Sentencia AC-803-23 — Registro 19678
Resumen
Recurso de amparo interpuesto contra Nulidad decretada de oficio por Ad-quem al advertir omisiones procedimentales imputables al juez A Quo, causando indefensión a parte ejecutada, estimando la anulación de oficio con relación a la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial promovida por recurrente, la Sala Constitucional encuentra que Tribunal de Alzada, ha aplicado la ley procesal de la materia, que, como queda establecido, le otorga la facultad de declarar la nulidad de actuaciones si se aprecian infracciones procesales como ser omitir pronunciarse en relación la prejudicialidad penal, peticionada por ejecutada en escrito de oposición presentado en ejecución forzosa de título extrajudicial, causando indefensión y declara la nulidad de actuaciones , quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Siendo así, la Sala encuentra que el Tribunal de Alzada, ha aplicado la ley procesal de la materia, que, como queda establecido, le otorga la facultad de declarar la nulidad de actuaciones si se aprecian infracciones procesales que la originen, y, al ser advertidas tales infracciones por la Corte de Alzada, estableciendo incluso de manera razonada que las mismas han causado indefensión, la autoridad denunciada se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa procesal vigente y aplicable al caso. X. En tal virtud, esta Sala no observa que haya mediado arbitrariedad en la decisión de la Corte de Apelaciones, pues ésta no ha hecho más que ceñir su fallo a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa, no previéndose ninguna disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie desafuero en perjuicio del quejoso. XI. Adicionalmente, este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. XII. La Sala encuentra entonces que el asunto que se ha planteado es propio de instancia, correspondiendo su decisión a la justicia ordinaria, la cual, como queda dicho, ha sido debidamente motivada por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. XIII. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la garantía de amparo que se conoce y así debe declararse"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Siendo así, la Sala encuentra que el Tribunal de Alzada, ha aplicado la ley procesal de la materia, que, como queda establecido, le otorga la facultad de declarar la nulidad de actuaciones si se aprecian infracciones procesales que la originen, y, al ser advertidas tales infracciones por la Corte de Alzada, estableciendo incluso de manera razonada que las mismas han causado indefensión, la autoridad denunciada se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa procesal vigente y aplicable al caso. X. En tal virtud, esta Sala no observa que haya mediado arbitrariedad en la decisión de la Corte de Apelaciones, pues ésta no ha hecho más que ceñir su fallo a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa, no previéndose ninguna disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie desafuero en perjuicio del quejoso. XI. Adicionalmente, este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. XII. La Sala encuentra entonces que el asunto que se ha planteado es propio de instancia, correspondiendo su decisión a la justicia ordinaria, la cual, como queda dicho, ha sido debidamente motivada por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. XIII. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la garantía de amparo que se conoce y así debe declararse"
Jerarquía: Reiterativa
..."Siendo así, la Sala encuentra que el Tribunal de Alzada, ha aplicado la ley procesal de la materia, que, como queda establecido, le otorga la facultad de declarar la nulidad de actuaciones si se aprecian infracciones procesales que la originen, y, al ser advertidas tales infracciones por la Corte de Alzada, estableciendo incluso de manera razonada que las mismas han causado indefensión, la autoridad denunciada se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa procesal vigente y aplicable al caso. X. En tal virtud, esta Sala no observa que haya mediado arbitrariedad en la decisión de la Corte de Apelaciones, pues ésta no ha hecho más que ceñir su fallo a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa, no previéndose ninguna disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie desafuero en perjuicio del quejoso. XI. Adicionalmente, este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. XII. La Sala encuentra entonces que el asunto que se ha planteado es propio de instancia, correspondiendo su decisión a la justicia ordinaria, la cual, como queda dicho, ha sido debidamente motivada por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. XIII. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la garantía de amparo que se conoce y así debe declararse"
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, a favor del señor Luis Roldan Velásquez Sorto, contra la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha tres de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial promovida por el señor Luis Roldan Velásquez Sorto. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 15, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 80, 82, 90, 304, 316 párrafo segundo numeral 1), 320, 321, 323, 324 y 325 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintiuno de marzo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el señor Luis Roldan Velásquez Sorto, actuando en causa propia, presentando “DEMANDA DE EJECUCIÓN FORZOSA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL…”, contra la señora Reina Suyapa Grandes Canales, en su condición de deudora, para que sea obligada a pagar la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,500,000.00). (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2)En fecha tres de junio de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de la oposición a la ejecución extrajudicial presentada por la señora Reina Suyapa Grandes Canales, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1): Declarando SIN LUGAR la oposición a la ejecución de título extrajudicial, consistente en "Las que se fundan en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento" presentada por la señora REINA SUYAPA GRANDEZ CANALES como parte ejecutada, en la demanda de ejecución de título extrajudicial interpuesta contra ella, por el señor LUIS ROLDAN VELÁSQUEZ SORTO como parte ejecutante, ambos de generales ya conocidas en el preámbulo de la presente sentencia. 2) ORDENAR seguir adelante con las actuaciones de apremio 3) Con costas a la parte opositora. Y MANDA: Que este fallo quede firme, si dentro del término de ley no se interpone el recurso de apelación correspondiente. NOTIFÍQUESE.” (Folios 89-92 del expediente del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, en su condición de Representante Procesal de la señora Reina Suyapa Grandes Canales, la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: ANULAR de oficio desde el auto de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil veintiuno (2021). SEGUNDO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que esta sentencia se notifique a la parte interviniente y una vez que la misma adquiera el carácter de firme, con certificación de ella se devuelvan los antecedentes al Órgano Jurisdiccional del que proceden, para su ejecución y demás efectos legales. - NOTIFÍQUESE.” (Folios 8-13 vuelto del expediente del Ad-quem). 4) En fecha trece de junio de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Luis Roldan Velásquez Sorto, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 15, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 80, 82, 90, 304, 316 párrafo segundo numeral 1), 320, 321, 323, 324 y 325 de la Constitución de la República. 5) En fecha catorce de febrero de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por presentado el escrito de formalización presentado por el Abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, téngase por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 48 del recurso de mérito) 6) En fecha diez de abril de dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del estudio del fallo venido en amparo, se aprecia que el A quo declaro sin lugar la oposición presentada contra la ejecución del título extrajudicial. consistente en el pagare suscrito por el demandado por un millón quinientos mil lempiras (L.1,500,000.00), en el que alega el hecho que suscribió una firma en un documento distinto a la firma que aparece en el pagare, lo que provocó que la demandada interpusiera la denuncia penal respectiva ante el órgano investigador del Estado, a efecto de establecer si la firma que aparece en el documento del pagare es su firma o no. En base a ello, el Tribunal de Alzada advirtió en su resolución de techa veintidós (22) de febrero del 2023, la existencia de un vicio de nulidad desde el momento que el A-quo no hace ningún pronunciamiento referente a la prejudicialidad penal, peticionada por el recurrente en el escrito de oposición presentado, con lo cual se ha causado indefensión a la parte recurrente y declara la nulidad de actuaciones desde el auto de fecha 16 de junio del 2021, mediante el cual se admitió a trámite el escrito de subsanación de la oposición. Siguiendo este orden de ideas, esta representación del Ministerio Público estima que la motivación expuesta por el Tribunal de Alzada se encuentra ajustada a derecho y cumple con la función revisora que le manda la norma procesal civil, en cuanto dispone que el recurso de apelación tiene por objeto realizar una revisión fáctica y jurídica de la sentencia de primera instancia, que le permita lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto del debate, como el cumplimiento de las garantías del proceso. De tal suerte, que la Corte de Apelaciones, al apreciar la infracción procesal alegada por la parte recurrente concluyó en anular la sentencia conocida en apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 715.2, con relación al artículo 212.4 del Código Procesal Civil a efecto que el A-quo dicte una nueva sentencia, de conformidad a derecho. Que de los argumentos expuestos, la suscrita estima que la resolución venida en amparo no ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por el amparista, los que a su vez deben ser también observados por el juzgado de primera instancia, cuando se emita una nueva sentencia definitiva que sea congruente con el petitorio en la demanda y con las demás pretensiones de las partes, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por no vislumbrarse las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios 51-55 del expediente de mérito).DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL I. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. III De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.V. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer del recurso de amparo por violación de derechos fundamentales que fueran cometidos por las Cortes de Apelaciones. OBJETO DEL RECURSO Y SENTENCIA EN CONSULTA VI. La acción de amparo que nos ocupa se presentó contra la resolución de fecha 22 de febrero de 2023, mediante la cual la Corte Segunda de Apelaciones de este Departamento advirtió omisiones procedimentales imputables al juez A Quo, advirtiendo que con ello se causó indefensión a la parte recurrente, estimándose la anulación de oficio de las actuaciones a partir del auto de fecha 16 de junio de 2021. RAZONAMIENTO DE LA SALA VII. Esta Sala ha dejado establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. VII. Dentro de los alcances que puede tener la decisión de un recurso de apelación en materia de Derecho privado según dispone el Código Procesal Civil en su artículo 715.1, se encuentra la potestad del órgano jurisdiccional de declarar la nulidad absoluta de actuaciones si se apreciare la existencia de infracción procesal que la origine, pudiendo ordenar éste la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto procesal advertido. IX Siendo así, la Sala encuentra que el Tribunal de Alzada, ha aplicado la ley procesal de la materia, que, como queda establecido, le otorga la facultad de declarar la nulidad de actuaciones si se aprecian infracciones procesales que la originen, y, al ser advertidas tales infracciones por la Corte de Alzada, estableciendo incluso de manera razonada que las mismas han causado indefensión, la autoridad denunciada se ha limitado a dar cumplimiento a la normativa procesal vigente y aplicable al caso. X. En tal virtud, esta Sala no observa que haya mediado arbitrariedad en la decisión de la Corte de Apelaciones, pues ésta no ha hecho más que ceñir su fallo a las disposiciones que contempla la legislación procesal atinente al asunto que nos ocupa, no previéndose ninguna disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie desafuero en perjuicio del quejoso. XI. Adicionalmente, este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. XII. La Sala encuentra entonces que el asunto que se ha planteado es propio de instancia, correspondiendo su decisión a la justicia ordinaria, la cual, como queda dicho, ha sido debidamente motivada por el Tribunal de Apelaciones, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. XIII. En virtud de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia que se examina, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la efectividad del derecho material y las defensas del orden jurídico constitucional, así como la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la República, en consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, DENEGAR la garantía de amparo que se conoce y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 715 del Código Procesal Civil; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 65, 66 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: ÚNICO: DENEGANDO; el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Misael Enrique Alvarado Ayala, a favor del señor Luis Roldan Velásquez Sorto, contra la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha tres de junio de dos mil veintidós; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBON VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días de diciembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0803-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL