Sentencia AL-1469-22 — Registro 20103
Resumen
Resolución que declara sin lugar incidente de nulidad de actuaciones; asimismo revoca el auto interlocutorio que manda a requerir representante de parte demandada para que proceda al reintegro de recurrente con relación Demanda Ejecutiva de una obligación de hacer y Dar contentiva en el reintegro en el cargo ; Recurrente solicitó que se procediera por la vía de apremio, es así que la juez , ordeno se requiera nuevamente a demandada para que procediera al reintegro de demandante y al pago de los demás derechos, contenidos en el requerimiento, La Sala Constitucional concluye confirmar que Acta de Emplazamiento precitada no es un Título Ejecutivo laboral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 769 del Código del Trabajo relacionado al artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo. no cumple con los presupuestos legales.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que las resoluciones de fecha dieciséis (16) de septiembre del dos mil veintidós y veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso, derecho de defensa y legalidad, que arguye el impetrante vulnerados; Con la resolución de fecha dieciséis de septiembre del dos mil veintidós, que revoca el auto interlocutorio de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, el Tribunal Ad-Quem subsana el hierro cometido por el A-quo, quien sin motivación alguna rechaza la nulidad absoluta de actuaciones, bajo el único argumento que al momento de admitir la demanda ejecutiva consideró y sigue considerando que la misma si cumple con los presupuestos procesales exigidos por la ley. Ante este alegato el Tribunal de Alzada razona y motiva la resolución emitida, dejando establecido que la resolución que en el ámbito de sus atribuciones dicte la autoridad del trabajo, no sustituye la función jurisdiccional del trabajo, pues las pretensiones de reintegro, derechos adquiridos, así como los salarios dejados de percibir, solo pueden ser condenados por la autoridad jurisdiccional, por lo que el documento que le sirve al demandante para presentar demanda ejecutiva, no constituye título ejecutivo por no reunir los requisitos contenidos en el artículo 779 del Código del Trabajo; asimismo en relación a la resolución de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada revoca el auto interlocutorio dictado por el A-quo en fecha veintitrés de julio del dos mil veintiuno, en el cual ordena que a través del receptor del Despacho se requiera nuevamente al señor Roberto Breve Reyes, para que proceda a reintegrar a la señora María Yaneth Castillo Molina, en el cargo de supervisora y restauradora de documentos en el departamento de archivo general del Registro Nacional de las Personas. A esta resolución el Tribunal de Alzada señala que el acta de emplazamiento número ILN-200131-60005 de fecha 12 de enero del dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, no reviste el carácter de título ejecutivo de acuerdo a la normativa establecida en el Código del Trabajo, para exigir el cumplimiento de derechos laborales infringidos al trabajador. Dando respuesta el Tribunal de alzada en forma motivada y con fundamentos jurídicos a las pretensiones de las partes en los recursos de apelación interpuestos por la representante procesal del Registro Nacional de las Personas. En ese sentido, advierte la Sala de lo Constitucional que el Ad-quem a dictado resolución en base al principio de legalidad, en observancia al debido proceso y principio de legalidad que el recurrente aduce vulnerados. Este Alto Tribunal, analizadas las resoluciones proferidas por la Corte de Apelaciones del trabajo de Tegucigalpa en fecha dieciséis (16) y veinticuatro (24) de septiembre del dos mil veintidós (2022), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a estimar los recursos de Apelación interpuestos y revoca los autos interlocutorios dictados por el A-quo. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, derecho de defensa y legalidad, argumentos que no tienen sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. "
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 779 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil veinticinco. VISTO: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, a favor de la señora MARIA YANETH CASTILLO MOLINA, contra las resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fechas dieciséis y veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra los autos interlocutorios dictados por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ejecutiva Laboral contraída a pedir el reintegro en el cargo de supervisora y restauradora de documentos en el departamento de archivo central del Registro Nacional de las Personas, promovida por la señora MARIA YANETH CASTILLO MOLINA, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS(RNP). A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo departamento de Francisco Morazán, la señora MARIA YANETH CASTILLO MOLINA, presentando DEMANDA EJECUTIVA DE UNA OBLIGACION DE HACER CONTENTIVA EN EL REINTEGRO EN EL CARGO DE SUPERVISORA Y RESTAURADORA DE DOCUMENTOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO CENTRAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS Y UNA OBLIGACIONDE DAR CONSISTENTE EN EL PAGO DE LPS.210,700.00 CONTENIDO EN DOCUMENTO INDUBITADO EXTRA JUDICIAL DE INDOLE ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION DE LA INSPECTORIA DE TRABAJO EN APLICACIÓN DE LO QUE ESTABLECE LA LEY DE INSPECCION DE TRABAJO, contra EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS a través del señor ROBERTO BREVE REYES en su condición de presidente de la junta interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP). (Folios 01-02 de la pieza del A-quo) 2) En fecha veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021) el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó Resolución mediante la cual Resolvió:” PRIMERO: Que en fecha 19 de enero del año 2021 la señora FANNY CAROLINA FLORES DEL CID en su condición de demandante compareció ante este juzgado a promover demandada ejecutiva de una obligación de hacer contentiva en el reintegro en el cargo de supervisora y restauradora de documentos, en el Departamento de archivo central del Registro Nacional de las personas y una obligación de dar consistente en el pago de Lps. 200,700.00, contentivo en documento indubitado extra judicial de índole administrativo mediante resolución de la inspectoría de trabajo en aplicación de lo que se establece la ley de inspección de trabajo. Costas, interpuesta por la hoy demandante a través del señor ROBERTO BREVE REYES. SEGUNDO: Que en fecha 25 de marzo del año 2021 este Honorable Juzgado procedió a requerir en legal y debida forma al señor Roberto Breve Reyes para que en el acto del requerimiento informara a este tribunal la fecha, día y hora en que la señora MARÍA YANETH CASTILLO MOLINA deberá reintegrarse en el cargo de supervisora y restauradora de documentos, en el departamento de archivo central del Registro Nacional de las Personas, y que así mismo se le pagara la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.210,700.00) a favor de la demandante, sirviéndose como título ejecutivo el acta de emplazamiento número ILN-200131-0801-60005 de fecha 12 de enero del año 2021, acta de incumplimiento de fecha 18 de enero del 2021 levantada por Claudio Cesar Funez Cárcamo, emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. TERCERO: Que en fecha 21 de abril del presente año se procedió a requerir al señor Roberto Breve Reyes en su condición de representante legal del Registro Nacional de las Personas, tal y como consta en el expediente de mérito según constancia por parte del receptor del despacho CUARTO: que en fecha 22 de abril del año 2021 comparece la Abogada Fanny Carolina Flores Del Cid personándose en la presente demanda ejecutiva en su condición de Representante Legal del Registro Nacional de las Personas y así mismo presentando oposición a la misma fundando dicha acción en NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, está a partir del auto de fecha 25 de marzo del año 2021 argumentando que dicha nulidad es procedente ya que el acta de emplazamiento número ILN-200131-0801-60005 no es considerada como una resolución administrativa y así mismo la demandante pretende sorprender a este Juzgado con dichos documentos que supuestamente no reúnen los presupuestos legales exigidos por la ley para considerarlo como título ejecutorio. QUINTO: Que este Juzgado al momento de admitir la demanda ejecutiva consideró y sigue considerando que la misma si cumple con los presupuestos procesales exigidos por la ley para seguir con el trámite de la misma y que se tiene que seguir con el curso normal de la misma ya que el artículo 786 del Código del Trabajo establece: "Que en el juicio ejecutivo no cabrán incidentes ni excepciones, salvo la de pago verificado con posterioridad al título ejecutivo. El excepcionalmente de pago, junto con su excepción, presentara las pruebas en las que se funde y el Juez fallara de plano." Por lo que este Honorable Juzgado RECHAZA la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES solicitada por la representante procesal de la parte demandada y así mismo, téngase por Personada a la misma en las presentes diligencias y que se continúe con el transcurso normal del presente juicio. Artículos 667,718 y 858 del Código del Trabajo, Artículo 204 numeral 3 del Código Procesal civil. NOTIFIQUESE. (Folios 33-34 pieza del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición Representante Legal de la parte demandada apelante, contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022), falló: (Sic) ”FALLA: 1° Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID.- 2º REVOCAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintidós de junio del año dos mil veintiuno que corre a folios 10 y 11 de la pieza compulsada; 3° SIN COSTAS en esta instancia. MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los Apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada MORALES TORO.- Seguidamente se le cede la palabra al Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES en su condición de Apoderado Apelado dice: Que no estando conforme con el fallo emitido por esta Honorable Corte interpongo recurso de reposición.- Artículo 741 del Código del Trabajo.- Y LA CORTE RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES en el carácter con que actúa.- Artículo 741 del Código del Trabajo.- Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia. (Folios 27-33 vuelto del expediente del A-quem. 4) Que en fecha veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, dictó Resolución mediante la cual Resolvió: PRIMERO: Que en fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno este Honorable ordeno que se requiriera en legal y debida forma al señor Roberto Breve Reyes en su condición de Representante Legal Del Registro Nacional De Las Personas (RNP) para que en el acto del mismo se reintegrara a la señora María Yaneth Castillo Molina en el cargo de supervisora y restauradora de documentos, en el departamento central del Registro Nacional de las Personas y así mismo se pagara la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.210,700.00) a favor de la demandante. SEGUNDO: Que en fecha veintiuno de Abril del año dos mil veintiuno, el Receptor del Despacho procedió a requerir personalmente en legal y debida forma al señor Roberto Breve Reyes a efecto de que comunicara a este Tribunal la fecha y hora que la señora María Yaneth Castillo Molina, seria reintegrada a su puesto de trabajo y así mismo el pago de la cantidad adeudada, en el cual no se materializo tanto el reintegro como el pago ordenado por este Honorable Juzgado y de esta manera no acatando una orden judicial. TERCERO: Que en cuanto al embargo solicitado por el compareciente, este Honorable Juzgado ha determinado declarar sin lugar el mismo en virtud que la demandante no se encuentra reintegrada en su puesto de trabajo, teniendo que se practicado el mismo en el momento procesal oportuno. CUARTO: Que Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes, juzgar y ejecutar lo juzgado; y tomando en consideración que se sirve de un título ejecutivo el acta de emplazamiento número ILN-200131-0801-60005 de fecha 12 de enero del año 2021 emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social este Honorable Juzgado MANDA que a través del Receptor del Despacho se requiera nuevamente personalmente en legal y debida forma al señor ROBERTO BREVE REYES en su condición de Presidente de la Junta Interventora del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) para que proceda a: REINTEGRAR a la señora MARIA YANETH CASTILLO MOLINA en el cargo de supervisora y restauradora de documentos en el departamento de Archivo Central. Haciéndole la advertencia a la persona que incumpla con esta disposición ordenada por este Tribunal se procederá por la VÍA DE APREMIO sin perjuicio de las demás acciones que origine dicho incumplimiento. Asimismo, en caso de que no se cumpla con el plazo indicado anteriormente la Suscrita se hará valer de los apremios legales establecidos en el Código del Trabajo y la norma supletoria Artículo 113, 779 y 858 del código del trabajo. Se hace constar que hasta esta fecha se resuelve en virtud de la excesiva carga de trabajo de este Tribunal Artículos 22, 115 del código Procesal Civil. - Art. 858 del Código del Trabajo. NOTIFIQUESE-. (Folio 39 pieza del A-quo) 5) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición Representante Legal de la parte demandada apelante, contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022), mediante la cual falló: FALLA: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID como apoderada procesal demandada.- II.- REVOCANDO el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintitrés de julio del año dos mil veintiuno, resolviendo la comparecencia de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintiuno 2021) del Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES en su condición de parte procesal demandante, SIN LUGAR por improcedente, por las consideraciones y fundamentos de derechos expuestos en esta sentencia.- III.-SIN COSTAS en esta instancia. - MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los Apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ASFURA ASFURA.- Seguidamente le cede la palabra al Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES en su condición de apelado quien dice: Que por este acto y de conformidad con el artículo 741 del Código del Trabajo interpongo recurso de reposición por no estar conforme con el fallo emitido por esta Honorable Corte.- Y LA CORTE RESUELVE: Declarar Sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES en el carácter con que actúa.- Artículo 741 del Código del Trabajo.- (Folio 33-36 del expediente del A-quem) 6) Que, en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, compareció el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora MARIA YANETH CASTILLO MOLINA, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representados, los derechos y garantías constitucionales establecidas en los artículos 64, 80, 82, 90, 106, 228.15, 304, 321 y 323 de la Constitución de la República. Se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, de fecha nueve (09) de octubre de dos mil veintitrés (2023), en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 50-55 del recurso). 7) En fecha nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada MERCEDES DUBON, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…Consecuente con lo anterior, es que se comparte el criterio del Tribunal de Alzada referente a las resoluciones de fechas dieciséis (16) y veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), pues como ya se dijo, el acta de emplazamiento precitada no es un título ejecutivo laboral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 769 del Código del Trabajo relacionado al artículo 81 de la Ley de Inspección del Trabajo; por lo que se estimó procedente decretar la nulidad de actuaciones a partir del auto de admisibilidad de la referida demanda. IV CONCLUSION: por lo anterior expuesto, el ministerio público es del parecer Que NO SE OTORGE la presente acción de amparo, en virtud que NO se ha vulnerado el debido proceso y demás derechos constitucionales invocados por el impetrante. (Folios 60-64 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Resolución dictada en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación de la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha veintidós (22) de junio del dos mil veintiuno y la Resolución dictada en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación de la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha veintitrés (23) de julio del dos mil veintiuno, en la Demanda Ejecutiva de una obligación de hacer contentiva en el reintegro en el cargo de supervisora y restauradora de documentos en el Registro Nacional de las Personas y una obligación de dar consistente en el pago de Lps. 210,700.00, contenido en documento indubitado extrajudicial de índole administrativo, promovida por la señora María Yaneth Castillo Molina, en contra del Registro Nacional de las Personas”; resoluciones por la cuales el Tribunal Ad-quem DECLARA CON LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos por la Abogada Fanny Carolina Flores del Cid, en su condición de representante procesal del Registro Nacional de las Personas y REVOCA el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán dictado en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintiuno que declara sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones; asimismo REVOCA el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán dictado en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veintiuno que manda a requerir al señor Roberto Breve Reyes, en su condición de Presidente de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) para que proceda a REINTEGRAR a la señora María Yaneth Castillo Molina, en el cargo de supervisora y restauradora de documentos en el departamento de archivo central. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente Abogado JOSE LAMOTHE ROSALES, muestra su descontento con las resoluciones que se dejan relacionadas en el acápite anterior, por estimar que la misma vulnera en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; arguye el impetrante que se violentó el derecho de defensa, debido proceso y principio de legalidad, los que desarrolla de la siguiente manera: 1) Principio de Legalidad basado en el artículo 64 de la Constitución de la República: Argumenta que el titulo ejecutivo que contiene la obligación del Registro Nacional de las Personas, esta basado en ley y por lo tanto se deriva de un procedimiento administrativo iniciado por la inspectoría general del trabajo a petición de parte, por violación a lo establecido en el artículo 516 del Código del Trabajo, porque su representada siendo miembro de la junta directiva central del sindicato de trabajadores del registro nacional de las personas, fue despedida sin comprobar previamente ante el juzgado de letras del trabajo la justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, por lo cual de conformidad a lo que establece el artículo 73 de la Ley de inspección del trabajo faculta al interesado proseguir con la acción judicial en caso de incumplimiento, con fundamento en el artículo 81 de la ley relacionada por haber adquirido firmeza el emplazamiento ejercitado por la inspectoría del trabajo, artículo que dispone: “la resolución que sea firme, tiene el carácter de titulo ejecutivo respecto a las obligaciones que contiene”, por ello en fecha 19 de enero del 2021 se interpuso demanda ejecutiva en el juzgado de letras del trabajo de dos obligaciones la primera de hacer (el reintegro) y la segunda de dar (salarios dejados de percibir) contenidos en el acta de emplazamiento. Arguye que con la revocatoria en el recurso de apelación por haber negado el juez a-quo un incidente de nulidad en sentencia interlocutoria de fecha 16 de septiembre del 2022 el Ad-quem violento el principio de legalidad, pues la demanda fue admitida por el juez de letras basada en una resolución administrativa que contiene obligaciones basadas en ley, pues no puede un órgano de segunda instancia considerar la invalidez de un documento que por ser de índole administrativa, solo puede ser declarada su invalidez por el juzgado contencioso administrativo o por amparo administrativo. Siendo que el Registro Nacional de las Personas incumplió el requerimiento ejecutado por el receptor del Despacho, se solicitó que se procediera por la vía de apremio, es así que la juez en auto de fecha 23 de julio del 2021, ordeno se requiera nuevamente al señor Roberto Breve Reyes, para que procediera al reintegro de la demandante y al pago de los demás derechos, contenidos en el requerimiento, resolviendo por recurso de apelación el Ad-quem en fecha 23 de septiembre del 2023 declarando con lugar el recurso de mérito y revocando el auto interlocutorio. 2) Derecho de defensa: argumenta vulneración a este derecho, porque su representada fungía como fiscal de la junta directiva central del sindicato de trabajadores del Registro nacional de las personas y de conformidad con el artículo 516 del Código del Trabajo, no podía ser despedida sin comprobar previamente ante el juez de letras del trabajo la justa causa para dar por terminado el contrato, por tal razón se solicitó la intervención de la inspectoría del trabajo con fundamento en el artículo 73 de la ley de inspección. Como la inspectoría del trabajo comprobó la violación del fuero sindical de su representada dicto resolución y emplazo mediante acta de fecha 12 de enero del 2021, al Registro Nacional de las Personas para que procediera al reintegro de su representada, con el pago de los salarios dejados de percibir, concediéndole un plazo de 3 días, no cumpliendo con dicho emplazamiento, el inspector del trabajo en fecha 18 de enero del 2021 comprobó tal extremo y en aplicación de lo que establece el artículo 81 de la ley de inspección de trabajo, y al derecho de defensa se presentó demanda ejecutiva la que fue admitida por la juez A-quo. 3) Debido proceso: Arguye vulneración al debido proceso porque, habiendo adquirido firmeza la resolución que derivo en el emplazamiento por violación de lo que dispone el artículo 516 del Código del Trabajo, y en virtud de que el artículo 73 de la ley de inspección del trabajo, que se refiere a que el despido de líderes sindicales sin agotar el procedimiento correspondiente, procede el reintegro vía administrativa mediante el emplazamiento administrativo por parte de la inspectoría general del trabajo y habiéndose comprobado la violación de los derechos relacionados se dicto resolución derivando en el emplazamiento el cual se produjo el 12 de enero del 2021, otorgándole 3 días al registro nacional de las personas para que reintegrara a su representada, lo que no ocurrió y por ello se levanto el acta de comprobación por medio del inspector del trabajo, en el que se comprobó que no fueron corregidas las infracciones que se produjeron con el despido de su representada. Por lo cual con el incumplimiento del emplazamiento y habiendo transcurrido el plazo otorgado, la resolución adquirió el carácter de firme de conformidad a lo que establece el artículo 81 de la ley de inspección del trabajo. Arguye que la resolución que derivó en el emplazamiento por las violaciones de derechos a su representada, en aplicación del artículo 73 de la ley de inspección al trabajo, puede ordenar el reintegro del despido de dirigentes sindicales cuando no se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 516 del código del trabajo y siendo que el artículo 81 le da el carácter de título ejecutivo a las obligaciones que contiene la resolución de emplazamiento, al revocar el auto donde la juez declara sin lugar la nulidad del auto de admisión de la demanda, se violento el debido proceso, puesto que su admisión y trámite esta basado en ley. Manifiesta que si la parte demandada incumplió lo ordenado por la inspectoría general del trabajo y este adquirió firmeza y en consecuencia documento indubitado en aplicación de lo que establecen los artículos 73 y 81 de la ley de inspección del trabajo, no es lógico, pertinente e idóneo presentar un juicio ordinario cuando se ha obtenido la tutela de un derecho laboral mediante una resolución administrativa firme, por ello se violenta el debido proceso. Por último, señala que las sentencias impugnadas adolecen de fundamentación jurídica, puesto que las normas que se invocan no son vinculantes ni aplicables al caso concreto, las vinculantes son los artículos 73 y 81 de la Ley de Inspección del Trabajo. CONSIDERANDO (4): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 64, 82 párrafo primero y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que por su orden disponen: “No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.”; “El derecho de defensa es inviolable,”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”. CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta entre otras cuestiones la resolución que se impugna de fecha dieciséis de septiembre del dos mil veintidós, en lo siguiente: “CONSIDERANDO (6): Que los artículos de la Ley de Inspección Laboral a la que hace alusión el demandante y la resolución que al final dicte en el ámbito de sus atribuciones efectivamente constituye título ejecutivo pero con respecto a las obligaciones que contiene, las que van dirigidas a sanciones de índole pecuniaria por malos despidos o cualquier otra infracción cometida por la protección de que gozan algunos trabajadores (estado de gravidez, incapacidad etc.,), y son multas, no podría pronunciarse sobre aspectos que son de índole jurisdiccional, ya que su objetivo es regular el sistema integrado de inspección de Trabajo y seguridad social, promover vigilar y garantizar que patronos y trabajadores cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas al trabajo, previsión social y normas laborales, pero en ningún momento conllevan a sustituir a la jurisdicción del trabajo, ya que este entra a tutelar los derechos que nacen de la ruptura de una relación laboral, la cual debe ser probada en un juicio ordinario laboral, para que sea el juez del trabajo quien se pronuncie sobre la procedencia o no de las pretensiones de las partes, estos tienen relación con el reintegro, o prestaciones laborales, salarios dejados de percibir, pago del fuero sindical al sindicato, entre muchas prensiones, para lo cual debe de producirse prueba, ya que de lo contrario se violentarían normas esenciales del procedimiento que en su conjunto forman el debido proceso, incluso en el tema de la sanción pecuniaria que establece el orden administrativo debe de respetarse el derecho de defensa, de lo contrario se incurre en responsabilidad. CONSIDERANDO (8): Que en ese orden de ideas, en el caso bajo examen, esta Corte de Apelaciones, al menos en la compulsa remitida por el Tribunal de primera instancia, no consta el supuesto documento que el A-quo ha tenido como título ejecutivo, pero con la referencia que hace en la admisión de la demanda y despacho de ejecución, podríamos igualmente concluir que esa acta del inspector del trabajo, que recoge el incumplimiento de una resolución administrativa, de la dirección del trabajo y seguridad social, con las pretensiones del demandante, deba considerarse un título ejecutivo laboral, ya que ese documento no emana del deudor o sea del patrono ni de su representante, en donde estos acepten la existencia de un despido y hayan acordado o propuesto al menos el reintegro de la demandante y los salarios dejados de percibir y los otros derechos que reclama, tampoco esta resolución se puede equiparar a una sentencia definitiva firme dictada por un Tribunal en el orden jurisdiccional, o provenga de un laudo arbitral producto del sometimiento del conflicto laboral a un tribunal arbitral, no encontrando la razón por la cual el Jue de primera instancia, sin ninguna motivación, asume que esa acta a que se refiere en la admision de la demanda es un título ejecutivo laboral, pues sin ser muy estudiosos del derecho, pero con la suficiente lógica jurídica en la interpretación de la normativa de la cual es especialista el que juzga, llega a la conclusión, que lo peticionado por la demandante en el libelo de la demanda, en primer lugar, si bien se debe agotar la vía administrativa por ser un ente público, al no encontrar respuesta en ese ámbito, si se trata de obligaciones que nacen de una relación de trabajo en el marco de la jurisdicción laboral, y esos derechos no han sido reconocidos por el empleador en ningún documento indubitado, ese tipo de pretensiones solo las puede dilucidar un juez del trabajo y por la vía del juicio ordinario, ya que es necesario que el derecho sea declarado por la vía jurisdiccional y a través de una sentencia condenatoria, eso con respecto al reintegro y a los derechos adquiridos; en cuento a los salarios dejados de percibir, igualmente solo pueden ser condenados por la autoridad jurisdiccional y después de acreditarse en el proceso con las pruebas pertinentes la existencia de un despido ilegal e injusto que le acarrea responsabilidad al patrono, pues el origen de esos salarios, como bien lo conoce la juzgadora, se generan de un despido mal realizado por el patrono y es una sanción procesal indemnizatoria, los cuales empiezan a correr desde el momento del despido hasta que la sentencia cause firmeza; ahora bien, si entendiéramos que lo que plantea la demandante es que se le paguen los salarios adeudados que pareciera que es su pretensión, debe acreditar en el juicio ordinario laboral, con la prueba correspondiente que esos salarios no le han sido pagados, en ese contexto, la demanda ejecutiva presentada, no tiene ningún asidero legal para su admisión.”. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de Alzada, fundamenta entre otras cuestiones la resolución que se impugna de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veintidós, en lo siguiente: “CONSIDERANDO (5): Que el Decreto Legislativo No. 178-2016 de fecha 23 de enero del 2017 contentivo de la Ley de Inspección del Trabajo publicado en el Diario oficial La gaceta de fecha 15 de marzo del 2017 numero 34290, establece un PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO para la aplicación de SANCIONES de carácter monetario al patrono por el incumplimiento de normativas laborales indicadas en los artículos 71, 72 y 73 de la respectiva Ley de Inspección del Trabajo. Que de acuerdo al artículo 87 de la referida ley, una vez seguido el procedimiento administrativo, la resolución que se produzca una vez firme tendrá el carácter de titulo ejecutivo respecto de las obligaciones que contiene; dichas infracciones o incumplimiento de las obligaciones, se sanciona con multa pecuniaria establecida en la referida ley. Siendo entonces que la indicada resolución una vez firme constituye título ejecutivo para la imposición de la respectiva sanción, dando lugar al incumplimiento de una obligación de dar por la imposición de una multa pecuniaria; no así, a la obligación de hacer o de dar, que pretende la parte actora con su inusual demanda ejecutiva laboral ante esta jurisdicción. CONSIDERANDO (6): Que los procedimientos especiales denominados juicios ejecutivo laboral, proceden para exigir ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada de una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o que emane de una decisión judicial. Que el acta de emplazamiento numero ILN-20131-60005 de fecha 12 de enero del año 2021 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, no reviste el carácter de titulo ejecutivo de acuerdo a la normativa establecida por el Código del Trabajo, para exigir el cumplimiento de los derechos laborales infringidos al trabajador.”. CONSIDERANDO (7): Que el argumento principal en la garantía de Amparo, se centra en que el acta de emplazamiento en la solicitud ILN-200131-0801-60005, realizado al Registro Nacional de las Personas en fecha doce de enero del dos mil veintiuno, por el Inspector del Trabajo Claudio Cesar Funez Cárcamo, en la que requiere al señor Roberto Breve Reyes, en su condición de Presidente de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, a fin de que proceda al REINTEGRO EN SU PUESTO DE TRABAJO A LA SEÑORA MARIA YANETH CASTILLO MOLINA, DEBIENDO PAGAR LAS CANTIDADES INDICADAS EN EL EMPLAZAMIENTO (ver folio 16 al 23 de la pieza del recurso), a criterio del pedidor, en aplicación del artículo 73 de la Ley de Inspección de Trabajo, se puede ordenar el reintegro de su representada y siendo que dicha resolución adquirió firmeza según lo dispone el artículo 81 de la misma ley, esta resolución adquiere el carácter de título ejecutivo, y por lo tanto le sirve de fundamento en la Demanda Ejecutiva que ha promovido ante el Juzgado de Letras del Trabajo con la pretensión que se ordene el reintegro de su representada al cargo de supervisora y restauradora de documentos en el archivo central del Registro Nacional de las Personas y se pague la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (L. 210,700.00) en concepto de salarios dejados de percibir, en virtud que su representada era miembro de la directiva del sindicato de trabajadores del Registro Nacional de las Personas y se despidió sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 516 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO (8): Que el Decreto Legislativo No. 178-2016 de fecha 23 de enero del 2017 contentivo de la Ley de Inspección del Trabajo publicado en el Diario oficial La Gaceta de fecha 15 de marzo del 2017 numero 34290, en el artículo 81 de la referida ley, y que le sirve de fundamento al pedidor de la presente garantía de amparo, dispone: “La resolución que sea firme, tendrá carácter de título ejecutivo respecto de las obligaciones que contiene.”. Realizado un análisis de la presente Ley en todo su contexto, la Sala advierte que la referida Ley establece un procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones pecuniarias por infracciones administrativas en materia laboral, por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el ordenamiento laboral; es así que seguido el procedimiento establecido en los artículos 74 al 78 de la Ley en comento, la autoridad competente (el jefe del cuerpo de inspectores de cada Oficina Regional de Trabajo) como primera instancia, dicta resolución que ponga fin al procedimiento administrativo aplicando la sanción que corresponda, dicha resolución puede ser impugnada por la parte acreedora de la sanción, haciendo uso del recurso de apelación (conoce en segunda instancia la Dirección General de Inspección de Trabajo), con ello se pone fin a la vía administrativa. En ese sentido, la resolución a la que hace referencia el artículo 81 ya señalado, es la resolución que ponga fin al proceso administrativo, el que ha sido desarrollado respetando las garantías fundamentales de las partes, resolución que debe ser firme, para que pueda tener el carácter de título ejecutivo. Cabe destacar también que, seguido el procedimiento establecido en la presente ley, si la autoridad competente determina la procedencia de una sanción por infracciones administrativas en materia laboral, se debe sancionar con multa pecuniaria tal como lo señala el artículo 87 de la Ley en referencia. Entendiéndose tal y como lo señala el artículo 94 de la misma ley, que estas sanciones deben imponerse sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que pueda incurrir los infractores y sin perjuicio de cualquier acción civil o laboral que corresponda. CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la Republica en el Artículo 129 dispone: “La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en conceptos de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios.” En ese sentido el Código del Trabajo en el artículo 113 señala: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) El ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte del este artículo; y b) Si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero sí a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio.” Esta Sala de lo Constitucional advierte que, tal y como lo dispone la normativa señalada, la jurisdicción del trabajo ha sido instituida para tutelar los derechos que nacen de las relaciones laborales, las causas deben ser probadas en juicio ordinario, siguiendo las normas esenciales de procedimiento, en el cual debe producirse prueba, a efecto de que el Juez competente se pronuncie mediante sentencia definitiva declarando la procedencia o no de las pretensiones de las partes relacionadas al reintegro, pago de salarios caídos, entre otras obligaciones que pueden derivar de la ruptura laboral. Esta función es exclusiva de los órganos jurisdiccionales competentes y no de los inspectores de trabajo, a quienes se les ha atribuido otras facultades definidas en el artículo 13 de la Ley de Inspección de Trabajo. CONSIDERANDO (10): Que, el primer párrafo del artículo 779 del Código del Trabajo reza: “Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento indubitado que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.”. En ese sentido advierte esta Sala, que el acta de emplazamiento que obra a folio cuatro (4) al trece (13) del antecedente, no constituye título ejecutivo, al no cumplir con los requisitos contenidos en la norma ya citada, no constituye título ejecutivo, ello porque no es un documento indubitado proveniente del deudor; no emana de una decisión Judicial; tampoco emana de una decisión arbitral. Dichas actas de inspección solo dan inicio al procedimiento administrativo tal como lo señala el artículo 67 de la Ley de Inspección de Trabajo, procedimiento que como ya se dijo, debe observar el debido proceso, para que al finalizar dicho procedimiento se produzca por parte de la autoridad competente, una resolución que ponga fin al procedimiento, la cual una vez firme si constituye título ejecutivo, pero con respecto a obligaciones de cumplimiento de sanciones de índole pecuniaria, pero en ningún momento conlleva a sustituir a la jurisdicción del trabajo. CONSIDERANDO (11): Que en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional, encuentra que las resoluciones de fecha dieciséis (16) de septiembre del dos mil veintidós y veintitrés (23) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso, derecho de defensa y legalidad, que arguye el impetrante vulnerados; Con la resolución de fecha dieciséis de septiembre del dos mil veintidós, que revoca el auto interlocutorio de fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, el Tribunal Ad-Quem subsana el hierro cometido por el A-quo, quien sin motivación alguna rechaza la nulidad absoluta de actuaciones, bajo el único argumento que al momento de admitir la demanda ejecutiva consideró y sigue considerando que la misma si cumple con los presupuestos procesales exigidos por la ley. Ante este alegato el Tribunal de Alzada razona y motiva la resolución emitida, dejando establecido que la resolución que en el ámbito de sus atribuciones dicte la autoridad del trabajo, no sustituye la función jurisdiccional del trabajo, pues las pretensiones de reintegro, derechos adquiridos, así como los salarios dejados de percibir, solo pueden ser condenados por la autoridad jurisdiccional, por lo que el documento que le sirve al demandante para presentar demanda ejecutiva, no constituye título ejecutivo por no reunir los requisitos contenidos en el artículo 779 del Código del Trabajo; asimismo en relación a la resolución de fecha veintitrés de septiembre del dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada revoca el auto interlocutorio dictado por el A-quo en fecha veintitrés de julio del dos mil veintiuno, en el cual ordena que a través del receptor del Despacho se requiera nuevamente al señor Roberto Breve Reyes, para que proceda a reintegrar a la señora María Yaneth Castillo Molina, en el cargo de supervisora y restauradora de documentos en el departamento de archivo general del Registro Nacional de las Personas. A esta resolución el Tribunal de Alzada señala que el acta de emplazamiento número ILN-200131-60005 de fecha 12 de enero del dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social, no reviste el carácter de título ejecutivo de acuerdo a la normativa establecida en el Código del Trabajo, para exigir el cumplimiento de derechos laborales infringidos al trabajador. Dando respuesta el Tribunal de alzada en forma motivada y con fundamentos jurídicos a las pretensiones de las partes en los recursos de apelación interpuestos por la representante procesal del Registro Nacional de las Personas. En ese sentido, advierte la Sala de lo Constitucional que el Ad-quem a dictado resolución en base al principio de legalidad, en observancia al debido proceso y principio de legalidad que el recurrente aduce vulnerados. Este Alto Tribunal, analizadas las resoluciones proferidas por la Corte de Apelaciones del trabajo de Tegucigalpa en fecha dieciséis (16) y veinticuatro (24) de septiembre del dos mil veintidós (2022), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a estimar los recursos de Apelación interpuestos y revoca los autos interlocutorios dictados por el A-quo. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; uno de esos derechos es la aplicación de la ley al caso en concreto, en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; en ese orden de ideas el recurrente centra su acción constitucional al estimar infringido el derecho al debido proceso, derecho de defensa y legalidad, argumentos que no tienen sustento legal, ello en relación a lo expuesto en la acción constitucional impetrada. CONSIDERANDO (13): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 94, 129, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 113, 779 del Código de Trabajo; 1, 13, 67, 73, 79, 81, 87, 94 y 99 de la Ley de Inspección de Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, a favor de la señora MARIA YANETH CASTILLO MOLINA, contra las Sentencia Interlocutorias dictadas por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, en fecha dieciséis (16) y veintiséis (26) de septiembre del año dos mil veintidós (2022). Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1469-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL