Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AL-1093-23 — Registro 20454

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento, para que se pruebe la causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro de demandante, donde recurrente argumenta que pudiéndose apreciar en autos, la naturaleza del vínculo es decir la relación contractual entre demandante y demandado, la cual, como se señala fue mediante Contrato, la Sala Constitucional considera señalar , que dentro de la administración pública se admite la posibilidad que ciertas relaciones de servicio se regulen por el Código del Trabajo, para el caso las personas que laboran en virtud de contrato y mediante el sistema de planillas. Estas personas son servidores del servicio Excluido, cuya relación de trabajo con la Administración Pública no está regulada por la Ley de Servicio Civil.-arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo los referidos contratos, pese a que se han establecido ser por prestación de servicios profesionales, materialmente entendemos que son contratos individuales de trabajo y por tanto no le es aplicable el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino el 134 constitucional y el 665 del Código del Trabajo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que es importante determinar que en el caso de autos los contratos celebrados entre la demandante y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), si bien es cierto que se les ha denominado como “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, también lo es que independientemente de la denominación que se les dió, en el fondo se trata de contratos individuales de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por la demandante con la Administración Pública, concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto a la forma, tiempo en que realizará las actividades; y c) Un salario como retribución del servicio. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo los referidos contratos, pese a que se han establecido ser por prestación de servicios profesionales, materialmente entendemos que son contratos individuales de trabajo y por tanto no le es aplicable el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino el 134 constitucional y el 665 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO(13): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo.- CONSIDERANDO(14): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por ello no son de recibo los argumentos expuestos por el peticionario, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.-"

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 665 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...."Que es importante determinar que en el caso de autos los contratos celebrados entre la demandante y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), si bien es cierto que se les ha denominado como “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, también lo es que independientemente de la denominación que se les dió, en el fondo se trata de contratos individuales de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por la demandante con la Administración Pública, concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto a la forma, tiempo en que realizará las actividades; y c) Un salario como retribución del servicio. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo los referidos contratos, pese a que se han establecido ser por prestación de servicios profesionales, materialmente entendemos que son contratos individuales de trabajo y por tanto no le es aplicable el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino el 134 constitucional y el 665 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO(13): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo.- CONSIDERANDO(14): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por ello no son de recibo los argumentos expuestos por el peticionario, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.-"

Jerarquía: Reiterativa

...."Que es importante determinar que en el caso de autos los contratos celebrados entre la demandante y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), si bien es cierto que se les ha denominado como “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, también lo es que independientemente de la denominación que se les dió, en el fondo se trata de contratos individuales de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por la demandante con la Administración Pública, concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto a la forma, tiempo en que realizará las actividades; y c) Un salario como retribución del servicio. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo los referidos contratos, pese a que se han establecido ser por prestación de servicios profesionales, materialmente entendemos que son contratos individuales de trabajo y por tanto no le es aplicable el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino el 134 constitucional y el 665 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO(13): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo.- CONSIDERANDO(14): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por ello no son de recibo los argumentos expuestos por el peticionario, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.-"

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del año dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GÁLEAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia Interlocutoria de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandada, contra el Auto Interlocutorio de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintitrés (2023), dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declara sin lugar el Incidente de Declinatoria por falta de jurisdicción por razón de la materia, interpuesto por la Parte Demanda, con relación a la Demanda Ordinara Laboral interpuesta por la Abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA, en su condición de Representante Procesal de la señora ELVIA HILDA GUZMÁN, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la Republica, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio del principio constitucional de tutela judicial efectiva, que, conformado por diferentes derechos y garantías, entre ellos el principio de legalidad y el debido proceso, deben prevalecer en todo proceso judicial; consignados en los artículos 1 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 1, 3 y 7 del Código Procesal Civil. - A N T E C E D E N T E S 1) En fecha quince de junio del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA, actuando en su condición de Representante Procesal de la señora ELVIA HILDA GUZMÁN, promoviendo Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento, para que se pruebe la causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro de su representada, a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones; demanda promovida contra el ESTADO DE HONDURAS, por las actuaciones del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a través de la Procuradora General de la Republica, en ese entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. (Folios del 1-11 de la pieza de antecedentes del A-quo).- 2) Que la Audiencia de Conciliación celebrada en fecha treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, fue clausurada ante la falta de arreglo conciliatorio, procediendo el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán a abrir la Audiencia Primera de Trámite, en la cual la Parte Demandada interpuso el Incidente de Declinatoria por falta de jurisdicción por razón de la materia ante quien se interpuso la acción, fundamentado en el hecho que la señora Elvia Hilda Guzmán suscribió contratos de servicios profesionales con el Fondo Hondureño de Inversión Social. (Folios del 41-44fv de la pieza de antecedentes del A-quo)- 3) En fecha doce de enero del año dos mil veintitrés, el referido Juzgado de Letras del Trabajo, celebró la continuación de la Audiencia Primera de Trámite, en la cual dictó Auto Interlocutorio que falla: “Declarando SIN LUGAR el Incidente de DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN POR RAZÓN DE LA MATERIA ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA PRESENTE ACCIÓN, interpuesto por el Abogado OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por la abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA en su condición de Representante Procesal de la señora ELVIA HILDA GUZMAN en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la representante legal la señora Procuradora General de la República Abogada de aquél entonces LIDIA ESTELA CARDONA. SIN COSTAS en esta instancia. Y MANDA: I- A partir de esta fecha quedan notificados en estrados de este auto interlocutorio los Representantes Procesales de ambas partes. II- SE SEÑALA AUDIENCIA DE CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA DE TRAMITE PARA EL DÍA MIERCOLES VEINTINUEVE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES A LAS DIEZ CON TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA en la cual los representantes procesales harán uso de los derechos que la ley les confiere. III- Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso alguno, quede firme el presente fallo. CEDIDA LA PALABRA A La REPRESENTANTE PROCESAL SUSTITUTO DEL ESTADO DE HONDURAS ABOGADO GERMAN OTHONIEL TURCIOS ESCOBAR dice: en este acto interpongo el Recurso de Reposición subsidiariamente Apelación. EL JUZGADO RESUELVE: Con fundamento en los artículos 741, 743 y 858 del Código del Trabajo, 694 del Código Procesal Civil, sin lugar el Recurso de Reposición en vista que el recurrente no expresa la infracción legal que conteniente el auto impugnado, se concede el Recurso de Apelación en un solo efecto, que la Secretaria del despacho remita las principales actuaciones del presente expediente relacionadas con el recurso aquí interpuesto, con el objeto de que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial conozca el recurso aquí interpuesto…” (Folios del 154-157 de la pieza de antecedentes del A-quo).- 4) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado GERMAN OTHONIEL TURCIOS ESCOBAR, en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra el Auto Interlocutorio relacionado en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veintitrés (2023), por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “I.- Declarando SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GERMAN OTHONIEL TURCIOS ESCOBAR, contra el AUTO INTERLOCUTORIO dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento Francisco Morazán, en fecha doce de enero del año dos mil veintitrés en la demanda ordinaria laboral registrada bajo 0801-2021-01128-LTO, promovida por la Abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA en su condición de Apoderada Legal de la señora ELVIA HILDA GUZMAN contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su Procuradora General de la República, en ese entonces, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. IL.- CONFIRMANDO el auto interlocutorio apelado, relacionado en el numeral que antecede. III.- SIN COSTAS en esta instancia. MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los Apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada LOPEZ CRUZ.- Seguidamente le cede la palabra al Abogado HENRY EDENILSON LEMUS IRAHETA en su condición de apoderado apelante dice: Que por este acto y de conformidad con el artículo 741 del Código del Trabajo interpongo recurso de reposición por no estar conforme con el fallo emitido por esta Honorable Corte.- Y LA CORTE RESUELVE: Declarar Sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado HENRY EDENILSON LEMUS IRAHETA en el carácter con que actúa.-Artículo 741 del Código del Trabajo. Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia…” (Folios del 49-53 de la pieza de antecedentes del Ad-quem).- 5) En fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, el Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GÁLEAS, interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia que ha sido relacionada en el numeral que antecede, por considerar el peticionario que el acto reclamado es violatorio del principio constitucional de tutela judicial efectiva, que, conformado por diferentes derechos y garantías, entre ellos el principio de legalidad y el debido proceso, deben prevalecer en todo proceso judicial; consignados en los artículos 1 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 1, 3 y 7 del Código Procesal Civil. 6) Que en fecha diecinueve de agosto del año dos mil veinticuatro, la Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma, el recurso de mérito, en consecuencia, ordenó dar vista de las diligencias al Fiscal del Despacho por el termino de cuarenta y ocho horas a efecto de emitir el respectivo dictamen. (Folio 47 de los autos.- 7) En fecha veintidós de octubre del año dos mil veinticuatro, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, a través de la Abogada CLAUDIA MEJÍA MEJÍA, quien fue de la Opinión porque SE DENIEGUE el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por el Amparista; desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “… Al tenor de lo anterior, el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo exceptúa del régimen general aplicable, que es el Código del Trabajo a los empleados públicos, a los cuales define como aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley. Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal; y en la presente causa el demandante no ha sido contratado bajo ninguna de estas modalidades que excluye la aplicabilidad de dicha norma. Por el contrario, se puede apreciar de la foliada que el demandante fue contratado para desempeñar labores en el Fondo Hondureño de Inversión Social en el cargo de Analista Legal, donde Laboró mediante la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, en una labor permanente, sujeta a un horario de trabajo y bajo la subordinación de un superior que le giraba instrucciones, aunado al hecho de que firmó contratos consecutivos desde el año 2017 hasta el año 2020. Asimismo, dicha norma señala que son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código, lo cual significa que no puede ser renunciado, modificado por la simple manifestación de la voluntad de los particulares, sumado a ello la jurisdicción es improrrogable. El artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública señala que: Los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán: 1. 2. 3. 4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República. Del análisis de los antecedentes del caso, se logra apreciar que el demandante no reúne la calidad de funcionario o empleado público, pues su relación laboral con el Estado se deriva de un contrato, que reúne las características esenciales para la existencia de un Contrato de Trabajo a que hace alusión el artículo 20 del Código del Trabajo; como ser: a) la actividad personal del trabajador, b) la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono, C) El salario como retribución o servicio; aunque el FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), le haya denominado "Contrato de Prestación de Servicios Profesionales", no deja de ser un contrato de trabajo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Pudiéndose apreciar en autos, la naturaleza del vínculo es decir la relación contractual entre demandante y demandado, la cual, como se señala fue mediante Contrato…” (Folios del 50-55 de los autos).- CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la Sentencia Interlocutoria dictada por unanimidad de votos en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veintitrés (2023), por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA, en su condición de Representante Procesal de la señora ELVIA HILDA GUZMÁN, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS); resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó el auto interlocutorios dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán.CONSIDERANDO(3): Que el recurrente Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, en su condición de Procurador General de la República, muestra su inconformidad con la resolución que se deja relacionado en el acápite anterior, por considerar que el acto reclamado es violatorio del principio constitucional de tutela judicial efectiva, que, conformado por diferentes derechos y garantías, entre ellos el principio de legalidad y el debido proceso, deben prevalecer en todo proceso judicial; consignados en los artículos 1 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 1, 3 y 7 del Código Procesal Civil; argumenta el recurrente que en el caso concreto esas garantías se han violentado con la resolución proferida por el A-quo, ya que al declarar sin lugar el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción por razón de la materia, inobservó las garantías, pues no aplicó de forma correcta y legal la ley adjetiva al caso concreto, ya que en la audiencia Primera de Trámite se interpuso el referido incidente, consistente en que se declarara con lugar el mismo, en razón de que la demanda debió interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como se acreditó fehacientemente en el incidente planteado.- Dice el peticionario que el auto de fecha 19 de junio del año 2023, emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, carece de los requisitos elementales de las resoluciones, ya que no supone una justificación racional, expresada mediante un razonamiento lógico concreto, no abstracto, particular, no genérico.CONSIDERANDO(4): Continuando con sus argumentos, el recurrente sostiene que la violación al principio de legalidad radica en el hecho que el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, al interponer el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción por razón de la materia, a pesar de haber hecho un razonamiento lógico y fundamentado jurídicamente al respecto, declaró sin lugar el mismo, haciendo caso omiso al planteamiento claro y objetivo en dicho incidente que el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, no es competente para conocer de la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por la Abogada Yenifer Magali Medina Acosta en su condición de Apoderada legal de la señora Elvia Hilda Guzmán; siendo que la demandante prestó sus servicios profesionales a su representado como Analista Legal, según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, suscrito entre la señora Elvia Hilda Guzmán y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); el recurrente transcribe la cláusula décima del Contrato suscrito por la Demandante y dice que dada la naturaleza de los contratos admirativos, los mismos están sujetos al Derecho Administrativo, en concordancia del artículo 3 numeral a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Señala asimismo el garantista que es de suma importancia recalcar que el Juzgado del Trabajo carece de competencia objetiva y funcional para conocer de la presente demanda y cita el artículo 2, numeral 2 parte final del Código de Trabajo.CONSIDERANDO(5): Que bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 1 y 90 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas hay que señalar que el argumento principal del recurso versa básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente debió revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente de denuncia de declinatoria por falta de competencia interpuesta por la parte demandada, referida a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda.CONSIDERANDO(6): Que después del estudio del presente caso y de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala deviene en señalar que el demandante en la vía laboral la señora ELVIA HILDA GUZMÁN suscribió varios contratos intitulados “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATISTA POR PLANILLA)”, con el señor Mario Rene Pineda Valle, en su condición de Director Ejecutivo del FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS); es conforme a ello que es de cumplimiento imperativo para esta Sala de lo Constitucional lo dispuesto en el artículo 3 del Código de Trabajo que expresa: ”Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”.- CONSIDERANDO(7): Que resulta pertinente señalar por parte nuestra, que dentro de la administración pública se admite la posibilidad que ciertas relaciones de servicio se regulen por el Código del Trabajo, para el caso las personas que laboran en virtud de contrato y mediante el sistema de planillas. Estas personas son servidores del servicio Excluido, cuya relación de trabajo con la Administración Pública no está regulada por la Ley de Servicio Civil.- CONSIDERANDO(8): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de conformidad con el literal a), párrafo último del artículo 3, se reserva para su conocimiento, todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado; esta aseveración constituye una regla general, que admite como excepciones “Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una Ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario…,” expuestas en el literal a) del artículo 4 de la precitada ley. CONSIDERANDO(9): Que de conformidad con lo anterior la Sala de lo Constitucional entiende que “servicio profesional o personal” es aquel ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos.- CONSIDERANDO(10): Que por su parte el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado dispone que debe entenderse por servicios profesionales o técnicos los prestados por personas naturales a requerimiento de los organismos de la administración pública, centralizada o descentralizada, para desarrollar actividades relacionadas con su funcionamiento o administración, que demandan conocimientos especializados y que no pueden realizarse con personal regular y permanente; estos contratos no generan relaciones de empleo ni indemnizaciones por su terminación al vencimiento del plazo, debiendo suscribirse únicamente por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto. Ahora bien, en el caso que nos ocupa esta Sala observa que, si bien es cierto que la demandante ha sido contratado bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales, también lo es que de la simple revisión de los referidos contratos se corrobora de la lectura de la cláusula primera, que el contratista preste sus Servicios Profesionales como Analista Legal, de acuerdo a todas las actividades inherentes a su cargo y las que sean asignadas por su superior jerárquico; debiendo cumplir con un horario de trabajo de 9:00 A.M., a 12:00 M. y de 1:00 P.M. a 5:00 P.M. de lunes a viernes; en la cláusula séptima relacionada a las obligaciones de las Partes, se indica que el FHIS reconocerá las beneficios relativos al Sueldo, Décimo Tercer Mes o Aguinaldo, Décimo Cuarto Mes, veinticuatro (24) días hábiles de vacaciones pagadas después de cada año de servicio, Cotización al INJUPEMP y otros; desempeñando su labor de manera permanente y no temporal, de tal suerte que se les considera como trabajadores asalariados.- CONSIDERANDO(11): Que es importante determinar que en el caso de autos los contratos celebrados entre la demandante y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), si bien es cierto que se les ha denominado como “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, también lo es que independientemente de la denominación que se les dió, en el fondo se trata de contratos individuales de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por la demandante con la Administración Pública, concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto a la forma, tiempo en que realizará las actividades; y c) Un salario como retribución del servicio. CONSIDERANDO (12): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo los referidos contratos, pese a que se han establecido ser por prestación de servicios profesionales, materialmente entendemos que son contratos individuales de trabajo y por tanto no le es aplicable el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino el 134 constitucional y el 665 del Código del Trabajo.- CONSIDERANDO(13): Que la garantía procesal del juez natural tiene relevancia constitucional en virtud de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 90 de nuestra norma fundamental, en virtud que este extremo constituye uno de los pilares del debido proceso o juicio justo.- CONSIDERANDO(14): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por el recurrente, por ello no son de recibo los argumentos expuestos por el peticionario, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito.- POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 134, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 4, 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 4, 20 y 665 del Código del Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veintitrés (2023), por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. -. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a seis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1093-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL