Sentencia AC-577-24 — Registro 18780
Resumen
Resolución que que declara No Ha Lugar petición de auxilio policial para tomar posesión completa de dos bienes inmuebles entregados a la parte ejecutante, con relación a la solicitud de Ejecución de un Título Judicial para la restitución de la posesión de dos bienes inmuebles promovida por recurrente y que la Parte Ejecutada impide que se restablezcan los límites y el cerco perimetral según el plano autorizado y en el Instituto de la Propiedad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
8: Que, en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán se encuentra dictada conforme a derecho, pues la alzada ha procedido a Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto, al inobservar el A-quo inter alia lo dispuesto en el Artículo 743 del Código Procesal Civil, precepto que dispone: “PRINCIPIO DE COMPLETA SATISFACCIÓN DEL EJECUTANTE. 1. La ejecución forzosa se llevará a efecto en los propios términos que figure en la ejecutoria. El ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado en los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad del ejecutado, así como por cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecute. 2. Sólo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante.”; que esta Sala de lo Constitucional advierte asimismo que la resolución del A-quo carece de la motivación debida que impone el artículo 199 de la misma ley adjetiva, elemento esencial para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, que entre otros, exige un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; como bien argumenta el recurrente no basta con que el órgano jurisdiccional de respuesta a las peticiones de las partes, se hace necesario una respuesta en respeto de los derechos y garantías que la ley establece, una respuesta justa y motivada, más aun cuando se trata de la completa satisfacción de una pretensión que ha sido declarada con lugar al peticionario, por un órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO 9: Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio del debido proceso, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios que la Constitución de la República reconoce, procediendo en consecuencia a Otorgar el amparo interpuesto contra la resolución de fecha quince de noviembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al inobservar Inter alia lo dispuesto en los Artículos 199 y 743 del Código Procesal civil, vulnerando con ello el debido proceso y el derecho de petición invocados por el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de abril del año dos mil veinticuatro, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Juan Gabriel Moncada Jiménez.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de enero del año dos mil veinticinco. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de abril del dos mil veinticuatro (2024), que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN GABRIEL MONCADA JIMENEZ, a favor del señor EFRAIN ROQUE REYES, contra la resolución de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declara No Ha Lugar la petición de auxilio policial para tomar posesión completa de dos bienes inmuebles entregados a la parte ejecutante, con relación a la solicitud de Ejecución de un Título Judicial para la restitución de la posesión de dos bienes inmuebles, promovida por el abogado FERNANDO ENRIQUE MONCADA JIMENEZ, en su condición de Representante Procesal del señor EFRAIN ROQUE REYES, contra la ASOCIACIÓN COMUNEROS DE SAN MATÍAS, representada por el señor JOSÉ FIDENCIO MENDOZA VARELA.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se consideran violados o amenazados los derechos de petición, debido proceso, propiedad privada y defensa, contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90, 103, 303, 304 de la Constitución de la República, relacionado con los artículos 742, 743, 882 del Código Procesal Civil; artículo 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, el Abogado FERNANDO ENRIQUE MONCADA JIMENEZ, en su condición de Representante Procesal del señor EFRAIN ROQUE REYES, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMETO DE FRANCISCO MORAZÁN, interponiendo demanda de Ejecución de un Título Judicial, para la restitución de la posesión de dos bienes inmuebles, en contra de la ASOCOACIÓN COMUNERO DE SAN MATÍAS, representada por el señor JOSÉ FIDENCIO MENDOZA VARELA. (Folios del 1-6 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha trece de noviembre del año dos mil veintitrés, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado FERNANDO ENRIQUE MONCADA JIMÉNEZ, solicitando auxilio policial para tomar la posesión completa de dos bienes inmuebles que fueron entregados a la Parte Ejecutante el 27 de octubre del año 2023 y que la Parte Ejecutada impide que se restablezcan los límites y el cerco perimetral según el plano autorizado y en el Instituto de la Propiedad, con lo cual se impide tomar posesión completa de los terrenos. (Folios del 141-144 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que en fecha quince de noviembre del año dos mil veintitrés, el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMETO DE FRANCISCO MORAZÁN, en respuesta a lo peticionado por la Parte Ejecutante, emitió resolución mediante la resolvió: “… En cuanto a lo solicitado por el compareciente, ABOGADO FERNANDO ENRIQUE MONCADA JIMENEZ en su condición de representante procesal del SEÑOR EFRAIN ROQUE REYES como parte ejecutante, y en virtud de constar en autos que esta Judicatura ha dado estricto cumplimiento al fallo contenido en el título con el cual se funda la presente ejecución, mediante el desalojo y lanzamiento correspondiente, el cual se acredita a través del acta de desalojo, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) y fotografías anexadas, emitidas por el Secretario Adjunto de este despacho, las cuales constan del folio 118 al 140 en el expediente de mérito, se declara NO HA LUGAR lo peticionado, ya que este Tribunal de Justicia queda exento de las acciones consumadas por terceros ajenos al Juicio que nos acontece sobre los bienes inmuebles objetos de litigio…” (Folio 167 de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Que en fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinticuatro, el Abogado JUAN GABRIEL MONCADA JIMENEZ, compareció ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPRTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, interponiendo Recurso de Amparo a favor de del señor EFRAIN ROQUE REYES, contra la resolución de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMETO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la cual el referido Juzgado declaro no ha lugar una petición de auxilio policial para tomar la posesión completa de dos Bienes Inmuebles, por considerar el recurrente que la misma es violatoria de los derechos de petición, debido proceso, propiedad privada y defensa, contenidos en los artículos 64, 80, 82, 90, 103, 303, 304 de la Constitución de la República. (Folios del 1-5 de la pieza de antecedentes de amparo) 5) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, emitió sentencia en fecha once (11) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: OTORGANDO EL AMPARO, interpuesto por el abogado JUAN GABRIEL MONCADA JIMENEZ, a favor del señor EFRAIN ROQUE REYES contra la resolución de fecha quince de noviembre del año dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- SEGUNDO: Se tienen por violentadas las Garantías Constitucionales del DERECHO DE PETICION, DEBIDO PROCESO, PROPIEDAD PRIVADA y DERECHO DE DEFENSA establecidas en el artículo 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República, y violentado el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-TERCERO: Enviar en consulta obligatoria la presente sentencia a la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo que establece el artículo 68 párrafo segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional.- Y MANDA que se notifique esta sentencia al recurrente y al agente del Ministerio Público para los efectos legales pertinentes…” (Folios del 41-44fv de la pieza de antecedentes de amparo) 6) Que en fecha diez de mayo del AÑO dos mil veinticuatro, este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por el Abogado JUAN GABRIEL MONCADA JIMÉNEZ, contra la resolución de fecha quince de noviembre, del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que declara No Ha Lugar la petición de Auxilio Policial para tomar la posesión completa de dos Bienes Inmuebles, presentada por la Parte Ejecutante, con relación a la solicitud de Ejecución de un Título Judicial para la restitución de la posesión de dos bienes inmuebles, promovida por el abogado FERNANDO ENRIQUE MONCADA JIMENEZ, en su condición de Representante Procesal del señor EFRAIN ROQUE REYES, contra la ASOCIACIÓN COMUNEROS DE SAN MATÍAS, representada por el señor JOSÉ FIDENCIO MENDOZA VARELA. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que si bien el Juez Ejecutor dio la posesión de las dos casas precarias que los comuneros construyeron no se pudo hacer el desalojo total, ya que los comuneros de una forma astuta sabiendo que se iba a realizar el desalojo dejaron las casas solas, es mas hasta la fecha ninguno de los comuneros ha solicitado al Juzgado ni mucho menos a la parte ejecutante la devolución de las cosas que se encuentran en el interior de las antes mencionadas casas.- Continua exponiendo el recurrente que posterior a la actuación antes realizada, en la cual no se desalojó a ninguna persona, ya que el Abogado que les representa les avisó de la diligencia judicial que se realizaría, razón por la cual, al no estar nadie ese día, nunca se desalojó a los usurpadores, es así, que transcurridos solamente quince días calendarios, es decir en fecha once de noviembre de dos mil veintitrés, regresaron a invadir la propiedad, razón por la cual el día de fecha 13 de noviembre de 2023, se solicitó a la señora Juez que ordene el auxilio policial para tomar la posesión completa de dos bienes inmuebles que fueron entregados a la parte ejecutante el 27 de octubre de 2023 y que la parte ejecutada impide que se restablezcan los límites y el cerco perimetral según el plano autorizado y registrado en el Instituto de la Propiedad, con lo cual impiden tomar posesión completa de los terrenos y están ejerciendo actos de perturbación e incumpliendo la sentencia firme emitida por ese Juzgado. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que, del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha quince de noviembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve declarar No Ha Lugar la petición de auxilio policial para tomar la posesión completa de dos Bienes Inmuebles que fueron entregados a la Parte Ejecutante, promovida por el Abogado FERNANDO ENRIQUE MONCADA JIMÉNEZ, en su condición de representante procesal del señor EFRAÍN ROQUE REYES, argumentando el A-quo en la indicada resolución que ese Tribunal de Justicia queda exento de las acciones consumadas por terceros ajenos al juicio sobre los bienes inmuebles objetos de litigio. CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que si bien es cierto se ha tenido respuesta del Órgano Jurisdiccional, la misma se considera que no es conforme a derecho, en virtud que la ejecución de la sentencia según el Código Procesal Civil en su artículo 743, regula el Principio de Completa Satisfacción del Ejecutante, mediante el cual la Ejecución Forzosa se llevará a efecto en los propios términos que figure en la ejecutoria y sólo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante, razón por la cual se peticionó el auxilio policial para tomar posesión completa, restablecer límites y cerco perimetral según plano autorizado y registrado en el Instituto de la Propiedad, por actos de perturbación e incumplimiento de sentencia. En el mismo orden de ideas, dicho cuerpo legal dispone que el litigante que hubiera obtenido a su favor ejecutoria, podrá solicitar su cumplimiento forzoso, de conformidad con las reglas que se establecen en este Código, en armonía con el texto constitucional en su artículo 306, faculta a dicho órgano jurisdiccional para requerir en virtud de ser necesario, el auxilio de la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus resoluciones, en tal sentido con el fin de que las sentencias no sean ilusorias inclusive dice, que si se negare la Fuerza Pública, el órgano jurisdiccional puede exigir de los ciudadanos, razón por la cual, al reconocerse en dicha normativa el derecho de pedir el cumplimiento forzoso y el principio de plena satisfacción del ejecutante, se alega violación al derecho de petición. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha once de abril del año dos mil veinticuatro, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala que: (Sic) “CONSIDERANDO (5): Siendo esta Resolución la que genera la controversia que hoy se conoce a través de la presente acción; y en aras de una correcta aplicación de justicia en cuanto a los Derechos Y Garantías somos del parecer que la misma efectivamente es contraria a Derecho en vista que transgrede las Garantías constitucionales del DERECHO DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, PROPIEDAD PRIVADA y la Garantía Constitucional del DERECHO DE DEFENSA señaladas en nuestra carta magna en los artículos 80, 82, 90 y 103 que fueron alegadas por el recurrente; esto porque efectivamente el Juzgador debe hacer estricto acopio de lo señalado en el artículo 600 numeral 3 del Código Procesal Civil que establece: “que si dentro de los seis (6) meses siguientes al lanzamiento se acredita que el vencido a reingresado al inmueble, el vencedor puede solicitar un nuevo lanzamiento”, pues ha ocurrido en el caso de mérito, que pasado varias semanas de la entrega del inmueble, nuevamente está siendo ocupado por los mismos comuneros, por lo que, se le ha negado el ejecutante la satisfacción de la entrega total de los bienes inmuebles, en todo caso el artículo 883, establece que en el caso que el inmueble estuviese ocupado por personas que no dependan del ejecutado, se les notificará la existencia de la ejecución para que presenten en el plazo de los diez días los títulos que justifiquen su ocupación, y solo en el caso que estuviere habitado por el ejecutado o de quienes dependan de él se les concederá un plazo de un mes prorrogable por otro mes, para el desalo, transcurridos los plazos se procederá inmediatamente al lanzamiento; extremos que efectivamente no se han podido esclarecer, o realizar en el caso de mérito…” –Énfasis propio de la sentencia- CONSIDERANDO 8: Que, en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán se encuentra dictada conforme a derecho, pues la alzada ha procedido a Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto, al inobservar el A-quo inter alia lo dispuesto en el Artículo 743 del Código Procesal Civil, precepto que dispone: “PRINCIPIO DE COMPLETA SATISFACCIÓN DEL EJECUTANTE. 1. La ejecución forzosa se llevará a efecto en los propios términos que figure en la ejecutoria. El ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado en los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad del ejecutado, así como por cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecute. 2. Sólo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante.”; que esta Sala de lo Constitucional advierte asimismo que la resolución del A-quo carece de la motivación debida que impone el artículo 199 de la misma ley adjetiva, elemento esencial para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, que entre otros, exige un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; como bien argumenta el recurrente no basta con que el órgano jurisdiccional de respuesta a las peticiones de las partes, se hace necesario una respuesta en respeto de los derechos y garantías que la ley establece, una respuesta justa y motivada, más aun cuando se trata de la completa satisfacción de una pretensión que ha sido declarada con lugar al peticionario, por un órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO 9: Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio del debido proceso, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios que la Constitución de la República reconoce, procediendo en consecuencia a Otorgar el amparo interpuesto contra la resolución de fecha quince de noviembre del año dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, al inobservar Inter alia lo dispuesto en los Artículos 199 y 743 del Código Procesal civil, vulnerando con ello el debido proceso y el derecho de petición invocados por el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de abril del año dos mil veinticuatro, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Juan Gabriel Moncada Jiménez. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado JUAN GABRIEL MONCADA JIMÉNEZ, a favor del señor EFRAÍN ROQUE REYES, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintitrés (2023). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintiocho de enero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0577-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL