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Sentencia AC-602-24 — Registro 19061

Resumen

En consulta la sentencia que otorga amparo contra el auto resolutivo del Juzgado de Letras, mediante el cual dispuso:“…VISTO: el informe que antecede, declarese precluido de derecho los treinta (30) días, concedido a la PGR para darle cumplimiento a los oficios librados; con relación al medio probatorio pericial propuesto en la demanda reivindicatoria de dominio promovida.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que, según expresa el amparista, Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodríguez, en su petición de amparo a favor del Estado de Honduras, los actos procesales en los cuales se le ha vedado a su mandante el derecho de petición, defensa y debido proceso; derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la República; derivan de la contravención en que incurre la Judicatura ordinaria, en su resolución de fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, al omitir la realización, de manera antojadiza, del medio probatorio pericial que emitirían en el término de treinta (30) días, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto de la Propiedad (IP); el cual fue admitido por la Juzgadora y ahora pretende no practicar, ni valorar, al precluir el plazo judicial otorgado a dichas instituciones para remitir la información solicitada. Sostiene el amparista, que debe garantizarse a la parte por él representada que, mientras no se practique tal medio de prueba pericial, no siga instándose el curso del proceso, en perjuicio del Estado de Honduras; impidiendo, en definitiva, sea escuchada la parte demandada con acopio de los medios probatorios admitidos en el curso del proceso. Por lo cual, efectuadas las valoraciones pertinentes, solicita se restituya el ordenamiento constitucional quebrantado, mediante la declaratoria con lugar de la presente garantía constitucional instaurada contra la resolución judicial en referencia. CONSIDERANDO (4): Que, la sentencia de amparo dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, que es venida en consulta ha observado motivación y justificación congruente y de fondo; y que, oído que fue el parecer del Fiscal del Despacho, y demás argumentos jurídicos aquí explicitados; procede, para esta Sala de lo Constitucional, el dictado de sentencia confirmatoria..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Que, según expresa el amparista, Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodríguez, en su petición de amparo a favor del Estado de Honduras, los actos procesales en los cuales se le ha vedado a su mandante el derecho de petición, defensa y debido proceso; derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la República; derivan de la contravención en que incurre la Judicatura ordinaria, en su resolución de fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, al omitir la realización, de manera antojadiza, del medio probatorio pericial que emitirían en el término de treinta (30) días, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto de la Propiedad (IP); el cual fue admitido por la Juzgadora y ahora pretende no practicar, ni valorar, al precluir el plazo judicial otorgado a dichas instituciones para remitir la información solicitada. Sostiene el amparista, que debe garantizarse a la parte por él representada que, mientras no se practique tal medio de prueba pericial, no siga instándose el curso del proceso, en perjuicio del Estado de Honduras; impidiendo, en definitiva, sea escuchada la parte demandada con acopio de los medios probatorios admitidos en el curso del proceso. Por lo cual, efectuadas las valoraciones pertinentes, solicita se restituya el ordenamiento constitucional quebrantado, mediante la declaratoria con lugar de la presente garantía constitucional instaurada contra la resolución judicial en referencia. CONSIDERANDO (4): Que, la sentencia de amparo dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, que es venida en consulta ha observado motivación y justificación congruente y de fondo; y que, oído que fue el parecer del Fiscal del Despacho, y demás argumentos jurídicos aquí explicitados; procede, para esta Sala de lo Constitucional, el dictado de sentencia confirmatoria..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que otorgó el de recurso de amparo presentado por el Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodríguez, a favor del Estado de Honduras, contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, con relación a la demanda reivindicatoria de dominio promovida por el señor Leonardo Rodas Contreras, en su condición de Representante Procesal del señor José Antonio German Carbajal Peña, contra el señor José Ramón Trujillo García, en su condición de Presidente de la Cooperativa de Pescadores Esfuerzos Marinos Limitada (COPEMAL) y Oscar Javier Hernández Cabellos. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado a en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado Leonardo Rodas Contreras, actuando en su condición de Apoderado Procesal del señor José Antonio German Carbajal Peña, presentando “…DEMANDA ORDINARIA DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO DE UN BIEN INMUEBLE…”, contra el señor José Ramón Trujillo García, en su condición de Presidente y Representante Legal de la Cooperativa de Pescadores Esfuerzos Marinos Limitada (COPEMAL) y Oscar Javier Hernández Cabellos. (Folios 2-6 del tomo I del expediente del A-quo) 2) En fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, dictó auto resolutivo mediante el cual dispuso: “…VISTO: el informe que antecede, DECLARESE PRECLUIDO DE DERECHO los TREINTA (30) DIAS, concedido a la PGR, para darle cumplimiento a los oficios librados en fecha 18 de Agosto del año 2023, en las presentes diligencias…” (Folio 317 del tomo II del expediente del A-quo) 3) En fecha veinte de febrero de dos mil veinticuatro, compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodríguez, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra el auto resolutivo referido en el numeral que antecede, por considerar el recurrente que le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-8 del expediente del Ad-Quem) 4) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…PRIMERO: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado JORGE LUIS MARADIAGA RODRÍGUEZ, en su condición de Procurador Judicial de la Zona Sur de la Procuraduría General de la República para los departamentos de Choluteca y Valle, contra la resolución de fecha 10 de octubre del año 2023 dictada por el Juzgado de Letras seccional de Choluteca, Choluteca. SEGUNDO: Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, restituyendo al recurrente en los derechos que le han sido vulnerados. TERCERO: Que se le dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que una vez notificada a las partes de la presente Sentencia se remite la misma con sus antecedentes en Consulta obligatoria a la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia…” (Folios 89-92 del antecedente) 5) Que en fecha quince de mayo de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme a la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. La Ley Sobre Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional y manda que, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vendrán en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que, es vista para consulta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro y que es venida en consulta, misma que otorgó la garantía de amparo interpuesta a favor del recurrente contra la resolución judicial de fecha diez de octubre de dos mil veintitrés; con fundamento en una pluralidad de razones procesales y de fondo convencional, de donde se colige la incompatibilidad con la inviolabilidad del derecho de defensa y del debido proceso del referido auto; el cual se manifiesta, en el proceso civil, por el derecho a que se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las garantías constitucionales y ordinarias que les asisten, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas; ponderando los distintos intereses en juego y haciendo oportuno acopio del juicio de razonabilidad, para con ello obtener el dictado de una resolución justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial. CONSIDERANDO (3): Que, según expresa el amparista, Abogado Jorge Luis Maradiaga Rodríguez, en su petición de amparo a favor del Estado de Honduras, los actos procesales en los cuales se le ha vedado a su mandante el derecho de petición, defensa y debido proceso; derechos consagrados en los artículos 1, 80, 82 y 90 de de la República; derivan de la contravención en que incurre la Judicatura ordinaria, en su resolución de fecha diez de octubre de dos mil veintitrés, al omitir la realización, de manera antojadiza, del medio probatorio pericial que emitirían en el término de treinta (30) días, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto de la Propiedad (IP); el cual fue admitido por la Juzgadora y ahora pretende no practicar, ni valorar, al precluir el plazo judicial otorgado a dichas instituciones para remitir la información solicitada. Sostiene el amparista, que debe garantizarse a la parte por él representada que, mientras no se practique tal medio de prueba pericial, no siga instándose el curso del proceso, en perjuicio del Estado de Honduras; impidiendo, en definitiva, sea escuchada la parte demandada con acopio de los medios probatorios admitidos en el curso del proceso. Por lo cual, efectuadas las valoraciones pertinentes, solicita se restituya el ordenamiento constitucional quebrantado, mediante la declaratoria con lugar de la presente garantía constitucional instaurada contra la resolución judicial en referencia. CONSIDERANDO (4): Que, la sentencia de amparo dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, que es venida en consulta ha observado motivación y justificación congruente y de fondo; y que, oído que fue el parecer del Fiscal del Despacho, y demás argumentos jurídicos aquí explicitados; procede, para esta Sala de lo Constitucional, el dictado de sentencia confirmatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 60, 80, 82, 90, 94, 303, 304, 313 No.5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 5, 9, 41, 42, 45, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintiséis de abril de dos mil veinticuatro y que es venida en consulta. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0602-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL