Sentencia AC-567-23 — Registro 20074
Resumen
Resolución que inadmite a trámite Demanda para la Ejecución Directa y Exclusiva contra Bienes Inmuebles Hipotecados, promovida por recurrente donde la Sala de lo Constitucional reitera que este Tribunal Constitucional, ya se pronunció sobre el mismo asunto.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consideración a que el asunto porque el cual el recurrente acude ante esta instancia constitucional, ya fue conocida previamente por medio del Fallo con registro de expediente número SCO-478-2021.CONSIDERANDO (11): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 2) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) ...; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO (12): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consideración a que el asunto porque el cual el recurrente acude ante esta instancia constitucional, ya fue conocida previamente por medio del Fallo con registro de expediente número SCO-478-2021.CONSIDERANDO (11): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 2) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) ...; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO (12): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo."
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consideración a que el asunto porque el cual el recurrente acude ante esta instancia constitucional, ya fue conocida previamente por medio del Fallo con registro de expediente número SCO-478-2021.CONSIDERANDO (11): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 2) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) ...; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO (12): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, a favor de la sociedad mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez (10) de abril del año dos mil veintitrés (2023), que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Parte Demandante, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), que resuelve únicamente admitir el escrito presentado por el Demandante, en virtud de la Cosa Juzgada Formal de la cual goza el auto de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno; en relación a la solicitud de Ejecución Directa y Exclusiva contra bienes inmuebles hipotecados, promovida por el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra la Sociedad Mercantil AEREO-IMPEX, constituida originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por la señora ADELA PATRICIA RONSENTHAL HIDALGO, en su condición de Apoderada y Presidenta del Consejo de Administración, como GARANTE HIPOTECARIO de la Sociedad Mercantil EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V. (EXP. No. 0501-2019-04394-LCH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos al debido proceso, principio de legalidad procesal y defensa, contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles; 16, 17, 18, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 3.1, 4, 5, 7 y 12 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.- A N T E C E D E N T E S. 1) Que en fecha cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, actuando en su condición apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA S.A., promoviendo Solicitud de Ejecución Directa y Exclusiva contra bienes inmuebles hipotecados, contra la Sociedad Mercantil AEREO-IMPEX, SOCIEDAD ANONIMA, del domicilio de La Lima, constituida originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por la señora ADELA PATRICIA RONSENTHAL HIDALGO, en su condición de Apoderada y Presidenta del Consejo de Administración, como GARANTE HIPOTECARIO de la Sociedad EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V. del domicilio de Villanueva Cortés. (Folios del 1-8fv de la pieza de antecedentes del A-quo). 2) Que mediante Auto de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió admitir la Demanda de Ejecución Hipotecaria, junto con los anexos que se acompañan, ordenando a través de la Central de Citaciones y/o Emplazamientos, Notificaciones, Requerimientos y otras Diligencias Judiciales requerir a la señora Adela Patricia Rosenthal Hidalgo. (Folios 147-148 de la pieza de antecedentes del A-quo). 3) Que en fecha veintinueve de enero del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado CARLOS JESÚS MELENDEZ BARNICA, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad AEREO-IMPEX S.A., antes ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL S.A., presentando Personamiento para el solo efecto de señalar vicios de nulidad procesal a partir del Auto de Admisión dictada en la Solicitud de Ejecución Hipotecaria de fecha diez de diciembre del año dos mil diecinueve, así como todos los actos derivados del mismo. (Folios del 151-154fv de la pieza de antecedentes del A-quo). 4) Que en respuesta a la petición de nulidad procesal, promovida por la Parte Demandada, el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Resolución en fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual resolvió: (Sic) “… 1) Declarar con lugar el incidente de Nulidad opuesto por el Abogado CARLOS JESUS MELENDEZ BARNICA en su condición de Apoderado Legal de la sociedad AEREO IMPEX S.A. antes ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL en la solicitud de ejecución directa y exclusiva presentada por el JULIO CESAR RUBIO SANTOS Apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A. Contra bienes Inmuebles Hipotecados por la Sociedad mercantil AEREO IMPEX S.A. constituidas originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA en su condición de garante Hipotecario de la Sociedad denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A de C.V; 2) Se declara la Nulidad Absoluta de actuaciones del auto de admisión de fecha diez de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) Inclusive que obra a folio ochenta y cuatro y demás actuaciones; resuélvase la solicitud de ejecución directa y exclusiva presentada por el JULIO CESAR RUBIO SANTOS Apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A. Contra bienes Inmuebles Hipotecados por la Sociedad Mercantil AEREO IMPEX S.A. constituidas originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA en su condición de garante Hipotecario de la Sociedad denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A. de C.V. de la siguiente forma; se Inadmite a tramite la solicitud de ejecución directa y exclusiva presentada por el JULIO CESAR RUBIO SANTOS en su condición de Apoderado legal de la Sociedad BANCO ATLANTIDA S.A. En virtud que las Sociedades Mercantiles AEREO IMPEX S.A. constituidas originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA en su condición de garante Hipotecario de la Sociedad denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A. de C.V. Se encuentran sometidas al proceso de Privación de dominio Sin perjuicio de que la ejecutante haga valer su derecho oportunamente cuando hubiere quedado firme la sentencia dictada por dicho Tribunal; 3) Devuélvase al interesado los documentos acompañados n 4) Este auto por ser definitivo admite recurso de Apelación el que debe interponerse por escrito en el plazo de diez días siguientes a la Notificación en este mismo Juzgado por escrito…” (Folios del 634-636 de la pieza de antecedentes del A-quo). 5) No conforme con la resolución que precede, el Apoderado judicial de la Parte Demandante, la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., interpuso Recurso de Apelación, el cual fue resuelto por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha tres (3) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), disponiendo lo que a continuación sigue: (Sic) “RESUELVE En consecuencia ESTA CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA.- Por unanimidad de votos, RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, por el juzgado de letras civil de esta sección judicial.- 2) CONFIRMAR la resolución apelada.- Y MANDA: Que se notifique esta sentencia a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia para los efectos legales consiguientes…” (Folios 659-660 de la pieza de antecedentes del A-quo). 6) En desacuerdo con el Fallo emitido por el Tribunal Ad-quem, relacionado en el acápite que antecede, que confirma la resolución dictada por el A-quo, la Parte Demandante interpuso Recurso de Amparo ante este Tribunal de Justicia Constitucional, quien dictó sentencia en fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), mediante el cual falla DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la representación Judicial de BANCO ATLÁNTIDA S.A. (Folios del 662-667 de la pieza de antecedentes del A-quo) . 7) Que en fecha doce de septiembre del año dos mil veintidós, nuevamente comparece ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., peticionando: (Sic) “SE SOLICITA SE EMITA AUTO SALVAGUARDANDO LOS DERECHOS DE LA PARTE EJECUTANTE. EXP. 0501-2019-04394 LCH.J 1.” (Folios del 669-673fv de la pieza de antecedentes de Amparo). 8) Que en respuesta a la petición formulada por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil BANCO ATLÁNTIDA, S.A., el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), emitió Resolución que dispone: (Sic) “En Consecuencia de lo anterior este Juzgado resuelve Admitir el escrito presentado por el abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS Apoderado legal de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S. A. de fecha doce de septiembre del año en curso (2022) el cual únicamente se manda a agregar a los antecedentes en virtud de que la Cosa Juzgada formal de la cual goza el auto de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno no permite variar dicha resolución la cual ya fue recurrido en apelación y además fue objeto del recurso de Amparo ante la Sala de lo Constitucional debiendo estar en todo caso a lo dispuesto en dicha resolución sin poder variarla. NOTIFIQUESE…” (Folio 675fv de la pieza de antecedentes del A-quo) . 9) Que, conociendo del Recursos de Apelación interpuesto por el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución que antecede, la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, dictó Fallo en fecha diez (10) de abril del año dos mil veintitrés (2023), mediante el cual falló: (Sic) “PARTE DISPOSITIVA: En consecuencia esta Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, por unanimidad de votos FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JULIO CESAR RUBIO quien actúa en su condición de apoderado judicial de la entidad mercantil denominada BANCO ATLANTIDA S.A, contra el auto de fecha veinte de Septiembre de dos mil veintidós (F 675), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes.- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto de fecha veinte de Septiembre de dos mil veintidós (F 675), dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, venido en apelación. Y MANDA: Que se notifique este auto a las partes y oportunamente con la certificación de estilo se devuelvan los autos de la primera pieza al juzgado de su procedencia, para los efectos legales consiguientes.- CON COSTAS.- NOTIFÍQUESE…” (Folios 5-6fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem). 10) Que el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional en fecha ocho de mayo del año dos mil veintitrés, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra el Fallo de fecha diez (10) de abril del año dos mil veintitrés (2023), dictado por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, por considerar que el mismo es violatorio de los derechos al debido proceso, principio de legalidad procesal y defensa, contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles; 16, 17, 18, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 3.1, 4, 5, 7 y 12 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. (Folios del 1-5fv de los autos). 11) Que en fecha veinte de junio del año dos mil veintitrés, este Alto Tribunal admitió el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, a favor de la Sociedad Mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA S.A., contra la resolución relacionada en acápites que anteceden y dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez de abril del año dos mil veintitrés; teniendo por formalizado el mismo en providencia de fecha uno de noviembre del año dos veinticuatro, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios 14 y 45 de los autos). 12) Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA y por emitido en tiempo y forma su dictamen, quien fue de la Opinión porque SE SOBRESEA la presente acción de amparo. (Folios del 48-55 de los autos). CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que, en la misma, se están alegando cuestiones que ya fueron resueltas mediante garantía de Amparo, por este Alto Tribunal de Justicia Constitucional, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto indicado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1)…; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; …”. Afirmación a la que llega esta Sala de la lectura de la tesis expuesta por el recurrente en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 16, 17, 18, 82, 90, 303 y 321 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 3.1, 4, 5, 7 y 12 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, al exteriorizar que la decisión del Ad-quem vulnera tales garantías constitucionales, cuando mezclan una acción basada en derecho privado con una acción de derecho público, donde en una el interés a proteger es privado y en la otra el bien jurídico a proteger es la sociedad; que los jueces violan el principio de legalidad, cuando se avocan a aquella jurisdicción (Privación de Dominio) para resolver un asunto de interés privado, un asunto de naturaleza civil, lo que constituye violación al principio de legalidad y debido proceso. . CONSIDERANDO (2): Que en sendas exposiciones el recurrente en Amparo sostiene que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, desconoce que la cosa Juzgada Formal conlleva una verdadera vinculación jurídica que se produce dentro del mismo proceso en que se haya dictado (proceso ejecutivo), porque la cosa juzgada formal es presupuesto de la material (crédito liquido y exigible por la vía ejecutiva); pero el Tribunal Ad-quem mantiene la misma tesis, que su representada tiene que acudir a un juez penal a reclamar un derecho civil basado en una relación de derecho privado, no valora un documento público como es el contrato de hipoteca, más bien lo ignora; argumenta el peticionario que no hay claridad en lo que resuelve la Corte de Apelaciones, como también hay ilegalidad en su decisión que va contra el derecho a la defensa y debido proceso y apoya su decisión en aquel auto de fecha 24 de febrero del 2021 (folio 634-635) que no es objeto de debate en el recurso actual. Que la motivación de la Corte Civil fue incompleta e insuficiente, que esa resolución es contraria a derecho y no dice cual derecho y apoyarse en una decisión distinta a la recurrida; sostiene el pedidor de Amparo que Banco Atlántida S.A., se encuentra sometida a decisiones equivocadas y arbitrarias, pide al A-quo la salvaguarde de sus derechos, no obstante no estar en ninguna controversia en aquella jurisdicción de Lavado de Activos; el garantista argumenta que la cosa juzgada formal debe referirse únicamente a las resoluciones que resuelven cuestiones de fondo plantadas en el proceso por la pretensión del Demandante y que aquí estamos en presencia de un juicio sumario de ejecución hipotecaria, se ejecuta el pago de una deuda por la vía de apremio con todos los presupuestos procesales, esa es la esencia de la jurisdicción civil a la cual las partes contractualmente se sometieron. CONSIDERANDO (3): Que examinadas que han sido las diligencias, esta Sala observa que el asunto traído a este Alto Tribunal a efecto de determinar si existe o no vulneración a derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República, reside en la declaratoria Sin Lugar, por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RUBIO, en su condición de Apoderado Judicial de la entidad mercantil denominada BANCO ATLÁNTIDA, S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, en fecha veinte se septiembre del año dos mil veintidós, que resuelve únicamente admitir el escrito presentado por el Abogado JULIO CESAR RUBIO SANTOS, en virtud de la Cosa Juzgada Formal del cual goza el auto de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, en relación a la solicitud de Ejecución Directa y Exclusiva contra bienes inmuebles hipotecados, promovida por el Abogado JULIO C. RUBIO SANTOS, en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil BANCO ATLANTIDA S.A., contra la Sociedad Mercantil AEREO-IMPEX, constituida originalmente como ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por la señora ADELA PATRICIA RONSENTHAL HIDALGO, en su condición de Apoderada y Presidenta del Consejo de Administración, como GARANTE HIPOTECARIO de la Sociedad Mercantil EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V. CONSIDERANDO (4): Que el Ministerio Público, a través de la Fiscal del Despacho, emitió Opinión sobre el Amparo de mérito, en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil veinticuatro, concluyendo SE SOBRESEA la presente acción de Amparo; en su análisis jurídico la Fiscal argumenta: “Del examen de la resolución venida en amparo se aprecia de la foliada, que ya existe un fallo emitido por esta Honorable Sala de lo Constitucional en fecha diez (10) de mayo de dos mil veintidós, que corre agregada a folio 662 al 667 de la Pieza Principal, en el que en su numeral siete (7) establece: “Que del estudio de la presente causa, y de la lectura del contenido del artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que textualmente dice “Que esta Ley tiene preeminencia sobre cualquier otra que le contraríe y se le oponga, por lo que cuando pudiera surgir un conflicto de leyes o normas con los preceptos que esta dispone se aplicara e interpretara sobre cualquier otra ley” se aprecia que dicho artículo es aplicable al presente caso, ya que la ejecutada Sociedad mercantil AEREO IMPEX S.A. Y EMPACADORA CONTINENTAL antes denominada ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL S.A., objeto de este proceso de ejecución forzosa, se encuentra con proceso activo en el Juzgado de Privación de Dominio y por esta circunstancia no le es posible continuar con su ejecución forzosa, hasta en tanto quede firme la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Privación de Dominio de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), lo anterior en vista de la preminencia que tiene la Ley Sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en el entendido que la ejecutante puede hacer valer el derecho una vez que se produzca la firmeza de la sentencia en mención, por tal razón la sala arriba a la conclusión de denegar el presente recurso de Amparo.” De ahí, que el amparo interpuesto nuevamente, trata sobre el mismo acto reclamado, que consiste en la continuación de la ejecución forzosa de un bien que se encuentra sometido a un proceso de Privación de Dominio ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito de la ciudad de San pedro Sula, Cortes, y al existir una resolución que fue conocida anteriormente en amparo sobre el mismo asunto, esta Representación Fiscal aprecia la existencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, específicamente en el numeral 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Razón por la cual se deben sobreseer las diligencias del caso…”. CONSIDERANDO (5): Que como se deja supra relacionado en este libelo, el impetrante alega como violaciones constitucionales, cuestiones que ya han sido conocidas y respondidas previamente por este Alto Tribunal, a través de la Garantía de Amparo; advierte esta Sala que se recurre en amparo la decisión adoptada por el Tribunal de Segunda Instancia en fecha diez de abril del año dos mil veintitrés, al confirmar el Auto emitido por el A-quo, en relación a la Cosa Juzgada Formal, que es el efecto que producen las resoluciones judiciales cuando devienen firmes e impugnables.- Cuando contra una resolución judicial no cabe recurso, bien por no preverlo la ley, o bien porque, aun estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Argumenta el Tribunal recurrido que dicha resolución deviene firme, pasa en autoridad de cosa juzgada y el Tribunal del proceso en que haya recaído deberá estar en todos caso a lo dispuesto en ella.- Que su fundamento se encuentra en el principio de seguridad jurídica, que exige que, llegado un momento la resolución judicial ya no pueda modificarse y que es precisamente lo que ha acontecido en el caso sub-júdice, pues al encontrarse firme la resolución que inadmite a trámite la demanda de mérito, no es posible entrar a conocer y resolver pretensiones de ninguna de las partes y mucho menos salvaguardar o garantizar derechos que fueron pretendidos en la referida causa; aunado a ello la Corte recurrida argumenta que el auto recurrido no decide cuestiones de fondo o controversias, por consiguiente al no tratarse de autos o sentencias definitivas que le ponen fin al proceso, conforme al artículo 707 del Código Procesal Civil, el recurso no debió haberse admitido a trámite. CONSIDERANDO (6): Que el recurrente sostiene fundamentalmente en la tesis que defiende, en relación a la vulneración de garantías constitucionales, con la decisión adopta por el Ad-quem, que se viola el debido proceso, cuando mezclan una acción basada en derecho privado con una acción de derecho público, en atención a lo establecido en el artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; aunado a ello el peticionario de Amparo, hace mención a la Cosa Juzgada Formal, la que a su criterio conlleva una verdadera vinculación jurídica que se produce dentro del mismo proceso en que se haya dictado, porque la Cosa Juzgada Formal es presupuesto de la material (crédito líquido y exigible por la vía ejecutiva); de la lectura de la sentencia que se impugna, se aprecia que ésta contiene los hechos y fundamentos de derecho que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a valorar y conforme a ello obtener la convicción y confirmar la decisión adoptada en primera Instancia, ello es así porque los argumentos expuestos en relación a la vulneración de derechos constitucionales que invoca el recurrente en Amparo, en atención a la resolución que inadmite a trámite su Demanda para la Ejecución Directa y Exclusiva contra Bienes Inmuebles Hipotecados, ya se les dio respuesta tanto en segunda instancia, así como en esta instancia constitucional. CONSIDERANDO (7): La Sala de lo Constitucional reitera, como bien lo expone la Fiscal del Ministerio Público en su Opinión sobre el caso sub júdice, que este Tribunal Constitucional, ya se pronunció sobre el mismo asunto, mediante fallo de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), con registro de expediente número SCO-478-2021, siendo de observancia lo dispuesto en el considerando número 7 que dice: (Sic) “Que del estudio de la presente causa, y de la lectura del contenido del artículo 81 de la Ley sobre Privación Definitiva de Domino de Bienes de Origen Ilícito, que taxativamente dice: “Que esta Ley tiene preeminencia sobre cualquier otra que le contraríe y se le oponga, por lo que cuando pudiera surgir un conflicto de leyes o normas con los preceptos que ésta dispone se aplicará e interpretará sobre cualquier otra ley”, se aprecia que dicho artículo es aplicable al presente caso, ya que la Ejecutada Sociedad Mercantil AEREO IMPEX S.A. y EMPACADORA CONTINENTAL, antes denominada ZONAS INDUSTRIALES CONTINENTAL S.A., objeto de este proceso de ejecución forzosa, se encuentra con proceso activo en el Juzgado de Privación de Dominio y por esa circunstancia no le es posible continuar con su ejecución forzosa, hasta en tanto quede firme la sentencia definitiva emitida por el Juzgado de Privación de Dominio de fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020), lo anterior en vista de la preeminencia que tiene la Ley sobre Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en el entendido que la ejecutante puede hacer valer el derecho una vez que se produzca la firmeza de la sentencia en mención, por tal razón esta Sala arriba a la conclusión que se debe denegar el presente Recurso de Amparo.”-Subrayado añadido. CONSIDERANDO (8): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que analizadas las diligencias esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, en consecuencia, se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente.CONSIDERANDO (9): Que siendo así las cosas, la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a los hechos y fundamentos de derechos aplicables al caso en estudio, que le llevó a formar la convicción que culminó en el fallo que hoy se recurre en amparo, dando cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho al debido proceso y principio de legalidad, pues las cuestiones que alega el recurrente, ya fueron conocidos tanto en segunda instancia, como en esta vía constitucional, a través de la Garantía de Amparo, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, pues el Código Procesal Civil ya establece la condición que adquiere una resolución que ya ha sido conocida por el Tribunal de Segunda Instancia y también recurrida ante esta Sala de lo Constitucional por medio del Recurso o Garantía de Amparo. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que está condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 2) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en consideración a que el asunto porque el cual el recurrente acude ante esta instancia constitucional, ya fue conocida previamente por medio del Fallo con registro de expediente número SCO-478-2021.CONSIDERANDO (11): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 2) del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) ...; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; … El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”. CONSIDERANDO (12): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, Oído la Opinión de la Fiscal del Despacho, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 195, 196, 199 y 701 del Código Procesal Civil; 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 y 46 numeral 2) y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE.-LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. -. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Amparo Penal registrado en este tribunal con el número SCO-0567-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL