Sentencia AL-1067-22 — Registro 20453
Resumen
Que es criterio legal establecido por dicha Sala en sesiones de fecha 29 de agosto y 21 de septiembre 2016, que la petición del pago de honorarios profesionales no puede ser objeto del conocimiento de los Tribunales del Trabajo por no ser de su competencia, ya que su naturaleza es de carácter privado y en consecuencia solo pueden ser reclamados ante los Tribunales Civiles de conformidad al artículo 28, 29 y 89 del CPC. -norma supletoria- Que en el juicio ordinario y en la ejecución de la sentencia no fue solicitada la condenada en costas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en que la sentencia que se ejecuta es firme, y declara un derecho a favor del trabajador, en juicio ordinario laboral sin condena en costas. Y que en virtud de su firmeza y no hecho efectivo el pago se procede a la ejecución de la sentencia. Fundamentando su resolución en una Circular No. 16 de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la CSJ que expresa “Que es criterio legal establecido por dicha Sala en sesiones de fecha 29 de agosto y 21 de septiembre 2016, que la petición del pago de honorarios profesionales no puede ser objeto del conocimiento de los Tribunales del Trabajo por no ser de su competencia, ya que su naturaleza es de carácter privado y en consecuencia solo pueden ser reclamados ante los Tribunales Civiles de conformidad a los artículo 28, 29 y 89 del CPC. -norma supletoria- Que en el juicio ordinario y en la ejecución de la sentencia no fue solicitada la condenada en costas, ni la sentencia dictada lo refiere, en base al principio de gratuidad, la parte demandante no ha incurrido en gastos de tramitación, dada la oficiosidad del juez en esta materia, que permite el impulso del proceso sin que lo insten las partes, en relación al principio constitucional que corresponde al juez juzgar y ejecutar lo juzgado. Que el pago de honorarios nace de un contrato sea verbal o escrito de las partes, que en material laboral no rige el principio del vencimiento. En esa línea argumentativa, este Alto Tribunal reconoce que no se ha violentando las disposiciones constitucionales que establece el recurrente, pues si bien es cierto, consta en autos que la Corte de Apelaciones confirmó la resolución que era objeto del recurso de apelación o sea se confirmó el desembargo en virtud de que la demandada URBANIZACIONES HASBUN, S.A. DE C.V., pagó la condena señalada en la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil quince, del estudio de los autos según sentencia antes señalada, se absuelve a la parte demandada del pago de costas por considerar el Juez de Letras, que en materia de derecho del trabajo impera el principio de gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los principios del derecho del Trabajo. (ver folios 68 al70 de la 1ª, pieza de autos); en consecuencia, no es procedente el pago de costas y por lo tanto, la resolución objeto de este recurso se encuentra dictado conforme a lo que establece la ley. CONSIDERANDO NUEVE (10): Que señalado lo anterior, esta Sala efectivamente constata, que en el caso su examine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, y demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 28 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 29 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 89 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes diciembre de dos mil veinticinco VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, a favor del señor HECTOR JONATHAN TURCIOS GUTIERREZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecinueve de mayo dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por el señor HECTOR JONATHAN TURCIOS GUTIERREZ, contra URBANIZACIONES HASBUN, S.A DE C.V., a través de su representante legal JOSE HASBUN TOUCHE (Exp.No.14303/1268-13-14). A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve de octubre del dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor HECTOR JONATHAN TURCIOS GUTIERREZ, interponiendo demanda ordinaria laboral contra URBANIZACIONES HASBUN, S.A DE C.V, a efecto de que se condene al patrono a que pague las prestaciones, demás indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir, pago de salarios adeudados, pago de aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones y horas extra adeudadas en virtud de haber sido despedido de manera injustificada. (Folios 1 al 3 de la primera pieza de antecedentes). 2) En fecha de diez de marzo del año dos mil veintiuno, el citado Juzgado dictó Auto Interlocutorio en la cual la su parte dispositiva resolvió: “En cuanto al pronunciamiento sobre el desembargo, se procede a resolver de la siguiente manera, si bien es cierto, la sentencia fue emitida en fecha 30 de septiembre del año 2015; de igual forma, no es menos cierto que la parte demandada a cumplido con el pago total que fue condenado en las presentes diligencias, en virtud de que es propiedad de la empresa mercantil URBANIZACIONES HASBUN, S.A. de C.V., inscrito el dominio a su favor bajo matrícula Número 0000104600-00000, Asiento número 19, Tomo 4184, ubicado en el Distrito Central, Francisco Morazán, Dirección del Inmueble, Colonia Cerro Grande, nombre de inmueble, lote No. 12, bloque 30, zona 4, con un área de 346.86 M2, con Dominio Pleno del 100%, cuyas dimensiones y colindantes son al Norte: Nor-este con lote 13 bloque 30, distancia 35.67 Mts., al Sur: Sur-oeste con lote 11, bloque 30 distancia 36.34 Mts, al Norte: Nor este con urbanizaciones Hasbun distancia 10.35 y por ultimo al Sur: Sur este con Lote 13 y 14 bloque 29 mediante tercera calle A., distancia 8.95 Mts, el que fue embargado en fecha 18 de enero del año 2021, para lo cual: MANDA: Que el secretario del Despacho proceda a emitir atento mandamiento al Instituto de la Propiedad, a efecto de que preceda a desembargar el bien Inmueble antes descrito y que fue embargado en fecha 18 de enero del año 2021. Asimismo, en cuanto a que la parte demandada debe cancelar el 10% de la cuantía ejecutada, en concepto de Costas de Ejecución, tal como lo establece el Arancel del Profesional del Derecho SE RECHAZA en virtud de que la parte demandada honró la deuda en su totalidad que tenía con la parte demandante, de igual forma, el órgano jurisdiccional no ha condenado en costas, y sumado a ello, el demandante no ha comprobado en el proceso que la parte demandada ha actuado con dolo, (entendiéndose por dolo como el incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión o prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntaria o no, de una parte, en este caso de la parte vencida en juicio (URBANIZACIONES HASBUN), y que esta haya tenido la mala intención de producir daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución) circunstancia que no es evidente en autos.-Artículos: 718 y 726 del Código de Trabajo Decreto Legislativo 33-2020, Acuerdo 03-2020, emitido por la Honorable Corte Suprema de Justicia. (Folio 356 Primera pieza Tomo). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, conociendo de un recurso de apelación presentado contra actuaciones dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, del que se hace relación en el numeral anterior, promovida por el señor HECTOR JONATHAN TURCIOS GUTIERREZ, en fecha diecinueve de mayo del dos mil veintidós, en la cual: “…FALLA: I. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ en su condición de representante procesal demandante II. CONFIRMAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno que obra a folio 356 de la primera pieza de autos.- MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los Apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes. ……. Y LA CORTE RESUELVE: Declarar Sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ en el carácter con que actúa. Artículo 741 del Código del Trabajo. - Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia.- Firman el acta los señores Magistrados, los Comparecientes y el Secretario del Despacho que da fe.” (Folio 52-54 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que en fecha veinte de julio del dos mil veintidós, el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, compareció ante este Tribunal, reclamando amparo a favor del señor HECTOR JONATHAN TURCIOS GUTIERREZ, contra la sentencia dictada en fecha diecinueve de mayo del dos mil veintidós, por el Ad-quem, al estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90 párrafo primero y 94 de la Carta Magna y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Folios 01 al 02 del recurso de Amparo). 5) Que en fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, esta Sala, tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público y por emitido el dictamen a través de su Fiscal, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, quien fue de la opinión porque: III. OPINIÓN: CONCLUSIÓN; Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por estimar que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones no vulnera los derechos constitucionales invocados por el recurrente.” (Folios 38 al 41 del recurso de Amparo).FUNDAMENTACION JURIDICA CONSIDERANDO UNO (1): Que el Estado, reconoce la garantía de Amparo, según lo preceptuado en el artículo 183 de la Constitución de la República, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponerla, a efecto que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, ello en consonancia con lo señalado en la Ley Sobre Justicia Constitucional en los artículos 3 y 41. CONSIDERANDO DOS (2): Que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, correspondiendo a la Sala de lo Constitucional la jurisdicción constitucional, debiendo observar en la substanciación de la acción de amparo los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso, según lo dispone la normativa sobre justicia constitucional en el artículo 45. Que el Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece, es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, mediante la cual se confirma el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, en el que se desembarga el bien inmueble propiedad de la empresa mercantil Urbanizaciones Hasbun, S.A. de C.V., inscrito el dominio a su favor bajo Matrícula número 0000104600-00000, Asiento número 19, Tomo 4184, ubicado en el Distrito Central, Francisco Morazán, Dirección del Inmueble, Colonia Cerro Grande, Nombre del Inmueble, Lote No. 12 bloque 30, zona 4, en virtud de considerar que la parte demandada honró la deuda en su totalidad que tenía con la parte demandante y en virtud de que el órgano jurisdiccional no ha condenado en costas y el demandante no ha comprobado en el proceso que la parte demandada ha actúa con dolo. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente, invoca la violación la garantía de debido proceso en el marco de los artículo 82, 89, 90 párrafo primero, 94, de la Constitución de la República, pues la violación alegada ataca directamente el sistema de justicia nacional, esto a raíz de que no castigar a la parte vencida en juicio aun y cuando se habilita la vía de apremio es básicamente permitirles a las partes que no cumplan con las sentencias dictadas, ya que no tendrán ningún castigo por incumplirlas. Esto permitirá que toda la parte vencida en juicio se respalde en este erróneo criterio y espere 7 años hasta que el sistema judicial logre hacer justicia por la vía de apremio. Mantener este criterio vigente implica ir en contra y de forma directa con los principios que rigen la materia de trabajo, pues las interpretaciones que el Ad-quem hace de la norma y de los hechos en juicio, es completamente alejada de la realidad y desfavorece al trabajador. El Ad-Quem, debió en todo caso, valorar el tiempo transcurrido desde la fecha de firmeza de la sentencia y la fecha de ejecución de la misma, en consideración de los términos legales y llegar a la conclusión que el tiempo transcurrido en que se hizo efectiva la tutela judicial, es 3 veces más larga de lo que exige la Corte Interamericana de Justicia en los casos del silencio judicial. Por tal razón, este criterio no puede prosperar y debe ser reemplazado por el correcto criterio que condena en costas de ejecución al condenado en mora. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía genérica del debido proceso, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO SIETE(7): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO OCHO (8): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en que la sentencia que se ejecuta es firme, y declara un derecho a favor del trabajador, en juicio ordinario laboral sin condena en costas. Y que en virtud de su firmeza y no hecho efectivo el pago se procede a la ejecución de la sentencia. Fundamentando su resolución en una Circular No. 16 de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la CSJ que expresa “Que es criterio legal establecido por dicha Sala en sesiones de fecha 29 de agosto y 21 de septiembre 2016, que la petición del pago de honorarios profesionales no puede ser objeto del conocimiento de los Tribunales del Trabajo por no ser de su competencia, ya que su naturaleza es de carácter privado y en consecuencia solo pueden ser reclamados ante los Tribunales Civiles de conformidad a los artículo 28, 29 y 89 del CPC. -norma supletoria- Que en el juicio ordinario y en la ejecución de la sentencia no fue solicitada la condenada en costas, ni la sentencia dictada lo refiere, en base al principio de gratuidad, la parte demandante no ha incurrido en gastos de tramitación, dada la oficiosidad del juez en esta materia, que permite el impulso del proceso sin que lo insten las partes, en relación al principio constitucional que corresponde al juez juzgar y ejecutar lo juzgado. Que el pago de honorarios nace de un contrato sea verbal o escrito de las partes, que en material laboral no rige el principio del vencimiento. En esa línea argumentativa, este Alto Tribunal reconoce que no se ha violentando las disposiciones constitucionales que establece el recurrente, pues si bien es cierto, consta en autos que la Corte de Apelaciones confirmó la resolución que era objeto del recurso de apelación o sea se confirmó el desembargo en virtud de que la demandada URBANIZACIONES HASBUN, S.A. DE C.V., pagó la condena señalada en la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil quince, del estudio de los autos según sentencia antes señalada, se absuelve a la parte demandada del pago de costas por considerar el Juez de Letras, que en materia de derecho del trabajo impera el principio de gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los principios del derecho del Trabajo. (ver folios 68 al70 de la 1ª, pieza de autos); en consecuencia, no es procedente el pago de costas y por lo tanto, la resolución objeto de este recurso se encuentra dictado conforme a lo que establece la ley. CONSIDERANDO NUEVE (10): Que señalado lo anterior, esta Sala efectivamente constata, que en el caso su examine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso, y demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos: 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, a favor del señor HECTOR JONATHAN TURCIOS GUTIERREZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, que resolvió confirmar el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se proceda a notificar la misma a la autoridad recurrida y al pedidor de la garantía de Amparo, para los efectos legales consiguientes y cumplido el trámite correspondiente se proceda al archivo de las diligencias en el Secretaría de este Alto Tribunal. Redactó: NOTIFÍQUESE.FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días de junio del dos mil veintiséis, Certificación del Fallo de fecha once de diciembre del dos mil veinticinco Recaído en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1067-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL