Sentencia AL-1376-21 — Registro 18671
Resumen
La Sala Constitucional no considera se violentará ninguna garantía ya que el secretario por ley, notificó a través de correo electrónico a los representantes procesales de las partes tal como lo dispone el artículo 137 del Código Procesal Civil, acto de comunicación que está bajo su dirección y es el responsable de la adecuada organización del servicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."Que revisados y analizados los antecedentes, no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso y mucho menos al principio de legalidad aludido por la quejosa, por cuanto no solamente la instrucción del juicio se ha realizado por el órgano jurisdiccional competente, con todas las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; la decisión del Tribunal de Alzada se ha enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y ajustado a estricto respeto de las garantías que la ley reconoce, resolución recurrida que como se ha observado reúne la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, el derecho de defensa y al debido proceso; por cuanto lo afirmado y denunciado por la recurrente no es de recibo, la resolución impugnada recoge y evidencia las efectivas garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (10): Que el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos por la justicia ordinaria como es el caso que nos ocupa, esta Sala ha sostenido en forma reiterada, que se conocerán únicamente cuando en las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales se hayan infringido los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o que se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala no advierte, como se ha expuesto, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía al debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que, al no advertirse vulneración manifiesta o evidente de derechos o garantías constitucionales por parte de la Alzada, procede que este Alto Tribunal Deniegue la acción de amparo interpuesta por la abogada Miriam Marlene Maldonado Ortiz en representación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 7 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 667 y 858 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán,"...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito siete de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MARLEN MALDONADO ORTIZ a favor del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que señaló audiencia de Alegaciones para el día lunes seis (6) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), en un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la demanda Ordinaria Laboral, Promovida por el señor DENIS ARCANGEL MURILLO MENOCAL, contra del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA).- Estima el recurrente se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 64, 80 Y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado DENIS ARCANGEL MURILLO MENOCAL, interponiendo demanda Ordinaria Laboral para el reintegro al puesto de trabajo en virtud de despido indirecto e injustificado, pago de salarios dejados de percibir, pago de décimo cuarto mes, vacaciones causadas y proporcionales y demás derechos que le pudieran corresponder en su ausencia desde la fecha del despido hasta que sea reintegrado a su puesto de trabajo, costas del juicio, contra el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA).- (FOLIOS 1 AL 3) 2)Que el referido Juzgado, en audiencia primera de trámite de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) RESOLVIO: Se admita el medio de prueba documental que obra folio 11 al 17 y los que se presentan en este acto los cuales se tienen por agregados y practicados. (Folio 29 al 31 de la pieza del Juzgado)3)Que en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, SEÑALO AUDIENCIA DE ALEGACIONES para el día lunes seis de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) a las nueve con treinta minutos de la mañana (9:30am). (Folio 2 de la pieza de Corte de Apelaciones)4)La recurrente abogada MARLEN MALDONADO ORTIZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria a lo dispuesto en el artículo 64, 80 y 82 de la Constitución de la Republica.5)Que la Sala declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso por parte de la recurrente, asimismo al apreciar que la misma desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, la Sala consideró que era procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, dando vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas al fiscal del despacho para que emitiera su dictamen.6)Que con fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (3): Que, siendo competente la Sala de lo Constitucional para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9. Numeral 3 inciso b) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo impetrante alega violación de derechos fundamentales en la resolución pronunciada por la corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha seis de septiembre de año dos mil veintiuno, fecha en la cual se celebró audiencia de alegaciones para resolver el recurso de apelación interpuesto por la abogada Miriam Marlene Maldonado Ortiz conta la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veinte de agosto del dos mil veinte, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Señor Denis Arcángel Murillo Menocal contra Banco Nacional de Desarrollo Agrícola para su reintegro al puesto de trabajo. CONSIDERANDO(4): Que, la reclamante expresa en la formalización de la acción de amparo, que interpuso recurso de apelación en el momento procesal oportuno contra la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto del dos mil veinte, pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, relativa a la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro promovida por el señor Denis Arcángel Murillo Menocal contra mi representado Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANADESA. Que la Corte de Apelaciones Laboral de Francisco Morazán en audiencia de alegaciones de fecha 6 de septiembre del 2021, declaró Precluido el derecho a su representando, cuando hay una justa causa del por qué no se presentó a la audiencia de alegaciones en la fecha y hora indicada, manifestando que del 23 al 31 de agosto se encontraba de vacaciones, desconociendo la fecha de audiencia de alegaciones, pudiendo el señor Secretario de la Corte hacer una llamada a su móvil para notificarla, como se estila en muchos casos y en otras dependencias, dejando en clara indefensión a mi representada, siendo requisito de la demanda que las generales sean claras, teniendo en el escrito de presentación de apelación número de móvil, número fijo de oficina y correo electrónico. Igualmente, en el auto de fecha 25 de agosto manifestaron que la audiencia del 6 de septiembre del año 2021 comenzada a las 9:30 a.m. cerrando la audiencia a las 8:30 a.m. siendo la audiencia a las 9:30 a.m. siendo una duda de la exacta hora que comenzó la audiencia. Considera la quejosa que se han vulnerado las garantías contenidas en los artículos 64, 80 y 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO(5): Que las alegaciones de la quejosa se centran esencialmente en que la decisión tomada por la Corte de Apelaciones Laboral de Francisco Morazán ha causado indefensión a su representado, al declararle precluido el derecho por inasistencia a dicha audiencia aun y cuando existe una justa causa como es que se encontraba gozando de su periodo de vacaciones desconociendo la fecha de la audiencia, y que el secretario pudo llamarla por teléfono para notificarla, acto que provoca perjuicio a su representado. CONSIDERANDO(6): Que del estudio y análisis de las piezas se constata, que el Tribunal de Alzada en fecha 25 de agosto del 2021, señaló audiencia de alegaciones para el dia lunes 6 de septiembre del año 2021 a las 9:30 a.m. procediendo el secretario por ley, como se deduce de la constancia que corre agregada a folio 2 de la segunda pieza, que notificó a través de correo electrónico a los representantes procesales de las partes dicho proveído el 26 de agosto del mismo año, tal como lo dispone el artículo 137 del Código Procesal Civil, acto de comunicación que está bajo su dirección y es el responsable de la adecuada organización del servicio y no al antojo de las partes procesales, acto de comunicación notificado a la dirección de correo electrónico registrado por las partes procesales, como consta a folio tres de la segunda pieza. Efectivamente, el seis de septiembre del 2021 se celebra la audiencia de alegaciones, con la comparecencia única del representante procesal apelado, abogado Osman Noe Acosta y cedida la palabra, solicita que se precluya el derecho de formular alegatos a la parte apelante, resolviendo el Ad-Quem tal y como lo dispone la norma aplicable contenida en el artículo 126.1 del Código Procesal Civil que aplica supletoriamente según disposición del 858 del Código de Trabajo, auto en el que se aclara por parte de la Alzada que se hizo una espera prudencial a la abogada apelante Miriam Marlene Maldonado Ortiz quien no compareció a la audiencia y tampoco justifico su ausencia en tiempo y forma, por tanto, se le precluyó el derecho a formular alegatos (ver folio 4 de la segunda pieza).CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha especificado en diferente fallos, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas tanto por el demandante como demandado, el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, esta es para obtener una resolución sobre el fondo, ya sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO(9):Que revisados y analizados los antecedentes, no se advierte vulneración a la garantía del debido proceso y mucho menos al principio de legalidad aludido por la quejosa, por cuanto no solamente la instrucción del juicio se ha realizado por el órgano jurisdiccional competente, con todas las formalidades y solemnidades establecidas previamente en la Ley; la decisión del Tribunal de Alzada se ha enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y ajustado a estricto respeto de las garantías que la ley reconoce, resolución recurrida que como se ha observado reúne la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, el derecho de defensa y al debido proceso; por cuanto lo afirmado y denunciado por la recurrente no es de recibo, la resolución impugnada recoge y evidencia las efectivas garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley exige dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (10): Que el planteamiento de asuntos puramente judiciales o de instancia, que han sido debidamente resueltos por la justicia ordinaria como es el caso que nos ocupa, esta Sala ha sostenido en forma reiterada, que se conocerán únicamente cuando en las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales se hayan infringido los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o que se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala no advierte, como se ha expuesto, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía al debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que, al no advertirse vulneración manifiesta o evidente de derechos o garantías constitucionales por parte de la Alzada, procede que este Alto Tribunal Deniegue la acción de amparo interpuesta por la abogada Miriam Marlene Maldonado Ortiz en representación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 7 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 667 y 858 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO la acción de amparo de que se ha hecho mérito, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de septiembre del año dos mil veintiuno; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1376-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL