Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-1316-23 — Registro 19739

Resumen

Corte de Apelaciones de oficio modificó la Excepción plateada por el apoderado de la parte demandada y la convirtió en una Excepción o defecto Procesal de Falta de Legitimación Activa ,la Sala Constitucional advierte que autoridad recurrida aplicó de manera indebida el principio Iura Novit Curia, en virtud que la Sala de lo Constitucional en reiteradas sentencias ha dicho que, en virtud de este principio, le corresponde al Juez la aplicación del derecho incluso si las partes no lo invocaron correctamente o lo usaron de manera errónea, pues al juez incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen, siendo este principio eminentemente procesal y está limitado a determinadas circunstancias.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."9): Que, finalmente, se advierte que en la sentencia objeto de amparo la autoridad recurrida aplicó de manera indebida el principio Iura Novit Curia, en virtud que la Sala de lo Constitucional en reiteradas sentencias ha dicho que, en virtud de este principio, le corresponde al Juez la aplicación del derecho incluso si las partes no lo invocaron correctamente o lo usaron de manera errónea, pues al juez incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen, siendo este principio eminentemente procesal y está limitado a determinadas circunstancias, pues, como bien ha indicado también la Corte Interamericana, el principio NO autoriza al juez a aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho.- La Sala considera que en aplicación de este principio, la autoridad recurrida podía y debía superar las omisiones o deficiencias de los argumentos legales de las partes y aplicar la regla que considerara correcta, pero sin llevar sus poderes más allá de la ley o situándolo más allá de ella, que es lo que ocurrió en el caso que nos ocupa, cuando la decisión del Ad-quem excedió sus facultades legales alterando la causa petendi y la finalidad del Recurso de Apelación, violentando la normativa constitucional y el principio de legalidad. - CONSIDERANDO (8): Que, la parte quejosa en la interposición del recurso de mérito manifestó que la autoridad recurrida vulneró diversos derechos constitucionales de su representado tales como el derecho de defensa, derecho al debido proceso, resultando evidenciado en autos lo alegado por el recurrente tal como se ha relacionado en los considerandos anteriores, por lo que es procedente amparar al agraviado, debido a que se ha realizado un acto contrario a la Constitución vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. - CONSIDERANDO (9): Que la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla de la protección judicial mediante su artículo 25.1, el cual reza: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.- CONSIDERANDO (10): Que, por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciada por el Amparista, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República, así como el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede OTORGAR el presente recurso de amparo."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 714 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 449 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."9): Que, finalmente, se advierte que en la sentencia objeto de amparo la autoridad recurrida aplicó de manera indebida el principio Iura Novit Curia, en virtud que la Sala de lo Constitucional en reiteradas sentencias ha dicho que, en virtud de este principio, le corresponde al Juez la aplicación del derecho incluso si las partes no lo invocaron correctamente o lo usaron de manera errónea, pues al juez incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen, siendo este principio eminentemente procesal y está limitado a determinadas circunstancias, pues, como bien ha indicado también la Corte Interamericana, el principio NO autoriza al juez a aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho.- La Sala considera que en aplicación de este principio, la autoridad recurrida podía y debía superar las omisiones o deficiencias de los argumentos legales de las partes y aplicar la regla que considerara correcta, pero sin llevar sus poderes más allá de la ley o situándolo más allá de ella, que es lo que ocurrió en el caso que nos ocupa, cuando la decisión del Ad-quem excedió sus facultades legales alterando la causa petendi y la finalidad del Recurso de Apelación, violentando la normativa constitucional y el principio de legalidad. - CONSIDERANDO (8): Que, la parte quejosa en la interposición del recurso de mérito manifestó que la autoridad recurrida vulneró diversos derechos constitucionales de su representado tales como el derecho de defensa, derecho al debido proceso, resultando evidenciado en autos lo alegado por el recurrente tal como se ha relacionado en los considerandos anteriores, por lo que es procedente amparar al agraviado, debido a que se ha realizado un acto contrario a la Constitución vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. - CONSIDERANDO (9): Que la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla de la protección judicial mediante su artículo 25.1, el cual reza: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.- CONSIDERANDO (10): Que, por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciada por el Amparista, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República, así como el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede OTORGAR el presente recurso de amparo."

Jerarquía: Reiterativa

..."9): Que, finalmente, se advierte que en la sentencia objeto de amparo la autoridad recurrida aplicó de manera indebida el principio Iura Novit Curia, en virtud que la Sala de lo Constitucional en reiteradas sentencias ha dicho que, en virtud de este principio, le corresponde al Juez la aplicación del derecho incluso si las partes no lo invocaron correctamente o lo usaron de manera errónea, pues al juez incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen, siendo este principio eminentemente procesal y está limitado a determinadas circunstancias, pues, como bien ha indicado también la Corte Interamericana, el principio NO autoriza al juez a aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho.- La Sala considera que en aplicación de este principio, la autoridad recurrida podía y debía superar las omisiones o deficiencias de los argumentos legales de las partes y aplicar la regla que considerara correcta, pero sin llevar sus poderes más allá de la ley o situándolo más allá de ella, que es lo que ocurrió en el caso que nos ocupa, cuando la decisión del Ad-quem excedió sus facultades legales alterando la causa petendi y la finalidad del Recurso de Apelación, violentando la normativa constitucional y el principio de legalidad. - CONSIDERANDO (8): Que, la parte quejosa en la interposición del recurso de mérito manifestó que la autoridad recurrida vulneró diversos derechos constitucionales de su representado tales como el derecho de defensa, derecho al debido proceso, resultando evidenciado en autos lo alegado por el recurrente tal como se ha relacionado en los considerandos anteriores, por lo que es procedente amparar al agraviado, debido a que se ha realizado un acto contrario a la Constitución vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. - CONSIDERANDO (9): Que la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla de la protección judicial mediante su artículo 25.1, el cual reza: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.- CONSIDERANDO (10): Que, por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciada por el Amparista, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República, así como el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede OTORGAR el presente recurso de amparo."

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice:” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DANIEL FLORES VELÁSQUEZ, a favor del señor PABLO CRUZ, contra la sentencia de fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, con relación al auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Tela, departamento de Atlántida, recaído en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor PABLO CRUZ contra las señoras ALONDRA NATALIA EBANKS VÁSQUEZ Y XIOMARA DEL CARMEN VÁSQUEZ GUILLEN en representación de su menor hija, considerando el recurrente que con el acto reclamado en amparo, se le ha violentado a su representado la garantía al debido proceso, en relación con el derecho de defensa que le garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva. - A N T E C E D E N T E S 1) En fecha siete (7) de octubre de dos mil veintitrés (2023), el recurrente compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción constitucional de Amparo, contra la resolución anteriormente relacionada, argumentando que la Corte Primera de Apelaciones de oficio modificó la EXCEPCIÓN DILATORIA DE FALTA DE REPRESENTACIÓN DE LOS DEMANDADOS, planteada por el apoderado de la parte demandada y la convirtió en una EXCEPCIÓN O DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LOS DEMANDADOS, fundando su decisión en hechos diversos a los alegados por las partes, alterando los términos del litigio. (Folios 1 al 7 del recurso de mérito). 2) Esta Sala, en fecha treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023), tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida y al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, para que dentro del término de cuatro (4) días hábiles remitieran los antecedentes del caso. (Folio 25 del recurso de mérito).- 3) Esta Sala en fecha diez (10) de abril de dos mil veinticuatro (2024), tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad judicial recurrida, de los cuales se desprende el auto interlocutorio de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Tela, departamento de Atlántida, que resolvió lo siguiente: (SIC) “CUARTO.- En ese orden de ideas este juzgador considera que la excepción dilatoria de falta de representación de los demandados interpuesta por el apoderado legal de las señoras ALONDRA NATALIA EBANKS VÁSQUEZ Y XIOMARA DEL CARMEN VÁSQUEZ GUILLEN en representación de su menor hija se ajusta a derecho porque los artículos 80 y 82 de la constitución de la República establecen: Artículo 80: Toda persona o asociación de personas tiene el derecho a presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general, y de obtener pronta respuesta en los plazos legales. Artículo 82: El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.- La acción es un poder jurídico que tienen todo individuo como tal, y en nombre del cual le es posible acudir ante los Jueces en demanda de amparo de pretensiones.- El hecho de que esta pretensión sea fundada o infundada, no afecta la naturaleza del poder jurídico de accionar; puede promover sus acciones en justicia aún aquellos que erróneamente se consideren asistidos de razón.- Es por ello que procede declarar con lugar la EXCEPCIÓN DILATORIA DE FALTA DE REPRESENTACIÓN DE LOS DEMANDADOS, interpuesta por el apoderado demandado.- QUINTO: … PARTE DISPOSITIVA:.- FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la EXCEPCIÓN DILATORIA DE FALTA DE REPRESENTACIÓN DE LAS DEMANDADAS… (Folios 10 al 12 del recurso de mérito). Asimismo, de los antecedentes remitidos por la autoridad judicial recurrida se observa la resolución objeto del presente recurso, la cual fue emitida en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la cual falla de la forma siguiente: (SIC) “PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por el Abogado DANIEL FLORES VELAZQUEZ, en su condición de apoderado del señor PABLO CRUZ.- SEGUNDO: CONFIRMA la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, emitida en veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintitrés (2023) recaída en la demanda ordinaria laboral descrita en el preámbulo de la presente resolución”. (Folios 13 al 22 del recurso de mérito).4) En fecha diez (10) de abril de dos mil veinticuatro (2024), remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho (48) horas al recurrente para qué formalizara su petición por escrito. (Folio 36 del recurso de mérito).- 5) En fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso presentado por el Abogado DANIEL FLORES VELÁSQUEZ, en su condición antes indicada, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 44 del recurso de mérito). - 6) Esta Sala, en fecha doce (12) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), tuvo por evacuada la vista y por emitido el dictamen de la Fiscal, Abogada ILSE ADELA FUENTES NÚÑEZ, desprendiéndose lo siguiente: (SIC)“…al no haberse logrado establecer con la prueba evacuada la relación laboral entre demandante y demandadas, es procedente determinar la concurrencia de la excepción señalada, y no se determina la concurrencia del vicio al que hace alusión el recurrente; por lo que no estima que en el presente caso se ha vulnerado el debido Proceso, contenido en el artículo 90 constitucional, en armonía con el contenido del artículo 8 de la Convención Americana, el que debe ser que la resolución debe apoyarse tanto en el texto literal de la norma como en su espíritu, aspecto también ocurrido en este proceso. Asimismo, las peticiones de la parte no satisfechas a sus pretensiones no deben verse como vulneración al debido proceso, derecho de defensa etc., pues el demandante, el amparista ha tenido la oportunidad de recurrir; por lo que, se aprecia que el fallo emitido por el Ad-quem, se encuentra ajustado a Derecho y no vulnera las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista. IV.- OPINIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que se NO SE OTORGUE la Acción de amparo interpuesta por – NO - existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 47 al 51 del recurso de mérito). - CONSIDERANDO (1): Que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la acción de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3.2, 5, 7, 8 y 9.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. - CONSIDERANDO (2): Que, la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinaria, que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una resolución, acto, hecho, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales, o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que, el acto reclamado lo constituye la sentencia emitida por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual resuelve el Recurso de Apelación incoado por el Abogado DANIEL FLORES VELÁZQUEZ, en contra de la resolución emitida por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Tela, departamento de Atlántida, por considerar que el A-quem infringe derechos constitucionales del señor PABLO CRUZ como ser la garantía del debido proceso en relación con el derecho a la defensa, que a su vez garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión relacionada al derecho de las partes a no sufrir indefensión durante el proceso, ya que la sentencia recurrida adolece de un vicio de incongruencia, al incorporar la Corte de oficio nuevas alegaciones que en su oportunidad no fueron planteadas por las partes, y que tampoco estaban contenidas en el auto recurrido y de las cuales el agraviado no ha podido defenderse a través de su representante procesal. CONSIDERANDO (4): Que, en cuanto al Derecho al debido proceso, la Constitución de la República en su artículo 90 párrafo primero, reza: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”, asimismo el Derecho a la Defensa se encuentra recogido en el artículo 82 de la Constitución de la República, el cual dispone: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”, en relación con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.1 estipula: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley…”, refiriéndose ambas legislaciones al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias judiciales asegurando la adecuada defensa de las partes sobre una base de igualdad, en los asuntos que han sometido bajo su consideración. CONSIDERANDO (5): Que, esta Sala de lo Constitucional analizando la sentencia recurrida atendiendo lo alegado por el Amparista en cuanto a la violación del debido proceso en relación con el derecho de defensa en perjuicio de su representado, se observa que el Ad-quem dentro de su fallo, específicamente en la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA, consignó lo siguiente: “SEGUNDO: …del planteamiento de la excepción puede apreciarse que el apoderado demandante denuncio dos defectos procesales de los cuales según el adolece la demanda, pero incluyo en una sola excepción que le denomino falta de representación de los demandados, lo cual no es imperdonable por la sencilla razón que bajo el principio de tutela judicial efectiva, los Jueces y Tribunales están obligados a resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente…” Ante esta motivación esta Sala advierte que la autoridad judicial recurrida inobserva principios que rigen el proceso laboral, en virtud que las resoluciones deben ser congruentes con la petición del autor y con lo opuesto por el demandado, ya que corresponde exclusivamente a las partes alegar lo que consideren conveniente a su derecho y que guarde relación con el objeto del proceso, no es facultad de las autoridades judiciales suplir los yerros de los Abogados. CONSIDERANDO (6): Que, esta Sala continuando con el análisis de la sentencia recurrida, específicamente en el acápite de la FUNDAMENTACIÓN JURIDICA, donde la autoridad recurrida consigna lo siguiente: “CUARTO: … “De lo anterior esta Corte entiende que la decisión del juez no es incongruente, porque su pronunciamiento o decisión fue sobre el hecho alegado por el representante procesal de la parte demandada, que se resume a que las demandadas no ostentaban la condición de patrono del demandante porque este no laboro para PELICAN RESORT”. Al respecto esta Sala advierte que el Ad-quem al validar este argumento erróneo del A-quo, sobre el cual este fundó su fallo, desvirtúa por completo lo propuesto por la parte demandada, en virtud que la falta de representación de los demandados interpuesta como “excepción dilatoria” se limitaba a dilucidar quien ostenta la representación legal en juicio del centro de trabajo demandado, y no así a determinar en un auto interlocutorio si entre el demandante o demandado existió una relación laboral, ya que esto representa el objeto del debate, por lo tanto, forma parte del fondo del juicio, el cual se debe decidir en una sentencia definitiva. - CONDIDERANDO (7): Que, de acuerdo al principio Iura Novit Curia, “el Juez conoce el derecho”, la autoridad recurrida siendo el Ad-quem, debió corregir los errores del A-quo, en el sentido de orientar y enmendar el proceso, en cuanto a que las excepciones dilatorias a que se refiere el artículo 710 del Código de Trabajo, ahora se denominan Defectos Procesales en el Código Procesal Civil, que es aplicable en el proceso laboral de manera supletoria, recogiendo en su artículo 449 el Defecto Procesal de falta de representación y sobre este debió resolver sin cambiar las pretensiones de las partes, al tenor del artículo 714 del Código de Trabajo el cual reza: “El demandante no estará obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurídica contra la cual va dirigida ni la de la calidad de su representante. Le bastará con designarlos, a menos que en el juicio se debata como cuestión principal. La parte demandada cuando fuere una persona jurídica de derecho privado, al contestar la demanda, podrá acreditar su existencia, lo mismo que la calidad de representante de ella que invoque quien actué en su nombre, con las pruebas que señala la Ley”. (Lo remarcado es nuestro). CONSIDERANDO (8): Que, el recurrente arguye que el derecho de defensa de su representado se ve vulnerado, al emitir la autoridad recurrida una sentencia que “adolece del vicio de incongruencia”, al respecto esta Sala observa que el Ad-quem emite un fallo en el que CONFIRMA la resolución del A-Quo, sin hacer las correcciones que en estricto derecho corresponden en aplicación del citado principio Iura Novit Curia, sino que validó un auto interlocutorio errado que declaró con lugar la Excepción Dilatoria de Falta de Representación sobre la base de “que el demandante PABLO CRUZ no trabaja para PELIKAN RESORT sino que trabaja para la residencial conocida como Lotificadora Sunlight”, que aunque fue un planteamiento hecho por la parte demandada, este no guarda ninguna relación con el Defecto Procesal planteado, y que en cuanto al segundo planteamiento “Que sus representadas no son las únicas dueñas del establecimiento demandado, ya que también hay otro dueño del establecimiento PELICAN RESORT”, el Ad-quem lo subsumió como ausencia de legitimación y tema de litisconsorcio sin ser estos invocados por la parte demandada, alterando el petitorio, y con ello inobservando el debido proceso, produciendo indefensión a la parte demandante lo que desemboco en una violación a los principios de igualdad de las partes, contradicción, y la tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (9): Que, finalmente, se advierte que en la sentencia objeto de amparo la autoridad recurrida aplicó de manera indebida el principio Iura Novit Curia, en virtud que la Sala de lo Constitucional en reiteradas sentencias ha dicho que, en virtud de este principio, le corresponde al Juez la aplicación del derecho incluso si las partes no lo invocaron correctamente o lo usaron de manera errónea, pues al juez incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen, siendo este principio eminentemente procesal y está limitado a determinadas circunstancias, pues, como bien ha indicado también la Corte Interamericana, el principio NO autoriza al juez a aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho.- La Sala considera que en aplicación de este principio, la autoridad recurrida podía y debía superar las omisiones o deficiencias de los argumentos legales de las partes y aplicar la regla que considerara correcta, pero sin llevar sus poderes más allá de la ley o situándolo más allá de ella, que es lo que ocurrió en el caso que nos ocupa, cuando la decisión del Ad-quem excedió sus facultades legales alterando la causa petendi y la finalidad del Recurso de Apelación, violentando la normativa constitucional y el principio de legalidad. - CONSIDERANDO (8): Que, la parte quejosa en la interposición del recurso de mérito manifestó que la autoridad recurrida vulneró diversos derechos constitucionales de su representado tales como el derecho de defensa, derecho al debido proceso, resultando evidenciado en autos lo alegado por el recurrente tal como se ha relacionado en los considerandos anteriores, por lo que es procedente amparar al agraviado, debido a que se ha realizado un acto contrario a la Constitución vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. - CONSIDERANDO (9): Que la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla de la protección judicial mediante su artículo 25.1, el cual reza: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.- CONSIDERANDO (10): Que, por todas las razones antes expuestas esta Sala de lo Constitucional es del criterio que la resolución denunciada por el Amparista, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90, de la Constitución de la República, así como el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por lo que procede OTORGAR el presente recurso de amparo. - POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; artículos 60, 63, 64, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; artículos 1 y 78 atribución 5ta. De la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículos 710 y 714 del Código de Trabajo; artículos 1, 3, 4, 5, 22 y 449 del Código Procesal Civil. FALLA: PRIMERO: OTORGAR LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta contra la sentencia dictada en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, por la Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida; SEGUNDO: Que el Tribunal recurrido proceda a emitir una nueva sentencia atendiendo las consideraciones y fundamentos de la presente sentencia.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al órgano de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal con el número SCO-1316-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL