Sentencia AL-1217-21 — Registro 18730
Resumen
Sala Constitucional otorgó el Recurso de Amparo revoca la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Se concede al recurrido el término de diez días para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por ser este el juzgado competente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la demandada interpuso incidente de declinatoria por competencia objetiva por considerar que el Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución creada por el Congreso Nacional con representación propia e independencia funcional y administrativa, facultada para ejercitar actos de índole administrativo; lo que conlleva a tener una representación en cuanto a las demandas promovidas, especialmente en materia laboral. En el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, se sujetarán a lo que se establece en dicha ley; asimismo, solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo, los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando este estuviere protegido por una ley especial; tal como acontece en el caso de mérito, ya que la separación del cargo de la servidora pública por la que hoy se invoca la presente acción, fue realizado mediante acuerdo de cancelación y se encuentra protegida por una ley especial como es el reglamento de funcionamiento de la Instituto de Acceso a la Información Pública; por ende, puede decirse que se cumple con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (9): De igual manera la demanda objeto de la presente controversia reúne los requisitos que de manera general contempla la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al establecer en el artículo 1 de su Ley, la competencia objetiva, en el sentido que es menester de ese tribunal, conocer de todas aquellas demandas que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos sujetos al derecho administrativo.- Se dice lo anterior, en vista que el acto que se está impugnando es un acuerdo, entendiéndose por tanto que forma parte de los actos que se pueden conocer en dicha Jurisdicción de conformidad con el artículos 116 de la Ley General de la Administración Pública, y de igual manera al ser considerado el Instituto de Acceso a la Información Pública como un ente de la administración Pública, la nulidad de ese acto (acuerdo) debe solicitarse en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 13 inciso b) de su Ley. Por lo antes referido, esta Sala es del criterio, que se debe declarar con lugar la presente acción de amparo, en vista que la pretensión objeto de la demanda que ha dado inicio a la interposición de esta acción, es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de conformidad con los artículos 1, 2, 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, esta Sala es del parecer que ciertamente han sido vulneradas las garantías constitucionales señaladas por el recurrente y estima procedente otorgar el presente recurso de amparo; concediéndole el término de diez días para que interponga la demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por ser este el juzgado competente. "....
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 108 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 109 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de junio del dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez a favor del Estado de Honduras a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, con relación al incidente alegado en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Miriam Magdalena García Amaya, contra el Estado de Honduras a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la señora Mirian Magdalena García Amaya, presentando “DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA LEGALIDAD Y JUSTA CAUSA DE MI DESPIDO, EN CASO CONTRARIO SER REITEGRADA A MI PUESTO DE TRABAJO CON LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS…” contra el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mediante los comisionados, señores Damian Gilberto Pineda Reyes y Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero. (Folios 1-7 del expediente del A-quo). 2) En fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual falló: “…1) declarar CON LUGAR el incidente de declinatoria opuesto por la representante de la parte demandada; 2) SIN COSTAS; Y MANDA: 1) quedan notificados en estrados los representantes procesales de las partes de la presente sentencia interlocutoria; 2) conceder al demandante, el término de diez (10) días hábiles, para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo competente, término que le concede éste Juzgado de Letras del Trabajo al demandante para que haga uso de su derecho, a partir de la firmeza de la presente resolución 3) ARCHÍVENSE las presentes diligencias…” (Folios 47-51 del expediente del A-quo). 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado José Ramón Lamothe Rosales, contra la sentencia que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre de dos veintiuno, por dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…1) Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LOMOTHE ROSALES, actuando en su condición de apoderado legal de la parte demandante apelante.- 2) Revocar la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el 29 de enero del 2019, que corre a folios 47 al 51 frente y vuelto de la pieza compulsada.- 3) DECLARAR SIN LUGAR el Incidente de Declinatoria de Tribunal por Falta de Competencia Objetiva.- 4) SIN COSTAS en ambas instancias.-Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia, con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes.” (Folios 19-21 del expediente del A-quem). 4) Que, en fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez, compareció ante esta Sala, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), afirmando que la sentencia dictada por el Ad-Quem, relacionada en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 Y 90 de de la República. 5) Que esta Sala, en fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por el Abogado Guido Maximiliano Rivera Montoya, en consecuencia, se dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 36 del recurso). 6) En fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sandra Lorena Zuniga García, del que se desprende apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Determina el recurrente que la sentencia interlocutoria impugnada, trasgrede el Derecho de Defensa y el debido Proceso al obligar a su representada a someterse a una jurisdicción que carece de competencia, al inobservar lo establecido en el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo en el cual se exceptúa de dicha jurisdicción del trabajo: “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que expidan." Así como lo preceptuado en los artículos 1, 2, 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que señalan que bajo dicha jurisdicción en materia de personal se habrán de sujetar: "las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos", siendo solamente impugnables en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación o separación de servidores públicos, cuando éste estuviera protegido por una Ley especial, de tal manera que al encontrarse acreditado conforme a la demanda que la hoy demandante laboraba para el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante nombramiento, y cuya institución se rige por el Estatuto Laboral de los Servidores Públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, que viene a ser una ley especial, en razón de ello la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le compete para conocer de la presente demanda. Que de acuerdo a lo antes relacionado y del análisis del caso, se advierte que el recurrente centra su agravio en torno a que el Instituto de Acceso a la Información Pública, se rige por una ley especial por lo que la demanda laboral presentada ante el Juzgado del Trabajo, corresponde a la vía Contenciosa Administrativa tal como lo dispone el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, no se encuentra demostrado que la demandante sea servidora pública, ya que esta condición no pude inferirse tal y como lo hace el recurrente cuando señala que lo deduce de la demanda, de tal manera que al no concurrir éste requisito, no se cumple con lo dispuesto en el artículo 108 de la supra referida Ley de la Jurisdicción, en ese sentido es irrelevante determinar si la institución que representa el censor se rige o no por una ley especial, pues como ya se refirió al no constar acreditada la condición de servidor público impide que la acción planteada sea del conocimiento de la jurisdicción contenciosa. Finalmente, es oportuno señalar que la Jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo (Artículo 665), y tal como se ha dejado establecido, estamos ante una relación entre demandante y demandado, al no haberse determinado la condición de servidora pública, en ese sentido no se aprecia la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE DENIEGUE el presente amparo, por NO existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista.” (Folios 39-42 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Ramón Lamothe Rosales, revoca la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve y declara sin lugar el incidente de declinatoria de tribunal por falta de competencia objetiva, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señor MIRIAM MAGDALENA GARCIA AMAYA contra el ESTADO DE HONDURAS a través del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP). CONSIDERANDO (4): Que expone el recurrente en la interposición de la presente acción de amparo, que la resolución recurrida vulnera los derechos constitucionales del derecho de defensa y debido proceso, por considerar que se encuentra debidamente probado en autos, tal como se manifiesta en el escrito de demanda, que la señora Miriam Magdalena García Amaya laboraba para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) mediante nombramiento, institución que se encuentra regida por el estatuto laboral de los servidores públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública, que aplicado al caso concreto, viene a ser una ley especial, tal como lo preceptúan los artículos 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo en este caso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competente para conocer de la presente demanda; tal como se ha hecho con todas las demandas en materia de personal incoadas en contra del Estado a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, las cuales han sido sustanciadas en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Constitucional. Asimismo, constituye una flagrante violación al debido proceso, el hecho en que el Ad-Quem insiste en hacer prevalecer un criterio equivocado, al no tomar en cuenta, que existiendo dos autos interlocutorios como ser el de fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho y el de fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en cuya parte dispositiva ambos jueces del trabajo deciden resolver con lugar los incidentes de declinatoria por falta de competencia objetiva interpuestos por esta representación fundamentado en los mismos motivos contemplados en los artículos 2 numeral 2 del Código del Trabajo, 1, 2, 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la sentencia de fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno expone en su motivación que de la revisión de la sentencia interlocutoria esta Alzada llega a la conclusión que está acreditado que la institución demandada es desconcentrada de la administración pública con independencia operativa, decisional y presupuestaria; además de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública le otorga al pleno de comisionados la función y atribución de reglamentar, planificar y llevar a cabo su funcionamiento interno. Asimismo, se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal; en consecuencia, el auto interlocutorio dictado por el A-Quo no está apegado a las normas procesales que rigen la materia, por cuanto, al no estar dictado conforme a derecho, procede su revocatoria. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el abogado José Ramón Lamothe Rosales, revoca la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve y declara sin lugar el incidente de declinatoria de tribunal por falta de competencia objetiva. CONSIDERANDO (6): Que en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, el Ministerio Público emite opinión en la cual establece que del examen de las diligencias se observa que el recurrente centra su agravio en torno a que el Instituto de Acceso a la Información Pública se rige por una ley especial, por lo que la demanda laboral presentada ante el Juzgado del Trabajo, corresponde a la vía de lo contencioso administrativo tal como lo dispone el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, no se encuentra demostrado que la demandante sea servidora pública, ya que esta condición no puede inferirse tal como lo hace el recurrente cuando señala que lo deduce de la demanda, de tal manera que al no concurrir este requisito, no se cumple con lo dispuesto en el articulo 108 de la referida ley. En ese sentido, es irrelevante determinar si la institución que representa el censor, se rige o no por una ley especial, pues como ya se refirió, al no constar acreditada la condición de servidora público, impide que la acción planteada sea del conocimiento de la jurisdicción contenciosa. Asimismo, se señala que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo; y tal como se ha dejado establecido, estamos ante una relación entre demandante y demandado al no haberse determinado la condición de servidora pública. En ese sentido, no se aprecia vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente y se estima que se deniegue la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que el recurrente interpone la acción de amparo contra el auto interlocutorio de fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno que declara con lugar el recurso de apelación y revoca el auto interlocutorio de fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán que declara con lugar la excepción de falta de competencia del tribunal. En ese orden de ideas y luego de la revisión de la foliada, vemos que la demandante presenta demanda ordinaria laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, obviando que se desempeñaba como empleada pública en la institución demandada y de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales; se exceptúan los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal; y siendo que el puesto que desempeñaba la señora en mención al momento de su cancelación, era catalogada como empleada pública, puesto que la creación de dicha plaza se hizo mediante acuerdo No.009-2008 contentivo del Reglamento de Funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha tres de diciembre de dos mil ocho; por lo que, puede deducirse que al ser un puesto de carácter público, el juzgado que debía conocer la causa, era el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y no el Juzgado de Letras del Trabajo. CONSIDERANDO (8): Que la demandada interpuso incidente de declinatoria por competencia objetiva por considerar que el Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución creada por el Congreso Nacional con representación propia e independencia funcional y administrativa, facultada para ejercitar actos de índole administrativo; lo que conlleva a tener una representación en cuanto a las demandas promovidas, especialmente en materia laboral. En el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, se sujetarán a lo que se establece en dicha ley; asimismo, solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo, los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público cuando este estuviere protegido por una ley especial; tal como acontece en el caso de mérito, ya que la separación del cargo de la servidora pública por la que hoy se invoca la presente acción, fue realizado mediante acuerdo de cancelación y se encuentra protegida por una ley especial como es el reglamento de funcionamiento de la Instituto de Acceso a la Información Pública; por ende, puede decirse que se cumple con lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (9): De igual manera la demanda objeto de la presente controversia reúne los requisitos que de manera general contempla la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al establecer en el artículo 1 de su Ley, la competencia objetiva, en el sentido que es menester de ese tribunal, conocer de todas aquellas demandas que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos sujetos al derecho administrativo.- Se dice lo anterior, en vista que el acto que se está impugnando es un acuerdo, entendiéndose por tanto que forma parte de los actos que se pueden conocer en dicha Jurisdicción de conformidad con el artículos 116 de la Ley General de la Administración Pública, y de igual manera al ser considerado el Instituto de Acceso a la Información Pública como un ente de la administración Pública, la nulidad de ese acto (acuerdo) debe solicitarse en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 13 inciso b) de su Ley. Por lo antes referido, esta Sala es del criterio, que se debe declarar con lugar la presente acción de amparo, en vista que la pretensión objeto de la demanda que ha dado inicio a la interposición de esta acción, es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de conformidad con los artículos 1, 2, 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (10): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, esta Sala es del parecer que ciertamente han sido vulneradas las garantías constitucionales señaladas por el recurrente y estima procedente otorgar el presente recurso de amparo; concediéndole el término de diez días para que interponga la demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por ser este el juzgado competente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 1, 2, 108, 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 2.2 del Código del Trabajo y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVAEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán que declara con lugar el recurso de amparo interpuesto por el Abogado José Ramón Lamothe Rosales y revoca la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, se concede al recurrente el término de diez días para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de los Contencioso Administrativo, por ser éste el juzgado competente. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro. Visto la solicitud de corrección de sentencia presentada por el Abogado GUIDO MAXIMILIANO RIVERA MONTOYA, en su condición de Representante Procesal del Estado de Honduras a través del Instituto de Acceso la Información Pública (IAIP), del fallo proferido por esta Sala en fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, en el recurso de amparo interpuesto a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha veintinueve de enero de dos mil veintiuno; en lo concerniente a la parte resolutiva de la referida sentencia, la cual según el recurrente debería leerse de la siguiente manera: FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVAEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán que declara con lugar el recurso de amparo interpuesto por el abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez y revoca la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. Se concede al recurrido el término de diez días para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo por ser este el juzgado competente. Que revisada que ha sido la sentencia proferida por esta Sala en fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, así como el escrito solicitando corrección de dicha sentencia presentado en fecha veinte de agosto de dos mil veinticuatro; en consecuencia, esta Sala dispone: 1) Que de la revisión de la referida sentencia se observa que lo que pretende el abogado Guido Maximiliano Rivera Montoya en su solicitud de corrección de dicha sentencia, es la enmienda de la misma en cuanto a que en la parte resolutiva se establece literalmente que: “FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVAEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán que declara con lugar el recurso de amparo interpuesto por el Abogado José Ramón Lamothe Rosales y revoca la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, se concede al recurrente el término de diez días para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de los Contencioso Administrativo, por ser éste el juzgado competente”. 2) Que se pudo constatar que, en efecto, existe un error al consignar que: “…declara con lugar el recurso de amparo interpuesto por el Abogado José Ramón Lamothe Rosales”; cuando lo correcto debió ser: declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez… En consecuencia, la parte resolutiva de la sentencia emitida por esta Sala en fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVAEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Mauricio Villalobos Narváez y revoca la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia, se concede a la señora Mirian Magdalena García Amaya el término de diez días para que interponga la demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, por ser éste el juzgado competente”. Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha cinco de junio del dos mil veinticuatro y de la resolución de fecha veintinueve de octubre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1217-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL