Sentencia AL-1504-2023 — Registro 20077
Resumen
Acción de amparo interpuesto contra resolución que declara sin lugar incidente por declinatoria por falta de Jurisdicción en razón de la materia con relación a la demanda laboral promovida contra el Estado de Honduras a efecto de que patrono pague en concepto de complemento de salarios percibidos, que en el presente caso de conformidad con lo que señala el artículo 691 del Código del Trabajo, si bien es cierto cualquier persona que en relación de trabajo regulada por el Código del Trabajo pretenda demandar al Estado de Honduras como sucede en el presente caso, es necesario haber agotado la vía administrativa, bien haciéndolo a través del proceso gubernativo ante la Secretaria del Trabajo o bien siguiendo el procedimiento reglamentario, por lo tanto, la opinión del tribunal recurrido con respecto a que está agotado la vía administrativa es correcta, puesto que consta que se presentó el reclamo administrativo, éste fue resuelto de manera negativa dando con ello por finalizado el trámite administrativo o gubernativo de acuerdo a lo que señala la Ley de Procedimiento administrativo citada. De igual manera y en cuanto al defecto procesal de Litispendencia, esta sala considera que no se dan los presupuestos para su existencia, ya que al revisar tanto las causas y la presente demanda se observa que entre las mismas no hay similitud en cuanto al objeto y su petición. - Por las razones antes expuestas, se debe denegar esta acción de amparo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que en el presente caso de conformidad con lo que señala el artículo 691 del Código del Trabajo, si bien es cierto cualquier persona que en relación de trabajo regulada por el Código del Trabajo pretenda demandar al Estado de Honduras como sucede en el presente caso, es necesario haber agotado lo que se conoce como la vía administrativo, bien haciéndolo a través del proceso gubernativo ante la Secretaria del Trabajo o bien siguiendo el procedimiento reglamentario, es decir que previo a interponer la demanda es necesario agotar el tramite gubernativo, dando ese artículo 2 opciones: La Secretaria del Trabajo o lo que disponga el reglamento interno correspondiente. De la lectura estricta del artículo 691 del Código del Trabajo, se reitera que el mismo establece 2 opciones como se ha apuntado, la secretaria del trabajo o el reglamento interno, pero se desprende que el reglamento interno se refiere al hecho cuando el patrono es una persona jurídica privada, porque el Código del Trabajo obliga a cada patrono a tener su propio reglamento interno de trabajo, que dispondrá también de la forma en que se va agotar la vía administrativa previo a una demanda, situación que no acontece en la parte pública, tomando en consideración que cuando el patrono es una entidad administrativa autónoma está regulada precisamente su relación de trabajo por el Código de Trabajo y también por la Ley de Procedimiento Administrativo que señala la forma en que se agota la vía administrativa inclusive en esa institución, por consiguiente en el presente caso de autos se ha podido acreditar que la petición original que ha suscitado el conflicto es una petición de reajuste que una vez denegado, la parte ahora recurrente ha agotado el proceso Gubernativo, interponiendo el correspondiente reclamo administrativo, es decir siguiendo lo que al efecto dispone la Ley de Procedimiento Administrativo a partir de su artículo 60 y 61, por lo tanto el espíritu del artículo 691 del Código del Trabajo lo que pretende es dar la posibilidad en sede administrativa de que se resuelva el conflicto independientemente de la forma en que se haga, ya sea en la Secretaria del Trabajo o siguiendo lo que al efecto señala la Ley de Procedimiento Administrativo en este caso por tratarse de una entidad administrativa autónoma encuadrada dentro de la administración pública a la que le es aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo, tal y como lo ha hecho el ahora recurrente, por lo tanto, la opinión del tribunal recurrido con respecto a que está agotado la vía administrativa es correcta, puesto como ya se dijo que consta de los autos que en efecto se presentó el reclamo administrativo, este fue resuelto de manera negativa dando con ello por finalizado el trámite administrativo o gubernativo de acuerdo a lo que señala la Ley de Procedimiento administrativo que ha sido citada. De igual manera y en cuanto al defecto procesal de Litispendencia, esta sala considera que no se dan los presupuestos para su existencia, ya que al revisar tanto la causa 0801-2018-01015 y la presente demanda 0801-2018-01321-LTO, se observa que entre las mismas no hay similitud en cuanto al objeto y su petición. - Por las razones antes expuestas, se debe denegar esta acción de amparo"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 60 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 61 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INGRID VALESKA CAMBAR CALIX a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha treinta y uno de octubre dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN con relación a la demanda laboral promovida por la señora KARINA ESPERANZA CHANDIAS GUZMAN contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS).A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha doce de octubre del dos mil dieciocho, comparecieron ante el Juzgado de Letras del trabajo del departamento de francisco Morazán, la señora KARINA ESPERANZA CHANDIAS GUZMAN , interponiendo demanda ordinaria laboral contra ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS, a efecto de que patrono pague la cantidad de ciento veinte mil lempiras (L.120.000.00) en concepto de complemento de salarios percibidos desde enero de 2017 más las costas del juicio (Folios 1 al 5 de la primera pieza de antecedentes). 2).- Que, en fecha de diez de agosto del dos mil veintidós, se celebró continuación de audiencia de trámite en la cual la su parte dispositiva resolvió: FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR el Defecto Procesal DE DEMANDA DEFECTUOSA Y DEFECTO PROCESAL DE LITISPENDENCIA, opuestos por la representante procesal de la parte demandada. 2) SIN COSTAS en esta instancia. Y MANDA: I. Que a partir de esta fecha quedan notificados en estrados de este Auto Interlocutorio los Representantes Procesales de las partes. SEGUIDAMENTE CEDIDA QUE LE ES LA PALABRA AL QUE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA QUIEN EN USO DE LA MISMA MANIFIESTA: Que, no estando conforme con el presente fallo, interpone el Recurso de Reposición y subsidiaria Apelación. EL JUZGADO RESUELVE: En vista de lo solicitado por el Representante Procesal de la parte demandada. Declárese SIN LUGAR el Recurso de Reposición, por considerar que las resoluciones antes emitidas están conforme a derecho; ADMITASE el Recurso de APELACION en el efecto devolutivo y manda que la Secretaría del Despacho compulse las principales actuaciones y las remita a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial en donde deberá comparecer el apelante en mejora del recurso, esta resolución amparada en el artículo 741 y 743 del Código del Trabajo.” (Folio 80 -85 Primera pieza Tomo). 3).- Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación presentado contra el auto interlocutorio del que se hace relación en el numeral anterior, dictado por el juzgado de letras del trabajo departamento de Francisco Morazán promovida por la señora KARINA ESPERANZA CHANDIAS GUZMAN , en fecha diez de agosto del dos mil veintidós, en la cual: “…FALLA: 1.- DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada INGRID VALESKA CAMBAR CALIX, en su condición antes indicada. II.- CONFIRMAR el AUTO INTERLOCUTORIO dictado por Juzgado de Letras del Trabajo del departamento Francisco Morazán, el diez de agosto del dos mil veintidós, en la demanda ordinaria laboral registrada bajo 0801-2018-01321 promovida por la señora KARINA ESPERANZA CHANDIAS GUZMAN contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal y Procuradora General de la República, en aquel entonces, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA por actuaciones del FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS).- III.- SIN COSTAS en esta instancia. MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los Apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LOPEZ CRUZ.- Seguidamente le cede la palabra a la Abogada INGRID VALESKA CAMBAR CALIX en su condición de apelante dice: Que por este acto y de conformidad con el artículo 741 del Código del Trabajo interpongo recurso de reposición por no estar conforme con el fallo emitido por esta Honorable Corte.- Y LA CORTE RESUELVE: Declarar Sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la Abogada INGRID VALESKA CAMBAR CALIX en el carácter con que actúa.- Artículo 741 del Código del Trabajo.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. - Firman el acta los señores Magistrados, los Comparecientes y el Secretario del Despacho que da fe.” (Folio 52-54 de la segunda pieza de antecedentes). 4).- Que en fecha diez de noviembre del dos mil veintitrés, la Abogada INGRID VALESKA CAMBAR CALIX , compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS , contra la sentencia dictada en fecha treinta y uno de octubre dos mil veintitrés, por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, de la constitución de la republica Teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha siete de agosto del dos mil veinticuatro. (Folios 01 al 08 y 22 al 33 del recurso de amparo). 5).- Que en fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, quien fue de la opinión porque: III. - OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE el presente amparo, por NO EXISTIR vulneración de las garantías invocadas por la Amparista.” (Folios 38 al 41 del recurso de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ingrid Valeska Cambar Calix, confirmando el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de fecha diez (10) de agosto de dos mil veintidós (2022), con relación a la demanda laboral promovida por la señora KARINA ESPERANZA CHANDIAS GUZMAN contra el ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS).CONSIDERANDO (4): Que expone la recurrente en la interposición de la presente acción de amparo, que la resolución recurrida vulnera los derechos constitucionales del derecho de defensa, al señalar que el actor al acudir ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán no observo en su libelo de la demanda, el procedimiento y la forma que señala la Ley para esta clase de juicios que es el de dirigir correctamente su designación ante el órgano competente; asimismo es evidente su violación cuando está bien claro que el Juzgado de Letras de Francisco Morazán es el incompetente para conocer esta causa, tal como quedó acreditado en el juicio de mérito, de igual forma el apoderado de la parte actora no hizo acto de presencia a la audiencia del fallo del auto interlocutorio, así como también a las audiencias desarrolladas en la Corte de Apelaciones, sin causa debidamente justificada, motivo por el cual además de precluirle el derecho de hacer uso de sus recursos que conforme la Ley le corresponden, interpuesta por el suscrito ante aquellos estrados, considerando esta expresión un allanamiento expreso, al no acudir a dichas audiencias, por lo que es extraordinario, que tanto el A-Quo como el Ad-Quem haya desestimado el incidente por declinatoria por falta de Jurisdicción en razón de la materia, planteado por su persona al propio tiempo, con ese legitimo proceder procesal ha violentado el debido proceso, no resolviendo con precisión el punto litigioso expuesto ante sus estrados.- De igual manera argumenta que se le violento el debido proceso, en vista de haberse declarado sin lugar el incidente por declinatoria por falta de Jurisdicción en razón de la materia, sin embargo de haberse demostrados los vicios que contiene la designación del tribunal para conocer de la demanda, tal como se establece en el contrato en la Cláusula Decima: Resolución de Controversias: Que dice: “Cualquier controversia que surgiere de este contrato, será sometido en todo al derecho administrativo interno de la institución y en última instancia ante la normativa establecida en la Ley de lo Contencioso Administrativo”, es decir que dada la naturaleza de los contratos administrativos estos están sujetos al derecho administrativo. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veintitrés expone en su motivación que de la revisión de la sentencia interlocutoria esta Alzada llega a la conclusión que la persona trabajadora tiene la opción de escoger el procedimiento a seguir, siendo el Reglamento Interno del Trabajo de la Institución o entidad reclamada y el gubernativo se entiende que es el agotamiento del procedimiento que se sigue ante las dependencias competentes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, donde se formula el reclamo y se cita a la persona que se pretende demandar a una audiencia de conciliación para tratar el mismo y posteriormente se cierra y se tiene por agotado el tramite sino hubiera acuerdo, si por el contrario hubiera acuerdo, la conciliación lograda concluye dicha gestión o reclamo. En el presente caso señala que previo a la interposición de la demanda se agotó el procedimiento reglamentario, tal y como lo determina el Juez A-Quo y por esa razón a declarado sin lugar el recurso de apelación. CONSIDERANDO (6): Que en fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministerio Público emite opinión en la cual establece que del examen de las diligencias se observa que las resoluciones recurridas están apegadas a lo establecido en el artículo 134 Constitucional, en relación con el artículo 665 del Código del Trabajo, por esa razón la demanda corresponde al conocimiento del ámbito de la instancia laboral, facultada para establecer si existe una relación laboral existente entre las partes, siendo del criterio que lo resuelto por la alzada se encuentra conforme a derecho y por tanto se debe DENEGAR el presente amparo. CONSIDERANDO (7): Que en el presente caso de conformidad con lo que señala el artículo 691 del Código del Trabajo, si bien es cierto cualquier persona que en relación de trabajo regulada por el Código del Trabajo pretenda demandar al Estado de Honduras como sucede en el presente caso, es necesario haber agotado lo que se conoce como la vía administrativo, bien haciéndolo a través del proceso gubernativo ante la Secretaria del Trabajo o bien siguiendo el procedimiento reglamentario, es decir que previo a interponer la demanda es necesario agotar el tramite gubernativo, dando ese artículo 2 opciones: La Secretaria del Trabajo o lo que disponga el reglamento interno correspondiente. De la lectura estricta del artículo 691 del Código del Trabajo, se reitera que el mismo establece 2 opciones como se ha apuntado, la secretaria del trabajo o el reglamento interno, pero se desprende que el reglamento interno se refiere al hecho cuando el patrono es una persona jurídica privada, porque el Código del Trabajo obliga a cada patrono a tener su propio reglamento interno de trabajo, que dispondrá también de la forma en que se va agotar la vía administrativa previo a una demanda, situación que no acontece en la parte pública, tomando en consideración que cuando el patrono es una entidad administrativa autónoma está regulada precisamente su relación de trabajo por el Código de Trabajo y también por la Ley de Procedimiento Administrativo que señala la forma en que se agota la vía administrativa inclusive en esa institución, por consiguiente en el presente caso de autos se ha podido acreditar que la petición original que ha suscitado el conflicto es una petición de reajuste que una vez denegado, la parte ahora recurrente ha agotado el proceso Gubernativo, interponiendo el correspondiente reclamo administrativo, es decir siguiendo lo que al efecto dispone la Ley de Procedimiento Administrativo a partir de su artículo 60 y 61, por lo tanto el espíritu del artículo 691 del Código del Trabajo lo que pretende es dar la posibilidad en sede administrativa de que se resuelva el conflicto independientemente de la forma en que se haga, ya sea en la Secretaria del Trabajo o siguiendo lo que al efecto señala la Ley de Procedimiento Administrativo en este caso por tratarse de una entidad administrativa autónoma encuadrada dentro de la administración pública a la que le es aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo, tal y como lo ha hecho el ahora recurrente, por lo tanto, la opinión del tribunal recurrido con respecto a que está agotado la vía administrativa es correcta, puesto como ya se dijo que consta de los autos que en efecto se presentó el reclamo administrativo, este fue resuelto de manera negativa dando con ello por finalizado el trámite administrativo o gubernativo de acuerdo a lo que señala la Ley de Procedimiento administrativo que ha sido citada. De igual manera y en cuanto al defecto procesal de Litispendencia, esta sala considera que no se dan los presupuestos para su existencia, ya que al revisar tanto la causa 0801-2018-01015 y la presente demanda 0801-2018-01321-LTO, se observa que entre las mismas no hay similitud en cuanto al objeto y su petición. - Por las razones antes expuestas, se debe denegar esta acción de amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 60 y 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1 y 691 del Código del Trabajo; FALLA: DENEGAR la presente acción de Amparo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1504-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL