Sentencia AL-1626-23 — Registro 20104
Resumen
Corte de Apelaciones desestimó incidente de nulidad absoluta de actuaciones a partir de la fecha de audiencia de las alegaciones y rechazo recurso de reposición contra lo resuelto; Dicha Corte fundamentó su resolución incidental en vista de la ausencia injustificada de la representante procesal sustituta de la parte demandada a la audiencia de alegaciones, en la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de la existencia de una relación de trabajo de carácter permanente y continua, condenando al Estado de Honduras al pago de prestaciones laborales a favor de los demandantes, por lo que la resolución es conforme a derecho.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución recurrida se fundamenta en los artículos 669, 719, 726 y 858 del Código del Trabajo; 172 y 212 del Código Procesal Civil, que relaciona lo concerniente a las nulidades, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 172 del Código Procesal Civil, señalando específicamente la Alzada el precepto 212 del mismo cuerpo legal, aplicado por supletoriedad en materia laboral; En cuanto a la nulidad de actuaciones al que se refiere el artículo 212 en cuanto a los actos procesales serán nulos; que no es lo que sucede en el presente caso; porque los actos procesales están imbuidos de formalidades y requisitos indispensables para su existencia, validez y eficacia y que los argumentos en que sustenta la nulidad, no se subsumen en ninguna de las causas de nulidad que indica el artículo 212 del Código Procesal Civil, ya que la Representante Procesal del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, fue citada con antelación en legal y debida forma vía correo para su comparecencia presencial o por la plataforma virtual de Zoom, y es por eso que le declaran SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES,..."..."al observar la foliada de los antecedentes de la pieza del A-quem se puede verificar que la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, fue citada en legal y debida forma vía correo por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Trabajo, para que compareciera a la audiencia de Alegaciones el veintitrés de octubre del dos mil veintitrés a las 10:00A.M. vía presencial o virtual por la plataforma Zoom junto con su ID- LINK; que obra a folio cinco del expediente del Ad-quem; en representación del Estado de Honduras. Sin que asistiera a la misma la Abogada Civia Galiano, ni presencial y ni virtual, sin ninguna Justificación; Por lo que el artículo 2, 172.1 590.3 del Código Procesal Civil menciona que ...Extremos que no logró justificar la abogada CIVIA GALIANO, según la foliada en la revisión del expediente..."..."vista y analizada la resolución de fecha uno (01) de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que se declara sin lugar la nulidad de absoluta de actuaciones planteada por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras.- En virtud de la revisión de la foliada se puede verificar que en la pieza del Ad-quem, en el folio cinco, obra lo que es la cédula notificación donde se notifica en fecha diez de Octubre del dos mil veintitrés, a la abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, como representante procesal del Estado de Honduras y al Abogado JOSE ENRIQUE MENA BARAHONA, en su condición de representante Procesal de los demandantes; para señalamiento de audiencia de ALEGACIONES, a realizarse el día lunes veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés a las diez en punto de la mañana en forma presencial o virtual por la plataforma Zoom; sin justificar su incomparecencia la Procuradora Judicial; declarándose en esta audiencia de Alegaciones por el Ad-quem, DESIERTO el Recurso de Apelación interpuesto; siguiendo la revisión de la foliada se puede observar que el Ad-quem en su resolución de fecha uno de Noviembre del dos mil veintitrés establece “que en atención a los principios bajo los cuales se rige el proceso laboral, la nulidad de los actos procesales, sólo es posible cuando el requisito del que adolece el acto, más que formal tutele la sustancia (principio de trascendencia) o bien cuando el legislador sanciona esa omisión con nulidad (principio de taxatividad); razones por la que los argumentos en que sustenta la nulidad pretendida no recibe amparo legal, dado que la incomparecencia de la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a la Audiencia de Alegaciones previamente señalada y notificada con debida antelación, fue bajo su responsabilidad profesional asumiendo todas sus consecuencias; además de que el Poder a ella otorgado, subsistía al momento de la celebración de la audiencia; por lo que al revisar el expediente en su foliada no existe ningún vicio en el acto procesal llevado a cabo por el Ad-quem; Y fue la procuradora Judicial quién colocó en indefensión al Estado de Honduras:..."..."el recurrente alega que fue de mala fe que actuó la Procuradora Judicial; aduciendo una causal que no existe en ninguno de los requisitos que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, fundamentándose en una “Falacia Omisiva”; en el que el recurrente quiere engañar al alegar una situación que omitió la actora; como es el caso Las falacias son intervenciones en un dialogo que incumplen tales reglas y dificultan la consecución del Objetivo de la discusión, como se muestra en el presente caso; “Omisión por parte de la Procuradora Judicial” por lo que la argumentación que pretende el Recurrente es como un proceso que se analiza según sus efectos persuasivos y disuasorios, por lo que se entiende esta falacia como recursos capciosos que el hablante utiliza con intención de engañar y que provocan la adopción de una creencia o una decisión por parte del Oyente..."..."el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha observado el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido no vulnera el debido proceso, al invocar el recurrente en la resolución que se impugna, que se le declare la admisión de la Nulidad absoluta de actuaciones por prescindir de las normas esenciales del procedimiento desde la Audiencia de Alegaciones; por no haber asistido a la audiencia la procuradora judicial, a pesar de haber sido notificada en legal y debida forma; ya que había renunciado el día veinte de Octubre del dos mil veintitrés; dejando informe que la audiencia se había realizado el dieciocho de Octubre del dos mil veintitrés; sin embargo se le notificó a la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a dicha audiencia a la cual no compareció a la misma. Debiéndose aplicar el artículo 172 y 590.3 del Código Procesal Civil; y el 708 párrafo primero, 719 y 726 del Código de Trabajo; en el caso que ella no hubiese podido comparecer por las causas mencionadas en el mismo artículo; como es el caso de la forma que se hacen las notificaciones; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con observancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello no vulnera los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; ..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia no existe vulneración de los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada por el Ad-quem, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad ante la Ley ya que fueron notificadas las dos partes procesales; así como el derecho de defensa el cual no se le ha violentado; ya que fue la misma parte procesal en su condición de Procuradora Judicial que puso en indefensión al Estado y no el Tribunal correspondiente; al emitir una resolución con observancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, respetando y no violentando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo motivos suficientes para concluir que el recurso de amparo interpuesto no debe ser otorgado..."..."al no otorgar el amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea aplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada dictó resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emitió una resolución con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en segunda instancia, o los demás alcances que pueda determinar la resolución, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice..."..."El Derecho de Defensa emerge también como una garantía para que toda persona no sea afectada o sancionada; sin que antes se le permita conocer los hechos que se le imputan; y en el caso concreto el Tribunal realizó la citación correspondiente a la procuradora Judicial que no compareció a la audiencia de Alegaciones; En cuanto al derecho de igual ante la Ley es la ausencia de privilegios, favores o preferencias; es una regla absoluta, por lo que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas, que se encuentren en las mismas y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes circunstancias. En el cual se citaron en legal y debida forma a las dos partes por igual..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 172 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución recurrida se fundamenta en los artículos 669, 719, 726 y 858 del Código del Trabajo; 172 y 212 del Código Procesal Civil, que relaciona lo concerniente a las nulidades, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 172 del Código Procesal Civil, señalando específicamente la Alzada el precepto 212 del mismo cuerpo legal, aplicado por supletoriedad en materia laboral; En cuanto a la nulidad de actuaciones al que se refiere el artículo 212 en cuanto a los actos procesales serán nulos; que no es lo que sucede en el presente caso; porque los actos procesales están imbuidos de formalidades y requisitos indispensables para su existencia, validez y eficacia y que los argumentos en que sustenta la nulidad, no se subsumen en ninguna de las causas de nulidad que indica el artículo 212 del Código Procesal Civil, ya que la Representante Procesal del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, fue citada con antelación en legal y debida forma vía correo para su comparecencia presencial o por la plataforma virtual de Zoom, y es por eso que le declaran SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES,..."..."al observar la foliada de los antecedentes de la pieza del A-quem se puede verificar que la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, fue citada en legal y debida forma vía correo por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Trabajo, para que compareciera a la audiencia de Alegaciones el veintitrés de octubre del dos mil veintitrés a las 10:00A.M. vía presencial o virtual por la plataforma Zoom junto con su ID- LINK; que obra a folio cinco del expediente del Ad-quem; en representación del Estado de Honduras. Sin que asistiera a la misma la Abogada Civia Galiano, ni presencial y ni virtual, sin ninguna Justificación; Por lo que el artículo 2, 172.1 590.3 del Código Procesal Civil menciona que ...Extremos que no logró justificar la abogada CIVIA GALIANO, según la foliada en la revisión del expediente..."..."vista y analizada la resolución de fecha uno (01) de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que se declara sin lugar la nulidad de absoluta de actuaciones planteada por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras.- En virtud de la revisión de la foliada se puede verificar que en la pieza del Ad-quem, en el folio cinco, obra lo que es la cédula notificación donde se notifica en fecha diez de Octubre del dos mil veintitrés, a la abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, como representante procesal del Estado de Honduras y al Abogado JOSE ENRIQUE MENA BARAHONA, en su condición de representante Procesal de los demandantes; para señalamiento de audiencia de ALEGACIONES, a realizarse el día lunes veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés a las diez en punto de la mañana en forma presencial o virtual por la plataforma Zoom; sin justificar su incomparecencia la Procuradora Judicial; declarándose en esta audiencia de Alegaciones por el Ad-quem, DESIERTO el Recurso de Apelación interpuesto; siguiendo la revisión de la foliada se puede observar que el Ad-quem en su resolución de fecha uno de Noviembre del dos mil veintitrés establece “que en atención a los principios bajo los cuales se rige el proceso laboral, la nulidad de los actos procesales, sólo es posible cuando el requisito del que adolece el acto, más que formal tutele la sustancia (principio de trascendencia) o bien cuando el legislador sanciona esa omisión con nulidad (principio de taxatividad); razones por la que los argumentos en que sustenta la nulidad pretendida no recibe amparo legal, dado que la incomparecencia de la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a la Audiencia de Alegaciones previamente señalada y notificada con debida antelación, fue bajo su responsabilidad profesional asumiendo todas sus consecuencias; además de que el Poder a ella otorgado, subsistía al momento de la celebración de la audiencia; por lo que al revisar el expediente en su foliada no existe ningún vicio en el acto procesal llevado a cabo por el Ad-quem; Y fue la procuradora Judicial quién colocó en indefensión al Estado de Honduras:..."..."el recurrente alega que fue de mala fe que actuó la Procuradora Judicial; aduciendo una causal que no existe en ninguno de los requisitos que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, fundamentándose en una “Falacia Omisiva”; en el que el recurrente quiere engañar al alegar una situación que omitió la actora; como es el caso Las falacias son intervenciones en un dialogo que incumplen tales reglas y dificultan la consecución del Objetivo de la discusión, como se muestra en el presente caso; “Omisión por parte de la Procuradora Judicial” por lo que la argumentación que pretende el Recurrente es como un proceso que se analiza según sus efectos persuasivos y disuasorios, por lo que se entiende esta falacia como recursos capciosos que el hablante utiliza con intención de engañar y que provocan la adopción de una creencia o una decisión por parte del Oyente..."..."el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha observado el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido no vulnera el debido proceso, al invocar el recurrente en la resolución que se impugna, que se le declare la admisión de la Nulidad absoluta de actuaciones por prescindir de las normas esenciales del procedimiento desde la Audiencia de Alegaciones; por no haber asistido a la audiencia la procuradora judicial, a pesar de haber sido notificada en legal y debida forma; ya que había renunciado el día veinte de Octubre del dos mil veintitrés; dejando informe que la audiencia se había realizado el dieciocho de Octubre del dos mil veintitrés; sin embargo se le notificó a la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a dicha audiencia a la cual no compareció a la misma. Debiéndose aplicar el artículo 172 y 590.3 del Código Procesal Civil; y el 708 párrafo primero, 719 y 726 del Código de Trabajo; en el caso que ella no hubiese podido comparecer por las causas mencionadas en el mismo artículo; como es el caso de la forma que se hacen las notificaciones; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con observancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello no vulnera los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; ..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia no existe vulneración de los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada por el Ad-quem, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad ante la Ley ya que fueron notificadas las dos partes procesales; así como el derecho de defensa el cual no se le ha violentado; ya que fue la misma parte procesal en su condición de Procuradora Judicial que puso en indefensión al Estado y no el Tribunal correspondiente; al emitir una resolución con observancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, respetando y no violentando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo motivos suficientes para concluir que el recurso de amparo interpuesto no debe ser otorgado..."..."al no otorgar el amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea aplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada dictó resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emitió una resolución con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en segunda instancia, o los demás alcances que pueda determinar la resolución, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice..."..."El Derecho de Defensa emerge también como una garantía para que toda persona no sea afectada o sancionada; sin que antes se le permita conocer los hechos que se le imputan; y en el caso concreto el Tribunal realizó la citación correspondiente a la procuradora Judicial que no compareció a la audiencia de Alegaciones; En cuanto al derecho de igual ante la Ley es la ausencia de privilegios, favores o preferencias; es una regla absoluta, por lo que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas, que se encuentren en las mismas y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes circunstancias. En el cual se citaron en legal y debida forma a las dos partes por igual..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 172 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 212 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución recurrida se fundamenta en los artículos 669, 719, 726 y 858 del Código del Trabajo; 172 y 212 del Código Procesal Civil, que relaciona lo concerniente a las nulidades, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 172 del Código Procesal Civil, señalando específicamente la Alzada el precepto 212 del mismo cuerpo legal, aplicado por supletoriedad en materia laboral; En cuanto a la nulidad de actuaciones al que se refiere el artículo 212 en cuanto a los actos procesales serán nulos; que no es lo que sucede en el presente caso; porque los actos procesales están imbuidos de formalidades y requisitos indispensables para su existencia, validez y eficacia y que los argumentos en que sustenta la nulidad, no se subsumen en ninguna de las causas de nulidad que indica el artículo 212 del Código Procesal Civil, ya que la Representante Procesal del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, fue citada con antelación en legal y debida forma vía correo para su comparecencia presencial o por la plataforma virtual de Zoom, y es por eso que le declaran SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES,..."..."al observar la foliada de los antecedentes de la pieza del A-quem se puede verificar que la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, fue citada en legal y debida forma vía correo por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Trabajo, para que compareciera a la audiencia de Alegaciones el veintitrés de octubre del dos mil veintitrés a las 10:00A.M. vía presencial o virtual por la plataforma Zoom junto con su ID- LINK; que obra a folio cinco del expediente del Ad-quem; en representación del Estado de Honduras. Sin que asistiera a la misma la Abogada Civia Galiano, ni presencial y ni virtual, sin ninguna Justificación; Por lo que el artículo 2, 172.1 590.3 del Código Procesal Civil menciona que ...Extremos que no logró justificar la abogada CIVIA GALIANO, según la foliada en la revisión del expediente..."..."vista y analizada la resolución de fecha uno (01) de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que se declara sin lugar la nulidad de absoluta de actuaciones planteada por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras.- En virtud de la revisión de la foliada se puede verificar que en la pieza del Ad-quem, en el folio cinco, obra lo que es la cédula notificación donde se notifica en fecha diez de Octubre del dos mil veintitrés, a la abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, como representante procesal del Estado de Honduras y al Abogado JOSE ENRIQUE MENA BARAHONA, en su condición de representante Procesal de los demandantes; para señalamiento de audiencia de ALEGACIONES, a realizarse el día lunes veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés a las diez en punto de la mañana en forma presencial o virtual por la plataforma Zoom; sin justificar su incomparecencia la Procuradora Judicial; declarándose en esta audiencia de Alegaciones por el Ad-quem, DESIERTO el Recurso de Apelación interpuesto; siguiendo la revisión de la foliada se puede observar que el Ad-quem en su resolución de fecha uno de Noviembre del dos mil veintitrés establece “que en atención a los principios bajo los cuales se rige el proceso laboral, la nulidad de los actos procesales, sólo es posible cuando el requisito del que adolece el acto, más que formal tutele la sustancia (principio de trascendencia) o bien cuando el legislador sanciona esa omisión con nulidad (principio de taxatividad); razones por la que los argumentos en que sustenta la nulidad pretendida no recibe amparo legal, dado que la incomparecencia de la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a la Audiencia de Alegaciones previamente señalada y notificada con debida antelación, fue bajo su responsabilidad profesional asumiendo todas sus consecuencias; además de que el Poder a ella otorgado, subsistía al momento de la celebración de la audiencia; por lo que al revisar el expediente en su foliada no existe ningún vicio en el acto procesal llevado a cabo por el Ad-quem; Y fue la procuradora Judicial quién colocó en indefensión al Estado de Honduras:..."..."el recurrente alega que fue de mala fe que actuó la Procuradora Judicial; aduciendo una causal que no existe en ninguno de los requisitos que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, fundamentándose en una “Falacia Omisiva”; en el que el recurrente quiere engañar al alegar una situación que omitió la actora; como es el caso Las falacias son intervenciones en un dialogo que incumplen tales reglas y dificultan la consecución del Objetivo de la discusión, como se muestra en el presente caso; “Omisión por parte de la Procuradora Judicial” por lo que la argumentación que pretende el Recurrente es como un proceso que se analiza según sus efectos persuasivos y disuasorios, por lo que se entiende esta falacia como recursos capciosos que el hablante utiliza con intención de engañar y que provocan la adopción de una creencia o una decisión por parte del Oyente..."..."el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha observado el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido no vulnera el debido proceso, al invocar el recurrente en la resolución que se impugna, que se le declare la admisión de la Nulidad absoluta de actuaciones por prescindir de las normas esenciales del procedimiento desde la Audiencia de Alegaciones; por no haber asistido a la audiencia la procuradora judicial, a pesar de haber sido notificada en legal y debida forma; ya que había renunciado el día veinte de Octubre del dos mil veintitrés; dejando informe que la audiencia se había realizado el dieciocho de Octubre del dos mil veintitrés; sin embargo se le notificó a la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a dicha audiencia a la cual no compareció a la misma. Debiéndose aplicar el artículo 172 y 590.3 del Código Procesal Civil; y el 708 párrafo primero, 719 y 726 del Código de Trabajo; en el caso que ella no hubiese podido comparecer por las causas mencionadas en el mismo artículo; como es el caso de la forma que se hacen las notificaciones; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con observancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello no vulnera los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; ..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia no existe vulneración de los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada por el Ad-quem, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad ante la Ley ya que fueron notificadas las dos partes procesales; así como el derecho de defensa el cual no se le ha violentado; ya que fue la misma parte procesal en su condición de Procuradora Judicial que puso en indefensión al Estado y no el Tribunal correspondiente; al emitir una resolución con observancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, respetando y no violentando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo motivos suficientes para concluir que el recurso de amparo interpuesto no debe ser otorgado..."..."al no otorgar el amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea aplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada dictó resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emitió una resolución con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en segunda instancia, o los demás alcances que pueda determinar la resolución, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice..."..."El Derecho de Defensa emerge también como una garantía para que toda persona no sea afectada o sancionada; sin que antes se le permita conocer los hechos que se le imputan; y en el caso concreto el Tribunal realizó la citación correspondiente a la procuradora Judicial que no compareció a la audiencia de Alegaciones; En cuanto al derecho de igual ante la Ley es la ausencia de privilegios, favores o preferencias; es una regla absoluta, por lo que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas, que se encuentren en las mismas y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes circunstancias. En el cual se citaron en legal y debida forma a las dos partes por igual..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 172 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 590.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución recurrida se fundamenta en los artículos 669, 719, 726 y 858 del Código del Trabajo; 172 y 212 del Código Procesal Civil, que relaciona lo concerniente a las nulidades, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 172 del Código Procesal Civil, señalando específicamente la Alzada el precepto 212 del mismo cuerpo legal, aplicado por supletoriedad en materia laboral; En cuanto a la nulidad de actuaciones al que se refiere el artículo 212 en cuanto a los actos procesales serán nulos; que no es lo que sucede en el presente caso; porque los actos procesales están imbuidos de formalidades y requisitos indispensables para su existencia, validez y eficacia y que los argumentos en que sustenta la nulidad, no se subsumen en ninguna de las causas de nulidad que indica el artículo 212 del Código Procesal Civil, ya que la Representante Procesal del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, fue citada con antelación en legal y debida forma vía correo para su comparecencia presencial o por la plataforma virtual de Zoom, y es por eso que le declaran SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES,..."..."al observar la foliada de los antecedentes de la pieza del A-quem se puede verificar que la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, fue citada en legal y debida forma vía correo por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Trabajo, para que compareciera a la audiencia de Alegaciones el veintitrés de octubre del dos mil veintitrés a las 10:00A.M. vía presencial o virtual por la plataforma Zoom junto con su ID- LINK; que obra a folio cinco del expediente del Ad-quem; en representación del Estado de Honduras. Sin que asistiera a la misma la Abogada Civia Galiano, ni presencial y ni virtual, sin ninguna Justificación; Por lo que el artículo 2, 172.1 590.3 del Código Procesal Civil menciona que ...Extremos que no logró justificar la abogada CIVIA GALIANO, según la foliada en la revisión del expediente..."..."vista y analizada la resolución de fecha uno (01) de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que se declara sin lugar la nulidad de absoluta de actuaciones planteada por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras.- En virtud de la revisión de la foliada se puede verificar que en la pieza del Ad-quem, en el folio cinco, obra lo que es la cédula notificación donde se notifica en fecha diez de Octubre del dos mil veintitrés, a la abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, como representante procesal del Estado de Honduras y al Abogado JOSE ENRIQUE MENA BARAHONA, en su condición de representante Procesal de los demandantes; para señalamiento de audiencia de ALEGACIONES, a realizarse el día lunes veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés a las diez en punto de la mañana en forma presencial o virtual por la plataforma Zoom; sin justificar su incomparecencia la Procuradora Judicial; declarándose en esta audiencia de Alegaciones por el Ad-quem, DESIERTO el Recurso de Apelación interpuesto; siguiendo la revisión de la foliada se puede observar que el Ad-quem en su resolución de fecha uno de Noviembre del dos mil veintitrés establece “que en atención a los principios bajo los cuales se rige el proceso laboral, la nulidad de los actos procesales, sólo es posible cuando el requisito del que adolece el acto, más que formal tutele la sustancia (principio de trascendencia) o bien cuando el legislador sanciona esa omisión con nulidad (principio de taxatividad); razones por la que los argumentos en que sustenta la nulidad pretendida no recibe amparo legal, dado que la incomparecencia de la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a la Audiencia de Alegaciones previamente señalada y notificada con debida antelación, fue bajo su responsabilidad profesional asumiendo todas sus consecuencias; además de que el Poder a ella otorgado, subsistía al momento de la celebración de la audiencia; por lo que al revisar el expediente en su foliada no existe ningún vicio en el acto procesal llevado a cabo por el Ad-quem; Y fue la procuradora Judicial quién colocó en indefensión al Estado de Honduras:..."..."el recurrente alega que fue de mala fe que actuó la Procuradora Judicial; aduciendo una causal que no existe en ninguno de los requisitos que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, fundamentándose en una “Falacia Omisiva”; en el que el recurrente quiere engañar al alegar una situación que omitió la actora; como es el caso Las falacias son intervenciones en un dialogo que incumplen tales reglas y dificultan la consecución del Objetivo de la discusión, como se muestra en el presente caso; “Omisión por parte de la Procuradora Judicial” por lo que la argumentación que pretende el Recurrente es como un proceso que se analiza según sus efectos persuasivos y disuasorios, por lo que se entiende esta falacia como recursos capciosos que el hablante utiliza con intención de engañar y que provocan la adopción de una creencia o una decisión por parte del Oyente..."..."el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha observado el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido no vulnera el debido proceso, al invocar el recurrente en la resolución que se impugna, que se le declare la admisión de la Nulidad absoluta de actuaciones por prescindir de las normas esenciales del procedimiento desde la Audiencia de Alegaciones; por no haber asistido a la audiencia la procuradora judicial, a pesar de haber sido notificada en legal y debida forma; ya que había renunciado el día veinte de Octubre del dos mil veintitrés; dejando informe que la audiencia se había realizado el dieciocho de Octubre del dos mil veintitrés; sin embargo se le notificó a la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a dicha audiencia a la cual no compareció a la misma. Debiéndose aplicar el artículo 172 y 590.3 del Código Procesal Civil; y el 708 párrafo primero, 719 y 726 del Código de Trabajo; en el caso que ella no hubiese podido comparecer por las causas mencionadas en el mismo artículo; como es el caso de la forma que se hacen las notificaciones; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con observancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello no vulnera los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; ..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia no existe vulneración de los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada por el Ad-quem, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad ante la Ley ya que fueron notificadas las dos partes procesales; así como el derecho de defensa el cual no se le ha violentado; ya que fue la misma parte procesal en su condición de Procuradora Judicial que puso en indefensión al Estado y no el Tribunal correspondiente; al emitir una resolución con observancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, respetando y no violentando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo motivos suficientes para concluir que el recurso de amparo interpuesto no debe ser otorgado..."..."al no otorgar el amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea aplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada dictó resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emitió una resolución con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en segunda instancia, o los demás alcances que pueda determinar la resolución, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice..."..."El Derecho de Defensa emerge también como una garantía para que toda persona no sea afectada o sancionada; sin que antes se le permita conocer los hechos que se le imputan; y en el caso concreto el Tribunal realizó la citación correspondiente a la procuradora Judicial que no compareció a la audiencia de Alegaciones; En cuanto al derecho de igual ante la Ley es la ausencia de privilegios, favores o preferencias; es una regla absoluta, por lo que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas, que se encuentren en las mismas y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes circunstancias. En el cual se citaron en legal y debida forma a las dos partes por igual..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 172 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 590 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la resolución recurrida se fundamenta en los artículos 669, 719, 726 y 858 del Código del Trabajo; 172 y 212 del Código Procesal Civil, que relaciona lo concerniente a las nulidades, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 172 del Código Procesal Civil, señalando específicamente la Alzada el precepto 212 del mismo cuerpo legal, aplicado por supletoriedad en materia laboral; En cuanto a la nulidad de actuaciones al que se refiere el artículo 212 en cuanto a los actos procesales serán nulos; que no es lo que sucede en el presente caso; porque los actos procesales están imbuidos de formalidades y requisitos indispensables para su existencia, validez y eficacia y que los argumentos en que sustenta la nulidad, no se subsumen en ninguna de las causas de nulidad que indica el artículo 212 del Código Procesal Civil, ya que la Representante Procesal del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, fue citada con antelación en legal y debida forma vía correo para su comparecencia presencial o por la plataforma virtual de Zoom, y es por eso que le declaran SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES,..."..."al observar la foliada de los antecedentes de la pieza del A-quem se puede verificar que la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, fue citada en legal y debida forma vía correo por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Trabajo, para que compareciera a la audiencia de Alegaciones el veintitrés de octubre del dos mil veintitrés a las 10:00A.M. vía presencial o virtual por la plataforma Zoom junto con su ID- LINK; que obra a folio cinco del expediente del Ad-quem; en representación del Estado de Honduras. Sin que asistiera a la misma la Abogada Civia Galiano, ni presencial y ni virtual, sin ninguna Justificación; Por lo que el artículo 2, 172.1 590.3 del Código Procesal Civil menciona que ...Extremos que no logró justificar la abogada CIVIA GALIANO, según la foliada en la revisión del expediente..."..."vista y analizada la resolución de fecha uno (01) de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que se declara sin lugar la nulidad de absoluta de actuaciones planteada por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras.- En virtud de la revisión de la foliada se puede verificar que en la pieza del Ad-quem, en el folio cinco, obra lo que es la cédula notificación donde se notifica en fecha diez de Octubre del dos mil veintitrés, a la abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, como representante procesal del Estado de Honduras y al Abogado JOSE ENRIQUE MENA BARAHONA, en su condición de representante Procesal de los demandantes; para señalamiento de audiencia de ALEGACIONES, a realizarse el día lunes veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés a las diez en punto de la mañana en forma presencial o virtual por la plataforma Zoom; sin justificar su incomparecencia la Procuradora Judicial; declarándose en esta audiencia de Alegaciones por el Ad-quem, DESIERTO el Recurso de Apelación interpuesto; siguiendo la revisión de la foliada se puede observar que el Ad-quem en su resolución de fecha uno de Noviembre del dos mil veintitrés establece “que en atención a los principios bajo los cuales se rige el proceso laboral, la nulidad de los actos procesales, sólo es posible cuando el requisito del que adolece el acto, más que formal tutele la sustancia (principio de trascendencia) o bien cuando el legislador sanciona esa omisión con nulidad (principio de taxatividad); razones por la que los argumentos en que sustenta la nulidad pretendida no recibe amparo legal, dado que la incomparecencia de la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a la Audiencia de Alegaciones previamente señalada y notificada con debida antelación, fue bajo su responsabilidad profesional asumiendo todas sus consecuencias; además de que el Poder a ella otorgado, subsistía al momento de la celebración de la audiencia; por lo que al revisar el expediente en su foliada no existe ningún vicio en el acto procesal llevado a cabo por el Ad-quem; Y fue la procuradora Judicial quién colocó en indefensión al Estado de Honduras:..."..."el recurrente alega que fue de mala fe que actuó la Procuradora Judicial; aduciendo una causal que no existe en ninguno de los requisitos que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, fundamentándose en una “Falacia Omisiva”; en el que el recurrente quiere engañar al alegar una situación que omitió la actora; como es el caso Las falacias son intervenciones en un dialogo que incumplen tales reglas y dificultan la consecución del Objetivo de la discusión, como se muestra en el presente caso; “Omisión por parte de la Procuradora Judicial” por lo que la argumentación que pretende el Recurrente es como un proceso que se analiza según sus efectos persuasivos y disuasorios, por lo que se entiende esta falacia como recursos capciosos que el hablante utiliza con intención de engañar y que provocan la adopción de una creencia o una decisión por parte del Oyente..."..."el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha observado el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido no vulnera el debido proceso, al invocar el recurrente en la resolución que se impugna, que se le declare la admisión de la Nulidad absoluta de actuaciones por prescindir de las normas esenciales del procedimiento desde la Audiencia de Alegaciones; por no haber asistido a la audiencia la procuradora judicial, a pesar de haber sido notificada en legal y debida forma; ya que había renunciado el día veinte de Octubre del dos mil veintitrés; dejando informe que la audiencia se había realizado el dieciocho de Octubre del dos mil veintitrés; sin embargo se le notificó a la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a dicha audiencia a la cual no compareció a la misma. Debiéndose aplicar el artículo 172 y 590.3 del Código Procesal Civil; y el 708 párrafo primero, 719 y 726 del Código de Trabajo; en el caso que ella no hubiese podido comparecer por las causas mencionadas en el mismo artículo; como es el caso de la forma que se hacen las notificaciones; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con observancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello no vulnera los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90..."..."Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; ..."..."para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece..."..."esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia no existe vulneración de los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada por el Ad-quem, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad ante la Ley ya que fueron notificadas las dos partes procesales; así como el derecho de defensa el cual no se le ha violentado; ya que fue la misma parte procesal en su condición de Procuradora Judicial que puso en indefensión al Estado y no el Tribunal correspondiente; al emitir una resolución con observancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, respetando y no violentando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo motivos suficientes para concluir que el recurso de amparo interpuesto no debe ser otorgado..."..."al no otorgar el amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea aplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada dictó resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emitió una resolución con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en segunda instancia, o los demás alcances que pueda determinar la resolución, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice..."..."El Derecho de Defensa emerge también como una garantía para que toda persona no sea afectada o sancionada; sin que antes se le permita conocer los hechos que se le imputan; y en el caso concreto el Tribunal realizó la citación correspondiente a la procuradora Judicial que no compareció a la audiencia de Alegaciones; En cuanto al derecho de igual ante la Ley es la ausencia de privilegios, favores o preferencias; es una regla absoluta, por lo que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas, que se encuentren en las mismas y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes circunstancias. En el cual se citaron en legal y debida forma a las dos partes por igual..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 172 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 590 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 705 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 719 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA a favor del ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL) contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha uno de noviembre dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda laboral promovida por el Abogado ROSSEL RENE MADRID CASTRO, en su condición de Apoderado legal de los señores JOSIRIS LIBETH PORTILLO CASTRO, ISIS IVETH RODRIGUEZ MORAZAN, DIGNA CARDONA REYES, MELVIN NOE ARGUETA CANO, MIGUEL ANGEL PORTILLO SARAVIA, DUNIA ELISA PORTILLO CASTRO, BRENDA JEANETTE CASCO JIMENEZ, MARTA CAROLINA ARGUETA PEDROZA, WILFREDI ARGUETA PEREIRA, HENRY LEONEL CHAVEZ PEÑA, MARIBEL GUERRA VILLEDA, ANGELICA MARIA MENJIVAR, GRISELDA ONDINA REYES, MARVIN JONATHAN ALAS, WALESKA LISETH MEJIA RODRIGUEZ, JESSENIA JAQUELINE MEJIA RODRIGUEZ, MELISSA ISSAMAR LOPEZ MEDINA, REGINA JANETH MENJIVAR SALGADO, MARIA SOILA GIRON MELGAR, SAGRARIO SUYAPA MEJIOA ZAVALA, XIOMARA DEL SOCORRO SANCHEZ MENDOZA, GUILLERMINA MARIA CASTILLO BARAHONA, INGRID LIZETH CABRERA MACHADO, BLANCA MARISSELA MUÑOZ DUBON, CESAR NOLBERTO MIRANDA BERNARDEZ, ALBA CONCEPCION MURILLO FLORES, CARLOS ROBERTO GARCIA ACOSTA, KARLA PATRICIA ZALDIVAR RODRIGUEZ, DUNIA LIZETH CORTES AYALA, DUNIA LIZETH MEJIA FAJARDO, GABRIELA EMILIA MEJIA FLORES, MARIA AMINTA SANCHEZ GOMEZ, WENDY PATRICIA VELASQUEZ BUESO, REINA MARIA ARTEAGA CONTRERAS, JUANA MARIA OLIVA MARADIAGA, ERIKA JOHANA SALGUERO PINEDA, MARIA GERTRUDIS ARDON, ROSAURA GERALDINA LANZA RODRIGUEZ, RUDITH YANETH RAMIREZ, CENIA LIZETH TABORA ZAMORA, YESSENIA MARISELA LOPEZ ROMERO, ILSER JOSUE AYALA ANDINO, LETICIA GUADALUPE CONTRERAS, OLGA LETICIA ERAZO, LUIS ALONSO HERNANDEZ MARTINEZ, DARWIN JOSUE LARIOS MEJIA, SAUDIA ROSIBEL LOPEZ GARCIA, TANIA MARIELA PONCE, MARIA ANTONIA MARADIAGA NUÑEZ, MARLENE VILLANUEVA SAGASTUME, STEFANY LIZETH MADRID OLIVA, CELINA ROSBELY DUBON GARCIA, YULISSA JAMILETH ROMERO LEIVA, CARLA ISABEL LEIVA RODRIGUEZ, WENDY ELIZABETH ENAMORADO TROCHEZ, WILFREDO PINEDA, BRENDA ISABEL GARCIA QUINTANILLA, JOSE ALFREDO OSORIO, FRANCISCA BENITEZ RAMOS, YORLENI CONSUELO LEIVA HERNANDEZ, ERIKA JANETH VILLANUEVA SAGASTUME, RENE GEOVANNY LOPEZ, ADELINA SUYAPA GARCIA MURILLO, YOLISET PERDOMO GARCIA, JOSE MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, MARIA ORFILIA GONZALES, RENE WILFREDO LOPEZ LARA, OSCAR JOAQUIN LOPEZ MANUELES, VICTORIA JOSSETH CONTRERAS RAPALO, BLANCA AZUCENA RAPALO PAZ, LESLY CAROLINA BEJARANO GARCIA, BLANCA ROSA MONTUFAR HENRIQUEZ, ISIS VANESSA ERAZO, MARIA EDUVIGES LICONA TORRES, MARIA ANA DE JESUS RODRIGUEZ, ISMENIA MARIVEL GODOY ENAMORADO, IRMA ESPERANZA CASTRO AGUILAR, REINA MARIA RIVAS GALEANO, MAYRON LEONEL ALMENDARES HERNANDEZ, REINA PATRICIA GUARDADO RODRIGUEZ, MIRIAN ELIZABETH BELTRAN SING, DELMY ARACELY GUTIERREZ, ROSIBEL ACEVEDO SARMIENTO, DIRIAN FRANCISCA ZEPEDA VELASQUEZ, OSCAR EDGARDO MARTINEZ INOCENTE, CISLENNY JOHANA RIVERA TOSTA, HUMBERTO RODRIGUEZ SOLIS, IVON JANNETTE FLORES RIVAS, MARLEN FUNEZ TORRES, DELMA ROSA ROMERO GARCIA, KARLA MODESTA GARCIA FLORES, MARIA FLORINDA HERNANDEZ, MARIA JUANA TOBIAS RIVERA, ANA MARIA IRIARTE, ZULEMA JEANNETTE JIMENEZ, IRIS YOLANY CASTILLO, CINTHIA YARELI ORELLANA CASTILLO, MIRIAM JEANETTE FUNES CERRATO, OLGA PATRICIA PAVON ARGUETA, ONDINA ELIZABETH ROSALES CARDONA, REYNA YAMILETH CABALLERO, MARIA ONDINA SOL, BESSY FLORIDALMA TABORA HERNANDEZ, MARIA SUYAPA MADRID RIVERA, KAREN MELIZA HERNANDEZ MUNGUIA, ODILIA MIRIAM MUNGUIA, DILIA RAMONA CANTILLANO, ANA LOURDES DERAS MUÑOZ, MARCO TULIO FUENTES PEÑA, CARMEN ERMELINDA VILLANUEVA, JASANIA MERCDES MARADIAGA ZELAYA, BERTILIO RIVERA MEJIA, MIRTA ESPERANZA MARTINEZ GUZMAN, GLADIS ARACELY TORREZ AGUILAR, JOSE ISAIAS SANTOS ARGUETA, MARIA ADRIANA GARCIA, MARLIN ARACELY REYES RODRIGUEZ, GLORIA ESMERALDA VELASQUEZ CASTRO, ITZA AIDA GARCIA LOPEZ, JENNY MARIBEL PORTILLO MIRANDA, AXEL GEOVANNY MEJIA MARTINEZ, LEVIS ALEYDA GARCIA FERRUFINO, TERLA XIOMARA ALMENDAREZ ZELAYA, TESLA LETICIA ZELAYA, AMELIA SUYAPA LAINEZ, ADRIANA HERNANDEZ, JAVIER ELIAS SIERRA VELASQUEZ, LILIAN JACKELINE BARAHONA RIOS, JUANA OTILIA SANTOS ARGUETA, CARLOS LEONEL AYALA PERDOMO, AMPARO PAVON CANALES, MARIA ISABEL SOPRIANO CLAROS, GLENDA SUYAPA MELGAR BORJAS, MARIA EDUVINA ENAMORADO, NORMA LIZETH BARAHONA MARTINEZ, MARIA JESUS CASTRO, RUDITH EDELSA CASTELLON RODRIGUEZ, ROSALINA GEVARA, JOSE AUGUSTO SABILLON, MARIA ELIA DINORA CASTRO PEREZ, JOSEFA VERONICA GARCIA, MARIA GUADALUPE AMADOR GUZMAN, MARINA SULAY MOLINA CARDONA, ERACLITO AMAYA CRUZ, FRANCISCO GEOVANNI MAIRENA NAVARRETE, CRUZ AMANDA IRIAS, CATALINA PEREZ, ELSENORA MENDEZ DOMINGUEZ, LEONELA RAMOS RUIZ, MARIA OLVERA GONZALES, JOSE CECILIO RODRIGUEZ BUESO, HILDA ROSA NUÑEZ CACERES, ANDREA NIKOLE URIAS CEBALLES, MARIA VICTORIA MEZA CARCAMO, DELMYS ONELIA VELASQUEZ URBINA, MIRZA SUNILDA REYES VARELA, JAKELIN ELIZABETH SANCHEZ HERNANDEZ, FANNY YAMILETH LOPEZ FERRUFINO, REYNA YULISSA LOPEZ FERRUFINO, ADA ROXANA DIAZ RAMOS, DINA ELIZABETH ARAUZ GONZALES, MARIA ISABEL MADRID VEGA, VICTORIA ALEJANDRA ARIAS MEZA, ALICIA ERNESTINA MEJIA, MARIA ODILIA CEBALLOS FRANCO, OLGA PATRICIA MARTINEZ ENMORADO, ZULY MARILIN ZAVALA MEJIA, ROSA DILIA VALLE, MARTA LICIDA TRIGUEROS VILLEDA, LIZETTE BERNARDA DUBON GUIZMAN, JULIO ALEJANDRO VASQUES, DELMY SUYAPA NAVARRO MENDEZ, IRIS ARGENTINA FLORES MATUTE, NANCY JASMIN OSORIO VILLATORO, REYNA AELIZABTH LEIVA, DONALDO ULLOA FUGON, SINTIA VERONICA SAGASTUME RIOS, ROSA MIRIAN VILLAMIL ENAMORADO, LILIAM LIZETH MEJIA MARTINEZ, EVELYN XIOMARA RIVERA BARAHONA, MARIA ESTELA CASTELLANOS MORAÑEZ, SUYAPA MATTA RAMOS, ANA RUTH DUBON HERNANDEZ, SANTOS CAMPOS ARAGON, ZOILA ESMERALKDA MADRID RAMOS, MIRNA ODILIA NUÑEZ MILLA, ELVIA ALEXIS SANCHEZ MALDONADO, JENNY YASMIN RAMOS, CANDIDA ROSA PUERTO ESCOBAR, ZULMA BERLINA ACOSTA NOLASCO, MARIA ALEJANDRINA MEJIA CASTILLO, VICTOR DANIEL GONZALES DOBLADO, IRIS AIDA MURILLO ZUNIGA, BELKIS JEANETHE DAVID SANTA MARIA, ALBA DORIS ACOSTA HERNANDEZ, FREDY GEOVANNY SANTOS ACOSTA, JUANA NOEMI FUENTES ARGUETA, NURIA VANESSA AVILA LOPEZ, ELVIN ISRAEL MARADIAGA ZELAYA, ERIKA KATERINA HERNANDEZ NUÑEZ, SUSY CAROLINA CONTRERAS URBINA, ESTRELLA SONALI LICONA GODOY, MARIA MAGDALENA VARGAS CASCO, JOSSELYNN GABRIELA GARCIA MADRID, BESSI ODELI ALVARADO DELCID, KIRA SUYAPA FUNEZ BONILLA, VICTOR MANUEL FUNEZ RAMOS, KARLA PATRICIA BEJARANO SABILLON, MARCO EMILIO ANDRADE FERRERA, ALEX EDGARDO RODRIGUEZ, JORGE ENRIQUE ORO MORALES, MARGARITA ELIZABETH INTERIAN O PEDROZA, PASTOR SUAZO FERNANDEZ, MARTA JULIA CASTRO, DARWIN JOSUE GUZMAN ZAVALA, MARLIN NINORA HERNANDEZ, ERICK ALBERTO NAVAS, GERARDO CASTRO RAMIREZ, MARIA VICTORIA FIGUEROA DIAZ, ROSA DE JESUS MORALES SERRANO, SANDRA MARINA AVILA CRUZ, ROSALINA GARCIA RIOS, RIGOBERTO DIAZ VASQUEZ, DINA LIZETH CARCAMO CASTILLO, NOLVIA GUISELLA MARQUEZ ORELLANA, JESSIE JACKELINE AMAYA LOPEZ, NORMA LANDAVERDE REYES, CLAUDIA PATRICIA ADRIANO MARTINEZ, DIANA LIZZETH VIGIL LOPEZ, IRMA EMERITA GOMEZ AMAYA, JENNIFER GUADALUPE TREJO SOLIS, DANIELA ALEJANDRA SALGADO ESCOTO, ROSA ELENA ROSALES RODRIGUEZ, XIOMARA MARGARITA LOPEZ ORTIZ, MARIA DE LOS ANGELES ACEVEDO POSAS, JESSICA MARIBEL GONZALES REYES, ALBA LUZ LOPEZ PERDOMO, MARIA DE JESUS CORTEZ MARTINEZ,MARVIN FAUSTINO LOPEZ CANALES, LOURDES SUYAPA ROSALES ROFRIGUEZ, UDYS DANIEL CASTAÑEDA TORRES, BRENDA LETICIA QUIÑONES TROCHEZ, DILCIA ARACELY ZELAYA LEMUS, JIZI YADIRA ROMERO PERAZA, ROLANDO ENRIQUE AVILA COSE, AURORA REYES SEBILLON, JAVIER VIGIL LOPEZ, JENIFFER ARACELY LEIVA CORTES, JONATHAN ALEXANDER PERDOMO CARTAGENA, HECTOR DANILI PINEDA MONTES, LILIA YIZELA RAMOS, ELDA SARAHI MARADIAGA URBINA, MARTHA IRIS ALVARENGA FIGUEROA, PAOLA YANETH CABRERA VIGIL, ANA LUISA CANO PACHECO, REYNA JACQUELINE ALMENDARES VALDEZ, LINDA PATRICIA LEMUS CORTES, ROBERTO GEOVANNY PERDOMO CARTAGENA, NANCY JACKELINE CONNOR CORTEZ, ALMA SENOVIA CRUZ AMADOR, RAFAEL ANTONIO CARRANZA MENDOZA, ERLIN BERSABET MURILLO ALMENDAREZ, LILIANA LOPEZ, CARLOS JONATHAN INTERIANO MONGE, BLANCA RUBENIA ROMERO PINEDA, EVA ESMIRNA VALLE, SINTIA RAQUEL GOMEZ REYES, MARINA ELIZABETH BACA RIVERA, JOSE ALBERTO GIRON CHACON, CINDY YESENIA HIDALGO MENDEZ, YOHANA ELIZABETH GONZALES ROSALES, DOMITILA BONILLA REYES, MARVIN ADELSO VILLANUEVA FERRERA, WILMER ANDRES ZUNIGA SANTAMARIA, JOSE DE JESUS ORELLANA DEL CID, HENRY ALEXANDER SOSA DIAZ, ALEXANDER MENDEZ AMAYA, CECILIA RODRIGUEZ GRANADOS, MARINA MELGAR DIAZ, HENRY ALEXIS PEREZ LARA, WILL ANTONIO BONILLA REGALADO, DORIS AMELIA MELGAR REYES, MARLEN YOVANY CASTELLON VALLE, DIONISIO DIAZ NUÑEZ, MELSYN LILIEM MENDEZ AMAYA, RICARDO ALONSO MEDINA GUADRON, ILDA LETICIA VASQUEZ, JOSE MEDARDO ORELLANA LOPEZ, ELIA YOLANY GARCIA, ABRAHAM ISAAC RAMIREZ SERVELLON, ODALIS ELIZABETH CUEVAS PINEDA, BLANCA ONDINA CARCAMO CASTILLO, DAMARIS ROXANA ROSA MAX, MARIA BERTILIA GODOY, NORMA ESTELA GARCIA HERNANDEZ, JUAN PABLO GARCIA, IVIS LEONEL PEREZ LOPEZ, DORIS ARGENTINA ESTRADA VASQUEZ, JESUS MARTINEZ MARQUEZ, INGRIS ABIGAIL CRUZ PINEDA, YADIRA ISARINA MARTINEZ LOBO, JOSE LUIS RAMOS GUEVARA, HELLEN FAVIOLA URBINA HENRIQUEZ, DUNIA LAELAINIE FUENTES FAJARDO, GLENDA LIZETH AMAYA FUNEZ, SANDRA SUYAPA OLIVA, ELIZA MARINA ALBERTO REYES, MARIA DELFA GOMEZ PEREZ, DILCIA ISABEL RIVERA MIRANDA, VICTORIA JANETH MIRANDA ORELLA, LINDA RUTH CARDONA MEDINA, JOSE LUIS HERNANDEZ TEJADA, JUANA ESPERANZA ORTEGA PAZ, RAUL EDGARDO LARDIZABAL, ANMI GABRIELAACOSTA SERRANO, FLOR DE ORO ANDINO QUINTERO, WILFREDO SANCHEZ QUINTERO, MABEL YADIRA AVILA HERNANDEZ, MARILIN GISELA SERRANO LEON, RICCY MABEL BONILLA ESPINOZA, TELMA LIZETH MENJIVAR RODRIGUEZ, ANA DELIA JIMENEZ LARA, MERCEDES VENTUIRA GARCIA, MARLENE SANTOS MARTINEZ, OLGA MARINA CASTILLO LOPEZ, DIOGENES ANTONIO BARAHONA ALVARADO, NANCY GRISELDA VANEGAS AGUILAR, XIOMARA YAMILETH CASTRO NUÑEZ, AIDA DANIRA CASTRO ZUNIGA, MARIA ANTONIA BERRIOS ZUNIGA, OSCAR VICENTE CARCAMO PAZ, JOSE INOCENTE PONCE REGALADO, ROSA EVELINA CARTAGENA SOL Y SUSY YANETH VIGIL LOPEZ; contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado los artículos 60, 82 Y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha tres de junio del dos mil veintidós, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el abogado ROSSEL RENE MADRID CASTRO, en su condición de Apoderado legal de los señores JOSIRIS LIBETH PORTILLO CASTRO, ISIS IVETH RODRIGUEZ MORAZAN, DIGNA CARDONA REYES, MELVIN NOE ARGUETA CANO, MIGUEL ANGEL PORTILLO SARAVIA, DUNIA ELISA PORTILLO CASTRO, BRENDA JEANETTE CASCO JIMENEZ, MARTA CAROLINA ARGUETA PEDROZA, WILFREDI ARGUETA PEREIRA, HENRY LEONEL CHAVEZ PEÑA, MARIBEL GUERRA VILLEDA, ANGELICA MARIA MENJIVAR, GRISELDA ONDINA REYES, MARVIN JONATHAN ALAS, WALESKA LISETH MEJIA RODRIGUEZ, JESSENIA JAQUELINE MEJIA RODRIGUEZ, MELISSA ISSAMAR LOPEZ MEDINA, REGINA JANETH MENJIVAR SALGADO, MARIA SOILA GIRON MELGAR, SAGRARIO SUYAPA MEJIOA ZAVALA, XIOMARA DEL SOCORRO SANCHEZ MENDOZA, GUILLERMINA MARIA CASTILLO BARAHONA, INGRID LIZETH CABRERA MACHADO, BLANCA MARISSELA MUÑOZ DUBON, CESAR NOLBERTO MIRANDA BERNARDEZ, ALBA CONCEPCION MURILLO FLORES, CARLOS ROBERTO GARCIA ACOSTA, KARLA PATRICIA ZALDIVAR RODRIGUEZ, DUNIA LIZETH CORTES AYALA, DUNIA LIZETH MEJIA FAJARDO, GABRIELA EMILIA MEJIA FLORES, MARIA AMINTA SANCHEZ GOMEZ, WENDY PATRICIA VELASQUEZ BUESO, REINA MARIA ARTEAGA CONTRERAS, JUANA MARIA OLIVA MARADIAGA, ERIKA JOHANA SALGUERO PINEDA, MARIA GERTRUDIS ARDON, ROSAURA GERALDINA LANZA RODRIGUEZ, RUDITH YANETH RAMIREZ, CENIA LIZETH TABORA ZAMORA, YESSENIA MARISELA LOPEZ ROMERO, ILSER JOSUE AYALA ANDINO, LETICIA GUADALUPE CONTRERAS, OLGA LETICIA ERAZO, LUIS ALONSO HERNANDEZ MARTINEZ, DARWIN JOSUE LARIOS MEJIA, SAUDIA ROSIBEL LOPEZ GARCIA, TANIA MARIELA PONCE, MARIA ANTONIA MARADIAGA NUÑEZ, MARLENE VILLANUEVA SAGASTUME, STEFANY LIZETH MADRID OLIVA, CELINA ROSBELY DUBON GARCIA, YULISSA JAMILETH ROMERO LEIVA, CARLA ISABEL LEIVA RODRIGUEZ, WENDY ELIZABETH ENAMORADO TROCHEZ, WILFREDO PINEDA, BRENDA ISABEL GARCIA QUINTANILLA, JOSE ALFREDO OSORIO, FRANCISCA BENITEZ RAMOS, YORLENI CONSUELO LEIVA HERNANDEZ, ERIKA JANETH VILLANUEVA SAGASTUME, RENE GEOVANNY LOPEZ, ADELINA SUYAPA GARCIA MURILLO, YOLISET PERDOMO GARCIA, JOSE MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, MARIA ORFILIA GONZALES, RENE WILFREDO LOPEZ LARA, OSCAR JOAQUIN LOPEZ MANUELES, VICTORIA JOSSETH CONTRERAS RAPALO, BLANCA AZUCENA RAPALO PAZ, LESLY CAROLINA BEJARANO GARCIA, BLANCA ROSA MONTUFAR HENRIQUEZ, ISIS VANESSA ERAZO, MARIA EDUVIGES LICONA TORRES, MARIA ANA DE JESUS RODRIGUEZ, ISMENIA MARIVEL GODOY ENAMORADO, IRMA ESPERANZA CASTRO AGUILAR, REINA MARIA RIVAS GALEANO, MAYRON LEONEL ALMENDARES HERNANDEZ, REINA PATRICIA GUARDADO RODRIGUEZ, MIRIAN ELIZABETH BELTRAN SING, DELMY ARACELY GUTIERREZ, ROSIBEL ACEVEDO SARMIENTO, DIRIAN FRANCISCA ZEPEDA VELASQUEZ, OSCAR EDGARDO MARTINEZ INOCENTE, CISLENNY JOHANA RIVERA TOSTA, HUMBERTO RODRIGUEZ SOLIS, IVON JANNETTE FLORES RIVAS, MARLEN FUNEZ TORRES, DELMA ROSA ROMERO GARCIA, KARLA MODESTA GARCIA FLORES, MARIA FLORINDA HERNANDEZ, MARIA JUANA TOBIAS RIVERA, ANA MARIA IRIARTE, ZULEMA JEANNETTE JIMENEZ, IRIS YOLANY CASTILLO, CINTHIA YARELI ORELLANA CASTILLO, MIRIAM JEANETTE FUNES CERRATO, OLGA PATRICIA PAVON ARGUETA, ONDINA ELIZABETH ROSALES CARDONA, REYNA YAMILETH CABALLERO, MARIA ONDINA SOL, BESSY FLORIDALMA TABORA HERNANDEZ, MARIA SUYAPA MADRID RIVERA, KAREN MELIZA HERNANDEZ MUNGUIA, ODILIA MIRIAM MUNGUIA, DILIA RAMONA CANTILLANO, ANA LOURDES DERAS MUÑOZ, MARCO TULIO FUENTES PEÑA, CARMEN ERMELINDA VILLANUEVA, JASANIA MERCDES MARADIAGA ZELAYA, BERTILIO RIVERA MEJIA, MIRTA ESPERANZA MARTINEZ GUZMAN, GLADIS ARACELY TORREZ AGUILAR, JOSE ISAIAS SANTOS ARGUETA, MARIA ADRIANA GARCIA, MARLIN ARACELY REYES RODRIGUEZ, GLORIA ESMERALDA VELASQUEZ CASTRO, ITZA AIDA GARCIA LOPEZ, JENNY MARIBEL PORTILLO MIRANDA, AXEL GEOVANNY MEJIA MARTINEZ, LEVIS ALEYDA GARCIA FERRUFINO, TERLA XIOMARA ALMENDAREZ ZELAYA, TESLA LETICIA ZELAYA, AMELIA SUYAPA LAINEZ, ADRIANA HERNANDEZ, JAVIER ELIAS SIERRA VELASQUEZ, LILIAN JACKELINE BARAHONA RIOS, JUANA OTILIA SANTOS ARGUETA, CARLOS LEONEL AYALA PERDOMO, AMPARO PAVON CANALES, MARIA ISABEL SOPRIANO CLAROS, GLENDA SUYAPA MELGAR BORJAS, MARIA EDUVINA ENAMORADO, NORMA LIZETH BARAHONA MARTINEZ, MARIA JESUS CASTRO, RUDITH EDELSA CASTELLON RODRIGUEZ, ROSALINA GEVARA, JOSE AUGUSTO SABILLON, MARIA ELIA DINORA CASTRO PEREZ, JOSEFA VERONICA GARCIA, MARIA GUADALUPE AMADOR GUZMAN, MARINA SULAY MOLINA CARDONA, ERACLITO AMAYA CRUZ, FRANCISCO GEOVANNI MAIRENA NAVARRETE, CRUZ AMANDA IRIAS, CATALINA PEREZ, ELSENORA MENDEZ DOMINGUEZ, LEONELA RAMOS RUIZ, MARIA OLVERA GONZALES, JOSE CECILIO RODRIGUEZ BUESO, HILDA ROSA NUÑEZ CACERES, ANDREA NIKOLE URIAS CEBALLES, MARIA VICTORIA MEZA CARCAMO, DELMYS ONELIA VELASQUEZ URBINA, MIRZA SUNILDA REYES VARELA, JAKELIN ELIZABETH SANCHEZ HERNANDEZ, FANNY YAMILETH LOPEZ FERRUFINO, REYNA YULISSA LOPEZ FERRUFINO, ADA ROXANA DIAZ RAMOS, DINA ELIZABETH ARAUZ GONZALES, MARIA ISABEL MADRID VEGA, VICTORIA ALEJANDRA ARIAS MEZA, ALICIA ERNESTINA MEJIA, MARIA ODILIA CEBALLOS FRANCO, OLGA PATRICIA MARTINEZ ENMORADO, ZULY MARILIN ZAVALA MEJIA, ROSA DILIA VALLE, MARTA LICIDA TRIGUEROS VILLEDA, LIZETTE BERNARDA DUBON GUIZMAN, JULIO ALEJANDRO VASQUES, DELMY SUYAPA NAVARRO MENDEZ, IRIS ARGENTINA FLORES MATUTE, NANCY JASMIN OSORIO VILLATORO, REYNA AELIZABTH LEIVA, DONALDO ULLOA FUGON, SINTIA VERONICA SAGASTUME RIOS, ROSA MIRIAN VILLAMIL ENAMORADO, LILIAM LIZETH MEJIA MARTINEZ, EVELYN XIOMARA RIVERA BARAHONA, MARIA ESTELA CASTELLANOS MORAÑEZ, SUYAPA MATTA RAMOS, ANA RUTH DUBON HERNANDEZ, SANTOS CAMPOS ARAGON, ZOILA ESMERALKDA MADRID RAMOS, MIRNA ODILIA NUÑEZ MILLA, ELVIA ALEXIS SANCHEZ MALDONADO, JENNY YASMIN RAMOS, CANDIDA ROSA PUERTO ESCOBAR, ZULMA BERLINA ACOSTA NOLASCO, MARIA ALEJANDRINA MEJIA CASTILLO, VICTOR DANIEL GONZALES DOBLADO, IRIS AIDA MURILLO ZUNIGA, BELKIS JEANETHE DAVID SANTA MARIA, ALBA DORIS ACOSTA HERNANDEZ, FREDY GEOVANNY SANTOS ACOSTA, JUANA NOEMI FUENTES ARGUETA, NURIA VANESSA AVILA LOPEZ, ELVIN ISRAEL MARADIAGA ZELAYA, ERIKA KATERINA HERNANDEZ NUÑEZ, SUSY CAROLINA CONTRERAS URBINA, ESTRELLA SONALI LICONA GODOY, MARIA MAGDALENA VARGAS CASCO, JOSSELYNN GABRIELA GARCIA MADRID, BESSI ODELI ALVARADO DELCID, KIRA SUYAPA FUNEZ BONILLA, VICTOR MANUEL FUNEZ RAMOS, KARLA PATRICIA BEJARANO SABILLON, MARCO EMILIO ANDRADE FERRERA, ALEX EDGARDO RODRIGUEZ, JORGE ENRIQUE ORO MORALES, MARGARITA ELIZABETH INTERIAN O PEDROZA, PASTOR SUAZO FERNANDEZ, MARTA JULIA CASTRO, DARWIN JOSUE GUZMAN ZAVALA, MARLIN NINORA HERNANDEZ, ERICK ALBERTO NAVAS, GERARDO CASTRO RAMIREZ, MARIA VICTORIA FIGUEROA DIAZ, ROSA DE JESUS MORALES SERRANO, SANDRA MARINA AVILA CRUZ, ROSALINA GARCIA RIOS, RIGOBERTO DIAZ VASQUEZ, DINA LIZETH CARCAMO CASTILLO, NOLVIA GUISELLA MARQUEZ ORELLANA, JESSIE JACKELINE AMAYA LOPEZ, NORMA LANDAVERDE REYES, CLAUDIA PATRICIA ADRIANO MARTINEZ, DIANA LIZZETH VIGIL LOPEZ, IRMA EMERITA GOMEZ AMAYA, JENNIFER GUADALUPE TREJO SOLIS, DANIELA ALEJANDRA SALGADO ESCOTO, ROSA ELENA ROSALES RODRIGUEZ, XIOMARA MARGARITA LOPEZ ORTIZ, MARIA DE LOS ANGELES ACEVEDO POSAS, JESSICA MARIBEL GONZALES REYES, ALBA LUZ LOPEZ PERDOMO, MARIA DE JESUS CORTEZ MARTINEZ,MARVIN FAUSTINO LOPEZ CANALES, LOURDES SUYAPA ROSALES ROFRIGUEZ, UDYS DANIEL CASTAÑEDA TORRES, BRENDA LETICIA QUIÑONES TROCHEZ, DILCIA ARACELY ZELAYA LEMUS, JIZI YADIRA ROMERO PERAZA, ROLANDO ENRIQUE AVILA COSE, AURORA REYES SEBILLON, JAVIER VIGIL LOPEZ, JENIFFER ARACELY LEIVA CORTES, JONATHAN ALEXANDER PERDOMO CARTAGENA, HECTOR DANILI PINEDA MONTES, LILIA YIZELA RAMOS, ELDA SARAHI MARADIAGA URBINA, MARTHA IRIS ALVARENGA FIGUEROA, PAOLA YANETH CABRERA VIGIL, ANA LUISA CANO PACHECO, REYNA JACQUELINE ALMENDARES VALDEZ, LINDA PATRICIA LEMUS CORTES, ROBERTO GEOVANNY PERDOMO CARTAGENA, NANCY JACKELINE CONNOR CORTEZ, ALMA SENOVIA CRUZ AMADOR, RAFAEL ANTONIO CARRANZA MENDOZA, ERLIN BERSABET MURILLO ALMENDAREZ, LILIANA LOPEZ, CARLOS JONATHAN INTERIANO MONGE, BLANCA RUBENIA ROMERO PINEDA, EVA ESMIRNA VALLE, SINTIA RAQUEL GOMEZ REYES, MARINA ELIZABETH BACA RIVERA, JOSE ALBERTO GIRON CHACON, CINDY YESENIA HIDALGO MENDEZ, YOHANA ELIZABETH GONZALES ROSALES, DOMITILA BONILLA REYES, MARVIN ADELSO VILLANUEVA FERRERA, WILMER ANDRES ZUNIGA SANTAMARIA, JOSE DE JESUS ORELLANA DEL CID, HENRY ALEXANDER SOSA DIAZ, ALEXANDER MENDEZ AMAYA, CECILIA RODRIGUEZ GRANADOS, MARINA MELGAR DIAZ, HENRY ALEXIS PEREZ LARA, WILL ANTONIO BONILLA REGALADO, DORIS AMELIA MELGAR REYES, MARLEN YOVANY CASTELLON VALLE, DIONISIO DIAZ NUÑEZ, MELSYN LILIEM MENDEZ AMAYA, RICARDO ALONSO MEDINA GUADRON, ILDA LETICIA VASQUEZ, JOSE MEDARDO ORELLANA LOPEZ, ELIA YOLANY GARCIA, ABRAHAM ISAAC RAMIREZ SERVELLON, ODALIS ELIZABETH CUEVAS PINEDA, BLANCA ONDINA CARCAMO CASTILLO, DAMARIS ROXANA ROSA MAX, MARIA BERTILIA GODOY, NORMA ESTELA GARCIA HERNANDEZ, JUAN PABLO GARCIA, IVIS LEONEL PEREZ LOPEZ, DORIS ARGENTINA ESTRADA VASQUEZ, JESUS MARTINEZ MARQUEZ, INGRIS ABIGAIL CRUZ PINEDA, YADIRA ISARINA MARTINEZ LOBO, JOSE LUIS RAMOS GUEVARA, HELLEN FAVIOLA URBINA HENRIQUEZ, DUNIA LAELAINIE FUENTES FAJARDO, GLENDA LIZETH AMAYA FUNEZ, SANDRA SUYAPA OLIVA, ELIZA MARINA ALBERTO REYES, MARIA DELFA GOMEZ PEREZ, DILCIA ISABEL RIVERA MIRANDA, VICTORIA JANETH MIRANDA ORELLA, LINDA RUTH CARDONA MEDINA, JOSE LUIS HERNANDEZ TEJADA, JUANA ESPERANZA ORTEGA PAZ, RAUL EDGARDO LARDIZABAL, ANMI GABRIELAACOSTA SERRANO, FLOR DE ORO ANDINO QUINTERO, WILFREDO SANCHEZ QUINTERO, MABEL YADIRA AVILA HERNANDEZ, MARILIN GISELA SERRANO LEON, RICCY MABEL BONILLA ESPINOZA, TELMA LIZETH MENJIVAR RODRIGUEZ, ANA DELIA JIMENEZ LARA, MERCEDES VENTUIRA GARCIA, MARLENE SANTOS MARTINEZ, OLGA MARINA CASTILLO LOPEZ, DIOGENES ANTONIO BARAHONA ALVARADO, NANCY GRISELDA VANEGAS AGUILAR, XIOMARA YAMILETH CASTRO NUÑEZ, AIDA DANIRA CASTRO ZUNIGA, MARIA ANTONIA BERRIOS ZUNIGA, OSCAR VICENTE CARCAMO PAZ, JOSE INOCENTE PONCE REGALADO, ROSA EVELINA CARTAGENA SOL Y SUSY YANETH VIGIL LOPEZ;, interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL contra la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL),a efecto para que se reconozca la existencia de una relación de trabajo de carácter permanente y continua; consecuentemente se ordene el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales por finalización ilegal e injusta de la relación de trabajo, derechos y conceptos adquiridos proporcionales y adeudados; pago de ajustes salariales, indemnización por el no pago de salario mínimo, y el pago de salarios dejados de percibirá título de daños y perjuicios y constas del juicio de una terminación injusta e ilegal.- (Folios 01 al 755 de la primera pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha de dieciocho de agosto del dos mil veintitrés, se celebró audiencia de JUZGAMIENTO, en revisión de la foliada, según folio 1134 vuelto, en la PARTE DISPOSITIVA FALLA: 1) Declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de la existencia de una relación de trabajo de carácter permanente y continua, consecuentemente se ordene el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales por finalización ilegal e injusta de la relación de trabajo, derechos y conceptos adquiridos proporcionales y adeudados; pago de ajustes salariales, indemnización por el no pago de salario mínimo, y el pago de salarios dejados de percibirá título de daños y perjuicios y constas del juicio de una terminación injusta e ilegal. Sin perjuicio de fallar extra y ultra petita, promovida por el abogado ROSSEL RENE MADRID CASTRO, en su condición de Apoderado legal de los señores anteriormente mencionados en el primer antecedente.- 2) En consecuencia CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) la que antes se denominada SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) a través del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS a pagar a los trabajadores demandantes la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON SESNETA Y NUEVE CENTAVOS (Lps.155, 441,680.69), distribuidos así: con el detalle en cantidad de lempiras de cada uno de los demandantes que obra desde el folio 1137 al 1167 de la segunda pieza del expediente del A-quo); (Folios 1081 al 1167 Tomo II de la pieza de los antecedentes del A-quo). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, conociendo de un recurso de apelación presentado contra la sentencia definitiva de fecha dieciocho de Agosto del dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula del Departamento de Cortés. 4) En fecha veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés se llevó a cabo Audiencia de Alegaciones, compareciendo a la misma la parte apelada el Abogado JOSUE ENRIQUE MENA BARAHONA, sin la comparecencia presencia y virtual de la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, como apelante; en que este TRIBUNAL RESUELVE: Ante la ausencia sin causa justificada de la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, y en aplicación del artículo 775 del Código del Trabajo se declara DESIERTO, el recurso de apelación interpuesto, se ordena que la secretaría remita las diligencias al Jugado de su procedencia y vía correo electrónico se envíe copia de la presente resolución.- En este acto quedan notificados los apoderados legales de las partes.- Sin Costas.- 5) En fecha treinta y uno de Octubre del dos mil veintitrés se presentó escrito de nulidad Absoluta de actuaciones desde la fecha de audiencia de Alegaciones de fecha veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés; por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras; decretándose resolución a la misma en fecha uno de Noviembre del dos mil veintitrés, en que el Ad-quem o “…TRIBUNAL RESUELVE: UNO: Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad absoluta de actuaciones planteada por la Abogada Odeth Jazmín Jose Urquía, en su condición de Procuradora Judicial en representación del ESTADO DE HONDURAS. DOS: De conformidad al artículo 741 del Código del Trabajo, contra la presente resolución es procedente el recurso de reposición. Y MANDA: Con la finalidad de garantizar el derecho de defensa, en aplicación del Decreto Legislativo 33-2020 por la vía electrónica, que la secretaria del tribunal notifique esta resolución. NOTIFIQUESE.” (Folio 28 de la pieza de antecedentes del Ad-quem.) 6) Que en fecha once de diciembre del dos mil veintitrés, el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha uno de noviembre dos mil veintitrés, por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha treinta de agosto del dos mil veinticuatro. (Folios 01 al 11 y 42 del expediente del recurso de amparo) 7) Que en fecha siete de octubre del dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL, quien fue de la opinión porque: “QUE SE DENIEGUE” la presente acción de amparo al no concurrir la vulneraciones Constitucionales alegadas por el amparista” (Folios 45 al 49 del recurso del expediente del recurso de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, en fecha uno (01) de Noviembre del dos mil veintitrés (2023), que declara Sin Lugar la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la audiencia de Alegaciones de fecha veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés; interpuesta por medio solicitud de escrito por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en fecha treinta y uno (31) de Octubre del dos mil veintitrés (2023), en su condición de Representante Procesal sustituto del Estado de Honduras, contra la misma resolución de fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés; dictada por la misma Corte de Apelaciones del Trabajo, en el Recurso de Apelación interpuesto contra la sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, del Departamento de Olancho, en fecha dieciocho (18) de Agosto del dos mil veintitrés (2023), que declara con lugar la demanda ordinaria laboral para que en Sentencia definitiva se condene a la demandada, al pago de los derechos adquiridos de los empleados de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e inclusión Social (SEDIS); ahora llamada Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su inconformidad tanto en la interposición como en la formalización del Recurso con la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, indicando que la sentencia que se recurre en amparo, viola los derechos y garantías constitucionales que desarrolló en su interposición, contenidos en los artículos 60, 82 y 90 de nuestra carta Magna; manifestando en su conclusión legal que a la Procuraduría la Corte no le da la oportunidad plena de establecer sus argumentos en forma alguna de una defensa igualitaria para ambas partes Y, en consecuencia tal legalidad no fue cumplida en abierta violación a sus derechos, declaraciones y garantías, tal como lo hay desarrollado de forma detallada en el libelo correspondiente; aduce el impetrante que recurre en amparo porque considera que no se valoré de forma equitativa y ponderada la nulidad de actuaciones absoluta propuesta ante el ad-quem; manifestando que los derechos son un conjunto de leyes o colección de principios, preceptos, y reglas a que están sometidos todos los hombres en cualquier sociedad; el auto de fecha uno de Noviembre del dos mil veintitrés dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento San Pedro Sula del Departamento de Cortés, contraviene, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos a él, por la Constitución de la República de Honduras, por no habérsele concedido en amplitud el derecho a la igualdad Jurídica, Defensa y debido proceso, al no valorar ni sopesar lo planteado en la Nulidad de actuaciones presentada por la parte demandada. En cuanto al desarrollo del Derecho de igualdad que formaliza la parte recurrente, manifiesta que el derecho de Igualdad, el mismo no se encuentra apegado a derecho, como lo que es la consulta, ya que se ha obviado una audiencia de nulidad y de actuaciones; en cuanto al derecho de defensa contentivo en el artículo 82 de la Constitución de la República, es violatorio porque no se considera el alegato por la necesidad de la audiencia y la nulidad; por lo que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo es lesiva a los intereses de la administración Pública, ya que el principio de igualdad y la imparcialidad que relatan como fundamentos de derecho. Y el derecho al Debido Proceso contentivo en el artículo 90 de la Constitución de la República, se le ha violentado porque no ha tenido claro la oportunidad de defender al estado de Honduras con las condiciones previamente enunciadas, ya que el Juzgador no se apega a la audiencia de Nulidad de Actuaciones que las partes consideraron y que se convierte en Ley. CONSIDERANDO (4): En ese mismo orden de ideas sigue manifestando el recurrente que en el escrito de solicitud de Nulidad Absoluta de actuaciones señala la representante del Estado de Honduras que en fecha que 27 de Septiembre del dos mil veintitrés (2023), la honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula señaló Audiencia de Alegaciones para el día lunes veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés; a las diez de la mañana, misma que se desarrollaría en forma presencial o virtual por la Plataforma Zoom; siendo debidamente notificada la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, en su condición de Representante Procesal del Estado de Honduras como parte demandada vía correo; tal como consta en la cedula de notificación de fecha diez de Octubre del 2023 que obra a folio número cinco del Ad-quem; firmada por la secretaria de la Corte de Apelaciones; Y es en fecha 20 de Octubre del dos mil veintitrés a las 4:04 P.M. sorpresivamente la abogada CIVIA GALIANO, presentó Carta de Renuncia, manifestando que dejaría de realizar sus labores para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a partir del lunes 23 de Octubre del dos mil veintitrés, siendo justamente la fecha en que se celebraría la audiencia de alegaciones; por lo que al mismo tiempo la Abogada Civia Galiano entregó un cuadro de juicios asignados a su persona que según su foliada se encuentra en el folio veinticinco del Ad-quem, al abogado ROSSEL EDUARDO MARTINEZ, asignado a la unidad de Servicios Legales; por lo que la Abogada Civia Galiano no estableció que en el expediente 337-2022 de primera instancia y el 0501-2023-406IIRB de la Corte de Apelaciones, se había señalado audiencia de alegaciones el 23 de octubre del dos mil veintitrés; al contrario la dejó establecida que la audiencia de alegaciones fue el dieciocho de Octubre del dos mil veintitrés fecha anterior a su renuncia, dejando su actuar en total indefensión al Estado de Honduras atraves de la Secretaria de Desarrollo Social; Y es así que al momento de la Audiencia de Alegaciones la Corte declaró Desierto el Recurso de Apelación interpuesto. Y es así que la Oficina de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social, inició un proceso disciplinario contra la Abogada Galiano Maldonado en tal sentido, que con los hechos antes descritos, se acredita la negligencia e impericia con la que actuaba la abogada GALIANO MALDONADO, omisiones que serán investigadas. Por lo que erróneamente consignó la fecha incorrecta en el informe, que es un evidente acto de mala fe, con el objetivo de que la Secretaría de Desarrollo Social, no enviara otro procurador Judicial, a la referida audiencia de alegaciones y así favorecer consecuentemente a la parte demandante, dejando en total indefensión al Estado de Honduras. Declarando sin lugar la nulidad interpuesta que es contraria a derecho y lesiva a los derechos subjetivos e individuales que reconoce la constitución de la república y los artículos 211, 212, 213, 214, y 215 Código Procesal Civil, violentando el derecho de tutela judicial efectiva consignado en el artículo 1 de la Constitución de la República, el principio de legalidad consignado en el artículo 7 del Código Procesal Civil y la garantía constitucional del debido proceso como derecho individual consignado al artículo 90 de la Constitución de la República y desarrollado en el artículo 3 del Código Procesal Civil, debiendo restituirse y respetarse el principio del debido proceso en la resolución recaída en el escrito de solicitud de Nulidad Absoluta de Actuaciones presentado en fecha treinta y uno (31) de Octubre del dos mil veintitrés (2023), incidente interpuesto por la abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de procuradora Judicial del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (5): En la resolución de fecha uno (01) de Noviembre del dos mil veintitrés (2023) el Tribunal de Alzada expone que la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, presentó escrito solicitando nulidad de actuaciones, tomando como base el estado de indefensión, la igualdad ante la Ley y el debido proceso a partir de la audiencia de alegaciones de fecha veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés en el expediente que se registra en ese Tribunal Ad-quem bajo el número 406-2023, contentivo del juicio ordinario laboral, promovido por los señores JOSIRIS PORTILLO CASTRO Y OTROS, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República en funciones, para el reconocimiento de la existencia de una relación de trabajo de carácter permanente y continua; consecuentemente se ordene el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales por finalización ilegal e injusta de la relación de trabajo, derechos y conceptos adquiridos proporcionales y adeudados; pago de ajustes salariales, indemnización por el no pago de salario mínimo, y el pago de salarios dejados de percibirá título de daños y perjuicios y constas del juicio de una terminación injusta e ilegal. CONSIDERANDO (6): Así mismo el recurrente reitera, que al desestimar el Incidente de nulidad en la resolución y rechazar el Recurso de Reposición dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que se impugna, infringió en forma clara el derecho a la tutela judicial efectiva, inobservando las garantías del debido proceso, razón por la cual es preciso establecer que la resolución del uno (01) de Noviembre del dos mil veintitrés (2023) carece de requisitos elementales de las resoluciones, ya que no supone una justificación racional, expresada mediante un razonamiento lógico concreto, no abstracto, particular, no genérico, haciendo vulneraciones a la garantía de la Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los contenidos en los artículos 60, 82 y 90 de la Constitución de la República, haciendo énfasis en el artículo 1: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas, Todos los hondureños son iguales ante la Ley.”; Artículo 82: “El derecho de defensa es inviolable.”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser Juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” CONSIDERANDO (8): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario. CONSIDERANDO (9): Que la resolución recurrida se fundamenta en los artículos 669, 719, 726 y 858 del Código del Trabajo; 172 y 212 del Código Procesal Civil, que relaciona lo concerniente a las nulidades, precepto que remite la sustanciación de dicho procedimiento a lo previsto en los incidentes presentados por escrito, los que a su vez se encuentran desarrollados en los artículos del 172 del Código Procesal Civil, señalando específicamente la Alzada el precepto 212 del mismo cuerpo legal, aplicado por supletoriedad en materia laboral; En cuanto a la nulidad de actuaciones al que se refiere el artículo 212 en cuanto a los actos procesales serán nulos; que no es lo que sucede en el presente caso; porque los actos procesales están imbuidos de formalidades y requisitos indispensables para su existencia, validez y eficacia y que los argumentos en que sustenta la nulidad, no se subsumen en ninguna de las causas de nulidad que indica el artículo 212 del Código Procesal Civil, ya que la Representante Procesal del Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, fue citada con antelación en legal y debida forma vía correo para su comparecencia presencial o por la plataforma virtual de Zoom, y es por eso que le declaran SIN LUGAR LA NULIDAD DE ACTUACIONES, alegando el Representante del Estado de Honduras, que por un error erróneo que realizó la Abogada Civia Galiano en su condición de Representante del Estado de Honduras no escribió la fecha correcta de la Audiencia de Alegacio0nes en su informe. Por lo que fue imposible que algún procurador compareciera a la audiencia. CONSIDERANDO (10): Que la analogía consiste en aplicar a un caso no regulado por la ley, pero semejante a los en ella contemplados, una norma extraída de la propia ley (analogía legis) o del ordenamiento jurídico en su conjunto (analogía iuris). La analogía es un procedimiento ideado para colmar lagunas de la ley. No es, por tanto, una interpretación sino una integración de la ley. La aplicación analógica supone verdadera creación del Derecho, precisamente para regular casos no previstos por la ley. Cabanellas de Torres brinda el siguiente concepto: *ANALOGIA. Semejanza entre cosas o ideas distintas, cuya aplicación se admite en Derecho para regular, mediante un caso previsto en la ley, otro que, siéndolo semejante, se ha omitido considerar en aquélla. CONSIDERANDO (11): Que en el artículo 718 del Código del Trabajo referente al principio de Libertad en cuanto a la determinación que toma un Juez en la forma de actos no reglados estableciéndose en dicho artículo “Que los actos del Proceso para los cuales las leyes no prescriban una forma determinada, los realizará el Juez o dispondrá que se lleven a cabo, de manera adecuada al logro de su finalidad. Y en cuanto al artículo 719 del Código del trabajo referente a la forma de realizar las notificaciones; y al observar la foliada de los antecedentes de la pieza del A-quem se puede verificar que la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, fue citada en legal y debida forma vía correo por la Secretaria de la Corte de Apelaciones del Trabajo, para que compareciera a la audiencia de Alegaciones el veintitrés de octubre del dos mil veintitrés a las 10:00A.M. vía presencial o virtual por la plataforma Zoom junto con su ID- LINK; que obra a folio cinco del expediente del Ad-quem; en representación del Estado de Honduras. Sin que asistiera a la misma la Abogada Civia Galiano, ni presencial y ni virtual, sin ninguna Justificación; Por lo que el artículo 2, 172.1 590.3 del Código Procesal Civil menciona que 1- Sí a cualquiera de los que hubieren de acudir a una audiencia le resultare imposible asistir a ella en la fecha, día y hora señalado, por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otro motivo de análoga entidad, lo manifestará de inmediato al Tribunal, acreditando la causa o motivo y solicitando nuevo señalamiento. 2- Cuando sea la parte o el profesional del derecho de una de las partes quién considerare imposible acudir, sí fuera atendible y acreditada la situación que alegue, se hará un n uevo señalamiento. Extremos que no logró justificar la abogada CIVIA GALIANO, según la foliada en la revisión del expediente. CONSIDERANDO (12): Que el Artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; en ese orden de ideas el artículo 3 del CPC define que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones. Asimismo el artículo 1 numeral 3 del mismo ordenamiento jurídico prohíbe el establecimiento de cualquier obstáculo de carácter social, político, económico, cultural o de otra índole, que impida o dificulte el acceso de cualquier persona a la justicia. CONSIDERANDO (13): Que vista y analizada la resolución de fecha uno (01) de Noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, asimismo analizados los preceptos de la ley procesal civil supra relacionados, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico invocado por la Alzada, al referir que se declara sin lugar la nulidad de absoluta de actuaciones planteada por la Abogada ODETH JAZMIN JOSE URQUIA, en su condición de Procuradora Judicial en representación del Estado de Honduras.- En virtud de la revisión de la foliada se puede verificar que en la pieza del Ad-quem, en el folio cinco, obra lo que es la cédula notificación donde se notifica en fecha diez de Octubre del dos mil veintitrés, a la abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, como representante procesal del Estado de Honduras y al Abogado JOSE ENRIQUE MENA BARAHONA, en su condición de representante Procesal de los demandantes; para señalamiento de audiencia de ALEGACIONES, a realizarse el día lunes veintitrés de Octubre del dos mil veintitrés a las diez en punto de la mañana en forma presencial o virtual por la plataforma Zoom; sin justificar su incomparecencia la Procuradora Judicial; declarándose en esta audiencia de Alegaciones por el Ad-quem, DESIERTO el Recurso de Apelación interpuesto; siguiendo la revisión de la foliada se puede observar que el Ad-quem en su resolución de fecha uno de Noviembre del dos mil veintitrés establece “que en atención a los principios bajo los cuales se rige el proceso laboral, la nulidad de los actos procesales, sólo es posible cuando el requisito del que adolece el acto, más que formal tutele la sustancia (principio de trascendencia) o bien cuando el legislador sanciona esa omisión con nulidad (principio de taxatividad); razones por la que los argumentos en que sustenta la nulidad pretendida no recibe amparo legal, dado que la incomparecencia de la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a la Audiencia de Alegaciones previamente señalada y notificada con debida antelación, fue bajo su responsabilidad profesional asumiendo todas sus consecuencias; además de que el Poder a ella otorgado, subsistía al momento de la celebración de la audiencia; por lo que al revisar el expediente en su foliada no existe ningún vicio en el acto procesal llevado a cabo por el Ad-quem; Y fue la procuradora Judicial quién colocó en indefensión al Estado de Honduras: Y en cuanto a la Consulta que establece el recurrente se puede observar en el expediente que fue objeto de Recurso de Apelación como lo establece el artículo 747 párrafo segundo del Código del Trabajo; cumpliéndose lo que establece el artículo 719 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO (14): Que aunado a ello, el recurrente alega que fue de mala fe que actuó la Procuradora Judicial; aduciendo una causal que no existe en ninguno de los requisitos que establece el artículo 212 del Código Procesal Civil, fundamentándose en una “Falacia Omisiva”; en el que el recurrente quiere engañar al alegar una situación que omitió la actora; como es el caso Las falacias son intervenciones en un dialogo que incumplen tales reglas y dificultan la consecución del Objetivo de la discusión, como se muestra en el presente caso; “Omisión por parte de la Procuradora Judicial” por lo que la argumentación que pretende el Recurrente es como un proceso que se analiza según sus efectos persuasivos y disuasorios, por lo que se entiende esta falacia como recursos capciosos que el hablante utiliza con intención de engañar y que provocan la adopción de una creencia o una decisión por parte del Oyente. CONSIDERANDO (15): Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la resolución emitida por el Ad-quem en fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de Alzada ha observado el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido no vulnera el debido proceso, al invocar el recurrente en la resolución que se impugna, que se le declare la admisión de la Nulidad absoluta de actuaciones por prescindir de las normas esenciales del procedimiento desde la Audiencia de Alegaciones; por no haber asistido a la audiencia la procuradora judicial, a pesar de haber sido notificada en legal y debida forma; ya que había renunciado el día veinte de Octubre del dos mil veintitrés; dejando informe que la audiencia se había realizado el dieciocho de Octubre del dos mil veintitrés; sin embargo se le notificó a la Abogada CIVIA GALIANO MALDONADO, a dicha audiencia a la cual no compareció a la misma. Debiéndose aplicar el artículo 172 y 590.3 del Código Procesal Civil; y el 708 párrafo primero, 719 y 726 del Código de Trabajo; en el caso que ella no hubiese podido comparecer por las causas mencionadas en el mismo artículo; como es el caso de la forma que se hacen las notificaciones; como corolario de lo anterior, la resolución impugnada se ha emitido con observancia a las formalidades y garantías que la ley establece y consecuencia de ello no vulnera los derechos que la Constitución establece, específicamente el artículo 90. CONSIDERANDO (16) Esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos; Y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en los artículos 212.4 del Código Procesal Civil, relacionándolo con el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso sin ningún obstáculo a la justicia. CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en cuanto al derecho a que se respeten las formalidades procesales, derechos y garantías establecidas en la ley, en consecuencia no existe vulneración de los demás derechos invocados por el recurrente que engloba el debido proceso, al observar esta Sala de lo Constitucional, que la resolución dictada por el Ad-quem, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad ante la Ley ya que fueron notificadas las dos partes procesales; así como el derecho de defensa el cual no se le ha violentado; ya que fue la misma parte procesal en su condición de Procuradora Judicial que puso en indefensión al Estado y no el Tribunal correspondiente; al emitir una resolución con observancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, respetando y no violentando al recurrente en amparo los derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, mismos que deben imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo motivos suficientes para concluir que el recurso de amparo interpuesto no debe ser otorgado. CONSIDERANDO (19): Que al no otorgar el amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea aplicable, de tal manera que el Tribunal de Alzada dictó resolución en la que con acopio de los diferentes preceptos de la ley adjetiva emitió una resolución con respeto a los preceptos establecidos en la ley procesal civil y aplicables al caso concreto, a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva a quienes acuden a los Tribunales de justicia precisamente invocando esta garantía y así determinar si es procedente confirmar o revocar la resolución impugnada y que fuera dictada en segunda instancia, o los demás alcances que pueda determinar la resolución, según lo preceptuado en la ley y de aplicación específica al caso sub júdice. CONSIDERANDO (20): El Derecho de Defensa emerge también como una garantía para que toda persona no sea afectada o sancionada; sin que antes se le permita conocer los hechos que se le imputan; y en el caso concreto el Tribunal realizó la citación correspondiente a la procuradora Judicial que no compareció a la audiencia de Alegaciones; En cuanto al derecho de igual ante la Ley es la ausencia de privilegios, favores o preferencias; es una regla absoluta, por lo que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas, que se encuentren en las mismas y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes circunstancias. En el cual se citaron en legal y debida forma a las dos partes por igual. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 1, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 2.3.a. del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 172, 200, 206, 207, 208, 212, 421.2, 705, 590.3 y 594 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), contra la resolución de fecha uno (01) de Noviembre del dos mil veintitrés (2023), dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticinco. VISTO: El recurso de reposición interpuesto por la Abogada MARIA BERNARDA MONCADA ZAVALA, en su condición de Representante Procesal Sustituto del Estado de Honduras; contra la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional en fecha veintisiete (27) de febrero del dos mil veinticinco (2025), y por la cual se falla denegando el recurso de amparo interpuesto a favor del Estado de Honduras a través de la extinta SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL); contra el fallo proferido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del departamento de Cortés, en fecha uno (01) de noviembre del dos mil veintitrés (2023). CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes del presente recurso, que la acción de Amparo de mérito fue interpuesta en fecha once (11) de Diciembre del año dos mil veintitrés (2023), denegando la misma en Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintisiete (27) de Febrero del dos mil veinticinco (2025). CONSIDERANDO (2): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (3): Que vista la petición del recurrente, se aprecia una transcripción literal en todas y cada una de sus partes del Recurso de Amparo presentado en fecha once de Diciembre del dos mil veintitrés, de lo cual se puede apreciar que la recurrente funda su petición del recurso de reposición en los mismos argumentos planteados en el recurso de Amparo, argumentos a los cuales esta Sala ya dio respuesta, por ello las pretensiones expuestas por la recurrente Abogado MARIA BERNANRDA MONCADA ZAVALA, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintisiete (27) de Febrero del dos mil veinticinco (2025) que corre agregada en autos, se establece claramente en sus CONSIDERANDOS TRECE (13), CATORCE (14) Y QUINCE (15), las razones que la Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, por considerar que el auto resolutivo de fecha uno (01) de noviembre del dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula del Departamento de Cortés, no es violatoria de la tutela judicial efectiva y ni del debido proceso que arguye el impetrante vulnerados, por ello no existen razones para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (4): Que al argumento planteado por la recurrente en el recurso de reposición, referido a que (SIC)…“Que se vulnera el debido proceso por ser actos en rebeldía a las disposiciones del derecho positivo y Jurisprudencia fijada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en virtud de que la ejecución del fallo, la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula le otorgó el derecho a SEDESOL y además con ello se me otorgó el Efectun Videndi, interpuesto por esta representación del Estado y declaro la firmeza de la Sentencia de la Corte de Apelaciones que condenó a mi representada…” CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5, y 316 de la Constitución de la República; 74, 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 numeral 7 y 8, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada MARIA BERNARDA MONCADA ZAVALA, por las razones que se dejan ya señaladas.- Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.- NOTIFIQUESE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de febrero y reposición de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1626-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL