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Sentencia AC-978-24 — Registro 19158

Resumen

En Consulta las diligencias que contienen la resolución que sobreseyó el recurso de Amparo con relación a la demanda de ejecución forzosa del título judicial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado garantías constitucionales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el Amparo solicitado. Esta Sala, ha establecido que el recurso de Amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. De los argumentos expuestos por el impetrante y del estudio de sus antecedentes se constata: a) referente a las alegaciones contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, en la cual se ordena la Desocupación y Desalojo Forzoso de un bien inmueble, de lo alegado por el censor no se verifica que el acto señalado como violatorio de los derechos señalados adolezca de los requisitos exigidos por la ley, pues por al contrario, las partes intervinientes en el proceso han tenido las oportunidades procesales que la Ley les confiere, han hecho peticionado lo que han estimado a su favor, peticiones que han sido resueltas por el A-quo en los términos legales, por lo que se considera que en ningún momento se han violentando las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, también es cierto que esta no se ha resuelto a favor del mismo, pues actualmente se encuentran siendo objeto del Recurso de Apelación, ese no es motivo para afirmar que se ha violentado los derechos alegados, pudiéndose observar en la causa de mérito que el proceso se ha llevado bajo los procedimientos legalmente establecidos, por lo que tampoco logra acreditar el recurrente que se han violentado normas procedimentales alegadas; b) el quejoso ha presentado un recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Francisco Morazán, contra el auto de fecha tres de abril del año dos mil veinticuatro, recurso que a la fecha no ha sido resuelto, presentado paralelamente el presente recurso de Amparo y la Apelación, nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de Amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de Amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada; en tal sentido, no se aprecia ninguna garantía constitucional vulnerada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídos y han hecho valer sus pretensiones frente la juez competente, respetando el derecho de defensa y el debido proceso e igualmente manteniendo igualdad de las partes en el proceso. De la misma manera, la Sala de lo Constitucional, no observa violación referente al derecho de propiedad, en virtud de que el garantista no explica en qué forma podría el acto impugnado afectar ese derecho de su poderdante. CONSIDERANDO SIETE (7): En ese orden de ideas, este Alto Tribunal de justicia, al examinar las diligencias arriba a la conclusión que, indudablemente, las argumentaciones del quejoso no son de recibo, como lo ha señalado el Tribunal de Apelaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. La Sala observa, que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente la inadmisibilidad del recurso de Amparo interpuesto; sin embargo, adicionalmente a las causales esgrimidas en la sentencia que se conoce en consulta, esta Sala considera, que le es aplicable el causal número 3, en otras palabras, a la presente acción le concurren las causales contenidas en los numerales 1, 3 y 7 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, las cuales refieren lo siguiente: “Artículo 46. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo:1) Cuando se alegan violaciones de mera legalidad; 2) …3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado … 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio…” La subsunción a las causales apuntadas obedece a que: a) los argumentos expresados contra la resolución objeto de este recurso está siendo objeto de un recurso de apelación y por tanto, se debe esperar la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho; situación que se enmarca claramente dentro de la causal de inadmisibilidad de la acción de Amparo, contemplada en el Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y en virtud de estar expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en Amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos. En consecuencia, esta Sala de lo Constitucional estima, procedente CONFIRMAR la sentencia que se conoce en consulta obligatoria.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha seis de agosto de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que sobreseyó el recurso de Amparo presentado por la Abogada Iris Karina Licona Talavera, a favor del señor Manuel de Jesús Rivera Bautista, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, con relación a la demanda de ejecución forzosa del título judicial promovida por los señores Enma Xiomara Sosa Vásquez y Pedro Javier Sosa Zuniga, contra el señor Manuel de Jesús Rivera Bautista. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. 1) En fecha seis de febrero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Luis Ernesto Flores, actuando en su condición de Representante Procesal de los señores Benjamín Sosa Raudales y Pedro Javier Sosa Zúniga, promoviendo “…DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TÍTULO JUDICIAL PARA QUE SE ORDENE LA ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE COMO ESTÁ ORDENADO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA…”, en contra del señor Manuel de Jesús Rivera Bautista. (Folios 1-3 de l tomo I de del expediente del A-quo).2) En fecha veintinueve de abril de dos mil veinticuatro, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto mediante el cual dispuso: “…Admítase el escrito que antecede, mismo que se manda agregar a sus antecedentes.- En cuanto a lo solicitado por el Abogado LUIS ERNESTO FLORES, en su condición de representante procesal de los Señores ENMA XIOMARA SOSA VASQUEZ y PEDRO JAVIER SOSA ZUNIGA, en su condición de partes ejecutantes; Por lo tanto, requiérase por medio de funcionario judicial correspondiente en legal y debida forma al Señor MANUEL DE JESÚS RIVERA BAUTISTA, en su condición de parte ejecutada, o a las personas que habiten el bien Inmueble ubicado en la Montaña El Palenque, de la Aldea San Francisco de Soroguara de la jurisdicción del Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, para que dentro del término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, procedan a desocupar voluntariamente el mismo; debiendo dicho Funcionario Judicial hacerle las prevenciones de que al no hacerlo se procederá al desalojo o lanzamiento forzoso, con la ayuda de la Policía Nacional, todo en virtud de haberse desestimado la oposición en las presentes diligencias y de continuar con el trámite normal del proceso. Asimismo y en el caso de no encontrarse el ejecutado en el primer intento del requerimiento en el lugar que se ha señalado para el efecto, que el mismo pueda hacerse nuevamente en lugar distinto del establecido; que pueda efectuarse haciendo entrega a cualquier empleado o familiar mayor de catorce (14) años, que se encuentre en ese lugar, advirtiendo el receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de esta o darle aviso, si sabe de su paradero; si se dirigiere al lugar de trabajo habitual del ejecutado, en ausencia de este, la entrega se efectúe a persona que manifieste conocerlo o si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella. Asimismo se le hace saber al compareciente que la resolución que desestima la oposición planteada en las presentes diligencias de fecha tres (3) de abril del dos mil veinticuatro (2024) que corre agregada de folios número ciento treinta y cuatro al ciento treinta y seis (F. 134 al 136), ya fue notificada por la Secretaria del despacho a su persona y a la Abogada IRIS KARINA LICONA TALAVERA, quien actúa como representante procesal de la parte ejecutada, según consta en constancias de fecha dieciocho (18) de abril del dos mil veinticuatro (2024) Articulo 135 144 153, 863 y 883.3 del Código Procesal Civil-NOTIFIQUESE.-…” (Folio 132 del tomo I del expediente del A-quo).3) Que en fecha once de junio de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, compareció la Abogada Iris Karina Licona Talavera, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor Manuel de Jesús Rivera Bautista, contra el auto dejado relacionado en el numeral que antecede, por considerar el recurrente que la decisión adoptada por el A-quo, le vulnera a su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 103 de la Constitución de la República. 4) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha seis de agosto de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) Se SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la Abogada IRIS KARINA LICONA TALAVERA, en su condición de apoderada legal del señor MANUEL DE JESUS RIVERA BAUTISTA, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha 29 de abril de 2024. 2) Revóquese la medida cautelar provisional de suspensión del acto reclamado, decretada el 12 de junio de 2024. 3) Y efectuadas las notificaciones de ley se envíe los autos en trámite de Consulta Obligatoria a la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. NOTIFÍQUESE...” (Folios 27-29 del expediente del Ad-quem). 5) Que en fecha doce de agosto de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Competencia de la Sala de lo Constitucional. La acción de Amparo, es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada u otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, teniendo por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución y los tratados internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional, concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por el bloque de constitucionalidad. CONSIDERANDO DOS(2): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre el acto impugnado en Amparo. La sentencia que se conoce en consulta, es la dictada en fecha seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), por la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se sobreseyó la acción de Amparo interpuesto por la Abogada IRIS KARINA LICONA TALAVERA, a favor del señor MANUEL DE JESUS RIVERA BAUTISTA, contra la resolución de fecha veintinueve (29)de abril de dos mil veinticuatro (2024), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de Título Judicial, promovida por las señoras ENMA XIOMARA SOSA VASQUEZ Y PEDRO JAVIER SOSA ZUNIGA, en la cual se ordena la DESOCUPACION Y DESALOJO FORZOSO, en contra del señor MANUEL DE JESUS RIVERA BAUTISTA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual sobresee la presente garantía constitucional de Amparo. El tribunal de alzada decidió por unanimidad de votos sobreseer la garantía constitucional de Amparo de mérito con fundamento en la parte toral de la motivación jurídica que a continuación se transcribe: “QUINTO: Revisado el expediente 0801-2020-00894-CPEJ, este Tribunal observa, que el amparo contiene dos causales de inadmisibilidad, al apreciar que se interpuso recurso de apelación en fecha 03 de mayo 2024, por parte de la Abogada Iris Karina Licona Talavera, contra el auto de fecha 03 de abril de 2024, que resuelve desestimando la oposición a la demanda de ejecución de titulo judicial, estando pendiente la remisión de este mismo expediente a este órgano Colegiado para a pronta resolución del recurso de apelación, por consiguiente tiene expeditos recursos en el mismo, según lo establece el artículo 46.7 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y posteriormente la impetrante interpuso recurso de amparo, en fecha 11 de junio de 2024, contra el auto de fecha 29 de abril de 2024, que ordena el desalojo de un bien inmueble, de lo anterior expuesto es denota que esta acción de amparo tiene como objeto la dilación proceso, dado que la orden del desalojo fue decretada antes de la interposición del recurso de apelación, artículo 46.9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. SEXTO: Por lo anterior existiendo de forma evidente dos causales de inadmisibilidad advertida en la tramitación de la acción de aparo resulta imperativo la aplicación del ultimo párrafo del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en el sentido de sobreseer la presente acción como apoderada legal del señor Manuel de Jesús Rivera Bautista, por tener expeditos recursos y ser dilatoria en el proceso. (Artículo 46 numeral 7 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.) SEPTIMO: Se ordena dejar sin valor y efecto la suspensión del acto reclamado, remitiendo las actuaciones al Juzgado de la procedencia para que sigan conociendo de la demanda de Ejecución Provisional, dejando la sentencia de este Tribunal copia de las actuaciones más importantes y que sustentan esta decisión. OCTAVO: se SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la Abogada IRIS KARINA LICONA TALAVERA, en su condición de apoderada legal del señor MANUEL DE JESUS RIVERA BAUTISTA contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de abril del 2024. 2) revóquese la medida cautelar provisional de suspensión del acto reclamado, decretada el 12 de junio del 2024. 3 CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de Amparo bajo estudio. En la interposición del recurso de Amparo, el censor sustenta en los alegatos que a continuación se resumen. Expresa que el auto de desocupación y desalojo forzoso, incluida la sentencia de Rescisión Absoluta de un Contrato de Promesa de Venta de un Bien Inmueble, son violatorias del debido proceso, porque las sentencias de Rescisión de Contrato, da derecho para ser ejecutada como que fuera una sentencia de Reivindicación de Dominio y mas si la persona demandada tiene un título definitivo de propiedad otorgado por el Instituto Nacional Agrario, título cuya existencia, confirmó el Juzgado contra quien se interpone este Recurso. Que se consideran violados por la Acción impugnada los derechos fundamentales contenidos en el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República de Honduras, artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; se viola el derecho al debido proceso, porque se pretende ejecutar una sentencia de Rescisión Absoluta de un Contrato de Promesa de Venta de un Bien Inmueble, que de hecho invalidaría el título de propiedad, otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA). El artículo 103 de la Constitución de la República de Honduras (Derecho de propiedad), artículo 21 numerales 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se considera violado este derecho porque el derecho de propiedad no puede ser vencido, ni quitado, por una sentencia en la cual no fue objeto del debate, el derecho de propiedad, sobre un lote de terreno. CONSIDERANDO SEIS (6): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el Amparo solicitado. Esta Sala, ha establecido que el recurso de Amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. De los argumentos expuestos por el impetrante y del estudio de sus antecedentes se constata: a) referente a las alegaciones contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de abril del dos mil veinticuatro, en la cual se ordena la Desocupación y Desalojo Forzoso de un bien inmueble, de lo alegado por el censor no se verifica que el acto señalado como violatorio de los derechos señalados adolezca de los requisitos exigidos por la ley, pues por al contrario, las partes intervinientes en el proceso han tenido las oportunidades procesales que la Ley les confiere, han hecho peticionado lo que han estimado a su favor, peticiones que han sido resueltas por el A-quo en los términos legales, por lo que se considera que en ningún momento se han violentando las garantías constitucionales señaladas por el recurrente, también es cierto que esta no se ha resuelto a favor del mismo, pues actualmente se encuentran siendo objeto del Recurso de Apelación, ese no es motivo para afirmar que se ha violentado los derechos alegados, pudiéndose observar en la causa de mérito que el proceso se ha llevado bajo los procedimientos legalmente establecidos, por lo que tampoco logra acreditar el recurrente que se han violentado normas procedimentales alegadas; b) el quejoso ha presentado un recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de Francisco Morazán, contra el auto de fecha tres de abril del año dos mil veinticuatro, recurso que a la fecha no ha sido resuelto, presentado paralelamente el presente recurso de Amparo y la Apelación, nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de Amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de Amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada; en tal sentido, no se aprecia ninguna garantía constitucional vulnerada, ya que el proceso se ha desarrollado con todas las garantías, pues ambas partes han sido oídos y han hecho valer sus pretensiones frente la juez competente, respetando el derecho de defensa y el debido proceso e igualmente manteniendo igualdad de las partes en el proceso. De la misma manera, la Sala de lo Constitucional, no observa violación referente al derecho de propiedad, en virtud de que el garantista no explica en qué forma podría el acto impugnado afectar ese derecho de su poderdante. CONSIDERANDO SIETE (7): En ese orden de ideas, este Alto Tribunal de justicia, al examinar las diligencias arriba a la conclusión que, indudablemente, las argumentaciones del quejoso no son de recibo, como lo ha señalado el Tribunal de Apelaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. La Sala observa, que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente la inadmisibilidad del recurso de Amparo interpuesto; sin embargo, adicionalmente a las causales esgrimidas en la sentencia que se conoce en consulta, esta Sala considera, que le es aplicable el causal número 3, en otras palabras, a la presente acción le concurren las causales contenidas en los numerales 1, 3 y 7 del artículo 46 de la Ley sobre Justicia Constitucional, las cuales refieren lo siguiente: “Artículo 46. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo:1) Cuando se alegan violaciones de mera legalidad; 2) …3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado … 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio…” La subsunción a las causales apuntadas obedece a que: a) los argumentos expresados contra la resolución objeto de este recurso está siendo objeto de un recurso de apelación y por tanto, se debe esperar la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho; situación que se enmarca claramente dentro de la causal de inadmisibilidad de la acción de Amparo, contemplada en el Artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y en virtud de estar expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en Amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos. En consecuencia, esta Sala de lo Constitucional estima, procedente CONFIRMAR la sentencia que se conoce en consulta obligatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y haciendo aplicación de los Artículos: 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 41, 45, 46, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis (06) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), que por su parte decidió SOBRESEER la acción de Amparo interpuesta por la Abogada IRIS KARINA LICONA TALAVERA, a favor del señor MANUEL DE JESUS RIVERA BAUTISTA. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0978-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL