio Civil en Honduras; todo ello a la luz de la interpretación pro persona, que coloca al ser humano como centro axial de la sociedad y del Estado. CONSIDERANDO (12): En el artículo 665 del Código del Trabajo se establece que la Jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del Contrato del Trabajo. Así como también lo establece el artículo 692 del mismo Código del Trabajo que en los Juicios que se sigan contra el Estado, será competente el Juez del Trabajo del lugar en donde se haya prestado el servicio, o el del domicilio del demandante, elección de este, cualquiera que sea la cuantía. CONSIDERANDO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en el ordenamiento jurídico en su conjunto, así como a la jurisprudencia pacífica y sostenida de este Alto Tribunal de Justicia; por todo lo cual procede dictar sentencia denegatoria al Recurso de amparo interpuesto por considerarse que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (07) de noviembre del año de dos mil veintidós (2022) que se ha conocido en amparo, no resulta violatoria de los derechos y garantías constitucionales invocadas a favor del Estado de Honduras, por el recurrente, Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO; por todo lo cual resulta procedente denegar el presente recurso de amparo.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO a favor del ESTADO DE HONDURAS, atraves, del Instituto Nacional de Migración, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA,DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha siete de noviembre de dos mil veintidós que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a un incidente de nulidad de declinatoria por falta de competencia por razón de la materia; en la demanda ordinaria laboral promovida por el Señor SALOMON DE JESUS CASCO LOPEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, A TRAVES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de enero del dos mil veintiuno, comparecieron ante el Juzgado del trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes el señor SALOMON DE JESUS CASCO LOPEZ interponiendo Demanda Ordinaria Laboral contra DIRRECION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA , a efecto de que se le pague las prestaciones laborales, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional horas extras, preaviso; auxilio de cesantía, salarios dejados de percibir, por despido directo injusto e ilegal, siendo la cuantía de la demanda un total de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (L.41,231.72) (Folios 2 al 3 de la pieza de los antecedentes del A-quo.)2) El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortes en fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se presentó un Auto Interlocutorio en la cual la su parte dispositiva resolvió: FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR INCIDENTE DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE HUBIERE PRESENTADO LA DEMANDA POR RAZÓN DE LA MATERIA, interpuesta por el apoderado de la parte demandada.- 2) con lo expuesto se suspende la presente audiencia y se deja en suspenso el señalamiento de la presente audiencia hasta que el Tribunal de Alzada resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto.- SIN COSTAS.- Y MANDA: A) Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno contra la presente Sentencia quede firme la misma.- Cedida que le fue la palabra al apoderado de la parte demandada por haberlo solicitado quien dijo: Que no estando conforme con la sentencia interlocutoria que se le notifica interpone el recurso de reposición y el de apelación subsidiaria por ante la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial. Y EL JUZGADO RESUELVE: Declarar sin lugar el recursos de reposición y en vista de la naturaleza de la resolución apelada admítase únicamente el recurso de apelación en el efecto SUSPENSIVO debiendo la Secretaria del Despacho remitir el expediente ante la Honorable Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo Tribunal donde deberán comparecer los apoderados legales de las partes a mejorar dicho recurso.- En este acto quedan notificados en estrados de la presente audiencia Pública a los apoderados legales de las partes, firmando para constancia los comparecientes ante la suscrita Juez y Secretaria del Despacho que da fe de lo actuado.(folio 77-80 antecedentes de la segunda pieza) 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra el AUTO INTERLOCUTORIO dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula departamento de Cortes del que se hace relación en el numeral anterior promovida por el señor SALOMON DE JESUS CASCO LOPEZ en fecha siete de noviembre del dos mil veintidós , en la cual dicta FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, contra el auto interlocutorio proferido el veintinueve (29) de septiembre del presente año (2022), por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta misma Sección Judicial en la demanda de la referencia; en consecuencia, se CONFIRMA la misma. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia, dado el carácter social de la normativa del trabajo. TERCERO: Contra la presente resolución puede interponerse recurso de Reposición de conformidad a lo establecido en el artículo 741 del Código del Trabajo. - Y MANDA: Quedan notificados en estrados de la presente sentencia los representantes procesales de las partes intervinientes en el juicio y el Procurador Regional del Trabajo en representación del Ministerio Público, oportunamente que la secretaria del Tribunal con la certificación de estilo, devuelva los antecedentes al lugar de su procedencia para los trámites legales correspondientes. Por la vía electrónica se envíe copia del presente fallo a las partes intervinientes. Redactó la Magistrada Karla Ferrera Álvarez.-CEDIDA QUE LE FUE LA PALABRA AL ABOGADO JOSE ALEJANDRO CASTRO QUIEN DIJO: considerando el fallo proferido por esta Honorable Corte y con el derecho que le asiste al representado en aplicación del artículo 740 ,741 del código de trabajo en este acto interpone el recurso de Reposición por considerar que el fallo no se encuentra conforme a derecho.-CEDIDA QUE LE FUE LA PALABRA AL ABOGADO ALAN DAVID CORDOVA ORTIZ QUIEN DIJO: por notificado.-Y ESTE TRIBUNAL RESUELVE: En cuanto al Recurso de Reposición interpuesto por el abogado José Alejandro Castro en su condición de apoderado demandado apelante se DECLARAR SIN LUGAR el mismo en virtud que no hay hechos nuevos que analizar y en sustento a las consideraciones legales que contienen el presente fallo.-Con lo expuesto se da por finalizada la presente audiencia, siendo las diez con cuarenta y tres minutos de mañana, firmándose el acta respectiva por las Señoras Magistradas y el Secretario por ley quien da fe de lo actuado.- (folio 12 al 15 de la pieza de los antecedentes del Ad-quem) 4) Que en fecha once de noviembre del dos mil veintidós, el abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del señor SALOMON DE JESUS CASCO LOPEZ contra la Resolución dictada en fecha siete de noviembre del dos mil veintidós por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos, 64, 82 Y 90 de la constitución de la república (Folios 1 al 9 del recurso de amparo) 5) Que en fecha doce de diciembre del dos mil veintitrés esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, quien fue de la opinión porque: IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en vista de no existir vulneración de los derechos constitucionales invocados.” (Folios 39 y 40 de la pieza del recurso de amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha siete de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que ha quedado anteriormente relacionada en el Antecedente 3) de la presente acción de amparo, en la cual la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES ha motivado que en la demanda Ordinaria Laboral interpuesta por el señor SALOMON DE JESUS CASCO LOPEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOD DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACIÓN, esta misma por actos del INSTITUTO DE MIGRACION Y EXTRANJERIA, ha presentado la demanda ante la jurisdicción que tiene atribuida competencia para ello, siendo improcedente el INCIDENTE DE DECLINATORIA POR CUESTIÓN DE COMPETENCIA DE TRIBUNAL, que promoviera en su oportunidad el recurrente, en su calidad de representante judicial del Estado de Honduras. Lo anterior, al encontrar que las partes suscribieron contratos de servicios profesionales, de los cuales se presume la existencia de una relación de trabajo, bajo la figura del contrato de trabajo sometido a las normas de la jurisdicción laboral y no por leyes administrativas y, acorde a lo señalado en el Considerando TERCERO DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO) del fallo venido en amparo, que en cuanto al cumplimiento de las cláusulas contractuales referidas por el recurrente respecto al principio de la Pacta sunt servanda, es oportuno indicar que en materia de trabajo prevalece el principio de primacía de la realidad, en razón del cual se analizará el nexo jurídico que ha vinculado a las partes, de manera que, aún y cuando se estableció el sometimiento del caso a una jurisdicción de materia distinta a la laboral, la misma no es válida al amparo de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 128 de la norma primaria como ser la Constitución de la República y el artículo 3 del Código de la materia, pues no son susceptible de transacción los derechos y prerrogativas que al trabajador (a) conceden la Constitución de la República y las leyes del trabajo; ya que el legislador ha regulado el ejercicio de las acciones judiciales que nacen del contrato de trabajo y carece el trabajador de libertad para establecer hechos o circunstancias relacionadas con su ejecución o terminación. Por lo que este no procederá cuando se pretendan ocultar auténticas relaciones laborales en contratos que aparentemente (formalmente) no podrían ser conocidos por la jurisdicción del trabajo, a la luz de los siguientes criterios protectores: 1. Si existe subordinación de parte del trabajador al patrono; 2. Si presta el trabajo de manera personal; 3. Si existe un salario mensual como retribución del servicio, el lugar y los medios con que se ejecuta el trabajo; siendo evidente todos ellos concurren al presente caso en calidad de elementos esenciales del contrato de trabajo, acorde lo establece el artículo 20 del Código del Trabajo, con independencia se encuentren enmarcados en un contrato denominado de “servicios profesionales”, donde figura el cargo como Sub Inspector de Migración, con sede para prestar sus servicios en la Delegación de Migración Aeropuerto Internacional de San Pedro Sula del Instituto Nacional de Migración, con la asignación de varias funciones y sujeta a las decisiones y órdenes de su Jefe inmediato y con un pago mensual como remuneración al trabajo personal realizado, dentro de una jornada de trabajo que será de conformidad al rol de trabajo establecido. Debiendo estar disponible en horario distinto al anterior cuando lo requiera el desempeño de su trabajo, encontrándose por lo tanto la demanda comprendida dentro de la esfera competencial de la jurisdicción laboral. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso de amparo, el Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO, en su condición predicha, manifiesta que la resolución de alzada vulnera el derecho constitucional al debido proceso y a una serie de derechos constitucionales que asisten a la parte por él representada, según una pluralidad de argumentos y consideraciones legales, entre los cuales destacan: En primer lugar, que la parte demandante de amparo ha censurado la resolución de la Alzada, considerando la misma fue emitida violentando el artículo 872 del Código del Trabajo, en franca violación del artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo; implicando violación del debido proceso, apartándose de las formalidades, derechos y garantías ante la interposición del Incidente de Incompetencia del Tribunal por razón de la materia; que la ley establece y siendo que la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE PUERTO CORTES, en contravención a lo señalado expresamente por el artículo 303 de la Constitución de la República, inter alia; en vista a que si bien el artículo 20 del Código de Trabajo se refiere a los elementos que debe contener un contrato de trabajo, también es cierto que tales elementos se reúnen en los contratos de servicios profesionales, los cuales son regulados claramente por el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; es así que manifiesta el recurrente que la parte demandante tiene falta de sustentación legal de la reclamación, en virtud de que el demandante suscribió con la parte demandada Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado. Y siendo que el Instituto Nacional de Migración es un ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en vista que el vínculo entre Administrativo-Servidor Público, está protegido por un contrato de Servicios Profesionales por tiempo determinado y por otra parte habida cuenta tal vínculo NO rige por el Código del Trabajo; sino, conforme a lo que regula la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Ley del Servicio Civil y su Reglamento. Por lo que dicha resolución de la Corte de Apelaciones infiere que la demanda sea sometida a la Jurisdicción que debe conocer de la presente acción es la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y es así que el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, debió declinar del conocimiento de la misma, ya que las causas relativas a los contratos de servicios profesionales cuando participa el Estado, son propias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a contrario sensu la Jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo; Por lo que el Juzgado y la Corte del Trabajo no encontraron el criterio sabio de la Justicia y de la legalidad que hiciese posible la recta observancia de la Ley. CONSIDERANDO (5): Que sigue manifestando el amparista, Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO, que la declaratoria se declaró SIN LUGAR del INCIDENTE DE DECLINATORIA POR CUESTIÓN DE COMPETENCIA DE TRIBUNAL, que promoviera en su oportunidad ante la jurisdicción ordinaria, no observa la plena sujeción a contratos de servicios técnicos y profesionales que existía en el presente caso, puesto era eso precisamente lo que existía entre la ahora demandante y el Instituto de Migración y Extranjería, lo cual constituye la plenitud del vínculo jurídico existente. Asimismo, señala que la resolución denunciada amplia materialmente el Presupuesto General de la República, en contravención a la Ley, pues existen disposiciones de orden público emanadas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, los cuales establecen que la contratación de este tipo de personal no deberá ser tenido, para ningún efecto, como personal bajo la modalidad de permanente en cada ejercicio fiscal, lo cual también se ve vulnerado por la resolución de la Alzada.- Por todo lo cual solicita se dicte sentencia otorgando el amparo contra la sentencia de la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEL DEPARTAMENTO DE CORTES anteriormente descrita y circunstanciada, por existir mérito para ello. CONSIDERANDO (6): Que de todo lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del departamento de Cortés, en fecha siete (07) de noviembre del año de dos mil veintidós (2022), ha hecho amplia relación y mención argumentativa de la consideración que le merece la existencia de determinados contratos de servicios profesionales, lo cual es aceptado por ambas partes contendientes y en los cuales se describen los servicios a ejecutar por la contratista, el tiempo determinado para la validez y vigencia del contrato y el monto total a cancelarse por la ejecución de los mismos, estipulándose, asimismo, en la cláusula decima primera de los referidos contratos, que para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del mismo, las partes se someten en forma expresa a los tribunales de lo contencioso administrativo. CONSIDERANDO (7): Que no obstante lo cual, el fallo venido en amparo, en continencia con pacífica jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, hace prevalecer el principio de primacía de la realidad, al cual se ha hecho alusión como principio sustantivo, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica de la relación de trabajo. De manera que, habiéndose acreditado el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo en el presente caso, según queda visto, resultaría del todo implícita la existencia de una relación de trabajo, a tutelarse de conformidad a ley. De allí la esencial razonabilidad a lo resuelto por la Alzada, respecto a que es la jurisdicción del trabajo la facultada para conocer la demanda laboral instaurada contra la parte representada por el garantista, aun y cuando el contrato denominado de servicios profesionales ordenare lo contrario. CONSIDERANDO (8): Que, para la Sala de lo Constitucional, la argumentación esgrimida por el amparista, pareciera pretender la prevalencia de una perspectiva netamente formal, por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y material del contrato individual de trabajo. En tal sentido, cabe mencionar que tal planteamiento no muestra entidad suficiente, desde la perspectiva constitucional, para otorgar la acción de amparo; encontrando, asimismo, que la resolución judicial recurrida, se encuentra dotada de argumentación congruente y suficiente, con lo cual se garantiza el acceso a la justicia para ambas partes contendientes, en el marco del debido proceso constitucional. CONSIDERANDO (9): Que igual tutela de la relación laboral, reflejada tanto en contratos individuales como colectivos para ambos factores de producción, declaraciones y derechos, resultan de observancia en la sentencia que resuelve en apelaciones el conflicto de competencia antes descrito y que, en definitiva, la sentencia se muestra respetuosa a lo establecido en los artículos 128 primer párrafo y 134 de la Constitución de la República, los cuales establecen la nulidad como sanción para los actos y estipulaciones o comisiones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías; y que, en definitiva, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. CONSIDERANDO (10): Que considera la Sala de lo Constitucional que los artículos supra citados enmarcan, en efecto, derechos vigentes y principios plenamente operativos en el ordenamiento jurídico hondureño, los cuales se caracterizan por orientar la aplicación del derecho positivo con trascendencia a la consideración meramente formal, y hasta mecánica de la legislación vigente; garantizado en cambio una interpretación amplia, sistemática y teleológica, a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos universalmente; recordando así que el derecho laboral no solo es un derecho regulador sino también un derecho tutelar, como remarcaba finamente Néstor del Buen L. en su obra “Derecho del Trabajo”. CONSIDERANDO (11): Que en relación a las demás garantías y derechos invocados por el amparista, cabe mencionar que su vulneración no ha resultado fehacientemente acreditada, dado que los artículos 64, 82, de la Constitución de la República no se refieren directamente a la infracción constitucional que, según percibe el garantista, se realizara con la resolución judicial denunciada; la cual, sin embargo, fue conocida por un órgano jurisdiccional competente, imparcial e independiente, en aplicación del derecho que tutela las relaciones de trabajo y sin afectación indebida a las partidas presupuestarias establecidas para cada ejercicio fiscal, ni a la incolumidad del tesoro público, ni al ámbito personal de aplicación del Régimen de Servicio Civil en Honduras; todo ello a la luz de la interpretación pro persona, que coloca al ser humano como centro axial de la sociedad y del Estado. CONSIDERANDO (12): En el artículo 665 del Código del Trabajo se establece que la Jurisdicción del Trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del Contrato del Trabajo. Así como también lo establece el artículo 692 del mismo Código del Trabajo que en los Juicios que se sigan contra el Estado, será competente el Juez del Trabajo del lugar en donde se haya prestado el servicio, o el del domicilio del demandante, elección de este, cualquiera que sea la cuantía. CONSIDERANDO (13): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en el ordenamiento jurídico en su conjunto, así como a la jurisprudencia pacífica y sostenida de este Alto Tribunal de Justicia; por todo lo cual procede dictar sentencia denegatoria al Recurso de amparo interpuesto por considerarse que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (07) de noviembre del año de dos mil veintidós (2022) que se ha conocido en amparo, no resulta violatoria de los derechos y garantías constitucionales invocadas a favor del Estado de Honduras, por el recurrente, Abogado JOSE ALEJANDRO CASTRO; por todo lo cual resulta procedente denegar el presente recurso de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 19, 20, 665 Y 692 del Código del Trabajo y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de Amparo de la cual se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Luis Fernando Padilla. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1642-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL