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Sentencia AC-351-22 — Registro 19166

Resumen

Se interpuso recurso de Amparo contra la sentencia que declaró con lugar la demanda de modificación de pensión alimenticia por vía de procedimiento declarativo abreviado no dispositivo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (15): Que la resolución que se recurre en Amparo y emitida por el Ad-quem, declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante, consecuencia de ello Revoca Parcialmente la sentencia definitiva dictada por el A-quo en relación a declarar con lugar la Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por Vía de Procedimiento Declarativo Abreviado No Dispositivo, presentada por la madre de la menor de edad MENOR. Como bien lo indica el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, en atención al interés superior del niño; en consideración a ello y conforme al artículo 27 de la Convención en comento los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres; responsabilidades que deben proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos. Medidas que serán determinadas por las autoridades correspondientes en cumplimiento a lo establecido en la Constitución y las leyes aplicables al caso en concreto; en el caso sub júdice como deja plasmado el Tribunal Ad-quem en su resolución, de acuerdo a la normativa legal citada, la prestación alimenticia puede modificarse por el cambio de circunstancias de quién la dé y de quien la recibe. En ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba y en aplicación de la legislación nacional y bloque de constitucionalidad que protege los derechos de la niñez, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar parcialmente la sentencia emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (16): Que, como corolario de lo anterior, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de determinar si procede o no modificar la pensión alimenticia acordada previamente, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone inter alia la vulneración a los derechos constitucionales de igualdad y debido proceso, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (17): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce.”

Legislación citada

  • Convención sobre los Derechos del Niño, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención sobre los Derechos del Niño, art. 27 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, a favor del señor H. J. L. M., contra el Fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022), que resolvió los Recursos de Apelación interpuestos por ambas partes procesales, contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), que declara Haber Lugar Parcialmente a la Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por la vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, en relación a la Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia promovida por la Abogada MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO, en su condición de Apoderada Legal de la señora D. A. C. M., contra el señor H. J. L. M. Estima la recurrente que el acto reclamado es violatorio de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 1, 60, 82, 90 y 112 de la Constitución de la República, al amparo de los artículos 207 y 218 del Código de Familia. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), la Abogada MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Señora D. A. C. M., compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, presentando Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, contra el Señor H. J. L. M., expresando la demandante que desde la fecha en que se concilió la pensión, el veinticuatro de marzo del año dos mil quince, han transcurrido tres años con siete meses y con el alto costo de la vida, el incremento del dólar, los combustibles y la canasta básica, dicha pensión resulta insuficiente, solicitando se declare con lugar la modificación de la pensión alimenticia y sea modificada a la cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 18,474.87), en doce mensualidades, más décimo tercero, décimo cuarto mes de salario y vacaciones, como lo establece la ley. (Folios del 03-06fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual declara: (Sic) “PRIMERO: Haber lugar Parcialmente a la Demanda de Modificación de pensión Alimentos por vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, presentada por la Abogada Maritza Geraldina Guevara Romero, como representante procesal de la señora D. A. C. M., contra el señor H. J. L. M..- SEGUNDO: En relación a la PENSION ALIMENTICIA, cuyos conceptos fueron objeto de petición, de pruebas y debate en esta causa, de conformidad a los artículos 662 de CPC, se procede de la siguiente forma: 1) En cuanto a los GASTOS FIJOS MENSUALES, se establece que el señor H. J. L. M., pagará la cantidad de OCHO MIL TRIENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L.8,032.57 MENSUALES, a favor de su hija MENOR, cantidad que incluye: el pago de DOS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MENSUALES (L.2,082.57), a razón del cincuenta por ciento (50%) que le corresponde pagar a dicho señor de la colegiatura mensual de la escuela de su menor hija; el pago de UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS MENSUALES (L.1,750.00) por concepto de empleada que cuida a la niña; la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS MENSUALES (L.3,000.00) por concepto de alimentos y meriendas de su hija; y también la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS MENSUALES (L.1,200.00), a razón del 50% del total de los gastos de materiales diarios de educación de la niña en mención.- 2) En cuanto a los GASTOS FIJOS ANUALES, se establece lo siguiente: el señor H. J. L. M., en relación al gasto de SALUD, pague a la señora D. en el mes de junio de cada año la cantidad de Tres Mil Doscientos Setenta y Ocho Lempiras con setenta y seis centavos (L.3,278.76) en concepto del cincuenta por ciento (50%) del valor total actual que paga al Poder Judicial para que la niña siga gozando del beneficio del seguro médico en el que la tiene incluida su madre como beneficiaria.- En lo que respecta al gasto oftalmológico anual, deberá ser pagado de forma equitativa por cada uno de los progenitores, es decir que cada uno pague el cincuenta por ciento (50%) del total de los gastos (equivalente al total que se tenga que pagar según la cobertura que haga el seguro médico de la niña), que genere el tratamiento oftalmológico anual que necesita su hija el cual incluye Examen Topográfico Corneal, honorarios del profesional que atiende a la niña, más la compra de los lentes en caso de ser indicado por el médico tratante, y el otro 50% tendrá que pagarlo la señora D..- Sin perjuicio de que los padres puedan cubrir cada uno por su parte cualquier emergencia o consulta médica que se presente con su hija de forma no prevista en el momento que la niña se encuentre bajo su cuidado.- Sumados todos los conceptos anteriores se establece que la suma a pagar por parte del demandado en concepto de asistencia alimentaria a favor de su hija, asciende a la cantidad total de ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CINCUENTA SIETE CENTAVOS (11,310.57).- Estas cantidades deberán ser pagadas en este caso por el señor Hans, por medio de depósitos que efectuará a la cuenta bancaria (XXX-XXX-XXX de Bac/Honduras).- 3)En cuanto al pago de los Servicios Públicos como ser: a) Luz Eléctrica e Internet, que ha solicitado la parte demandante, No ha Lugar; b) Respecto al pago de alquiler de la vivienda, No ha Lugar; y, c) En cuanto al pago de las pensiones de los meses que refiere al décimo tercero y décimo cuarto mes de salarios, No ha Lugar, en virtud que se considera improcedente en este momento, por las razones antes expuestas…” (Folios del 397-412 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) Que conociendo de los recursos de apelación promovidos por las Abogadas MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO y MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO, contra la sentencia relacionada en el numeral anterior, la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, dictó Resolución en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022), mediante la cual por Unanimidad de Votos resolvió: (Sic) “1) DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO, en su condición de Apoderada Judicial de la señora D. A. C. M., en su condición de madre de su menor hija MENOR, en contra del señor H. J. L. M., contra el FALLO de fecha Tres (3) de Agosto del Dos mil Veintiuno (2021), dictado por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortes, en la Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, promovida por la Abogada MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO.- 2) DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por la Abogada MIRNA FRENCH BROCATO, en su condición de apoderada judicial del señor H. J. L., contra el FALLO de fecha Tres (3) de agosto del Dos mil Veintiuno (2021), dictado por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortes, en la Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por la Vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo.- 3) REVOCAR PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva de fecha tres (3) de agosto del Dos Mil Veintiuno (2021), dictado por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortes, en donde su parte dispositiva deberá leerse así: 1) DECLARAR CON LUGAR la Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por vía de Procedimiento Declarativo Abreviado No Dispositivo, presentada por la Abogada MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO, como representante procesal de la señora D. A. C. M., quien actúa en su condición de madre de su menor hija MENOR, contra el señor H. J. L. M..- SEGUNDO: Modificar la Pensión Alimenticia Definitiva, dictada mediante fallo de fecha tres de agosto del dos mil veintiuno, la que deberá leerse así: 1) En cuanto a los gastos fijos mensuales, se establece que el señor HANS JEFFREY LINCK MARTINEZ, pagará la cantidad de OCHO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS mensuales (8,032.57), a favor de su hija MENOR, cantidad que incluye: El pago de DOS MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MENSUALES (Lps.2,087.57) a razón del cincuenta por ciento (50%) que le corresponde pagar a dicho señor de la colegiatura mensual de la escuela de su menor hija; el pago de UN MIL SETENCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS MENSUALES (Lp.1,750.00) por concepto de empleada que cuida a la niña; la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS MENSUALES (Lp.3,000.00) en concepto de alimentos y meriendas de su hija, y también la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS MENSUALES (Lps. 1,200.00) a razón del 50% del total de los gastos de materiales diarias de educación de la niña en mención.- 2) En Concepto de Vivienda y Servicios públicos mensuales, correspondiente a Energía Eléctrica e Internet. Debe de pagar la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 5,967.43); que sumados los gastos fijos mensuales por la cantidad de OCHO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS mensuales (8,032.57), corresponden a una pensión alimenticia por la cantidad de CATORCE MIL LEMPIRAS MENSUALES (L.14,000.00), a favor de la MENOR. 3) En cuanto A LOS GASTOS FIJOS ANUALES, se establece lo siguiente: El señor H. J. L. M., en relación al GASTO DE SALUD, pague a la señora DULCE CARCAMO, en el mes de Junio de cada año la cantidad de TRES MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS, (L.3278.76), en concepto del cincuenta por ciento (50%), del valor total actual que se paga al Poder Judicial para que la niña siga gozando del beneficio del seguro médico, en el que la tiene incluida, su madre como beneficiaria.- En lo que respecta AL GASTO OFTALMOLÓGICO, anual, deberá ser pagado de forma equitativa por cada uno de los progenitores, es decir que cada uno pague el cincuenta por ciento (50%), del total de los gastos (equivalente al total que se tenga que pagar según la cobertura que haga del seguro médico de la niña), que genere el tratamiento oftalmológico anual que necesita su hija, el cual incluye Examen Topográfico Corneal, Honorarios del Profesional que atiende a la niña, más la compra de los lentes en caso de ser indicado por el médico tratante. Y el otro 50% tendrá que pagarlo la señora D. C.- Sin perjuicio de que los padres puedan cubrir cada uno por su parte cualquier emergencia o consulta médica que se presente con su hija de forma no prevista, en el momento que la niña se encuentre bajo su cuidado.- Estas cantidades deberán ser pagadas en este caso por el señor H. J. L. M., por medio de depósitos que efectuara a la cuenta bancaria número XXX-XX-XXX de BAC HONDURAS, 4) Afectar los derechos relativos al décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario, de igual forma las vacaciones que percibe el demandado, hasta por el Treinta (30%) del sueldo neto que devenga el señor H. J. L. M.; como empleado del Poder Judicial. Estos pagos del décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario, y vacaciones que recibe el demandado H. J. L. M., los efectuará en los meses de Junio y Diciembre de cada año, depositándolos en la cuenta de ahorro número XXX-XXX-XXX, de Bac / Honduras, a nombre de la señora D. A. C. M.; quedando subsistente lo relativo a los gastos fijos anuales relacionados en dicho fallo…” (Folios del 11-20fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 4) Que la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, compareció ante este Tribunal de Justicia Constitucional en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veintidós (2022), interponiendo acción de amparo a favor del señor H. J. L. M., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022), por considerar que la misma es violatoria de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 1, 60, 82, 90 párrafo primero y 112 párrafo primero, al amparo de los artículos 207 y 218 del Código de Familia. (Folios 01-05 del recurso de amparo) 5) Que mediante providencia de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintidós (2022), esta Sala de lo Constitucional visto el escrito de formalización de la Acción de Amparo, declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar y sin lugar por extemporáneo el escrito de formalización presentado, no obstante, se apreció que la recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual se estimó procedente continuar con el trámite de la presente acción, dando vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho, a efecto de emitir el dictamen en el presente asunto. (Folio 43 de los autos) 6) Que en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, por medio de la Fiscal del Ministerio Público Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, quien fue del parecer que: “SE DENIEGUE la presente acción de Amparo, en virtud de No existir las vulneraciones de los derechos Constitucionales invocados por el Amparista”. La Fiscal del Despacho argumenta “Siguiendo este orden de ideas, se advierte que dicha modificación ha sido decretada conforme al derecho de alimentos que regula el Código de Familia en su artículo 207 literal A que establece: “Se entenderá por alimentos todo lo que sea indispensable para el desarrollo integral de una persona, como ser el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, formación integral y educación o instrucción”; de aquí que se colige que dentro de este derecho de alimentos se encuentran los demás derechos (habitación, vivienda, salud, educación), por lo que los valores consignados en el fallo sub-judice y respeto a los cuales el recurrente deberá responder económicamente en su condición de padre, han sido establecidos conforme a las pruebas evacuadas en el proceso y conforme lo demanda la Constitución de la República al reconocer en su Artículo 121: “Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”. En virtud de ello se advierte que consta probado en autos los gastos mensuales incurridos por la demandante, por lo que en aras de garantizar la protección de la menor en mención, dicha pensión fue modificada, entendiéndose que en el fallo sub-judice se establecen valores compartidos por ambos padres, por lo que no existe menoscabo del derecho de igualdad y debido proceso denunciados por el impetrante, en tanto se estima que la modificación de pensión alimenticia se encuentra otorgada conforme a la ley de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 220 del Código de Familia que dispone: “La prestación alimenticia puede modificarse por el cambio de circunstancias de quien la dé y de quien la recibe” circunstancia que quedó demostrada con la prueba documental presentada por la demandante”. (Folios del 53-62 de los autos) CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo el Fallo emitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022), que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Mirna French Brocato, en su condición de Apoderada Judicial del señor H.J. L., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, en fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que resuelve revocar parcialmente la sentencia definitiva dictada por el A-quo, consecuencia de ello declara Con Lugar la demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por la vía de Procedimiento Declarativo Abreviado No Dispositivo, promovida por la Abogada MARITZA GERALDINA GUEVARA ROMERO, representante procesal de la señora D. A. C. M., quien actúa en su condición de madre de su menor hija MENOR, contra el señor H. J. L. M.Z. CONSIDERANDO (3): Que la recurrente muestra su inconformidad con el fallo emitido por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022), exponiendo que el acto que se recurre en Amparo viola los derechos consagrados en los artículos 1, 60, 82, 90 y 112 párrafo primero, de la Constitución de la República, relacionándolos con la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 207, 218 y 220 del Código de Familia, estableciendo la Corte recurrida haber lugar parcialmente a la demanda de modificación de pensión de alimentos y modifica la Pensión Alimenticia, reconociendo y admitiendo que los conceptos “fueron objeto de petición, de prueba y de debate…” pero sin establecer ni relacionar la igualdad proporcional económica de los padres en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas en la patria potestad. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente en Amparo en la exposición de sus argumentos dice que la violación a las garantías constitucionales invocadas se produce por las siguientes razones: La señora Dulce Arely Cárcamo Mateo promovió Demanda de Alimentos que se registró bajo número de expediente 0501-2015-00380 en el Juzgado de Letras de Familia del departamento de Cortés en la que se estableció una pensión de alimentos dando motivo ahora a la Demanda de Modificación de Pensión de Alimentos. Durante la sustanciación del juicio para la modificación de la pensión de alimentos, quedó evidenciado y refrendado por el estudio socio económico que el Juzgado de Letras de Familia le ordenó a la Trabajadora Social del Despacho actualizara, en virtud del tiempo transcurrido desde que se estableció la pensión de alimentos por primera vez en el año 2015, para establecer si las circunstancias habían variado, por lo que el peritaje era pertinente y necesario para modificar la pensión como así lo establece el Código de Familia en el Artículo 220 que manda: “La prestación alimenticia puede modificarse por el cambio de circunstancias de quien la dé y de quien la recibe”. Continuando con sus argumentos la peticionaria de Amparo dice que la primera y segunda sentencia que fueron dictada por el A-quo en fechas once de marzo y tres de agosto del año dos mil veinte, en base en lo probado y alegado, tenían como prueba fundamental pericial el estudio socio económico practicado por la trabajadora social adscrita al tribunal el seis de mayo del año dos mil diecinueve, la Licenciada Mirna Lizette Rodriguez Mejía quien estableció que la pensión señalada en el 2015 estaba siendo cumplida y que ambos padres compartían en forma equitativa en factor de tiempo las obligaciones económicas. Reitera la recurrente en Amparo, que según la prueba pericial la pensión alimenticia se estaba cumpliendo y se cumplía en igualdad de condiciones en un 50% por ambos padres y que aunque ambos padres en las mismas circunstancias sufren por igual los aumentos del costo de la vida en sus erogaciones, no es factor apreciado por el Ad-quem que el salario de ambos padres según las constancias de salarios extendidas y que obran en el expediente, siendo ambos padres empleados en el Poder Judicial, teniendo la demandante como relatora en el Tribunal recurrido mayor salario que el demandado como Defensor Público y que en atención a esta diferencia debe tomarse en cuenta como lo señala el Código de Familia en su artículo 207 párrafo primero. CONSIDERANDO (5): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados inter alia son los siguientes: Artículo 60 “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana.”; Artículo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.”. CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. En ese orden de ideas el artículo 3 del Código Procesal Civil establece: “DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada.” CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones, que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que el derecho a la tutela judicial efectiva, explícitamente reconocido en el artículo 1.1 del Código Procesal Civil, trae causa directa del derecho individual de –libre acceso a los tribunales- que toda persona tiene –para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes-. Ese libre acceso a los tribunales para que sea efectivo comprende una pluralidad de derechos procesales tales como el acceso a la justicia, la obtención de una resolución motivada sobre el fondo del asunto, el acceso a los recursos legalmente establecidos, la ejecución de lo juzgado e incluso la tutela jurisdiccional cautelar. CONSIDERANDO (9): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional. CONSIDERANDO (10): Que la impetrante en la exposición de sus argumentos relacionados a la vulneración de los derechos de igualdad, defensa y debido proceso, encausa los mismos en el orden de advertir a esta Alto Tribunal que la resolución recurrida en Amparo, no observa las disposiciones contenidas en los preceptos 207, 218 y 220 del Código de Familia, a criterio de la recurrente y citando el artículo 220 ut supra “La pretensión alimenticia puede modificarse por el cambio de circunstancias de quien la dé y de quien la recibe”, y en el caso sub júdice se modifica la Pensión Alimenticia sin establecer ni relacionar la igualdad proporcional económica de los padres en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas en la patria potestad, aunado a ello y según la prueba pericial, se probó que la pensión alimenticia que se solicitaba fuese modificada, estaba siendo cumplida en igualdad de condiciones en un 50% por ambos padres y que aunque ambos padres en las mismas circunstancias sufren por igual los aumentos del costo de la vida en sus erogaciones, no es factor apreciado por el Ad-quem que el salario de ambos padres es diferente, ya que la demandante percibe un mayor salario que el demandado. CONSIDERANDO (11): Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, declara con lugar el recurso de apelación promovido por la Parte Demandante inter alia en la motivación que a continuación sigue: “SEGUNDO: En síntesis la disconformidad de la parte demandante-apelante, gravita por no haberse modificado la pensión alimenticia, al valorar el acuerdo conciliatorio suscrito entre ambos padres, que aun y cuando las circunstancias han cambiado, la A-Quo, efectuó indebida valoración de los medios de prueba aportados para tal fin; asimismo, la Juzgadora en el fallo no estimo lo relativo al pago de alquiler de vivienda y los servicios públicos; y ha dado por probado que una casa de habitación fue adquirida por ambos cuando se encontraban unidos en matrimonio, es importante agregar que los alimentos representan un derecho especial, en el cual su condena no causa efecto de cosa juzgada, pues la prestación alimentaria puede modificarse en cualquier momento por el cambio de circunstancias de quien las de y de quien las recibe, así lo señala el artículo 220 del Código de Familia, y en el caso que las circunstancias cambien para alguna de las partes, puede volver a intentarse por la vía judicial, la modificación de la pensión alimenticia, según sea el caso.- Del análisis del caso traído a Juzgamiento, se observa que ciertamente la parte actora, pretende la modificación de la pensión alimenticia, es decir la pretensión principal recae en que la pensión alimenticia, que actualmente paga el demandado señor H. J. L. M.Z., a la señora DULCE ARELY CARCAMO, en su condición de madre de la MENOR, por la cantidad de SIETE MIL CINCUENTA LEMPIRAS (L. 7,050.00), sea modificada y se aumente hasta la cantidad de CATORCE MIL LEMPIRAS (L.14,000.00), más décimo tercero, décimo cuarto mes de salario y vacaciones; Así las cosas, resulta oportuno señalar lo preceptuado sobre el derecho de alimentos, se encuentra reconocido y amparado en nuestro ordenamiento jurídico vigente, a través del artículo número 207 literal A del Código de Familia, dice que “Se entenderá por alimentos todos lo que sea indispensable para el desarrollo integral de una persona, como ser el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, formación integral y educación o instrucción”. De igual forma, Con la prueba allegada al proceso se probó que la señora DULCE ARELY CARCAMO MATEO, paga en concepto de renta en donde vive con su menor hija la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS MENSUALES, (Lps.12,500.00) según contrato de arrendamiento que obra a folio diecinueve y recibos de pago que obran a folios 11 al 18, por concepto de Energía Eléctrica, paga la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS, (L.2,272.47) y por concepto de Internet paga la cantidad de MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS, (L.1,075.49), según baucheres de pago que obran a folios 32 al 36, gastos que han sido cubiertos en su totalidad por la madre de la menor de acuerdo a su capacidad y necesidad; prueba documental que resulta confiable, tampoco podemos desconocer que dentro del concepto de alimentos que nos ofrece el artículo 207 A, se encuentra el derecho de habitación del alimentario, en tanto que el artículo 178 de la Constitución de la República, garantiza el derecho de vivienda elevándolo a la categoría de Derecho Constitucional, asimismo, el artículo 151 de la misma carta magna, reconoce el derecho a la Educación, como una función esencial del Estado, por lo que indefectiblemente, tanto el Internet y la energía eléctrica, son elementos integrales de la educación, aunado a ello, en la actualidad ante la situación que estamos enfrentando con la pandemia del COVID 19, las instituciones educativas, se han encontrado impartiendo sus clases en línea (online), por consiguiente, esta ALZADA, no comparte el criterio esgrimido por la A-Quo, en el numeral Noveno de la valoración de la prueba, para no considerar la obligación que tiene el demandado H. J. L. M.Z, en la contribución con dichos gastos mensuales que son reales y se encuentran incorporados al material probatorio, estableciéndose que efectivamente la demandada renta una vivienda ubicada en la Residencial Las Violetas, de esta ciudad, donde actualmente reside con la menor, que como se observa de la pensión de alimentos NO ESTAN INCLUIDOS, NI ENERGIA ELECTRICA NI INTERNET, LOS QUE DEBEN SER ESTIMADOS PARA QUE AMBOS PROGENITORES LOS PAGUEN DE FORMA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA…TERCERO:… CUARTO: Asimismo, no hay conformidad con el fallo, en lo relativo a que no se estimó la pretensión de afectar con la pensión alimenticia, los derechos equivalentes al décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario y vacaciones. al efecto , constatándose que ha sido objeto de pretensión desde que se promovió la presente acción, por consiguiente es el parecer de esta ALZADA , que deben ser afectados en virtud de constituir un ingreso de dinero a favor del demandado, y que servirán para cubrir gastos impredecibles, de recreación, vestuario, a favor de la niña MENOR, consecuentemente la afectación será hasta el Treinta por Ciento (30%) de los pagos que reciba en los conceptos de décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones, tomando en cuenta que la beneficiaria de este derecho es solo una hija…” CONSIDERANDO (12): Que en relación a la valoración de la prueba allegada a un proceso, es importante establecer que el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. La impetrante aduce que la primera y segunda sentencia que fueron dictadas por el A-quo en fechas once de marzo y tres de agosto del año dos mil veinte, en base en lo probado y alegado, tenían como prueba fundamental pericial el estudio socio económico practicado por la trabajadora social adscrita al tribunal, asimismo sostiene que el factor de salario que perciben ambos padres no fue apreciado por el Ad-quem, en tanto que el salario de la madre es mayor que el salario que percibe el padre, según las constancias de salarios extendidas y que obran en el expediente, no obstante estas son alegaciones de instancia que tienen que resolver los órganos jurisdiccionales correspondientes, pues la recurrente no ejemplifica la vulneración al debido proceso en atención a la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba evacuados en el proceso, inter alia el estudio socio económico al que hace alusión, considerando que la sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales. CONSIDERANDO (13): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia o en el transcurso de un proceso, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, a efecto de determinar si procede o no la modificación de la pensión alimenticia; aunado a ello la recurrente en amparo expone que los alimentos han de ser proporcionales a los recursos del que los debe y a las circunstancias del que los recibe, por lo tanto el Ad-quem inobserva el contenido del Artículo 207 del Código de Familia; al respecto y analizada la resolución emitida por el Ad-quem, en la fundamentación jurídica se motiva que los alimentos representan un derecho especial, en el cual su condena no causa efecto de cosa juzgada, pues la prestación alimenticia puede modificarse en cualquier momento por el cambio de circunstancias de quien las dé y quien las recibe, en consideración a ello este Tribunal de Justicia Constitucional observa que la resolución cuestionada se muestra en observancia con las disposiciones contenidas en el precepto 220 del Código de Familia; siguiendo esta idea, los argumentos de la peticionaria de Amparo, se enfocan en cuanto a la premisa que el demandado percibe menor salario que la demandante, no obstante no refiere que el demandado no pueda pagar los valores que le han sido impuestos en el fallo emitido por la Corte recurrida. CONSIDERANDO (14): Que, es importante en este punto indicar que conforme el artículo 16 segundo párrafo de la Constitución de la República, los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. La Convención Sobre los Derechos del Niño, forma parte del derecho interno desde la fecha de su vigencia, el dos de septiembre del año mil novecientos noventa; este instrumento de protección a los derechos del niño se fundamenta en el principio del interés superior, consagrado en su artículo 3 numeral 1, el cual preceptúa: “1. En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño…”; siguiendo esta idea del principio del interés superior del niño, el artículo 18 de la referida Convención señala: “1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso, a los tutores la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño…”; asimismo el artículo 27 de la citada Convención establece: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3… 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres y otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Partes como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un país diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.” –Lo subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (15): Que la resolución que se recurre en Amparo y emitida por el Ad-quem, declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Demandante, consecuencia de ello Revoca Parcialmente la sentencia definitiva dictada por el A-quo en relación a declarar con lugar la Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por Vía de Procedimiento Declarativo Abreviado No Dispositivo, presentada por la madre de la menor de edad MENOR. Como bien lo indica el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, en atención al interés superior del niño; en consideración a ello y conforme al artículo 27 de la Convención en comento los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres; responsabilidades que deben proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos. Medidas que serán determinadas por las autoridades correspondientes en cumplimiento a lo establecido en la Constitución y las leyes aplicables al caso en concreto; en el caso sub júdice como deja plasmado el Tribunal Ad-quem en su resolución, de acuerdo a la normativa legal citada, la prestación alimenticia puede modificarse por el cambio de circunstancias de quién la dé y de quien la recibe. En ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022), se observa que la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba y en aplicación de la legislación nacional y bloque de constitucionalidad que protege los derechos de la niñez, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar parcialmente la sentencia emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (16): Que, como corolario de lo anterior, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de determinar si procede o no modificar la pensión alimenticia acordada previamente, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone inter alia la vulneración a los derechos constitucionales de igualdad y debido proceso, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Primera Instancia y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (17): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal del Despacho y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 2, 3, 18 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3, 13, 200, 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, a favor del señor H. J. L. M.Z, contra el Fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022); Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de noviembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, en su condición de Apoderada Legal del señor H. J. L. M.Z, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), por medio de la cual se falla Denegando el Recurso de Amparo promovido por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, a favor del señor H. J. L. M.Z, contra el Fallo dictado por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintidós (2022), que revoca parcialmente la sentencia definitiva de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintiuno (2021) dictada por el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, que declara con lugar la Demanda de Modificación de Pensión Alimenticia por vía de Procedimiento Abreviado no Dispositivo, presentada por la señora DULCE ARELY CÁRCAMO MATEO, quien actúa en su condición de madre de la menor de edad menor; en ocasión del recurso de apelación promovido por ambas partes procesales. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (2): Que, vista la petición de la recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso argumentando que la Constitución manda que las partes son iguales en derecho y que la obligación alimentaria impuesta debe ser justa de acuerdo a la capacidad patrimonial de las partes, no se debe alegar que no se puede pagar para de esa manera excusarse de cumplir con la obligación, pues eso seria eludir la responsabilidad alimentaria. Más bien debe imperar que lo que hay que pagar sea lo justo con base a la justicia, analizado bajo los parámetros impuestos de la sana crítica y a la capacidad patrimonial de cada padre, demostrado con las constancias salariales. Es más, a cada padre debe dársele igual trato para que pueda subsistir y poder trabajar para pagar las obligaciones impuestas por la patria potestad. Si bien no se alega que la madre como obligada pague más por ser su salario mayor que la del padre, también obligado, se alega que debe ser lo justo. La madre no cubre con su salario devengado bajo lo establecido con lo percibido en concepto de décimo tercero y décimo cuarto de salario y el vacacional ninguna obligación extra. ¿Por qué en aras de la justicia se obliga que el padre si pague si ha estado cumpliendo con su obligación? Si la Sala de lo Constitucional alude a lo inclusión de ejemplos, estos se pueden apreciar siguiendo las máximas de la lógica y de la razón. Si cada padre paga un cincuenta por ciento de los gastos, que es progresivo y que con el paso del tiempo y del crecimiento en los gastos, nunca uno pagará más que el otro. Asimismo, si la madre reclama techo, luz, internet y agua, en igualdad de condiciones tiene el padre derecho a reclamarlo, pues el tiempo de la menor es compartido en igual de condiciones y tiempo con cada uno de los padres y esto en ningún momento ha sido considerado por el juzgador. Si la madre en su condición de demandante percibe un salario mayor que el del padre y que cada uno paga el cincuenta por ciento (50%) de los gastos de su hija ¿no es este porcentaje ejemplo de lo que es justo y atiende a la igualdad en la ley? matemáticamente podría apreciarse que sí. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho. CONSIDERANDO (5): Que uno de los principios rectores del proceso civil hondureño, es precisamente el debido proceso, el que, en consonancia con lo preceptuado en la Constitución de la República, se define en el artículo 3 del Código Procesal Civil, como el derecho que las parte tienen a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (6): Que de la lectura del recurso de reposición interpuesto contra el fallo constitucional dictado por este Alto Tribunal en fecha veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro, no se advierten nuevas argumentaciones que no hayan sido tenidas en consideración al momento de dictar el fallo que ahora se recure en reposición; la recurrente hace referencia a la motivación vertida en el fallo de Amparo, haciendo afirmaciones que el fallo no contiene, como la mención que hace de los considerandos 3 y 4, los cuales refieren y resumen los alegatos de la recurrente en el escrito de interposición de la acción; asimismo hace referencia a la capacidad patrimonial de ambos padres y otras alegaciones de mera legalidad, que son cuestiones de ser dilucidadas en instancia, en atención a que el recurso de Amparo es una garantía constitucional, no siendo otra instancia, en la que se puede valorar la prueba vertida en juicio, como lo pretende la peticionaria.- Se reitera a la peticionaria que la valoración de la prueba es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los árganos jurisdiccionales competentes que conocen de determinado asunto; en el considerando 12 del fallo recurrido en recurso de reposición, este Alto Tribunal motiva que las alegaciones de la recurrente son cuestiones de legalidad y por ello se debe resolver en los tribunales de instancia, al no ejemplificar la vulneración al debido proceso en atención a la inobservancia de la sana crítica en la valoración de los medios de prueba evacuados en el proceso, la recurrente se limita a enunciar que el a-quo tenia como prueba fundamental pericial el estudio socio económico practicado por la Trabajadora Social adscrita al tribunal, pero no relaciona como se inobserva la sana crítica en la valoración de ese medio de prueba. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por la recurrente Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veintiocho (28) de agosto del presente año dos mil veinticuatro (2024), que corre agregada en autos se establece en forma motivada, clara, precisa y congruente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada MIRNA JESSIE FRENCH BROCATO, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan.-Redactó la Magistrada Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de agosto y reposición de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-351-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL