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Sentencia AC-98-24 — Registro 19455

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la sentencia que otorgó el recurso de amparo contra el auto en relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Recurrente alega violación a garantías constitucionales al decretársele condena en Costas en resolución del Incidente de Nulidad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (3): Que, tal como asevera la sentencia venida en consulta, al decretársele condena en Costas en resolución del Incidente de Nulidad planteado, se ha creado “un error involuntario y manifiesto”, que ocasionó la Judicatura fundamentara y motivara su respuesta sobre un auto de denegación de medidas cautelares dictado, con la misma fecha, del auto contra el cual efectivamente se interponía recurso de reposición; es decir, contra la admisión tácita de los medios probatorios ofertados por el Opositor Ejecutado, con relación a los oficios solicitados al Ministerio Público. Según manifiesta la garantista, tal accionar judicial infringiría lo estipulado por el artículo 3 del Código Procesal Civil, que asegura a las partes una respuesta pronta y efectiva, en al derecho de acceso a los Juzgados y Tribunales; así como lo prescrito en los artículos 64, 82, y 90, de la Constitución de la República, inter alia; al imponérsele una condena en costas sin que concurriere el principio de vencimiento, como consecuencia de una cadena de actos procesales en los cuales se le ha vedado a su mandante el derecho de petición, de debido proceso y de legalidad. CONSIDERANDO (4): Que, a juicio de la Corte sentenciadora, no reúne el auto impugnado los requisitos, formas, derechos y solemnidades exigidas por la Ley, por lo cual tal condena en costas incidentales no obliga al Amparista, por contravenir y disminuir los derechos fundamentales de defensa y debido proceso; denotando razonabilidad, para esta Sala de lo Constitucional, su argumentación de no existir contienda y de haberse dilucidado de manera satisfactoria, y por completo, el Incidente de Nulidad planteado; descartándose, asimismo, la existencia de evidente malicia en la promoción del incidente, por parte de la Parte recurrente; y brindando la valoración pertinente, en definitiva, a la argumentación judicial del error involuntario y manifiesto, en que reconoce haber incurrido. CONSIDERANDO (5): Que, la sentencia de amparo dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, concreta el deber de la judicatura de observar respeto, promover y garantizar las formalidades, derechos y garantías previstas en la Ley y en la Constitución de la República. Y, que, habiéndose observado motivación y justificación congruente y de fondo, oído que fue el parecer de la Fiscal del Despacho y otros argumentos jurídicos aquí explicitados; procede, para esta Sala, el dictado de sentencia confirmatoria.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veinticinco. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada FABIA ISABEL CABALLERO RODRIGUEZ, a favor del señor LUIS ALONSO RODRIGUEZ ORDOÑEZ, contra el auto de fecha uno de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el abogado LUIS ALONZO RODRIGUEZ ORDOÑEZ contra el señor VALENTIN SUAREZ ELIZONDO. Estimando la recurrente que, con el acto reclamado, se le han violentado a su representado los artículos 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, compareció la Abogada FABIA ISABEL CABALLERO RODRIGUEZ, ante la CORTE PRIMERA DE APELACIONES CIVIL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor LUIS ALONZO RODRIGUEZ ORDOÑEZ, contra el auto de fecha uno de septiembre de dos mil veintitrés dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, denunciando que la referida resolución viola los artículos 80, 82, 90, 94 y 321 de la Constitución de la República; lo que tuvo fundamento y motivación en la injusta condena en costas con motivo en la presentación de una denuncia de nulidad de actuaciones; la cual fue utilizada como medio, por el Juzgado A Quo, para subsanar los errores judiciales cometidos. Considera la Abogada garantista, que de no haberse expuesto éstos por parte del profesional del derecho agraviado, a través de los medios procesales descritos, no se hubieren subsanado; agravando, aún más, la situación jurídica de su mandante, al imponérsele una condena en costas, no habiéndose cumplido los requisitos del vencimiento, porque no hubo contraparte ni ventilación del incidente. (Folio 1 al 8 de los antecedentes) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, emitió su fallo en fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Otorgando el amparo interpuesto contra el auto dictado en fecha primero (1) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Que la condena en costas no obliga al Amparista por contravenir y disminuir los derechos los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, al no existir contienda y dilucidarse de manera satisfactoria y por completo el Incidente de Nulidad planteado. TERCERO: (…)”; (Folio 64 al 80 de los antecedentes) 3) Que en fecha treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme a la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. La Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda que, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que, es vista para consulta la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazan, en fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, misma que otorgó la garantía de amparo interpuesta a favor de la recurrente, Abogada FABIA ISABEL CABALLERO RODRIGUEZ; con fundamento en una pluralidad de razones procesales y de fondo convencional, de donde se colige la incompatibilidad con el debido proceso, del auto judicial de inadmisión incidental y consiguiente condena en costas; tomando en especial consideración que no se encuentra que se haya desestimado en el fondo el defecto procesal alegado, pues en ningún momento se elevó a tramitación; con base al principio de vencimiento de su pretensión argumentativa, sino que se inadmitió de plano; contemplándose, asimismo, el no existir contienda y dilucidarse de manera satisfactoria y por completo, el Incidente de Nulidad planteado (Ver artículos 219.1 y 221 del Código Procesal Civil); de todo lo cual no se desprendería fundamento para la condena en costas, con arreglo al Artículo 3 del mismo Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (3): Que, tal como asevera la sentencia venida en consulta, al decretársele condena en Costas en resolución del Incidente de Nulidad planteado, se ha creado “un error involuntario y manifiesto”, que ocasionó la Judicatura fundamentara y motivara su respuesta sobre un auto de denegación de medidas cautelares dictado, con la misma fecha, del auto contra el cual efectivamente se interponía recurso de reposición; es decir, contra la admisión tácita de los medios probatorios ofertados por el Opositor Ejecutado, con relación a los oficios solicitados al Ministerio Público. Según manifiesta la garantista, tal accionar judicial infringiría lo estipulado por el artículo 3 del Código Procesal Civil, que asegura a las partes una respuesta pronta y efectiva, en al derecho de acceso a los Juzgados y Tribunales; así como lo prescrito en los artículos 64, 82, y 90, de la Constitución de la República, inter alia; al imponérsele una condena en costas sin que concurriere el principio de vencimiento, como consecuencia de una cadena de actos procesales en los cuales se le ha vedado a su mandante el derecho de petición, de debido proceso y de legalidad. CONSIDERANDO (4): Que, a juicio de la Corte sentenciadora, no reúne el auto impugnado los requisitos, formas, derechos y solemnidades exigidas por la Ley, por lo cual tal condena en costas incidentales no obliga al Amparista, por contravenir y disminuir los derechos fundamentales de defensa y debido proceso; denotando razonabilidad, para esta Sala de lo Constitucional, su argumentación de no existir contienda y de haberse dilucidado de manera satisfactoria, y por completo, el Incidente de Nulidad planteado; descartándose, asimismo, la existencia de evidente malicia en la promoción del incidente, por parte de la Parte recurrente; y brindando la valoración pertinente, en definitiva, a la argumentación judicial del error involuntario y manifiesto, en que reconoce haber incurrido. CONSIDERANDO (5): Que, la sentencia de amparo dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, concreta el deber de la judicatura de observar respeto, promover y garantizar las formalidades, derechos y garantías previstas en la Ley y en la Constitución de la República. Y, que, habiéndose observado motivación y justificación congruente y de fondo, oído que fue el parecer de la Fiscal del Despacho y otros argumentos jurídicos aquí explicitados; procede, para esta Sala, el dictado de sentencia confirmatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 60, 80, 82, 90, 94, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro y que es venida en consulta. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. Y CÚMPLASE FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WALTER RAUL MIRANDA SABIO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días de agosto del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de enero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0098-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL