Sentencia AC-599-22 — Registro 20069
Resumen
Corte de Apelaciones declaró sin lugar nulidad del Laudo Arbitral dictado por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industrial de Cortés, que declaró sin lugar Excepciones de Falta de Legitimación Ad Causam y la Prescripción Extintiva de la acción interpuesta por el ahora recurrente; Además, declaró con lugar la demanda arbitral para el pago del valor diferencial no honrado del Contrato de promesa de Compra y venta de acciones de Tunnel Honduras S A promovida por recurrente; Condenó al recurrente al pago de cantidad pecuniaria en moneda dólares americanos, más intereses legales causados en materia mercantil, más pago de costas; Dicha Corte consideró que la resolución arbitral fue convenida en derecho por sometimiento voluntario y autónomo de las partes; que se respetó el debido proceso; por lo que no hay infracciones en la normativa de arbitraje; Carece de mérito la alegación de la existencia de una cláusula escalonada en dicho Contrato; con todo el Laudo Arbitral cumple es conforme a derecho.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"es pacífica jurisprudencia de la Sala, según la cual el recurso de nulidad contra laudos arbitrales se configura como un mero juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los Tribunales competentes entrar a analizar el fondo del asunto controvertido. Así las cosas, de una detenida lectura a la foliada, puede constatarse el no haberse revisado, ni decidido alguna, o algunas, de las cuestiones sujetas al arbitramiento; lo que es, en efecto el caso de marras, habiendo sólo el Tribunal Arbitral los hechos en controversia numerados del 1 al 3; dejando sin resolver los hechos en controversia numerados 4) y 5), en consecuencia, los cuales transcribe el amparista y se refieren a la determinación del incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del señor Alessio Ranni, consistentes en el traspaso de la maquinaria ofrecida en el Contrato Comercial pactado entre TUNNEL DE HONDURAS,S.A. y Consorcio Constructora El Arenal, contratado para la ejecución de obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; así como del contrato comercial respectivo, contratado para la ejecución de las obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; omisiones que tienen relevancia jurídica al tenor de lo establecido en el Art. 752 del Código de Comercio, por lo que, al ser controvertido este hecho debió la Arbitral resolver lo solicitado en la parte resolutiva del Laudo. Que tales aspectos habrían resultado inobservados en el fallo del recurso de revisión dictado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós; por todo lo cual ha solicitado se tenga por formalizado el presente recurso y se restablezcan las garantías constitucionales violentadas, dictando sentencia que otorgue el presente recurso de amparo en aras de una equitativa impartición de justicia..."..."el principio general que rige en materia constitucional para regular genéricamente el arbitraje reside en el artículo 110 de la Constitución de la República, conforme al cual se establece que “ninguna persona natural que tenga la libre disposición de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” De este modo, la posibilidad de someter la solución de una controversia a un tercero, que para tales efectos asume las funciones de un árbitro, distinto a la figura del Juez o Tribunal integrado en la estructura del Poder Judicial del Estado, es un derecho que encuentra reconocimiento en la Norma Fundamental sobre el que descansa la validez y eficacia del resto del ordenamiento jurídico. Entre las ventajas que se atribuyen al procedimiento arbitral, se mencionan entre otras, las de ser más ágil y expedito que el judicial, la posibilidad de que las partes puedan escoger árbitros especializados en alguna materia, la facultad que tienen las partes para solicitar que el conflicto se decida conforme a la técnica de alguna ciencia o en equidad y no en estricto derecho, su carácter reservado – salvo que las partes deseen que se ventile públicamente –, la inmediación que tienen los jueces árbitros en la producción de la prueba y la relación continua e inmediata con las partes, el carácter menos formalista respecto al procedimiento judicial ordinario, etc..."..."entre los valores que fundan la legitimidad y validez del Arbitraje, se encuentran la seguridad jurídica como principio configurador del Estado de Derecho, siempre con el debido respeto a los principios de buena fe y de autonomía de la voluntad, así como de tutela efectiva al debido proceso. Reafirmase así, que el Recurso de Nulidad es un mecanismo de impugnación especial, que no es, ni puede convertirse en una segunda instancia, en la cual pueda ventilarse de nuevo el fondo del asunto, o cuestión controvertida; sino que su objeto está delimitado a los preestablecidos, en forma clara, taxativa y expresa, en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, como ha quedado anteriormente explicitado y transcrito..."..."la Resolución de Alzada que es venida en Amparo, resulta meritorio el planteamiento del amparista, respecto a la procedencia de la causal de nulidad en referencia, consistente en haber resuelto incongruentemente la Corte Ad Quem, el recurso de Nulidad formulado contra el Laudo Arbitral impugnado; pues se ha denotado una falta de motivación congrua y suficiente respecto a desarrollar con completitud las pretensiones fijadas por las partes, tomando como referencia lo establecido como HECHOS EN CONTROVERSIA en el Acta de Audiencia Preliminar celebrada en fecha 17 de mayo del año 2021, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje (Ref. Trámite Arbitral N° 078/2020 Alessio Ranni / Gabriele Billelo); lo cual se considera incurre en contravención a lo establecido en los artículos 90, párrafo primero, 110 y 321 de la Constitución de la República;..."..."la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, ha desestimado el RECURSO DE NULIDAD impetrado contra la resolución dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, haberse acreditado la falta de motivación respecto a los elementos fácticos antes mencionados; los que conformarían parte integrante del objeto del recurso de nulidad respectivo. Subsúmase tal conducta motivacional omisiva en la causal de nulidad contenida en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, consistente en: “9) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”..."..."procede el dictado de estimatoria del presente recurso de amparo, por haberse infringido el derecho al debido proceso que ampara al solicitante de la presente garantía constitucional; obteniendo, como efecto útil, el reenvío a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para que se sirva subsanar motivadamente la omisión recursiva observada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 53 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 110 (Rango Constitucional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"es pacífica jurisprudencia de la Sala, según la cual el recurso de nulidad contra laudos arbitrales se configura como un mero juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los Tribunales competentes entrar a analizar el fondo del asunto controvertido. Así las cosas, de una detenida lectura a la foliada, puede constatarse el no haberse revisado, ni decidido alguna, o algunas, de las cuestiones sujetas al arbitramiento; lo que es, en efecto el caso de marras, habiendo sólo el Tribunal Arbitral los hechos en controversia numerados del 1 al 3; dejando sin resolver los hechos en controversia numerados 4) y 5), en consecuencia, los cuales transcribe el amparista y se refieren a la determinación del incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del señor Alessio Ranni, consistentes en el traspaso de la maquinaria ofrecida en el Contrato Comercial pactado entre TUNNEL DE HONDURAS,S.A. y Consorcio Constructora El Arenal, contratado para la ejecución de obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; así como del contrato comercial respectivo, contratado para la ejecución de las obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; omisiones que tienen relevancia jurídica al tenor de lo establecido en el Art. 752 del Código de Comercio, por lo que, al ser controvertido este hecho debió la Arbitral resolver lo solicitado en la parte resolutiva del Laudo. Que tales aspectos habrían resultado inobservados en el fallo del recurso de revisión dictado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós; por todo lo cual ha solicitado se tenga por formalizado el presente recurso y se restablezcan las garantías constitucionales violentadas, dictando sentencia que otorgue el presente recurso de amparo en aras de una equitativa impartición de justicia..."..."el principio general que rige en materia constitucional para regular genéricamente el arbitraje reside en el artículo 110 de la Constitución de la República, conforme al cual se establece que “ninguna persona natural que tenga la libre disposición de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” De este modo, la posibilidad de someter la solución de una controversia a un tercero, que para tales efectos asume las funciones de un árbitro, distinto a la figura del Juez o Tribunal integrado en la estructura del Poder Judicial del Estado, es un derecho que encuentra reconocimiento en la Norma Fundamental sobre el que descansa la validez y eficacia del resto del ordenamiento jurídico. Entre las ventajas que se atribuyen al procedimiento arbitral, se mencionan entre otras, las de ser más ágil y expedito que el judicial, la posibilidad de que las partes puedan escoger árbitros especializados en alguna materia, la facultad que tienen las partes para solicitar que el conflicto se decida conforme a la técnica de alguna ciencia o en equidad y no en estricto derecho, su carácter reservado – salvo que las partes deseen que se ventile públicamente –, la inmediación que tienen los jueces árbitros en la producción de la prueba y la relación continua e inmediata con las partes, el carácter menos formalista respecto al procedimiento judicial ordinario, etc..."..."entre los valores que fundan la legitimidad y validez del Arbitraje, se encuentran la seguridad jurídica como principio configurador del Estado de Derecho, siempre con el debido respeto a los principios de buena fe y de autonomía de la voluntad, así como de tutela efectiva al debido proceso. Reafirmase así, que el Recurso de Nulidad es un mecanismo de impugnación especial, que no es, ni puede convertirse en una segunda instancia, en la cual pueda ventilarse de nuevo el fondo del asunto, o cuestión controvertida; sino que su objeto está delimitado a los preestablecidos, en forma clara, taxativa y expresa, en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, como ha quedado anteriormente explicitado y transcrito..."..."la Resolución de Alzada que es venida en Amparo, resulta meritorio el planteamiento del amparista, respecto a la procedencia de la causal de nulidad en referencia, consistente en haber resuelto incongruentemente la Corte Ad Quem, el recurso de Nulidad formulado contra el Laudo Arbitral impugnado; pues se ha denotado una falta de motivación congrua y suficiente respecto a desarrollar con completitud las pretensiones fijadas por las partes, tomando como referencia lo establecido como HECHOS EN CONTROVERSIA en el Acta de Audiencia Preliminar celebrada en fecha 17 de mayo del año 2021, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje (Ref. Trámite Arbitral N° 078/2020 Alessio Ranni / Gabriele Billelo); lo cual se considera incurre en contravención a lo establecido en los artículos 90, párrafo primero, 110 y 321 de la Constitución de la República;..."..."la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, ha desestimado el RECURSO DE NULIDAD impetrado contra la resolución dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, haberse acreditado la falta de motivación respecto a los elementos fácticos antes mencionados; los que conformarían parte integrante del objeto del recurso de nulidad respectivo. Subsúmase tal conducta motivacional omisiva en la causal de nulidad contenida en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, consistente en: “9) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”..."..."procede el dictado de estimatoria del presente recurso de amparo, por haberse infringido el derecho al debido proceso que ampara al solicitante de la presente garantía constitucional; obteniendo, como efecto útil, el reenvío a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para que se sirva subsanar motivadamente la omisión recursiva observada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 110 (Rango Constitucional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"es pacífica jurisprudencia de la Sala, según la cual el recurso de nulidad contra laudos arbitrales se configura como un mero juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los Tribunales competentes entrar a analizar el fondo del asunto controvertido. Así las cosas, de una detenida lectura a la foliada, puede constatarse el no haberse revisado, ni decidido alguna, o algunas, de las cuestiones sujetas al arbitramiento; lo que es, en efecto el caso de marras, habiendo sólo el Tribunal Arbitral los hechos en controversia numerados del 1 al 3; dejando sin resolver los hechos en controversia numerados 4) y 5), en consecuencia, los cuales transcribe el amparista y se refieren a la determinación del incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del señor Alessio Ranni, consistentes en el traspaso de la maquinaria ofrecida en el Contrato Comercial pactado entre TUNNEL DE HONDURAS,S.A. y Consorcio Constructora El Arenal, contratado para la ejecución de obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; así como del contrato comercial respectivo, contratado para la ejecución de las obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; omisiones que tienen relevancia jurídica al tenor de lo establecido en el Art. 752 del Código de Comercio, por lo que, al ser controvertido este hecho debió la Arbitral resolver lo solicitado en la parte resolutiva del Laudo. Que tales aspectos habrían resultado inobservados en el fallo del recurso de revisión dictado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós; por todo lo cual ha solicitado se tenga por formalizado el presente recurso y se restablezcan las garantías constitucionales violentadas, dictando sentencia que otorgue el presente recurso de amparo en aras de una equitativa impartición de justicia..."..."el principio general que rige en materia constitucional para regular genéricamente el arbitraje reside en el artículo 110 de la Constitución de la República, conforme al cual se establece que “ninguna persona natural que tenga la libre disposición de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” De este modo, la posibilidad de someter la solución de una controversia a un tercero, que para tales efectos asume las funciones de un árbitro, distinto a la figura del Juez o Tribunal integrado en la estructura del Poder Judicial del Estado, es un derecho que encuentra reconocimiento en la Norma Fundamental sobre el que descansa la validez y eficacia del resto del ordenamiento jurídico. Entre las ventajas que se atribuyen al procedimiento arbitral, se mencionan entre otras, las de ser más ágil y expedito que el judicial, la posibilidad de que las partes puedan escoger árbitros especializados en alguna materia, la facultad que tienen las partes para solicitar que el conflicto se decida conforme a la técnica de alguna ciencia o en equidad y no en estricto derecho, su carácter reservado – salvo que las partes deseen que se ventile públicamente –, la inmediación que tienen los jueces árbitros en la producción de la prueba y la relación continua e inmediata con las partes, el carácter menos formalista respecto al procedimiento judicial ordinario, etc..."..."entre los valores que fundan la legitimidad y validez del Arbitraje, se encuentran la seguridad jurídica como principio configurador del Estado de Derecho, siempre con el debido respeto a los principios de buena fe y de autonomía de la voluntad, así como de tutela efectiva al debido proceso. Reafirmase así, que el Recurso de Nulidad es un mecanismo de impugnación especial, que no es, ni puede convertirse en una segunda instancia, en la cual pueda ventilarse de nuevo el fondo del asunto, o cuestión controvertida; sino que su objeto está delimitado a los preestablecidos, en forma clara, taxativa y expresa, en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, como ha quedado anteriormente explicitado y transcrito..."..."la Resolución de Alzada que es venida en Amparo, resulta meritorio el planteamiento del amparista, respecto a la procedencia de la causal de nulidad en referencia, consistente en haber resuelto incongruentemente la Corte Ad Quem, el recurso de Nulidad formulado contra el Laudo Arbitral impugnado; pues se ha denotado una falta de motivación congrua y suficiente respecto a desarrollar con completitud las pretensiones fijadas por las partes, tomando como referencia lo establecido como HECHOS EN CONTROVERSIA en el Acta de Audiencia Preliminar celebrada en fecha 17 de mayo del año 2021, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje (Ref. Trámite Arbitral N° 078/2020 Alessio Ranni / Gabriele Billelo); lo cual se considera incurre en contravención a lo establecido en los artículos 90, párrafo primero, 110 y 321 de la Constitución de la República;..."..."la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, ha desestimado el RECURSO DE NULIDAD impetrado contra la resolución dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, haberse acreditado la falta de motivación respecto a los elementos fácticos antes mencionados; los que conformarían parte integrante del objeto del recurso de nulidad respectivo. Subsúmase tal conducta motivacional omisiva en la causal de nulidad contenida en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, consistente en: “9) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”..."..."procede el dictado de estimatoria del presente recurso de amparo, por haberse infringido el derecho al debido proceso que ampara al solicitante de la presente garantía constitucional; obteniendo, como efecto útil, el reenvío a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para que se sirva subsanar motivadamente la omisión recursiva observada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 110 (Rango Constitucional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"es pacífica jurisprudencia de la Sala, según la cual el recurso de nulidad contra laudos arbitrales se configura como un mero juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los Tribunales competentes entrar a analizar el fondo del asunto controvertido. Así las cosas, de una detenida lectura a la foliada, puede constatarse el no haberse revisado, ni decidido alguna, o algunas, de las cuestiones sujetas al arbitramiento; lo que es, en efecto el caso de marras, habiendo sólo el Tribunal Arbitral los hechos en controversia numerados del 1 al 3; dejando sin resolver los hechos en controversia numerados 4) y 5), en consecuencia, los cuales transcribe el amparista y se refieren a la determinación del incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del señor Alessio Ranni, consistentes en el traspaso de la maquinaria ofrecida en el Contrato Comercial pactado entre TUNNEL DE HONDURAS,S.A. y Consorcio Constructora El Arenal, contratado para la ejecución de obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; así como del contrato comercial respectivo, contratado para la ejecución de las obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; omisiones que tienen relevancia jurídica al tenor de lo establecido en el Art. 752 del Código de Comercio, por lo que, al ser controvertido este hecho debió la Arbitral resolver lo solicitado en la parte resolutiva del Laudo. Que tales aspectos habrían resultado inobservados en el fallo del recurso de revisión dictado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós; por todo lo cual ha solicitado se tenga por formalizado el presente recurso y se restablezcan las garantías constitucionales violentadas, dictando sentencia que otorgue el presente recurso de amparo en aras de una equitativa impartición de justicia..."..."el principio general que rige en materia constitucional para regular genéricamente el arbitraje reside en el artículo 110 de la Constitución de la República, conforme al cual se establece que “ninguna persona natural que tenga la libre disposición de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” De este modo, la posibilidad de someter la solución de una controversia a un tercero, que para tales efectos asume las funciones de un árbitro, distinto a la figura del Juez o Tribunal integrado en la estructura del Poder Judicial del Estado, es un derecho que encuentra reconocimiento en la Norma Fundamental sobre el que descansa la validez y eficacia del resto del ordenamiento jurídico. Entre las ventajas que se atribuyen al procedimiento arbitral, se mencionan entre otras, las de ser más ágil y expedito que el judicial, la posibilidad de que las partes puedan escoger árbitros especializados en alguna materia, la facultad que tienen las partes para solicitar que el conflicto se decida conforme a la técnica de alguna ciencia o en equidad y no en estricto derecho, su carácter reservado – salvo que las partes deseen que se ventile públicamente –, la inmediación que tienen los jueces árbitros en la producción de la prueba y la relación continua e inmediata con las partes, el carácter menos formalista respecto al procedimiento judicial ordinario, etc..."..."entre los valores que fundan la legitimidad y validez del Arbitraje, se encuentran la seguridad jurídica como principio configurador del Estado de Derecho, siempre con el debido respeto a los principios de buena fe y de autonomía de la voluntad, así como de tutela efectiva al debido proceso. Reafirmase así, que el Recurso de Nulidad es un mecanismo de impugnación especial, que no es, ni puede convertirse en una segunda instancia, en la cual pueda ventilarse de nuevo el fondo del asunto, o cuestión controvertida; sino que su objeto está delimitado a los preestablecidos, en forma clara, taxativa y expresa, en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, como ha quedado anteriormente explicitado y transcrito..."..."la Resolución de Alzada que es venida en Amparo, resulta meritorio el planteamiento del amparista, respecto a la procedencia de la causal de nulidad en referencia, consistente en haber resuelto incongruentemente la Corte Ad Quem, el recurso de Nulidad formulado contra el Laudo Arbitral impugnado; pues se ha denotado una falta de motivación congrua y suficiente respecto a desarrollar con completitud las pretensiones fijadas por las partes, tomando como referencia lo establecido como HECHOS EN CONTROVERSIA en el Acta de Audiencia Preliminar celebrada en fecha 17 de mayo del año 2021, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje (Ref. Trámite Arbitral N° 078/2020 Alessio Ranni / Gabriele Billelo); lo cual se considera incurre en contravención a lo establecido en los artículos 90, párrafo primero, 110 y 321 de la Constitución de la República;..."..."la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, ha desestimado el RECURSO DE NULIDAD impetrado contra la resolución dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, haberse acreditado la falta de motivación respecto a los elementos fácticos antes mencionados; los que conformarían parte integrante del objeto del recurso de nulidad respectivo. Subsúmase tal conducta motivacional omisiva en la causal de nulidad contenida en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, consistente en: “9) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”..."..."procede el dictado de estimatoria del presente recurso de amparo, por haberse infringido el derecho al debido proceso que ampara al solicitante de la presente garantía constitucional; obteniendo, como efecto útil, el reenvío a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para que se sirva subsanar motivadamente la omisión recursiva observada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 110 (Rango Constitucional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"es pacífica jurisprudencia de la Sala, según la cual el recurso de nulidad contra laudos arbitrales se configura como un mero juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los Tribunales competentes entrar a analizar el fondo del asunto controvertido. Así las cosas, de una detenida lectura a la foliada, puede constatarse el no haberse revisado, ni decidido alguna, o algunas, de las cuestiones sujetas al arbitramiento; lo que es, en efecto el caso de marras, habiendo sólo el Tribunal Arbitral los hechos en controversia numerados del 1 al 3; dejando sin resolver los hechos en controversia numerados 4) y 5), en consecuencia, los cuales transcribe el amparista y se refieren a la determinación del incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del señor Alessio Ranni, consistentes en el traspaso de la maquinaria ofrecida en el Contrato Comercial pactado entre TUNNEL DE HONDURAS,S.A. y Consorcio Constructora El Arenal, contratado para la ejecución de obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; así como del contrato comercial respectivo, contratado para la ejecución de las obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; omisiones que tienen relevancia jurídica al tenor de lo establecido en el Art. 752 del Código de Comercio, por lo que, al ser controvertido este hecho debió la Arbitral resolver lo solicitado en la parte resolutiva del Laudo. Que tales aspectos habrían resultado inobservados en el fallo del recurso de revisión dictado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós; por todo lo cual ha solicitado se tenga por formalizado el presente recurso y se restablezcan las garantías constitucionales violentadas, dictando sentencia que otorgue el presente recurso de amparo en aras de una equitativa impartición de justicia..."..."el principio general que rige en materia constitucional para regular genéricamente el arbitraje reside en el artículo 110 de la Constitución de la República, conforme al cual se establece que “ninguna persona natural que tenga la libre disposición de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” De este modo, la posibilidad de someter la solución de una controversia a un tercero, que para tales efectos asume las funciones de un árbitro, distinto a la figura del Juez o Tribunal integrado en la estructura del Poder Judicial del Estado, es un derecho que encuentra reconocimiento en la Norma Fundamental sobre el que descansa la validez y eficacia del resto del ordenamiento jurídico. Entre las ventajas que se atribuyen al procedimiento arbitral, se mencionan entre otras, las de ser más ágil y expedito que el judicial, la posibilidad de que las partes puedan escoger árbitros especializados en alguna materia, la facultad que tienen las partes para solicitar que el conflicto se decida conforme a la técnica de alguna ciencia o en equidad y no en estricto derecho, su carácter reservado – salvo que las partes deseen que se ventile públicamente –, la inmediación que tienen los jueces árbitros en la producción de la prueba y la relación continua e inmediata con las partes, el carácter menos formalista respecto al procedimiento judicial ordinario, etc..."..."entre los valores que fundan la legitimidad y validez del Arbitraje, se encuentran la seguridad jurídica como principio configurador del Estado de Derecho, siempre con el debido respeto a los principios de buena fe y de autonomía de la voluntad, así como de tutela efectiva al debido proceso. Reafirmase así, que el Recurso de Nulidad es un mecanismo de impugnación especial, que no es, ni puede convertirse en una segunda instancia, en la cual pueda ventilarse de nuevo el fondo del asunto, o cuestión controvertida; sino que su objeto está delimitado a los preestablecidos, en forma clara, taxativa y expresa, en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, como ha quedado anteriormente explicitado y transcrito..."..."la Resolución de Alzada que es venida en Amparo, resulta meritorio el planteamiento del amparista, respecto a la procedencia de la causal de nulidad en referencia, consistente en haber resuelto incongruentemente la Corte Ad Quem, el recurso de Nulidad formulado contra el Laudo Arbitral impugnado; pues se ha denotado una falta de motivación congrua y suficiente respecto a desarrollar con completitud las pretensiones fijadas por las partes, tomando como referencia lo establecido como HECHOS EN CONTROVERSIA en el Acta de Audiencia Preliminar celebrada en fecha 17 de mayo del año 2021, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje (Ref. Trámite Arbitral N° 078/2020 Alessio Ranni / Gabriele Billelo); lo cual se considera incurre en contravención a lo establecido en los artículos 90, párrafo primero, 110 y 321 de la Constitución de la República;..."..."la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, ha desestimado el RECURSO DE NULIDAD impetrado contra la resolución dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, haberse acreditado la falta de motivación respecto a los elementos fácticos antes mencionados; los que conformarían parte integrante del objeto del recurso de nulidad respectivo. Subsúmase tal conducta motivacional omisiva en la causal de nulidad contenida en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, consistente en: “9) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”..."..."procede el dictado de estimatoria del presente recurso de amparo, por haberse infringido el derecho al debido proceso que ampara al solicitante de la presente garantía constitucional; obteniendo, como efecto útil, el reenvío a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para que se sirva subsanar motivadamente la omisión recursiva observada..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 110 (Rango Constitucional)
- Ley de Conciliación y Arbitraje, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinticinco. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, a favor del señor Gabrielle Bilello, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de nulidad impetrado contra la resolución de fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación al laudo arbitral de un contrato de promesa de compraventa de acciones de la sociedad mercantil Tunnel Honduras, S.A., entre el señor Alessio Ranni como vendedor representando a la sociedad mercantil antes citada y el señor Gabrielle Bilello. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES:1)En fecha treinta de octubre de dos mil veinte, compareció ante la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Centro de Conciliación y Arbitraje, el Abogado Allan Roberto Núñez Ramos, actuando en su condición de Representante Procesal del señor Alessio Rani, presentando una solicitud de “…INTEGRACIÓN DE UN TRIBUNAL ARBITRAL.-SE DEMANDA EL PAGO PECUNIARIO DE UN CONTRATO PRIVADO DE VENTAS DE ACCIONES SOCIETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO PLAZO CONVENIDO…”, contra el señor Gabriele Bilello, en atención al contrato de compra y venta de acciones en las oficinas de la sociedad mercantil Tunnel Honduras, S.A. (Folios 1-5 vuelto carpeta No.1 del antecedente)2)En fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Centro de Conciliación y Arbitraje, dictó resolución mediante el cual dispuso: “…1) Declarar SIN LUGAR las Excepciones de Falta de Legitimación Ad Causam y la de Prescripción Extintiva de la Acción interpuestas por el Abogado ROQUE GERARDO PASCUA BOGRAN actuando en su condición de Apoderado Procesal del señor GABRIELE BILELLO; 2) Declarar CON LUGAR la demanda arbitral para el pago o cumplimiento pecuniario del valor diferencial no honrado del Contrato de Promesa de Compra y Venta de Acciones de la Sociedad TUNNEL HONDURAS, S.A., promovida contra el señor GABRIELLE BILELLO a través de su Representante Procesal ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS; 3) Se condena al señor GABRIELLE BILELLO, al pago de la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (US$450,000.00) moneda de los Estados Unidos de América, más los intereses legales causados en materia mercantil, por concepto de daños y perjuicios; 4) CON ESPECIAL CONDENA EN COSTAS a la parte vencida. Y MANDA: Que quede firme el presente LAUDO si no se interpone el recurso de Nulidad que la Ley de Conciliación y Arbitraje y el Reglamento de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés establece contra el mismo.- NOTIFIQUESE.” (Folios 507-518 de la carpeta No.2 del antecedente)3)Conociendo del recurso de nulidad interpuesto por el Abogado Roque Gerardo Pascua Bográn, en su condición de Apoderado Legal del señor Gabrielle Bilello, contra la resolución citada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: (Sic) “…1) DECLARAR SIN LUGAR LA NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL dictado en fecha Veinte de Octubre del Dos mil Veintiuno, por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, interpuesto por el Apoderado Demandado Abogada ROQUE GERARDO PASCUA BOGRAN. 2) CON COSTAS. Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, para los efectos legales consiguientes NOTIFIQUESE...” (Folios 27-33 vuelto de la pieza del Ad-quem) 4)En fecha dieciocho de abril de dos mil veintidós, Compareció ante esta Sala, el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Gabrielle Bilello, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.5)En fecha ocho de junio del año dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma en el recurso presentado por el Abogado Max Ricardo Salgado Lagos, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 69 del recurso de mérito)6)En fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, y por emitido el Dictamen a través de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición de la acción de Amparo interpuesta, se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. Al hacer un análisis del Proceso de Amparo y de los antecedentes, se estima que el Juzgador ha actuado de conformidad con la ley y en uso de las facultades que la Constitución de la República establece, toda vez que en el Procedimiento establecido para la tramitación del Laudo arbitral ya identificado y relacionado, se verifica que se han cumplido con los principios fundamentales del debido proceso. La resolución que refiere le causa agravio al impetrante es la de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veintidós (2022) emitida por la Alzada, que deniega el Recurso de Nulidad con el cual pretendía se revisara la resolución ya precitada y verificar si la misma se dictó acorde a lo establecido en los artículos 74 numerales 1, 4, 6. y 9: 75 y 76 de la Ley de Conciliación y Arbitraje: Conforme lo anterior, es importante señalar sin transformar su revisión en una segunda instancia ordinaria, que las cuestiones apuntadas por el Amparista, fueron decididas por el Tribunal arbitral designado por las partes, conforme al acuerdo concertado por las mismas, quien señala de manera motivada las razones de su improcedencia, contrario a lo señalado por el amparista. Por lo que de lo expuesto anteriormente, esta representación fiscal estima, declarar sin lugar la presente acción de amparo, dado que no se visualiza violación a los Derechos y Garantías establecidas en la Constitución de la República, dado que el Tribunal de Alzada, en el asunto sometido a su conocimiento y decisión, lo ha hecho sin que proceda disminución alguna de los Derechos que amparan al quejoso. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta por no existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por el Amparista.” (Folios 72-75 del expediente de mérito)CONSIDERANDO (1): Que la Constitución de la República se encuentra dotada de carácter normativo de grado superlativo, por cuanto concreta tendencialmente los valores y principios reconocidos en el plexo jurídico constitucional para la convivencia ordenada de la sociedad y del Estado, en cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales; por lo cual se erige en premisa jurídica fundamental para la producción de las decisiones legislativas, jurisdiccionales y administrativas: “… habida cuenta que como norma suprema constituye la regla de reconocimiento de la producción jurídica estatal y su aplicación se torna obligatoria”.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (3): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.CONSIDERANDO (4): Que se conoce el recurso de amparo interpuesto y formalizado por el Abogado MAX RICARDO SALGADO LAGOS, a favor del señor GABRIELLE BILELLO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de febrero de dos mil veintidós (2022), la cual resolvió desestimando el RECURSO DE NULIDAD interpuesto contra el laudo arbitral dictado en fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en la Demanda de Arbitraje para el Pago pecuniario de Incumplimiento de un Contrato Privado de Promesa de Compraventa de Acciones Societarias por incumplimiento en el plazo convenido. Siendo el valor pendiente de cancelar por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (USD 450.000.00), que corresponde al valor pactado como segundo y último pago por la compra de los títulos accionarios. Motivando la aludida resolución de la Corte Ad Quem, las siguientes consideraciones, fácticas y jurídicas, respecto al contenido del Laudo Arbitral y demás actuaciones ínsitas en el proceso de Arbitraje: Que la sumisión al fallo arbitral fue convenida de consuno por las partes, de conformidad a ley. Pactaron, asimismo, que, en caso de presentarse alguna diferencia o controversia entre ellas, derivadas del contrato, intentarían resolver sus diferencias en un plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir de que alguna de ellas informara por escrito la existencia de alguna diferencia o controversia; y que, si transcurrido dicho plazo, no llegasen a un acuerdo, las partes recurrirían al procedimiento arbitral. Es antecedente también, que el Arbitro Único fue seleccionado conforme a lo establecido en el convenio, recayendo el nombramiento en un profesional del derecho, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras, quien dio trámite al proceso según lo estipulado por las partes, y, oídas que fueron las mismas, se declararon sin lugar las excepciones procesales de FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL, declarada sin lugar en el desarrollo de la audiencia preliminar, la FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA AD CAUSA y de la PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN, fueron falladas sin lugar en el Laudo Definitivo; siendo notificadas por el Arbitro las partes en estrados, de todo lo actuado y resuelto en la respectiva Audiencia; asimismo, propusieron y evacuaron pruebas, concediéndoles la oportunidad de impugnar sus resoluciones, motivando debidamente todas sus resoluciones, así como el Laudo Arbitral que se emitió, fundamentándolo conforme a la normativa adjetiva y sustantiva vigente y el Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Se establecieron como HECHOS EN CONTROVERSIA, los siguientes: 1) Incumplimiento de Pago por parte del señor GABRIELLE BILLELO, respecto al segundo y último pago del valor establecido por la compra de las acciones: 2) Negativa manifiesta del demandado GABRIELLE BILLELO, para honrar la deuda contraída; 3) Todas las gestiones y requerimientos efectuados por el señor ALESSIO RANNI, al señor GABRIELLE BILLELO, hasta el año 2020, sin obtener el pago aludido, y cuyo incumplimiento ha motivado la presentación de la Demanda Arbitral. 4) Determinar el incumplimiento de las obligaciones por parte del señor ALESSIO RANNI, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada TUNNELES DE HONDURAS S.A., respecto al traspaso de maquinaria ofrecida en el Contrato de Promesa de Compra y Venta de Acciones de la Sociedad Mercantil TUNNEL DE HONDURAS S.A.; 5) Determinar el incumplimiento de las obligaciones por parte del señor ALESSIO RANNI, en su condición de Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada TUNNEL DE HONDURAS S.A., respecto al traspaso del contrato comercial pactado entre ésta y Consorcio Constructora El Arenal, contratado para la ejecución de las obras de excavación de túneles y otros de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase I y Fase 2. LA PRUEBA propuesta por ambas partes fue admitida y evacuada en su totalidad, evacuado el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, sobre la parte resolutiva que admite los medios de prueba en relación de la parte demandada, por considerar que ésta infringe el Art. 319 del CPC (Sic.); explicando el Tribunal Arbitral el criterio jurídico que ampara su resolución.CONSIDERANDO (5): Que, finalmente, la Corte Ad Quem declaró SIN LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto con el Laudo Arbitral; motivando la conformidad del mismo con las reglas de procedimiento escogidas, con base al principio de Autonomía de la Voluntad; descartándose, en definitiva, que el Tribunal Arbitral hubiere incurrido en infracción al artículo 74, numerales 1, 4, 6 y 9 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, de la siguiente manera: 1) En cuanto a la primera causal invocada (Art. 74, numeral 1 de la Ley de Conciliación y Arbitraje): Refiriéndose la resolución a la Nulidad Absoluta del Convenio Arbitral Proveniente de objeto o causa ilícita, careciendo de mérito la alegación de la existencia de una cláusula escalonada en el Contrato denominado de Promesa de Compra y Venta de Acciones de la Sociedad Mercantil Túnel Honduras S.A., de fecha 18 de julio de dos mil dieciocho, en vista a ser convención entre partes, siendo nulo solamente si falta alguna condición esencial para la validez, relativos al consentimiento, objeto y causa, lo cual no es el caso, puesto que se ha aceptado la existencia y validez del contrato sin restricción alguna para el recurrente. La ley señala los recursos que pueden emplear las partes si no están de acuerdo con la resolución, lo cual se refleja en este caso en el Recurso de Nulidad, mecanismo previsto en la normativa especial vigente, con un alcance claramente establecido, el cual es corregir los errores en que hayan incurrido los árbitros al aplicar las normas procesales que rigen el arbitraje. No cabe, pues, asimilarlo al Recurso de Apelación, ya que no es segunda instancia, en la cual se le asigna competencia a un tribunal dentro de la misma jurisdicción, la cual no existe en la Arbitral; razón que se estima suficiente para justificar que la revisión que legitima esta vía impugnatoria es la propia de un juicio externo o de control de la observancia en el procedimiento arbitral de las garantías formales, sin que pueda abarcar el fondo del asunto. 2) En cuanto a la segunda causal invocada (Art. 74, numeral 4 de la Ley de Conciliación y Arbitraje): la cual es relativa a cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos; ésta resultaría improcedente, pues, según consta de autos la prueba presentada por la demandada fue admitida en su totalidad y evacuada oportunamente. El recurrente pretende que la Corte de Apelaciones examine si el Tribunal Arbitral apreció correctamente la prueba, lo cual no procede, desde que el artículo 62 de la Ley de Conciliación y Arbitraje (LCA), otorga a los árbitros la facultad exclusiva de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas; por lo cual se reitera que el Tribunal de Alzada, que no puede revisar el fondo del asunto y mucho menos reabrir un debate probatorio, siendo que la intención del legislador al incorpora la figura del recurso de nulidad de un laudo arbitral garantizar el debido proceso y, con ello, el derecho de defensa de las partes. 3) En cuanto a la tercera causal invocada (Art. 74, numeral 6 de la Ley de Conciliación y Arbitraje): “Haber fallado en equidad debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”, lo que resulta manifiesto es que el Tribunal Arbitral fue conformado por un Profesional del Derecho, quien siguió las reglas del procedimiento, garantizó la igualdad y defensa de las partes y su fallo se basó el derecho vigente, no en el sentido común. 4) En cuanto a la cuarta causal invocada (Art. 74, numeral 9 de la Ley de Conciliación y Arbitraje): Observa el Ad Quem que el señor Arbitro Presidente resolvió, mediante el laudo arbitral, cada uno de los hechos en controversia, iniciando por las excepciones materiales. En los considerandos desarrolló las pretensiones de las partes, fijó los hechos controvertidos, las pruebas aportadas y evacuadas, estableció argumentos jurídicos o fundamentos puntualmente sustentados, haciendo cita de los artículos o normas de Derecho que estimó pertinentes, cumpliendo el Laudo Arbitral con lo dispuesto en los artículos 67 de la LCA y 64 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. CONSIDERANDO (6): Que, la Ley de Conciliación y Arbitraje es clara y taxativa al enunciar las únicas causales en que se puede fundamentar la nulidad de una resolución arbitral: “ARTÍCULO 74.- CAUSAS DE NULIDAD. Las únicas causas de nulidad del laudo son las siguientes; 1) La nulidad absoluta del convenio arbitral proveniente de objeto o causas ilícitas. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo; 2) No haberse constituido el tribunal arbitral en forma legal, siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso desde la iniciación del trámite arbitral; 3) No haberse hecho la notificaciones en la forma prevista en esta Ley, salvo que de la actuación procesal se deduzca que el interesado conoció o debió conocer la providencia; 4) Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo debidos salvo el caso, contemplado en el Artículo 62 párrafo quinto de esta Ley. 5) Haber pronunciado el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o sus prórrogas; 6) Haberse fallado en equidad debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo; 7) Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal arbitral; 8) Haber caído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido; y, 9) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.” CONSIDERANDO (7): Que, la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce (14) de febrero de dos mil veintidós (2022), desestima todas las causales impetradas en el RECURSO DE NULIDAD interpuesto contra el Laudo Arbitral dictado en fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal Arbitral referido. Sostiene el Tribunal Ad Quem, en síntesis, que tal resolución arbitral fue convenida en derecho, por sometimiento voluntario y autónomo de las partes, aviniéndose esencialmente a la garantía genérica del debido proceso; sin entrar en valoración probatoria, ni en argumentos de fondo, por no resultar procedente.CONSIDERANDO (8): Que, en formalización del recurso de amparo, realizada en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, expresó el Abogado amparista, que la no declaración ha lugar de la nulidad del Laudo, contrae una serie de anomalías que vician el debido proceso al cual tiene derecho la parte demandada, así como el principio de legalidad constitucional; los cuales habría contrariado el Tribunal Arbitral recurrido, en infracción al artículo 74, numerales 1, 4, 6 y 9 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; y lo estipulado, en el cauce procesal, por los artículos 1, 64, y 70 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, inter alia. Sostiene el garantista, en un primer momento, que siendo el arbitraje institucional en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCA-CCIC), las normas del Código Procesal Civil no le serían vinculantes. Relaciona de hechos, que existe Contrato de Compraventa de Acciones de la Sociedad Mercantil TUNNEL HONDURAS, S.A., entre Alessio Ranni, como representante de la Sociedad precitada y como comprador al señor Gabriele Bilello, en su condición personal. No obstante, la parte demandante no cumplió el proceso escalonado para acceder a la Jurisdicción Arbitral, habiéndose convenido por las partes se efectuaría en un proceso previo paulatino. Ha instado, en su lugar, el señor Alessio Ranni, Demanda Arbitral contra el señor Gabriele Bilello, pretendiendo el pago de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS ($ 450, 000.00), correspondiente al valor pactado como segundo y último pago por la compra de los títulos accionarios; ya que, según el demandante, se incumplió el Contrato en el plazo convenido. Señalando el garantista, infracción a los artículos 64, 82, 90, párrafo primero, 321 y 323 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO (9): Que, según refiere el acápite primero de la formalización jurídica, no habría concordancia entre el resolutivo en mención, y la motivación fáctica y jurídica contenida en los Considerandos PRIMERO al SÉPTIMO, empleados para declarar SIN LUGAR el recurso de nulidad impetrado por el Apoderado Demandado, Abg. ROQUE GERARDO PASCUA BOGRÁN; habiendo incurrido en arbitrariedad la resolución recurrida, al no consistir en una derivación razonada del derecho vigente, en relación a las circunstancias de la causa; al emitir su fallo, el Ad Quem, contra legem y sin exponer en la sentencia los fundamentos de derechos que soportan legalmente el fallo; limitándose el Tribunal Arbitral a enlistar las pruebas propuestas y admitidas por las partes, quedando sin resolver los hechos en controversia 4) y 5), los cuales transcribe, como se desarrollará más adelante. Censura, además, que en el numeral 6) del Laudo Arbitral se condena en costas a su mandante, entendiendo que, por principio de vencimiento, no le aplicarían las disposiciones del artículo 67 numeral 6) de la Ley de Conciliación y Arbitraje, 64 numeral 6) del Reglamento de la CCA-CCIC, las cuales sólo establecen costas del proceso no personales, extralimitándose aquí el Tribunal Arbitral. Entre otros errores de citación señala puntualmente una motivación defectuosa, que adolece de incongruencia argumentativa y carencia de claridad; la cual ejemplifica con el error in procedendo, en el que se estima habría incurrido la Corte de Apelaciones al no evacuar el medio de prueba propuesto y admitido por el Tribunal Arbitral que tenía por finalidad probar que el Notario nunca tuvo los originales a la vista, porque la parte nunca mostró los documentos originales. Asimismo, ha argumentado el amparista, que el Tribunal Arbitral ha fallado en equidad, debiendo ser en derecho. Siendo el Tribunal Arbitral incongruente, al impedir se valore la prueba y determine si el Arbitro aplicó las normas jurídicas pertinentes; no estableciendo éste, en definitiva, relación entre lo alegado como causal de nulidad y la respuesta vertida por el Tribunal de Alzada.CONSIDERANDO (10): Que, del estudio detenido de la causa, se desprenden alegatos varios de legalidad, que no concierne resolver vía el recurso de revisión que habilita la norma adjetiva, por las razones expuestas a lo largo del fallo, según se ha sintetizado en el CONSIDERANDO (7). Sin embargo, también ha propuesto el amparista, como objeto de amparo, la causal contenida en el numeral 9) del artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; consistente en: “9) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”. En efecto, es pacífica jurisprudencia de la Sala, según la cual el recurso de nulidad contra laudos arbitrales se configura como un mero juicio externo, limitado al control de las garantías formales, sin que puedan los Tribunales competentes entrar a analizar el fondo del asunto controvertido. Así las cosas, de una detenida lectura a la foliada, puede constatarse el no haberse revisado, ni decidido alguna, o algunas, de las cuestiones sujetas al arbitramiento; lo que es, en efecto el caso de marras, habiendo sólo el Tribunal Arbitral los hechos en controversia numerados del 1 al 3; dejando sin resolver los hechos en controversia numerados 4) y 5), en consecuencia, los cuales transcribe el amparista y se refieren a la determinación del incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del señor Alessio Ranni, consistentes en el traspaso de la maquinaria ofrecida en el Contrato Comercial pactado entre TUNNEL DE HONDURAS,S.A. y Consorcio Constructora El Arenal, contratado para la ejecución de obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; así como del contrato comercial respectivo, contratado para la ejecución de las obras de excavación de túneles y otras obras civiles de la Central Hidroeléctrica denominada El Arenal Fase 1 y 2; omisiones que tienen relevancia jurídica al tenor de lo establecido en el Art. 752 del Código de Comercio, por lo que, al ser controvertido este hecho debió la Arbitral resolver lo solicitado en la parte resolutiva del Laudo. Que tales aspectos habrían resultado inobservados en el fallo del recurso de revisión dictado por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de febrero de dos mil veintidós; por todo lo cual ha solicitado se tenga por formalizado el presente recurso y se restablezcan las garantías constitucionales violentadas, dictando sentencia que otorgue el presente recurso de amparo en aras de una equitativa impartición de justicia.CONSIDERANDO (11): Que el principio general que rige en materia constitucional para regular genéricamente el arbitraje reside en el artículo 110 de la Constitución de la República, conforme al cual se establece que “ninguna persona natural que tenga la libre disposición de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.” De este modo, la posibilidad de someter la solución de una controversia a un tercero, que para tales efectos asume las funciones de un árbitro, distinto a la figura del Juez o Tribunal integrado en la estructura del Poder Judicial del Estado, es un derecho que encuentra reconocimiento en la Norma Fundamental sobre el que descansa la validez y eficacia del resto del ordenamiento jurídico. Entre las ventajas que se atribuyen al procedimiento arbitral, se mencionan entre otras, las de ser más ágil y expedito que el judicial, la posibilidad de que las partes puedan escoger árbitros especializados en alguna materia, la facultad que tienen las partes para solicitar que el conflicto se decida conforme a la técnica de alguna ciencia o en equidad y no en estricto derecho, su carácter reservado – salvo que las partes deseen que se ventile públicamente –, la inmediación que tienen los jueces árbitros en la producción de la prueba y la relación continua e inmediata con las partes, el carácter menos formalista respecto al procedimiento judicial ordinario, etc. CONSIDERANDO (12): Que, asimismo, entre los valores que fundan la legitimidad y validez del Arbitraje, se encuentran la seguridad jurídica como principio configurador del Estado de Derecho, siempre con el debido respeto a los principios de buena fe y de autonomía de la voluntad, así como de tutela efectiva al debido proceso. Reafirmase así, que el Recurso de Nulidad es un mecanismo de impugnación especial, que no es, ni puede convertirse en una segunda instancia, en la cual pueda ventilarse de nuevo el fondo del asunto, o cuestión controvertida; sino que su objeto está delimitado a los preestablecidos, en forma clara, taxativa y expresa, en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, como ha quedado anteriormente explicitado y transcrito. CONSIDERANDO (13): Que sometida a estudio la Resolución de Alzada que es venida en Amparo, resulta meritorio el planteamiento del amparista, respecto a la procedencia de la causal de nulidad en referencia, consistente en haber resuelto incongruentemente la Corte Ad Quem, el recurso de Nulidad formulado contra el Laudo Arbitral impugnado; pues se ha denotado una falta de motivación congrua y suficiente respecto a desarrollar con completitud las pretensiones fijadas por las partes, tomando como referencia lo establecido como HECHOS EN CONTROVERSIA en el Acta de Audiencia Preliminar celebrada en fecha 17 de mayo del año 2021, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje (Ref. Trámite Arbitral N° 078/2020 Alessio Ranni / Gabriele Billelo); lo cual se considera incurre en contravención a lo establecido en los artículos 90, párrafo primero, 110 y 321 de la Constitución de la República; por las consideraciones fácticas y jurídicas que se dejan suficientemente explicitadas, del exhaustivo estudio de la foliada.CONSIDERANDO (14): Que, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, ha desestimado el RECURSO DE NULIDAD impetrado contra la resolución dictada por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, haberse acreditado la falta de motivación respecto a los elementos fácticos antes mencionados; los que conformarían parte integrante del objeto del recurso de nulidad respectivo. Subsúmase tal conducta motivacional omisiva en la causal de nulidad contenida en el artículo 74 de la Ley de Conciliación y Arbitraje, consistente en: “9) No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”. CONSIDERANDO (15): Que por todo lo anterior procede el dictado de estimatoria del presente recurso de amparo, por haberse infringido el derecho al debido proceso que ampara al solicitante de la presente garantía constitucional; obteniendo, como efecto útil, el reenvío a la Corte de Apelaciones de su procedencia, para que se sirva subsanar motivadamente la omisión recursiva observada. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 110 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los precitados efectos legales. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal con el número SCO-0599-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL