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Sentencia AC-834-22 — Registro 20073

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial. Donde el Pagaré prescribió por el no ejercicio de la acción cambiaria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el accionante ha centrado sus alegatos básicamente en que considera que la prescripción alegada por el ejecutado, por el hecho de haber reconocido la deuda y pese a que invocó la prescripción, implica una renuncia de la prescripción ganada, pues para el accionante, la renuncia de la prescripción expresa o tácita se produce de la misma manera en que tiene lugar la interrupción de la prescripción, equiparando los efectos legales de ambas figuras, argumento que ha extendido para todos los derechos constitucionales que considera violados, sin embargo, este tribunal constitucional, estima que la interrupción de la prescripción y la renuncia de la prescripción son dos figuras totalmente distintas, en tanto pueden llegar a tener lugar en momentos diferentes, en ese sentido para hablar de la interrupción de la prescripción, la interrupción por cualquiera de las formas del artículo 1692 del Código de Comercio, debe darse dentro del plazo establecido para ejercer judicialmente el derecho de que se trate y cuya acción como regla general se cuenta desde el día en que puede ejercitarse (artículo 2297 código civil), en cambio el sentido del artículo 2268 del código civil, supone que previamente ha transcurrido el tiempo de la prescripción, pues solo de esta forma se entiende que esta ha sido ganada, por lo tanto, acá el acto que haga suponer el abandono del derecho adquirido o renuncia a la prescripción, tiene que darse después de transcurrido el plazo de la prescripción, en ese sentido un acto tácito que implique renuncia sería por ejemplo el abono a la deuda después de ganada la prescripción, pero en el caso sub júdice el pago se dio antes de ganada la prescripción, y el reconocimiento de deuda que si es un medio de interrumpir la prescripción y que es distinto al pago de deuda o pago parcial de deuda, tiene que darse dentro del plazo de la prescripción para interrumpirla, por lo tanto, renuncia de prescripción e interrupción de la prescripción, son diferentes para efectos del caso en estudio y este aspecto del debate fue precisamente abordado por la Corte de Apelaciones con suficiencia y racionalidad, por tanto, al haberse observado las formalidades de ley y al haber dimensionado correctamente las normas aplicadas al caso concreto, no se produce las violaciones de los derechos constitucionales denunciados.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el accionante ha centrado sus alegatos básicamente en que considera que la prescripción alegada por el ejecutado, por el hecho de haber reconocido la deuda y pese a que invocó la prescripción, implica una renuncia de la prescripción ganada, pues para el accionante, la renuncia de la prescripción expresa o tácita se produce de la misma manera en que tiene lugar la interrupción de la prescripción, equiparando los efectos legales de ambas figuras, argumento que ha extendido para todos los derechos constitucionales que considera violados, sin embargo, este tribunal constitucional, estima que la interrupción de la prescripción y la renuncia de la prescripción son dos figuras totalmente distintas, en tanto pueden llegar a tener lugar en momentos diferentes, en ese sentido para hablar de la interrupción de la prescripción, la interrupción por cualquiera de las formas del artículo 1692 del Código de Comercio, debe darse dentro del plazo establecido para ejercer judicialmente el derecho de que se trate y cuya acción como regla general se cuenta desde el día en que puede ejercitarse (artículo 2297 código civil), en cambio el sentido del artículo 2268 del código civil, supone que previamente ha transcurrido el tiempo de la prescripción, pues solo de esta forma se entiende que esta ha sido ganada, por lo tanto, acá el acto que haga suponer el abandono del derecho adquirido o renuncia a la prescripción, tiene que darse después de transcurrido el plazo de la prescripción, en ese sentido un acto tácito que implique renuncia sería por ejemplo el abono a la deuda después de ganada la prescripción, pero en el caso sub júdice el pago se dio antes de ganada la prescripción, y el reconocimiento de deuda que si es un medio de interrumpir la prescripción y que es distinto al pago de deuda o pago parcial de deuda, tiene que darse dentro del plazo de la prescripción para interrumpirla, por lo tanto, renuncia de prescripción e interrupción de la prescripción, son diferentes para efectos del caso en estudio y este aspecto del debate fue precisamente abordado por la Corte de Apelaciones con suficiencia y racionalidad, por tanto, al haberse observado las formalidades de ley y al haber dimensionado correctamente las normas aplicadas al caso concreto, no se produce las violaciones de los derechos constitucionales denunciados.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ a favor del señor CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha veintiuno de marzo dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el señor CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS, contra la Sociedad Mercantil PROMOTORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V. .(Exp. No. 0501-2021-02564-LCE-J6). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 1, 80, 82, 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha diecisiete de junio de los dos mil veintiuno, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ actuando en su condición apoderado legal del señor CARLOS ALBERTO URBIZO LOPEZ promoviendo demanda de ejecución de titulo extrajudicial promovida contra la Sociedad Mercantil PROMOTORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V. (Folios 01-7 de la Primera pieza de antecedentes.) 2) Seguido el procedimiento, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, resolvió: En consecuencia de lo anterior este Juzgado resuelve: 1).- Estimar la oposición opuesta por la Abogada MILDRED MARIA AVALOS VILLEDA en su condición de Apoderada legal de LA Sociedad Mercantil PROMOTORA DE VIVIENDA SA DE C.V. en la demanda de ejecución Forzosa de Títulos Extrajudiciales promovida por el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ en su condición de apoderado legal del señor CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS contra la Sociedad Mercantil PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en virtud de que la acción derivada del documento denominada Pagaré prescribió por el no ejercicio de la acción cambiaria oportunamente según se ha explicado en el cuarto antecedente de hecho y en la fundamentación Jurídica.- 2) Se absuelve a la demandada del pago de la cantidad reclamada; 3) Habiéndose estimado la oposición se declara sin lugar el procedimiento. 4) Esta Sentencia admite recurso de Apelación el que deberá promoverse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la misma. 5) Se condena en costas a la parte ejecutante. NOTIFIQUESE.” (Folios 293 al 297 de la primera pieza de antecedentes) 3) Conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ, en su condición señalada anteriormente, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó resolución en fecha uno de diciembre del dos mil veintidós, mediante la cual en su parte dispositiva resolvió: “…PARTE DISPOSITIVA En consecuencia esta Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, por unanimidad de votos FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ quien actúa en su condición de apoderado judicial del señor CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS, contra la sentencia definitiva de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno (F 293), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ en su condición de apoderado judicial del señor CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS en contra de la sociedad mercantil denominada PROMOTORA DE VIVIENDA SA representada legalmente por el señor ENRIQUE SCHMID HEGNAVER para el pago de ochocientos treinta y cuatro mil, ochocientos veinte lempiras con ochenta y tres centavos (L 834,820.83).- SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno (F 293), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, venida en apelación.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y que al estar firme, con la certificaron de estilo se devuelva al Juzgado de su Procedencia para su cumplimiento. CON COSTAS. NOTIFIQUESE…” (Folios 6 al 11 de la segunda pieza de los antecedentes) 4) El Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintiséis de mayo del dos mil veintidós, interponiendo acción de amparo a favor del señor CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS contra la resolución de fecha veintiuno de marzo del dos mil veintidos, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula Departamento de Cortes, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82, 90, de la Constitución de la República. Desprendiéndose del mismo que el término de cuarenta y ocho horas concedido para formalizar su acción, venció el día veintidós de febrero de dos mil veintitrés, siendo las dos de la tarde con cuarenta y cinco minutos, se declara caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar; asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual es procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo, dando vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho para que emita su dictamen en el presente asunto. (Folios 01 al 07 y 19 del recurso de amparo) 5) En fecha veintiséis de septiembre del dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA y por emitido su dictamen, quien concluyó que “NO SE OTORGUE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO” (Folios 22 al 25 del recurso de amparo) CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3) El recurrente al interponer la acción constitucional de amparo, manifestó lo siguiente: VIOLACION AL DEBIDO PROCESO. A) En el considerando ocho de la fundamentación fáctica y jurídica la Corte al referirse al razonamiento por el cual no considera el reconocimiento expreso o tácito de la obligación reclamada, establece que este motivo de interrupción solo aplica cuando dicho reconocimiento debe estar comprendido en el plazo vigente de la prescripción, razonamiento que niega y omite el principio de legalidad que repercute en el debido proceso en su sentido eminentemente procesal, porque al limitar ese razonamiento como lo hizo se desvincula del ordenamiento jurídico, pues infiere que el motivo de interrupción solo aplica cuando este se hace dentro del transcurso del plazo de la prescripción, negando con ello la institución jurídica de la renuncia expresa o tácita de la prescripción ya ganada. B) La renuncia expresa o tácita se nutre de los mismos presupuestos de la interrupción, esto es, por ejemplo cuando ya ha consumado la prescripción al haber trascurrido el término que establece la ley y el deudor o su apoderado manifiesta por hecho suyo reconocer el derecho del dueño o acreedor, por ejemplo, cuando el que debe dinero paga intereses o pide plazos, o como en el caso de autos donde a la ejecutada se le requirió para que se oponga y alegue excepciones, lo que en efecto hizo la ejecutada, sin habérselo solicitado el Juez por medio de su apoderada Abogada Mildred María Avalos Villela, procedió a contestar los hechos al decir libre y espontáneamente que se acepta el hecho tercero. La renuncia de la prescripción tiene los mismos fetos de interrupción de la prescripción, pues es la prescindencia de todo el tiempo de inercia corrida hasta entonces, de modo que el cómputo reinicia nuevamente cunado se produce el reconocimiento, con posibilidad prácticamente indefinida de que se repitan los fenómenos, hasta que el término respectivo transcurra íntegro nuevamente, sin que el deudor haga un nuevo reconocimiento expreso o tácito, aceptar el razonamiento que el reconocimiento tácito o expreso solo se aplica cuando está en curso el plazo de la prescripción, es desconocer que cuando ya está ganada, al reconocerlo aplica la renuncia, al omitir este razonamiento que surge de la ley, estamos ante una resolución incompleta que se apartó del principio de legalidad excluyendo la institución de la Renuncia de la prescripción, negando que la prescripción es rogada o que no puede ser declarada de oficio, como incurrió la resolución recurrida, ello implica que perfectamente el acreedor puede demandar, aunque la obligación esté prescrita y le corresponde al demandado alegar la prescripción, y si no lo hace o por el contrario acepta la deuda y después lo alega, la misma es improcedente, por haber consumado la renuncia de la prescripción ya ganada, como aconteció en este caso, al aplicar la causal numeral 3) del artículo 1692 del Código de Comercio, incurriendo en omisión patente la Corte la aplicar la norma solo cuando el plazo no se ha consumado, por lo tanto, omitió que explícitamente el reconocimiento es una renuncia a la prescripción ya ganada. C) En consecuencia, de conformidad con el artículo 2268 del Código Civil, si la prescripción ya se cumplió y existe reconocimiento opera la renuncia. D) Por lo tanto, resulta explícitamente contenido en el numeral 3) del artículo 1692 del Código de Comercio, al implicar el reconocimiento del derecho a favor de mi representado la renuncia de la prescripción ya ganada por el Ejecutado, como acontece en el caso que nos ocupa y que el tribunal se aparta de esa correcta aplicación de la ley. C) No cabe duda que lo resuelto por el tribunal obvió la aplicación del principio fundamental a dictar una sentencia conforme a las disposiciones legales aplicables en su caso, según el Código Civil específicamente el artículo 2268 que en relación al 1692 numeral 3) del Código de Comercio, según el cual la prescripción ya ganada fue renunciada por la apoderada del deudor. F) La motivación no debe entenderse como un razonamiento exhaustivo dirigido únicamente a las pretensiones de las partes o de la decisión del juzgador, sino que batará con un razonamiento lógico, preciso y apegado a derecho, y en el caso de autos existe un error patente que recae en primer lugar sobre una sentencia incompleta pues no se pronuncia sobre el artículo 2268 del código civil en relación al 1692 numeral 3) del Código de Comercio. Sobre la violación al derecho de defensa, el accionante argumentó: 1) La Corte obvió el principio de especialidad de la ley, vulnerando con ello el derecho fundamental a una sentencia dictada conforme a las disposiciones legales aplicables, en su caso el artículo 2268 del código civil, según el cual un reconocimiento expreso realizado por la apoderada de PROMOTORA DE VIVIENDA S.A. cuando la prescripción ya se ha consumado, implica renuncia a la prescripción ganada. 2) La motivación no debe entenderse como un razonamiento exhaustivo sobre las pretensiones de las partes o de la decisión del juzgador, sino que es un razonamiento lógico, preciso y apegado a derecho, y en el caso de autos, existe un error manifiesto al no pronunciarse el tribunal recurrido sobre la renuncia expresa de la prescripción ganada. Igualmente, el recurrente invoca violación al derecho de propiedad, manifestando que, ha violado este derecho al omitir la actuación por la cual se recurre en amparo que se consumó una renuncia expresa a la prescripción ganada por el deudor, negándole el derecho de cobrar SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS, mas los intereses que le adeuda la sociedad PROMOTORA DE VIVIENDA, S.A. CONSIDERANDO (4): El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. CONSIDERANDO (5): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, el accionante ha centrado sus alegatos básicamente en que considera que la prescripción alegada por el ejecutado, por el hecho de haber reconocido la deuda y pese a que invocó la prescripción, implica una renuncia de la prescripción ganada, pues para el accionante, la renuncia de la prescripción expresa o tácita se produce de la misma manera en que tiene lugar la interrupción de la prescripción, equiparando los efectos legales de ambas figuras, argumento que ha extendido para todos los derechos constitucionales que considera violados, sin embargo, este tribunal constitucional, estima que la interrupción de la prescripción y la renuncia de la prescripción son dos figuras totalmente distintas, en tanto pueden llegar a tener lugar en momentos diferentes, en ese sentido para hablar de la interrupción de la prescripción, la interrupción por cualquiera de las formas del artículo 1692 del Código de Comercio, debe darse dentro del plazo establecido para ejercer judicialmente el derecho de que se trate y cuya acción como regla general se cuenta desde el día en que puede ejercitarse (artículo 2297 código civil), en cambio el sentido del artículo 2268 del código civil, supone que previamente ha transcurrido el tiempo de la prescripción, pues solo de esta forma se entiende que esta ha sido ganada, por lo tanto, acá el acto que haga suponer el abandono del derecho adquirido o renuncia a la prescripción, tiene que darse después de transcurrido el plazo de la prescripción, en ese sentido un acto tácito que implique renuncia sería por ejemplo el abono a la deuda después de ganada la prescripción, pero en el caso sub júdice el pago se dio antes de ganada la prescripción, y el reconocimiento de deuda que si es un medio de interrumpir la prescripción y que es distinto al pago de deuda o pago parcial de deuda, tiene que darse dentro del plazo de la prescripción para interrumpirla, por lo tanto, renuncia de prescripción e interrupción de la prescripción, son diferentes para efectos del caso en estudio y este aspecto del debate fue precisamente abordado por la Corte de Apelaciones con suficiencia y racionalidad, por tanto, al haberse observado las formalidades de ley y al haber dimensionado correctamente las normas aplicadas al caso concreto, no se produce las violaciones de los derechos constitucionales denunciados. PORR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 62, 82 ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 2268, 2297 del Código Civil; 1692 del Código de Comercio. FALLA: DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado LUIS ALONZO CASTELLANOS SANCHEZ a favor del señor CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha veintiuno de marzo dos mil veintidós, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el señor CARLOS ALBERTO URBIZO SOLIS, contra la Sociedad Mercantil PROMOTORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V. Y MANDA: Que se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida y que se continúe con el trámite procedente. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-834-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL