Sentencia AC-646-23 — Registro 20176
Resumen
EL Juzgado de lo Civil negó el acceso y la copia de un expediente judicial a un abogado, alegando que no eran parte directa del proceso. La Sala Constitucional determinó que esta negativa fue incorrecta y explicó que el derecho de acceso a la información y el principio de publicidad judicial no se limitan únicamente a las partes del proceso, que también protegen a terceros que acrediten un interés legítimo, concluyó que negar el acceso al expediente vulneró el derecho a la información, la defensa y la tutela judicial efectiva. En consecuencia, la Sala revocó la sentencia anterior y otorgó el amparo solicitado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(7): Que, el Artículo 19 del Código Procesal Civil reconoce el principio de publicidad, el cual garantiza que los actos del proceso no se desarrollen en un ámbito reservado, sino bajo condiciones que permitan el control social y jurídico de la actividad judicial. En la doctrina procesal clásica se sostiene que la publicidad es una garantía democrática, porque el proceso judicial no pertenece al juez ni a las partes, sino a la comunidad: el Estado administra justicia en nombre del pueblo. La manifestación del principio de publicidad en el proceso civil implica inter alia que: 1. Las audiencias y actuaciones judiciales son públicas, salvo excepciones justificadas; 2. Los expedientes judiciales son, por regla general de libre acceso para las partes y, en determinados casos, para terceros con interés legítimo; y, 3. Las resoluciones y sentencias deben ser accesibles y fundadas, permitiendo su conocimiento y eventual critica o impugnación. En el caso específico del acceso a expediente y/o copias de actuaciones, cuando una persona—parte procesal o tercero con interés legítimo—hace esta petición, está ejerciendo una manifestación concreta del principio de publicidad, y, por ello, la autoridad judicial no puede denegar sin causa legal una solicitud de acceso o copia, salvo que exista una restricción expresa por confidencialidad, reserva judicial o protección de derechos de terceros, como en procesos de familia, tutela de menores o información clasificada, que no es el caso que nos ocupa, pues el peticionario dejó plenamente establecido en su solicitud su intención de presentar demanda judicial correspondiente, y que, para ello requería de la documentación solicitada"...
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que, partiendo de la justificación externada por el recurrente en el escrito presentado ante el juez de letras para poder tener acceso a un expediente judicial, la Sala debe acotar que el principio de publicidad como garantía esencial del proceso judicial, no solo avala la transparencia judicial, sino que además actúa como presupuesto de otros derechos, como el de defensa, y, en este caso particular el derecho de acción. En la doctrina procesal, la acción puede definirse como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho para acudir ante los órganos jurisdiccionales en demanda de tutela, o bien, el derecho público subjetivo de obtener justicia o provocar la función jurisdiccional del Estado. Así pues, debemos entender que la eficacia de este derecho depende en buena medida de que el orden jurídico garantice al ciudadano las condiciones mínimas para conocer los hechos, las normas y los actos relevantes para la formulación de su pretensión. De ahí que el derecho de acción se vincule con el principio de publicidad procesal del que ya hemos hablado, al igual que con el derecho de acceso a la información, entre otros. Siendo así, vemos como el principio de publicidad impide la “opacidad” judicial y, mediante su aplicación, permite el acceso a expedientes y actuaciones, asegurando el control del ciudadano y, en su caso, la preparación de una defensa o demanda fundada. Por otro lado, el derecho de acceso a la información, reconocido en el Artículo 72 de la Constitución de la República y el 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conlleva el deber estatal de garantizar que toda persona pueda obtener información en poder de las autoridades, ello salvo las excepciones de ley. Desde esa perspectiva, negar el acceso a un expediente o la obtención de la información necesaria para sustentar una demanda, equivaldría a restringir de manera indirecta el derecho de acción, al impedir al ciudadano conocer los elementos indispensables para ejércelo de manera informada. Como nos recuerda Sagüés, “el acceso a la justicia y la información, son derechos funcionalmente complementarios; uno garantiza la apertura de la jurisdicción, el otro el conocimiento necesario para hacerlo con eficacia”. CONSIDERANDO (9): Que, con respecto al derecho a la información, sabemos que éste comprende la facultad de toda persona de buscar, recibir y acceder a datos en poder del Estado, constituyéndose en una manifestación esencial de la libertad de expresión. Como la Sala lo ha dicho en el pasado, aunque la Constitución hondureña no lo formula de manera autónoma, su contenido se integra mediante la interpretación sistemática del Articulo 72 constitucional y el Artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que, conforme al bloque de constitucionalidad, poseen jerarquía constitucional. Desde la doctrina, se destaca que la información pública no pertenece al Estado sino a la ciudadanía, y el acceso a ella es una condición estructural para la democracia. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental autónomo, cuyo ejercicio obliga al Estado a justificar toda negativa conforme a estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Como ya dijimos previamente, se destaca el carácter instrumental del derecho a la información, siendo un presupuesto indispensable para el ejercicio efectivo de la tutela judicial efectiva, el derecho de acción, el debido proceso y la participación ciudadana, entre otros."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que, el Artículo 19 del Código Procesal Civil reconoce el principio de publicidad, el cual garantiza que los actos del proceso no se desarrollen en un ámbito reservado, sino bajo condiciones que permitan el control social y jurídico de la actividad judicial. En la doctrina procesal clásica se sostiene que la publicidad es una garantía democrática, porque el proceso judicial no pertenece al juez ni a las partes, sino a la comunidad: el Estado administra justicia en nombre del pueblo. La manifestación del principio de publicidad en el proceso civil implica inter alia que: 1. Las audiencias y actuaciones judiciales son públicas, salvo excepciones justificadas; 2. Los expedientes judiciales son, por regla general de libre acceso para las partes y, en determinados casos, para terceros con interés legítimo; y, 3. Las resoluciones y sentencias deben ser accesibles y fundadas, permitiendo su conocimiento y eventual critica o impugnación. En el caso específico del acceso a expediente y/o copias de actuaciones, cuando una persona—parte procesal o tercero con interés legítimo—hace esta petición, está ejerciendo una manifestación concreta del principio de publicidad, y, por ello, la autoridad judicial no puede denegar sin causa legal una solicitud de acceso o copia, salvo que exista una restricción expresa por confidencialidad, reserva judicial o protección de derechos de terceros, como en procesos de familia, tutela de menores o información clasificada, que no es el caso que nos ocupa, pues el peticionario dejó plenamente establecido en su solicitud su intención de presentar demanda judicial correspondiente, y que, para ello requería de la documentación solicitada. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que, el Artículo 19 del Código Procesal Civil reconoce el principio de publicidad, el cual garantiza que los actos del proceso no se desarrollen en un ámbito reservado, sino bajo condiciones que permitan el control social y jurídico de la actividad judicial. En la doctrina procesal clásica se sostiene que la publicidad es una garantía democrática, porque el proceso judicial no pertenece al juez ni a las partes, sino a la comunidad: el Estado administra justicia en nombre del pueblo. La manifestación del principio de publicidad en el proceso civil implica inter alia que: 1. Las audiencias y actuaciones judiciales son públicas, salvo excepciones justificadas; 2. Los expedientes judiciales son, por regla general de libre acceso para las partes y, en determinados casos, para terceros con interés legítimo; y, 3. Las resoluciones y sentencias deben ser accesibles y fundadas, permitiendo su conocimiento y eventual critica o impugnación. En el caso específico del acceso a expediente y/o copias de actuaciones, cuando una persona—parte procesal o tercero con interés legítimo—hace esta petición, está ejerciendo una manifestación concreta del principio de publicidad, y, por ello, la autoridad judicial no puede denegar sin causa legal una solicitud de acceso o copia, salvo que exista una restricción expresa por confidencialidad, reserva judicial o protección de derechos de terceros, como en procesos de familia, tutela de menores o información clasificada, que no es el caso que nos ocupa, pues el peticionario dejó plenamente establecido en su solicitud su intención de presentar demanda judicial correspondiente, y que, para ello requería de la documentación solicitada. "...
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que los órganos jurisdiccionales que decidieron denegar la petición del recurrente, al señalar que éste no era parte activa en el proceso infieren que este carece de la debida legitimación para comparecer y solicitar la documentación requerida. Como sabemos, la falta de legitimación—activa o pasiva—se presenta cuando la persona que acude al proceso no es titular del derecho o interés jurídico que se pretende tutelar, o cuando la demanda se dirige contra quien no es el sujeto obligado o responsable de la conducta cuestionada. En síntesis, la falta de legitimación protege a la función jurisdiccional de convertirse en un espacio para resolver conflictos ajenos o abstractos, garantizando que el juez solo intervenga cuando existe un interés jurídico propio. Desde un enfoque constitucional, la legitimación no se agota en la condición de ser o no “parte procesal”, pues el juez debe valorar si la persona posee un interés jurídico o legítimo suficientemente relevante para permitirle este acceso, así, la falta de legitimación solo es válida cuando no existe ninguna conexión material o jurídica entre el solicitante y la finalidad para la cual requiere la información. En este sentido, si el acceso al expediente es medio necesario para ejercer otro derecho fundamental (como lo es el derecho de acción o la tutela judicial efectiva), la denegatoria violenta derechos constitucionales, porque restringe de manera indebida un derecho que el solicitante SÍ está legitimado para ejercer."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que los órganos jurisdiccionales que decidieron denegar la petición del recurrente, al señalar que éste no era parte activa en el proceso infieren que este carece de la debida legitimación para comparecer y solicitar la documentación requerida. Como sabemos, la falta de legitimación—activa o pasiva—se presenta cuando la persona que acude al proceso no es titular del derecho o interés jurídico que se pretende tutelar, o cuando la demanda se dirige contra quien no es el sujeto obligado o responsable de la conducta cuestionada. En síntesis, la falta de legitimación protege a la función jurisdiccional de convertirse en un espacio para resolver conflictos ajenos o abstractos, garantizando que el juez solo intervenga cuando existe un interés jurídico propio. Desde un enfoque constitucional, la legitimación no se agota en la condición de ser o no “parte procesal”, pues el juez debe valorar si la persona posee un interés jurídico o legítimo suficientemente relevante para permitirle este acceso, así, la falta de legitimación solo es válida cuando no existe ninguna conexión material o jurídica entre el solicitante y la finalidad para la cual requiere la información. En este sentido, si el acceso al expediente es medio necesario para ejercer otro derecho fundamental (como lo es el derecho de acción o la tutela judicial efectiva), la denegatoria violenta derechos constitucionales, porque restringe de manera indebida un derecho que el solicitante SÍ está legitimado para ejercer."...
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que los órganos jurisdiccionales que decidieron denegar la petición del recurrente, al señalar que éste no era parte activa en el proceso infieren que este carece de la debida legitimación para comparecer y solicitar la documentación requerida. Como sabemos, la falta de legitimación—activa o pasiva—se presenta cuando la persona que acude al proceso no es titular del derecho o interés jurídico que se pretende tutelar, o cuando la demanda se dirige contra quien no es el sujeto obligado o responsable de la conducta cuestionada. En síntesis, la falta de legitimación protege a la función jurisdiccional de convertirse en un espacio para resolver conflictos ajenos o abstractos, garantizando que el juez solo intervenga cuando existe un interés jurídico propio. Desde un enfoque constitucional, la legitimación no se agota en la condición de ser o no “parte procesal”, pues el juez debe valorar si la persona posee un interés jurídico o legítimo suficientemente relevante para permitirle este acceso, así, la falta de legitimación solo es válida cuando no existe ninguna conexión material o jurídica entre el solicitante y la finalidad para la cual requiere la información. En este sentido, si el acceso al expediente es medio necesario para ejercer otro derecho fundamental (como lo es el derecho de acción o la tutela judicial efectiva), la denegatoria violenta derechos constitucionales, porque restringe de manera indebida un derecho que el solicitante SÍ está legitimado para ejercer."...
Jerarquía: Reiterativa
..."Que esta Sala advierte que la motivación de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada resulta deficiente y carente del debido razonamiento jurídico constitucional requerido para resolver este asunto, en tanto parece desconocer no sólo los principios que rigen la acción de amparo, sino que además el alcance y la densidad normativa de los derechos fundamentales. Ciertamente que la Alzada debería entender que cuando la Constitución se proyecta a través de leyes o normas que desarrollan o concretizan derechos fundamentales, como es el caso del Código Procesal Civil, cuando reconoce inter alia el derecho de recibir y obtener información como un derecho esencial, estamos ante lo que en la doctrina constitucional denomina como la eficacia indirecta o mediata de los derechos fundamentales, que ocurre cuando normas infraconstitucionales instrumentan un derecho fundamental, en otras palabras, la ley ordinaria actúa como el vehículo de aplicación del derecho constitucional, de modo que su vulneración repercute inmediatamente en el derecho fundamental que le da sentido. Así entonces, debemos comprender que, en este caso particular, cuando el amparista funda su reclamo en una disposición del Código Procesal Civil, como el Artículo 116 que reconoce e instrumentaliza el derecho a la información en el procedimiento civil, no está invocando solamente un derecho legal como lo malentiende la Alzada, sino un derecho fundamental que es positivizado en una norma procesal, pues el hecho que la norma esté ubicada en un cuerpo legal adjetivo no la priva de su naturaleza constitucional, si su contenido regula o desarrolla directamente un derecho fundamental reconocido por la Constitución o lo tratados internacionales. Esta Sala asiente entonces en que la vulneración de una norma de desarrollo constitucional, como lo es el Artículo 116 del Código Procesal Civil, es en esencia, una vulneración del derecho fundamental mismo, pues sin su efectividad instrumental el derecho queda vacío de contenido. En este sentido, la infracción de normas procesales que garantizan el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es, para el caso, el derecho a la información o el derecho a una tutela judicial efectiva, a un debido proceso legal, a la defensa, la libertad, la presunción de inocencia, por mencionar algunos, se constituye a la vez en una violación constitucional, aunque ésta se verifique en el plano estrictamente legal. Debemos recordar que, en estos supuestos, las leyes, como el Código Procesal Civil, no han creado nuevos derechos, sino que desarrollan o concretan derechos fundamentales preexistentes, por ende, la norma legal en estos casos actúa como norma de desarrollo constitucional y su vulneración equivale a vulnerar el derecho fundamental del cual se deriva. De ahí que la Sala disienta de la escasa y errónea motivación del Ad Quem en este respecto, pues el rechazo de una acción de amparo bajo el argumento que la disposición vulnerada no está sujeta a la garantía de amparo porque es de naturaleza legal, o, porque está ubicada en una ley infraconstitucional, desconoce la eficacia directa de los derechos fundamentales y desatiende la obligación del juez constitucional de garantizar su plena efectividad. El juez constitucional no está llamado a examinar qué tipo de norma se invoca, sino qué derecho material está siendo lesionado. CONSIDERANDO (5): Que dicho lo anterior, resulta oportuno examinar si, en este caso, la negativa del Juzgado de Letras de extender copia íntegra de una sentencia, de un expediente o de dar acceso al mismo a los peticionarios representó una vulneración constitucional, como es el caso del derecho de recibir y obtener información reconocido por el Artículo 72 constitucional y el Artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ambos de aplicación directa y complementaria."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 72 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre de dos mil veinticinco. VISTA: En CONSULTA la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, que denegó el recurso de amparo presentado por el Abogado Oscar Bernardo Medina Cruz, a favor del señor Carlos Dagoberto Medina Salazar y de la sociedad mercantil Bufete Medina Salazar, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de arrastre de expediente presentada por el Abogado Walter Daniel Cárcamo Medina Salazar, para efectos de certificación para el pago de servicios profesionales, en la homologación de transacción entre partes, celebrada por el señor Juan Fernando Madrid Lezama, representante procesal de la sociedad mercantil Nacional de Ingenieros Electromecánica, S.A. de C.V. (NIE) y Francisco Ayes Callejas, representante procesal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), contenida en la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato de energía 025/2077, aprobado por el Congreso Nacional según Decreto 28-2016, promovida por NIE contra la ENEE. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1. En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Juan Fernando Madrid Lezama, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Nacional de Ingenieros Electromecánica, S.A. de C. V. (NIE), promoviendo “DEMANDA VÍA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), AL IMPOSIBILITAR DE FORMA ABUSIVA Y UNILATERAL EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ENERGÍA 025/2007…”, contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), representada por el señor Rolando Leán Bú. (Folios 1-15 del tomo I de los antecedentes). 2. En fecha once de agosto de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Walter Daniel Cárcamo López, en su condición de representante procesal del Bufete Medina Salazar, presentando solicitud de arrastre de expediente en archivo general histórico. (Folio 811 del tomo III de los antecedentes). 3. El Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitió auto resolutivo mediante el cual dispuso lo siguiente: “…PRIMERO: Inadmitir a trámite la solicitud de arrastre de expediente presentado por el Abogado WALTER DANIEL CÁRCAMO LÓPEZ, actuando en su condición de Representante Procesal del BUFETE MEDINA SALAZAR, en virtud de no ser parte activa en el proceso del cual piden arrastre.-SEGUNDO: Téngase por acreditado el poder en el Abogado WALTER DANIEL CÁRCAMO LÓPEZ, inscrito con el número de colegiación 11200, en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras, con las facultades a él otorgadas, únicamente para la notificación del presente auto. NOTIFÍQUESE." (Folio 842 del expediente del Ad-quem). 4. En fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Oscar Bernardo Medina Cruz, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Carlos Dagoberto Medina Salazar y de la sociedad mercantil Bufete Medina Salazar, argumentando el amparista que el Juez A Quo violentó derechos constitucionales en perjuicio de su representada, al inadmitir la solicitud de arrastre judicial de un expediente. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, mediante la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. CONSIDERANDO (2): Que se conoce en consulta la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023), por medio de la cual fue denegado el recurso de amparo interpuesto por el antes referido recurrente en contra de una resolución que dictó el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán que inadmitió una solicitud de arrastre de expediente presentado por el Abogado Walter Cárcamo López, estableciendo el A quo que la razón para tal denegatoria fue que el peticionario no es parte activa en el proceso del cual pide arrastre. CONSIDERANDO (3): Que el Tribunal de Alzada decidió denegar el recurso de amparo en comento, concluyendo en su sentencia que al amparista no le fueron violentadas ninguna de las garantías constitucionales invocadas. En su motivación estableció que los artículos 19, 116 y 131 del Código Procesal Civil no están “sujetos a la garantía de amparo” porque son “meras alegaciones que no representan principios ni garantías constitucionales” a las que se refiere el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Asimismo, el tribunal de apelaciones señaló que al recurrente se le han respetado sus derechos a la defensa y debido proceso, pues ha podido actuar en juicio y defender sus intereses. CONSIDERANDO (4): Que esta Sala advierte que la motivación de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada resulta deficiente y carente del debido razonamiento jurídico constitucional requerido para resolver este asunto, en tanto parece desconocer no sólo los principios que rigen la acción de amparo, sino que además el alcance y la densidad normativa de los derechos fundamentales. Ciertamente que la Alzada debería entender que cuando la Constitución se proyecta a través de leyes o normas que desarrollan o concretizan derechos fundamentales, como es el caso del Código Procesal Civil, cuando reconoce inter alia el derecho de recibir y obtener información como un derecho esencial, estamos ante lo que en la doctrina constitucional denomina como la eficacia indirecta o mediata de los derechos fundamentales, que ocurre cuando normas infraconstitucionales instrumentan un derecho fundamental, en otras palabras, la ley ordinaria actúa como el vehículo de aplicación del derecho constitucional, de modo que su vulneración repercute inmediatamente en el derecho fundamental que le da sentido. Así entonces, debemos comprender que, en este caso particular, cuando el amparista funda su reclamo en una disposición del Código Procesal Civil, como el Artículo 116 que reconoce e instrumentaliza el derecho a la información en el procedimiento civil, no está invocando solamente un derecho legal como lo malentiende la Alzada, sino un derecho fundamental que es positivizado en una norma procesal, pues el hecho que la norma esté ubicada en un cuerpo legal adjetivo no la priva de su naturaleza constitucional, si su contenido regula o desarrolla directamente un derecho fundamental reconocido por la Constitución o lo tratados internacionales. Esta Sala asiente entonces en que la vulneración de una norma de desarrollo constitucional, como lo es el Artículo 116 del Código Procesal Civil, es en esencia, una vulneración del derecho fundamental mismo, pues sin su efectividad instrumental el derecho queda vacío de contenido. En este sentido, la infracción de normas procesales que garantizan el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es, para el caso, el derecho a la información o el derecho a una tutela judicial efectiva, a un debido proceso legal, a la defensa, la libertad, la presunción de inocencia, por mencionar algunos, se constituye a la vez en una violación constitucional, aunque ésta se verifique en el plano estrictamente legal. Debemos recordar que, en estos supuestos, las leyes, como el Código Procesal Civil, no han creado nuevos derechos, sino que desarrollan o concretan derechos fundamentales preexistentes, por ende, la norma legal en estos casos actúa como norma de desarrollo constitucional y su vulneración equivale a vulnerar el derecho fundamental del cual se deriva. De ahí que la Sala disienta de la escasa y errónea motivación del Ad Quem en este respecto, pues el rechazo de una acción de amparo bajo el argumento que la disposición vulnerada no está sujeta a la garantía de amparo porque es de naturaleza legal, o, porque está ubicada en una ley infraconstitucional, desconoce la eficacia directa de los derechos fundamentales y desatiende la obligación del juez constitucional de garantizar su plena efectividad. El juez constitucional no está llamado a examinar qué tipo de norma se invoca, sino qué derecho material está siendo lesionado. CONSIDERANDO (5): Que dicho lo anterior, resulta oportuno examinar si, en este caso, la negativa del Juzgado de Letras de extender copia íntegra de una sentencia, de un expediente o de dar acceso al mismo a los peticionarios representó una vulneración constitucional, como es el caso del derecho de recibir y obtener información reconocido por el Artículo 72 constitucional y el Artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ambos de aplicación directa y complementaria. CONSIDERANDO (6): Que, de acuerdo con los antecedentes, la petición del quejoso fue denegada bajo el argumento de “no ser parte activa en el proceso”, por lo que correspondería determinar si, pese a no ser parte, puede reconocérsele al agraviado legitimación indirecta o interés legítimo que justifique el acceso al expediente solicitado ante el Juez de Letras. CONSIDERANDO (7): Que, el Artículo 19 del Código Procesal Civil reconoce el principio de publicidad, el cual garantiza que los actos del proceso no se desarrollen en un ámbito reservado, sino bajo condiciones que permitan el control social y jurídico de la actividad judicial. En la doctrina procesal clásica se sostiene que la publicidad es una garantía democrática, porque el proceso judicial no pertenece al juez ni a las partes, sino a la comunidad: el Estado administra justicia en nombre del pueblo. La manifestación del principio de publicidad en el proceso civil implica inter alia que: 1. Las audiencias y actuaciones judiciales son públicas, salvo excepciones justificadas; 2. Los expedientes judiciales son, por regla general de libre acceso para las partes y, en determinados casos, para terceros con interés legítimo; y, 3. Las resoluciones y sentencias deben ser accesibles y fundadas, permitiendo su conocimiento y eventual critica o impugnación. En el caso específico del acceso a expediente y/o copias de actuaciones, cuando una persona—parte procesal o tercero con interés legítimo—hace esta petición, está ejerciendo una manifestación concreta del principio de publicidad, y, por ello, la autoridad judicial no puede denegar sin causa legal una solicitud de acceso o copia, salvo que exista una restricción expresa por confidencialidad, reserva judicial o protección de derechos de terceros, como en procesos de familia, tutela de menores o información clasificada, que no es el caso que nos ocupa, pues el peticionario dejó plenamente establecido en su solicitud su intención de presentar demanda judicial correspondiente, y que, para ello requería de la documentación solicitada. CONSIDERANDO (8): Que, partiendo de la justificación externada por el recurrente en el escrito presentado ante el juez de letras para poder tener acceso a un expediente judicial, la Sala debe acotar que el principio de publicidad como garantía esencial del proceso judicial, no solo avala la transparencia judicial, sino que además actúa como presupuesto de otros derechos, como el de defensa, y, en este caso particular el derecho de acción. En la doctrina procesal, la acción puede definirse como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho para acudir ante los órganos jurisdiccionales en demanda de tutela, o bien, el derecho público subjetivo de obtener justicia o provocar la función jurisdiccional del Estado. Así pues, debemos entender que la eficacia de este derecho depende en buena medida de que el orden jurídico garantice al ciudadano las condiciones mínimas para conocer los hechos, las normas y los actos relevantes para la formulación de su pretensión. De ahí que el derecho de acción se vincule con el principio de publicidad procesal del que ya hemos hablado, al igual que con el derecho de acceso a la información, entre otros. Siendo así, vemos como el principio de publicidad impide la “opacidad” judicial y, mediante su aplicación, permite el acceso a expedientes y actuaciones, asegurando el control del ciudadano y, en su caso, la preparación de una defensa o demanda fundada. Por otro lado, el derecho de acceso a la información, reconocido en el Artículo 72 de la Constitución de la República y el 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conlleva el deber estatal de garantizar que toda persona pueda obtener información en poder de las autoridades, ello salvo las excepciones de ley. Desde esa perspectiva, negar el acceso a un expediente o la obtención de la información necesaria para sustentar una demanda, equivaldría a restringir de manera indirecta el derecho de acción, al impedir al ciudadano conocer los elementos indispensables para ejércelo de manera informada. Como nos recuerda Sagüés, “el acceso a la justicia y la información, son derechos funcionalmente complementarios; uno garantiza la apertura de la jurisdicción, el otro el conocimiento necesario para hacerlo con eficacia”. CONSIDERANDO (9): Que, con respecto al derecho a la información, sabemos que éste comprende la facultad de toda persona de buscar, recibir y acceder a datos en poder del Estado, constituyéndose en una manifestación esencial de la libertad de expresión. Como la Sala lo ha dicho en el pasado, aunque la Constitución hondureña no lo formula de manera autónoma, su contenido se integra mediante la interpretación sistemática del Articulo 72 constitucional y el Artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que, conforme al bloque de constitucionalidad, poseen jerarquía constitucional. Desde la doctrina, se destaca que la información pública no pertenece al Estado sino a la ciudadanía, y el acceso a ella es una condición estructural para la democracia. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental autónomo, cuyo ejercicio obliga al Estado a justificar toda negativa conforme a estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Como ya dijimos previamente, se destaca el carácter instrumental del derecho a la información, siendo un presupuesto indispensable para el ejercicio efectivo de la tutela judicial efectiva, el derecho de acción, el debido proceso y la participación ciudadana, entre otros. CONSIDERANDO (10): Que, bajo estas premisas, puede advertirse que en el caso que nos ocupa, las decisiones de los órganos jurisdiccionales que conocieron del presente asunto, han desatendido estos preceptos fundamentales, siendo que el raciocinio que ha sido empleado para negar dar acceso al expediente 0801-2021-05961, y la certificación de un fallo, es además de escaso, irrazonable e infundado. CONSIDERANDO (11): Que los órganos jurisdiccionales que decidieron denegar la petición del recurrente, al señalar que éste no era parte activa en el proceso infieren que este carece de la debida legitimación para comparecer y solicitar la documentación requerida. Como sabemos, la falta de legitimación—activa o pasiva—se presenta cuando la persona que acude al proceso no es titular del derecho o interés jurídico que se pretende tutelar, o cuando la demanda se dirige contra quien no es el sujeto obligado o responsable de la conducta cuestionada. En síntesis, la falta de legitimación protege a la función jurisdiccional de convertirse en un espacio para resolver conflictos ajenos o abstractos, garantizando que el juez solo intervenga cuando existe un interés jurídico propio. Desde un enfoque constitucional, la legitimación no se agota en la condición de ser o no “parte procesal”, pues el juez debe valorar si la persona posee un interés jurídico o legítimo suficientemente relevante para permitirle este acceso, así, la falta de legitimación solo es válida cuando no existe ninguna conexión material o jurídica entre el solicitante y la finalidad para la cual requiere la información. En este sentido, si el acceso al expediente es medio necesario para ejercer otro derecho fundamental (como lo es el derecho de acción o la tutela judicial efectiva), la denegatoria violenta derechos constitucionales, porque restringe de manera indebida un derecho que el solicitante SÍ está legitimado para ejercer. CONSIDERANDO (12): Que, para esta Sala, la negativa sustentada únicamente en la afirmación de que el solicitante “no es parte en el proceso” no satisface los estándares de motivación y proporcionalidad exigidos por el derecho interno ni por el sistema interamericano. Si el solicitante acredita un interés jurídico razonable —por ejemplo, ser acreedor del demandado, potencial heredero, afectado indirecto, o investigador autorizado—, debe reconocérsele legitimación indirecta para solicitar acceso total o parcial al expediente. En estos casos el órgano judicial está obligado a: 1. Ponderar el derecho de acceso frente a la reserva o intimidad; 2. Justificar expresamente las razones de la denegatoria, si procede; y 3. Explorar medidas menos restrictivas, como permitir copias parciales o anonimizadas. Como se puede apreciar de las actuaciones, ninguna de estas ponderaciones fue realizada por el A Quo, y tampoco debidamente valoradas por el Ad Quem en su sentencia, el cual obvió garantizar los derechos que asisten al agraviado conforme con la Constitución de la República, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los principios del artículo 13 de la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana aplicable. CONSIDERANDO (13): Que, de todo lo anterior podemos concluir que, en este caso, ha existido una negativa injustificada por parte del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán a la solicitud de copia y acceso de un expediente judicial presentada por el agraviado, denegatoria que además de carecer de la debida motivación y del fundamento legal suficiente, ha provocado una violación simultánea de los derechos de: acceso a la justicia y a la información pública; debido proceso y tutela judicial efectiva; y, a la publicidad del proceso judicial, y al no haber sido así estimado por la Corte de Apelaciones en el fallo objeto de examen, esta Sala, en base a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades que le otorga la ley, y con fundamento en el Artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional, estima procedente REVOCAR la sentencia venida en consulta, debiéndose OTORGAR la garantía de amparo invocada por el peticionario, y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8, 13 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 72, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: PRIMERO: REVOCANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 27 de abril de 2023, que denegó el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, SEGUNDO: OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado Oscar Bernardo Medina Cruz, a favor del señor Carlos Dagoberto Medina Salazar y de la sociedad mercantil Bufete Medina Salazar, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-646-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP