Sentencia AC-808-23 — Registro 20288
Resumen
Nulidad de Litis consorcio Pasivo con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio de un bien inmueble interpuesta contra recurrente, L a Sala concluye que sobre el planteamiento referente a que la conformación del litisconsorcio “nunca fue anulada” el mismo debe descartarse a la luz del acta de la audiencia de nulidad del 26 de julio de 2022, en la cual: 1. El Juez declaró nulas las actuaciones vinculadas a la conformación del litisconsorcio, con fundamento en el artículo 12 del Código Procesal Civil; 2. La nulidad fue aceptada de manera expresa por las partes personadas; 3. Se dispuso la continuación del proceso únicamente con las partes originalmente legitimadas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El amparista funda su recurso reprochando que la resolución dictada por el Ad Quem le afecta al declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el representante procesal de la parte demandante y en la cual ordena que se convoque a la continuación de la audiencia preliminar, su petición se basa que se debe aplicar lo resuelto en la resolución de fecha 13 de diciembre de 2022, pero volvemos a lo que se expuso en el considerando anterior, la resolución de fecha 26 de julio de 2022 es anterior cronológicamente a la de fecha 13 de diciembre de 2022, la primera ordena la consecución de la audiencia preliminar pero la segunda ordena el archivo de las diligencias, si aplicamos el debido proceso las resoluciones se deben ejecutar en el orden en que se dictan, otro punto a valorar es que la resolución de fecha 26 de Julio de 2022 fue dictada por el juez EDY ALEXANDER DELGADO MARTINEZ y la resolución de fecha 13 de diciembre de 2022 fue dictada por la juez PAOLA PORTILLO, violentando el principio de inmediación establecido en el artículo 16 del Código Procesal Civil, si por razones desconocidas se cambio de juez se debió de tener cuidado de ver el hilo conductor del proceso para tener una visión clara de lo que allí se ventilaba y hacia donde estaba encaminado el mismo ya que ambas resoluciones chocan la primera con la segunda pero haciendo ver que: primero en tiempo, primero en derecho, la primera resolución descarta totalmente la segunda, por lo que esta magna sala coincide con el dictamen emitido por la agente fiscal del Ministerio Público abogada TANIA FIALLOS RIVERA quien es del parecer que no se otorgue la garantía de amparo interpuesta en el presente recurso. en vista que no se ha violentado ninguna norma constitucional al impetrante en el presente juicio.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Antonio Taixes López, a favor del señor Héctor Agustín Álvarez Andino, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra el auto de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós , dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria de reivindicación de dominio de un bien inmueble, interpuesta por el señor Juan Ramón García Andino, contra los señores Héctor Agustín Álvarez Andino y Wilmer Álvarez Andino. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Juan Ramón García Andino, presentando “DEMANDA VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO…” contra los señores Héctor Agustín Álvarez Andino y Wilmer Álvarez Andino. (Folios 1-4 del expediente del A-quo) 2) En fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó auto mediante el cual dispuso: “…PRIMERO: Téngase por presentada la Dación de Cuenta emitida por la Secretaría del Despacho en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil veintiunos, misma que se manda sus antecedentes. SEGUNDO: En virtud de lo manifestado en dicha Dación de cuenta, téngase por PRECLUÍDO e irremediablemente perdido el plazo de DIEZ (10) DÍAS concedido Abogado JORGE BELARMINO REYES, en su condición de representante procesal de la parte demandante, para que estableciera en legal y debida forma el Litis Consorcio pasivo Necesario dirigiendo la demanda contra la señora DEBBIE ILEANA ANGELINO RODRIGUEZ, como parte demandada, misma que no fue traída al proceso y que se considera que debió integrarse al mismo, ha vencido sin que se haya hecho uso del mismo…” (Folios 117-118 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Jorge Belarmino Reyes y Jorge Belarmino Reyes Guevara, contra el auto relacionado en el numeral que antecede la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación. SEGUNDO: Se revoca la resolución recurrida. TERCERO: Que, al recibo del expediente, el A quo convoque a la continuación de la audiencia preliminar. CUARTO: Sin costas en segunda instancia…” (Folios 18-22 del expediente del Ad-quem) 4) En fecha trece de junio de dos mil veintitrés, Compareció ante esta Sala, el Abogado José Antonio Taixes López, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Héctor Agustín Álvarez Andino, contra la resolución referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagra++dos en los artículos 82 y 90 la Constitución de la República. 5) En fecha siete de diciembre del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, interpuesto por el José Antonio Taixes López, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 52 del recurso de mérito) 6) En fecha veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Tania Fiallos Rivera, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso; establece lo siguiente: Que el recurrente argumenta en su escrito de interposición de la acción de amparo que la resolución emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento Morazán, vulnera el derecho de Defensa y el debido Proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. De los antecedentes de mérito, se colige que el impetrante ha venido a esta instancia, argumentando que la resolución recurrida vulnera los derechos fundamentales de su representado, el señor HECTOR AGUSTIN ALVAREZ ANDINO, al establecer que en el caso de autos el litisconsorcio fue anulado por el Juez de Primera instancia en la audiencia de nulidad, cuando lo que se anuló fue el auto de fecha 01 de abril del 2022 y deja subsistentes las demás actuaciones, es decir, queda con valor el litisconsorcio pasivo necesario. Del estudio de la foliada se aprecia que mediante resolución de fecha veintiséis de julio de 2022, en la cual se desarrolló la audiencia de nulidad, el A-quo señala lo siguiente: “que en audiencia del 01 de septiembre de 2021, se ordenó a la parte demandada en el plazo de diez días proporcionara los datos necesarios para efectos de establecer litisconsorcio necesario a la futura parte demandada Debbis Iliana Angelino Rodríguez…, por lo que luego de la revisión que se hizo al expediente, estimo declarar nulidad de actuaciones a partir del escrito de fecha 10 de marzo donde se ordenaba en el auto de fecha 01 de abril del 2022, librar oficios a Hondutel, Enee, Sanaa, Tigo y Claro, dejando subsistente el auto de fecha 22 de enero de 2022 donde ya se le había precluido a la parte interesada (demandada) de requerir información ya que lo vino a hacer de manera extemporánea, pero se deberá continuar con las partes que han sido personadas en el proceso. Por su parte el Ad-quem en su resolución, señala que el error de la juzgadora se configura al emitir la resolución del 13 de diciembre del 2022, sin considerar lo resuelto mediante auto dictado en la audiencia celebrada el 26 de julio del 2022, ya que al revisar dicho Tribunal ambas resoluciones, concluye que, evidentemente la A-quo yerra al declarar el cierre del proceso, cuando ya se había dejado sin valor el Litisconsorcio, quedando únicamente pendiente del señalamiento de la audiencia preliminar. De lo anterior, la suscrita aprecia que al desprenderse de la resolución suprarelacionada que efectivamente el litisconsorcio no se materializó, por lo que tal y como lo advierte la Alzada debe proseguirse con el procedimiento de la causa, como ser el señalamiento de la respectiva audiencia preliminar, por lo que se estima que la resolución adoptada por la Alzada, ha sido en observancia a la Ley, por lo que no se aprecia quebranto del Derecho de Defensa y Debido Proceso alegados por el impetrante. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 55-58 del expediente de mérito) FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5, con relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3) Que el amparista presentó recurso de amparo contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán de fecha veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023), la cual en su parte resolutiva dice: PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación. SEGUNDO: Se revoca la resolución recurrida. TERCERO: Que, al recibo del expediente, el A quo convoque a la continuación de la audiencia preliminar. CUARTO: Sin costas en segunda instancia…” (Folios 18-22 del expediente del Ad-quem), la resolución a que se hace mención en el segundo numeral es la emitida por el juez A Quo de fecha veintiséis (26) de Julio del año dos mil veintidós (2022) en la cual el juzgado RESUELVE: “Habiendo escuchado a las partes procesales en relación a lo que fue apreciado por el Tribunal en el cumplimiento de las normas de orden procesal donde se deja sin valor ni efecto el auto de fecha 1 de abril de 2022 quedando subsistente valga la aclaración las demás actuaciones procesales y donde se deberá continuar con el trámite del juicio quedando pendiente el señalamiento de la audiencia preliminar y pues serán las partes que han estado personándose desde un inicio en este proceso que hoy se está conociendo en este tribunal, no habiendo más que agregar se da finalizada la audiencia siendo las diez de la mañana con veintiséis minutos.- Firmando los comparecientes para constancia ante el suscrito juez y la secretaria del despacho que da fe”.- Esta resolución quedó firme según constancia de fecha 13 de febrero de 2023 en la cual la Secretaria adjunta ROSA OFELIA MOLINA da fe que fueron notificados el Abogado JORGE BELARMINO REYES a su móvil 9546-6429 en su calidad de representante procesal de la parte demandante y al abogado JOSE ANTONIO TAIXES a su móvil 9545-3747 en su calidad de representante procesal de la parte demandada. CONSIDERANDO (4): Que de lo anterior se colige que la referida resolución es firme en virtud que ninguna de las partes presentó recurso alguno contra la misma, la actuación inmediata siguiente a la notificación es la contestación del recurso de apelación interpuesto por el abogado Taixes al recurso de apelación interpuesto por el abogado Reyes contra la resolución de fecha 13 de diciembre de 2022 la cual ordena que se archiven las presentes diligencias. CONSIDERANDO (5): En ese orden de actuaciones razonaremos el debido proceso, habiendo quedado firme la resolución de fecha 26 de julio de 2022, procedía su ejecución o sea cumplir lo que en el mismo se determinó siendo ello la continuación del trámite del juicio en el cual quedó pendiente el señalamiento de la audiencia preliminar, si el amparista al tenor de lo allí resuelto no estaba de acuerdo, debió utilizar los recursos que la ley de concede pero dejó pasar dicho término sin presentar ningún recurso, es decir que el momento procesal para hacer valer su derecho ya es vencido y en virtud de no haberse ejecutado es una resolución judicial pendiente de ejecución, sin que el amparista recurriera la resolución que supuestamente le afectaba a su poderdante. CONSIDERANDO (6): El amparista funda su recurso reprochando que la resolución dictada por el Ad Quem le afecta al declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el representante procesal de la parte demandante y en la cual ordena que se convoque a la continuación de la audiencia preliminar, su petición se basa que se debe aplicar lo resuelto en la resolución de fecha 13 de diciembre de 2022, pero volvemos a lo que se expuso en el considerando anterior, la resolución de fecha 26 de julio de 2022 es anterior cronológicamente a la de fecha 13 de diciembre de 2022, la primera ordena la consecución de la audiencia preliminar pero la segunda ordena el archivo de las diligencias, si aplicamos el debido proceso las resoluciones se deben ejecutar en el orden en que se dictan, otro punto a valorar es que la resolución de fecha 26 de Julio de 2022 fue dictada por el juez EDY ALEXANDER DELGADO MARTINEZ y la resolución de fecha 13 de diciembre de 2022 fue dictada por la juez PAOLA PORTILLO, violentando el principio de inmediación establecido en el artículo 16 del Código Procesal Civil, si por razones desconocidas se cambio de juez se debió de tener cuidado de ver el hilo conductor del proceso para tener una visión clara de lo que allí se ventilaba y hacia donde estaba encaminado el mismo ya que ambas resoluciones chocan la primera con la segunda pero haciendo ver que: primero en tiempo, primero en derecho, la primera resolución descarta totalmente la segunda, por lo que esta magna sala coincide con el dictamen emitido por la agente fiscal del Ministerio Público abogada TANIA FIALLOS RIVERA quien es del parecer que no se otorgue la garantía de amparo interpuesta en el presente recurso. en vista que no se ha violentado ninguna norma constitucional al impetrante en el presente juicio. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 129, 134, 135, 183 numeral 2),313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo presentado por el abogado JOSE ANTONIO TAIXES en su calidad de representante procesal de la parte demandada señor Héctor Agustín Álvarez Andino, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de abril de dos mil veintitrés.- 2) Que se dé estricto cumplimiento a la sentencia recurrida.- Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre del dos mil veinticinco. VISTO: El Recurso de Reposición interpuesto por el abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, en representación del señor HÉCTOR AGUSTÍN ÁLVAREZ ANDINO, contra la sentencia de esta Sala de fecha 27 de febrero de 2025, mediante la cual se denegó el Recurso de Amparo promovido por el propio recurrente. Analizado el contenido del recurso, esta Sala se pronuncia de la siguiente manera: CONSIDERANDO (1): Que, sobre la alegada preclusión del plazo para integrar el litisconsorcio, esta Sala observa que el recurrente sostiene que la expiración del plazo de diez (10) días para demandar a la señora Debi Ileana Angelino Rodríguez debió conducir al archivo del proceso ordinario, no obstante, del examen del expediente se desprende que: 1. la información necesaria para la ubicación de la eventual litisconsorte no fue aportada por la parte que ahora recurre; 2. La dación en cuenta que constató el vencimiento del plazo refleja un incumplimiento ajeno al órgano jurisdiccional; 3. La imposibilidad de ejecutar el litisconsorcio obedeció a razones puramente procesales, sin incidencia constitucional. El agravio, por tanto, no evidencia menoscabo a garantías constitucionales. CONSIDERANDO (2): Que sobre el auto de archivo y su revocatoria, esta Sala advierte del antecedente que el auto de archivo dictado en primer grado fue revocado por la Corte de Apelaciones, ordenándose la continuación del proceso. La sentencia de amparo —ahora recurrida en reposición— determinó que dicha revocatoria restableció la tramitación regular del juicio, sin transgresión al artículo 90 de la Constitución. En este sentido observamos que el recurso de reposición no introduce elementos adicionales a los ya resueltos que permitan revisar esa conclusión. CONSIDERANDO (3): Que sobre el planteamiento referente a que la conformación del litisconsorcio “nunca fue anulada” el mismo debe descartarse a la luz del acta de la audiencia de nulidad del 26 de julio de 2022, en la cual: 1. El Juez declaró nulas las actuaciones vinculadas a la conformación del litisconsorcio, con fundamento en el artículo 12 del Código Procesal Civil; 2. La nulidad fue aceptada de manera expresa por las partes personadas; 3. Se dispuso la continuación del proceso únicamente con las partes originalmente legitimadas. CONSIDERANDO (4): Que dicho lo anterior, la Sala tampoco advierte error, defecto, omisión o inconsistencia en la sentencia que hoy se impugna, a contrario sensu, la sentencia de amparo reconstruye adecuadamente la secuencia procesal, y concluye, con sustento constitucional, que no se verificó afectación al debido proceso, ni a los demás derechos invocados por el impetrante, quien tampoco desvirtúa esa motivación en su recurso, de ahí que el mismo deba ser desestimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional y con fundamento en los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y artículos 1, 4 numerales 7 y 8, 41, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el abogado JOSÉ ANTONIO TAIXES, en representación del señor HÉCTOR AGUSTÍN ÁLVAREZ ANDINO, contra la sentencia de esta Sala de fecha 27 de febrero de 2025; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a la sentencia NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días de febrero del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinticinco y resolución de fecha tres de diciembre de dos mil veinticinco, recaído en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0808-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL