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Sentencia AC-665-23 — Registro 19525

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda de rendición de cuentas sin lugar las excepciones faltan de legitimidad y falta de derecho en la acción interpuestas por el apoderado de la parte demandada. En segunda instancia se revoca la sentencia apelada, en el sentido de declarar con lugar la excepción de falta de legitimación interpuesta por la parte demandada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente causa se desprende, que el artículo 424 numeral 2 específicamente su letra d), del Código Procesal Civil señala que es requisito de toda demanda designar el nombre del demandado y el domicilio si fuere conocido, de forma complementaria el artículo 62 numeral 2 letra c) del mismo cuerpo legal, señala específicamente que en el caso que la demanda o que la parte litigante fuera una persona jurídica privada, comparecerá o será demandado quienes legalmente la representen, en ese sentido siendo que la demandada inicialmente se trataba de la empresa mercantil denominada hacienda los Ángeles S de R.L. la representación de la sociedad recae sobre su gerente general. En el presente caso de autos se deprende, que si bien en el momento de la presentación de la demanda este cargo de la representación legal de la empresa demandada lo desempeñaba la señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, también es cierto que la vez que fue emplazada la persona ya había cesado en sus funciones, mediante la renuncia del cargo como Gerente General con fecha anterior al emplazamiento, es decir en todo caso se debió de haber modificado la designación de la representación de la demandada antes del emplazamiento, en vista que realizar un acto de comunicación a una persona natural en supuesto de una persona jurídica privada es improcedente, si está ya no ostenta tal cargo como reitera esta sala. Entendemos que es posible hacer un cambio de representante legal de una persona jurídica privada, lo cierto es que en la demanda tenía que haberse modificado previo al emplazamiento, circunstancia y obligación que recae precisamente en el demandante que es quien lleva la parte petitoria de la demanda por el principio dispositivo que rige los actos del código procesal civil, y al no haberse realizado de esa manera es evidente que se violentó el debido proceso por lo cual se debe otorgar el presente recurso de amparo".- CONSIDERANDO (12): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el derecho de defensa y Debido Proceso.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Resolución que literalmente dice:” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO ALBERTO MEJIA OROZCO a favor de los señores MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ y JOSE LUIS USTARIZ PRIETO, este último como apoderado legal de JULISSA USTARIZ PRIETO, contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintiuno de marzo del dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTES, DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la demanda de rendición de cuentas promovida por los señores MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCAN O USTARIZ Y JOSE LUIS USTARIZ PRIETO este último como apoderado legal de JULISSA USTARIZ PRIETO, contra la señora SUSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO co-socia de la Sociedad Mercantil HACIENDA LOS ANGELES S. DE R.L.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 1, 64, 82, 90, 183, 303, 304, 321, 322, 323, 325 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve de octubre del dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes del Departamento de Cortes, los señores MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCAN O USTARIZ Y JOSE LUIS USTARIZ PRIETO este último como apoderado legal de JULISSA USTARIZ PRIETO, a favor de SI MISMOS, promoviendo a la demanda de rendición de cuentas, contra la señora SUSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO co-socia de la Sociedad Mercantil HACIENDA LOS ANGELES S. DE R.L... (Folios 01-43 de la pieza de antecedentes.)2) Que, seguido el procedimiento, Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha cinco de febrero del año dos mil veinte, resolvió: “…PARTE DISPOSITIVA POR TANTO: El Juez, FALLA:PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA DE RENDICION DE CUENTAS promovida por los señores MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ, AMBAS MAYORES DE EDAD, ACCIONANDO EN SU CARÁCTER DE SOCIOS Y EL SEÑOR JOSE LUIS USTARIZ en su calidad de representante por poder de la Señora JULISSA USTARIZ PRIETO, CONTRA LA SEÑORA SUSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO. SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR las excepciones FALTA DE LEGITIMIDAD Y FALTA DE DERECHO EN LA ACCION interpuestas por el apoderado de la parte demandada. TERCERO: Se condena a la Señora SUSIE IVONNE USTARIZ en su condición de gerente general hasta inicios del año 2021 de la Mercantil HACIENDA LOS ANGELES antes USTARIZ HERMANOS S. de R.L. a que RINDA LAS CUENTAS que considera justas dentro de su administración en la sociedad mercantil va referida dentro del plazo de VEINTE DIAS y en caso de no hacerlo dentro del término indicado se le tendrá por desistido CUARTO: Con costas por haber sido vencida en juicio la parte demandada, Y MANDA: UNO: Notifíquese esta sentencia a las partes intervinientes en el proceso haciéndoles saber que contra la misma cabe el recurso de apelación en el plazo de diez días a partir del acto de comunicación respectivo ante juzgado de conformidad con los artículos 690, 706, 707 Y 709 del código procesal Civil. Dos: Si dentro del término legal no se interpone recurso alguno quede firme el presente fallo. TRES: Se dicta esta sentencia hasta esta fecha por lo extenso del contenido del proceso, así como por la falta de personal en este juzgado. ASI LO FALLO, FIRMO Y SELLO EL JUEZ ANTE LA SECRETARIA ADJUNTA DEL DESPACHO QUE DA FE.- NOTIFIQUESE” (Folios 367-372 de la primera pieza de antecedentes Tomo II). 3) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GERMAN ALFREDO PACHECO CRUZ, en su condición señalada anteriormente, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó fallo en fecha veintiuno de marzo del dos mil veintitrés, mediante la cual resolvió: “…MOTIVACION FACTICA Y JURIDICA: PRIMERO: El juicio que nos ocupa es sobre rendición de cuentas, que demanda la señoras MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ, JULISSA USTARIZ PRIETO, contra la señora SUSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO.- De la lectura del juicio se determina que la petición de la parte demandante es la rendición de cuentas por parte de la demanda señora SUSSIE IVONNE USTARIZ.- La parte demandada, interpuso la excepción de falta de legitimidad y derecho en la acción, ya que su representado al momento de interponerse la acción ya no era gerente de la sociedad, al haber renunciado y haber los socios aceptado su renuncia, además por haber sido aprobada su gestión administrativa por la asamblea de socios. SEGUNDO: Que en los hechos de la demanda se lee que en fecha 12 de septiembre del 2020, que la gerente de la sociedad presento una nota para el periodo del año 2020. se estableció que eran los balances de los últimos dos años, el cual se aprobó por mayoría del 57.09 de votación contra el 42.91 que no lo aprobó, porque no se presentó un balance general ni estado de resultados, solamente una nota que señala estado de resultado de 22 de noviembre 2019 hasta 30 de agosto 2020 firmado y sellado por el contador. Del resultado del informe observan que no se da cuenta en el informe sobre dichas ventas. TERCERO: Es sabido que el artículo 52 del Código de Comercio, establece que los administradores están obligados a dar a conocer a los socios, por lo menos anualmente, la situación financiera y contable de la sociedad. incluyendo el balance general correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias.- Para hacer efectivo dicho derecho, la ley procesal vigente establece la normativa necesaria, para el trámite de rendición de cuentas, es así que nos remitimos al Código Procedimientos Civiles, aún vigente. en su parte especial, el artículo 813, dispone "El que deba rendir una cuenta la presentara en el plazo que la Ley designe que establezca por convenio de las partes o resolución judicial".- Observa el tribunal que las cuentas fueron presentadas por la demandada en la asamblea, pero alega la parte demandante que no está de acuerdo con las misma, específicamente con algunos puntos de ella, en lo referente a las ventas de bienes inmuebles que se suscitaron.- Alega la defensa en cuanto a los bienes que la demandada vendió y no dio cuenta en el informe sobre ello, que su representada estaba autorizada para la venta por la asamblea general y que el informe dado de los estados financieros fue aprobado por la asamblea. CUARTO: Es necesario establecer que si bien la asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad, ello no obsta para que los socios no conformes con el informe presentado puedan accionar contra los gerentes en interés de la sociedad, facultad que le pertenece a la asamblea y a las socios individualmente considerados como lo estipula el artículo 80 del Código de Comercio.- De igual forma el hecho que el gerente de la sociedad este facultado para la venta de bienes inmuebles, ello no equivale a que no le tenga que rendir cuentas de dichas ventas a la sociedad, no debemos olvidar que la acción a tratar es la rendición de cuentas. QUINTO: Que el apoderado de la parte demandada reiteradamente hace ver la falta de legitimación por parte de su representada.- Respecto a este punto, es que la Corte Suprema de Justicia, otorga el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución que inicialmente dictara este tribunal en fecha trece de Diciembre del das mil veintiuno, en sus consideraciones establece: "CONSIDERANDO 7………El artículo 62 numeral 2 letra c) del mismo cuerpo legal, señala específicamente que en el caso que la demanda o que la parte litigante fuera una persona jurídica privada, comparecerá o será demandado quienes legalmente la representen, en ese sentido siendo que la demandada inicialmente se trataba de la empresa mercantil denominada hacienda los Ángeles S de R.L. la representación de la sociedad recae sobre su gerente general, en el presente caso de autos se deprende, que si bien en el momento de la presentación de la demanda este cargo de la representación legal de la empresa demandada lo desempeñaba la señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, también es cierto que la vez que fue emplazada la persona ya había cesado en sus funciones, mediante la renuncia del cargo como gerente general con fecha anterior al emplazamiento, en vista que realizar un acto de comunicación a una persona natural en supuesto de una persona jurídica privada es improcedente, si está ya no ostenta tal cargo como reitera esta sala. entendemos que es posible hacer un cambio de representante legal de una persona jurídica privada, lo cierto es que en la demanda tenía que haberse modificado previo al emplazamiento, circunstancia y obligación que recae precisamente en el demandante que es quien lleva la parte petitoria de la demanda por el principio dispositivo que rige los actos del código procesal civil, y al no haberse realizado de esa manera es evidente que se violentó el debido proceso por lo cual se debe otorgar el presente recurso de amparo". SEXTO: Que en virtud de los dispuesto por la Sala de lo Constitucional y dando cumplimiento a la misma al otorgar el recurso de Amparo, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Justicia Constitucional, este tribunal de alzada procede a revocar la sentencia apelada dictada por el Juzgado de Letras de Cortes, departamento de Cortes, en fecha veintisiete de julio del dos mi veintiuno, en el sentido de Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocándose la sentencia apelada, declarándose con lugar la Excepción de Falta de Legitimación interpuesta por la parte demandada. RESUELVE: En consecuencia, ESTA CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA. - Por unanimidad votos, RESUELVE: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra RESOLUCION dictada en fecha veintisiete de julio del dos mil veintiuno por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, Cortes.- 2) REVOCAR la sentencia apelada, en el sentido de Declarar con lugar la Excepción de Falta de Legitimación interpuesta por la parte demandada. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. - NOTIFIQUESE.- (Folios 28 al 30 de la segunda pieza de los antecedentes).- 5) Que el Abogado MARIO ALBERTO MEJIA OROZCO, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve de mayo del dos mil veintitrés, interponiendo acción de amparo a favor de los señores MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ Y JOSE LUIS USTARIZ PRIETO este último como apoderado legal de JULISSA USTARIZ PRIETO contra el fallo de fecha veintiuno de marzo del dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula del Departamento de Cortes, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 64, 82, 90, 183, 303, 304, 321, 322, 323, 325 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala por formalizada su acción, en fecha diez de abril del dos mil veinticuatro. (Folios 01 al 05 y 43 al 47 del recurso de amparo).- 6) Que en fecha doce de junio del dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA y por emitido su dictamen, quien concluyó que NO PROCEDE LA ACCION DE AMPARO al concurrir la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional” (Folios 50 al 53 del recurso de amparo).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como lo establecido en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (2): Que el recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta puede interponer, y tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, y puede ser invocada para que se declare que en un caso concreto una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en amparo, se avoca ante esta Sala de lo Constitucional, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintitrés, solicitando amparo en contra de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento Cortes, que declara CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes, Departamental de Cortes, Revocando la sentencia apelada y declarando con lugar la Excepción de Falta de Legitimación interpuesta por la parte demandada; en la Demanda de Rendición de Cuentas promovida por MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES OCANO USTARIZ, JULISSA ISTARIZ PRIETO, contra la señora SUSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO.CONSIDERANDO (4): Que el impetrante, en la exposición de sus alegatos, en contra de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, arguye que con el acto reclamado se han violentado el derecho de defensa, consagrado en el artículo 82 y garantía del debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que se ha violentado el derecho de defensa al no expresar la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, en el fallo, que tipo de recurso cabe contra dicha resolución o si contra el mismo no cabe recurso alguno, lo que a su criterio también vulnera el debido proceso; Continúa manifestando el pedidor que con la resolución emitida se violenta el debido proceso, porque la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, deja indefensos a sus tutelados, lo cual es una completa aberración jurídica, pues deviene de un amparo promovido contra la sentencia dictada en primera instancia y segunda instancia, en la cual se condena a la demandada a rendir cuentas, por lo que dicho amparo fue interpuesto ante la Sala Constitucional, alegando que a la demandada le asiste la excepción de Falta de legitimación, la Sala otorga la acción de amparo y remite el expediente al Tribunal de apelaciones quien emite un nuevo fallo por orden de aquella sala superior. Argumenta el pedidor que no señalar en su fallo coherentemente a que Código se refiere le causa indefensión a sus representados, pues solo se hace referencia al artículo 62, numeral 2 letra C del mismo cuerpo legal. Por último argumenta que se violenta el debido proceso, al manifestar la resolución que deberá pedirse o comparecerá por una persona jurídica privada quien legalmente la represente, pues jamás se demandó a la sociedad mercantil, sino que a su representante legal para pedir cuentas, quien si estaba legitimada para ser emplazada a rendir cuentas de su administración como gerente de la empresa familiar Hacienda Ustariz Alvarado. CONSIDERANDO (5): Que en la motivación de la resolución impugnada la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su motivación señala: “QUINTO: Que el apoderado de la parte demandada reiteradamente hace ver la falta de legitimación por parte de su representada.- Respecto a este punto, es que la Corte Suprema de Justicia, otorga el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución que inicialmente dictara este tribunal en fecha trece de Diciembre del das mil veintiuno, en sus consideraciones establece: "CONSIDERANDO 7………El artículo 62 numeral 2 letra c) del mismo cuerpo legal, señala específicamente que en el caso que la demanda o que la parte litigante fuera una persona jurídica privada, comparecerá o será demandado quienes legalmente la representen, en ese sentido siendo que la demandada inicialmente se trataba de la empresa mercantil denominada hacienda los Ángeles S de R.L. la representación de la sociedad recae sobre su gerente general, en el presente caso de autos se deprende, que si bien en el momento de la presentación de la demanda este cargo de la representación legal de la empresa demandada lo desempeñaba la señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, también es cierto que la vez que fue emplazada la persona ya había cesado en sus funciones, mediante la renuncia del cargo como gerente general con fecha anterior al emplazamiento, en vista que realizar un acto de comunicación a una persona natural en supuesto de una persona jurídica privada es improcedente, si está ya no ostenta tal cargo como reitera esta sala. Entendemos que es posible hacer un cambio de representante legal de una persona jurídica privada, lo cierto es que en la demanda tenía que haberse modificado previo al emplazamiento, circunstancia y obligación que recae precisamente en el demandante que es quien lleva la parte petitoria de la demanda por el principio dispositivo que rige los actos del código procesal civil, y al no haberse realizado de esa manera es evidente que se violentó el debido proceso por lo cual se debe otorgar el presente recurso de amparo". SEXTO: Que en virtud de los dispuesto por la Sala de lo Constitucional y dando cumplimiento a la misma al otorgar el recurso de Amparo, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de Justicia Constitucional, este tribunal de alzada procede a revocar la sentencia apelada dictada por el Juzgado de Letras de Cortes, departamento de Cortes, en fecha veintisiete de julio del dos mil veintiuno, en el sentido de Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, revocándose la sentencia apelada, declarándose con lugar la Excepción de Falta de Legitimación interpuesta por la parte demandada.”CONSIDERANDO (6): Que esta Sala, estudiada que ha sido la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, encuentra que la misma ha sido emitida conforme a derecho, ejecutando la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veintidós, dictada en Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado German Alfredo Pacheco Cruz, en favor de la señora Sussie Ivonne Ustariz Alvarado, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha trece de diciembre del dos mil veintiuno (ver folio 23 al 25 de la pieza del Ad-quem), respetando el debido proceso y el derecho de defensa que aduce el recurrente como vulnerados. CONSIDERANDO (7): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 82 constitucional dispone: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; así el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. CONSIDERANDO (8): Que todos los que acuden a los tribunales tienen derecho a un juicio justo, a una recta administración de justicia, a contar con las garantías procesales establecidas en la ley; el derecho a la defensa forma parte de ese conjunto de derechos que abarca el debido proceso, para el doctor Miguel Hernández Terán, citando a Arturo Hoyos, en su escrito El debido proceso en la doctrina, expone una definición del debido proceso en donde se puede apreciar que el derecho de defensa forma parte del mismo: “Es una institución instrumental en virtud del cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos”. CONSIDERANDO (9): Que para poder conceder la garantía de amparo es necesario que el acto recurrido vulnere garantías establecidas en la Constitución de la República, tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales; en el caso de autos el amparista lo ha relacionado con vulneración al derecho de defensa y debido proceso, consagrado en los artículos 82 y 90 de nuestra Carta Magna, vulneración que según el recurrente se produce al no expresar la Corte de Apelaciones en el fallo que se recurre, que tipo de recurso cabe contra dicha resolución o si contra la misma no cabe recurso alguno; situación que no advierte esta Sala de lo Constitucional, pues en relación a este extremo el artículo 197 del Código Procesal Civil, regula el contenido formal de las resoluciones y al efecto dispone: “1. Todas las resoluciones incluirán la mención del lugar y fecha en que se adopten y la indicación del Tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrados que lo integren y su firma e indicación en su caso del nombre del ponente. 2. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que procede, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.” Del contenido de la norma transcrita, se establece que la obligación de indicar si contra la resolución que se notifica, cabe recurso alguno, es atribuida al funcionario encargado de realizar dicha notificación y no al Juez o Tribunal que dicta la resolución y se aprecia del estudio de la presente causa, que no se presentó ninguna acción legal, a efecto de enmendar la notificación de dicha resolución; Por ello, esta Sala considera que la resolución recurrida no vulnera el derecho de defensa, ni debido proceso.CONSIDERANDO (10): En relación al argumento que al no señalar en su fallo a que Código se refiere le causa indefensión a sus representados, pues arguye el pedidor que solo se hace referencia al artículo 62, numeral 2 letra C del mismo cuerpo legal. Este argumento tampoco es de recibo, pues advierte esta Sala que el Tribunal de Alzada en el Considerando QUINTO, transcribe parte del contenido del CONSIDERANDO 7 de la Sentencia dictada por la Sala de Constitucional, en el cual se establece la normativa legal que le sirvió de fundamento a la Sala para declarar Con Lugar el Amparo.- CONSIDERANDO (11): En relación al argumento relacionado a que la demandada señora Susie Ivonne Ustariz Alvarado, si estaba legitimada para ser emplazada a rendir cuentas de su administración como gerente de la empresa familiar Hacienda Ustariz Alvarado; esta Sala se abstiene de emitir pronunciamiento al respecto, en razón que es una cuestión que ya fue conocida por la Sala Constitucional, quien mediante sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veintidós emitió el siguiente pronunciamiento (ver folio 24 al 25 de la pieza del Ad-quem): “CONSIDERANDO SIETE (7): Que del estudio de la presente causa se desprende, que el artículo 424 numeral 2 específicamente su letra d), del Código Procesal Civil señala que es requisito de toda demanda designar el nombre del demandado y el domicilio si fuere conocido, de forma complementaria el artículo 62 numeral 2 letra c) del mismo cuerpo legal, señala específicamente que en el caso que la demanda o que la parte litigante fuera una persona jurídica privada, comparecerá o será demandado quienes legalmente la representen, en ese sentido siendo que la demandada inicialmente se trataba de la empresa mercantil denominada hacienda los Ángeles S de R.L. la representación de la sociedad recae sobre su gerente general. En el presente caso de autos se deprende, que si bien en el momento de la presentación de la demanda este cargo de la representación legal de la empresa demandada lo desempeñaba la señora SUSSIE IVONNE USTARIZ ALVARADO, también es cierto que la vez que fue emplazada la persona ya había cesado en sus funciones, mediante la renuncia del cargo como Gerente General con fecha anterior al emplazamiento, es decir en todo caso se debió de haber modificado la designación de la representación de la demandada antes del emplazamiento, en vista que realizar un acto de comunicación a una persona natural en supuesto de una persona jurídica privada es improcedente, si está ya no ostenta tal cargo como reitera esta sala. Entendemos que es posible hacer un cambio de representante legal de una persona jurídica privada, lo cierto es que en la demanda tenía que haberse modificado previo al emplazamiento, circunstancia y obligación que recae precisamente en el demandante que es quien lleva la parte petitoria de la demanda por el principio dispositivo que rige los actos del código procesal civil, y al no haberse realizado de esa manera es evidente que se violentó el debido proceso por lo cual se debe otorgar el presente recurso de amparo".- CONSIDERANDO (12): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el derecho de defensa y Debido Proceso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7, 212.4, 214.2, 760, 761, 762 y 763 del Código procesal Civil; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO ALBERTO MEJIA OROSCO, a favor de las señoras MARIA YAMILE BOGRAN USTARIZ, IRMA MERCEDES UCANO USTARIZ Y JULISSA USTARIZ PRIETO, contra la resolución de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Amparo Civil registrado en este tribunal con el número SCO-0665-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL